CE - Sentencia 11001031500020250427701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04277-01

Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

La Sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocante, por Jorge Armando Bohórquez Lanzziano en contra del fallo de tutela proferido el 8 de agosto de 20252 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 7 de julio de 20253 el accionante, personero de Ocaña, presentó tutela4 en procura de la protección de su s garantías fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, a la seguridad, al trabajo, a la honra y al buen nombre que considera vulneradas con ocasión de unas declaraciones realizadas por el presidente de la República y por el ministro del Interior, en las que, sin fundamento, lo señalaron de colaborar con el ELN o representar intereses que no están acordes con la función que presta. Estima que estas expresiones, difundidas masivamente sin verificación previa, han deteriorado su imagen, le han generado un entorno hostil y una amenaza real. Además, critica que la UNP no ha adoptado medidas eficaces de protección para él y su núcleo familiar pese al evidente

le han generado un entorno hostil y una amenaza real. Además, critica que la UNP no ha adoptado medidas eficaces de protección para él y su núcleo familiar pese al evidente aumento del riesgo.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 24, con certificado 8A74FB8695D0208A DD8DB1F8DE5C7CC4 B3CA76A10A5FDA9A 77FBE53A9645BBF8. 2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado C1874B89CB9D0B95 59F2D4B9D676C93A CF7CE61D135E213C CA0D0066EA17EF60. 3 Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0D5341721E81E65D EE1FE27ADBC84DB0 D4EC9475CC8B5783 1A7F4DAAC3446AD0. 4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 83EBC65007EA0F3C

A464667EFFCDF99A EE83F86D6E01DC0F F85553AC9DA32851.2

Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01

Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros

1.2.- Hechos

1.2.1.- Jorge Armando Durán explica que se desempeña como personero municipal de Ocaña y ha sido beneficiario de medidas de protección por parte de la UNP desde 2022,

1.2.- Hechos

1.2.1.- Jorge Armando Durán explica que se desempeña como personero municipal de Ocaña y ha sido beneficiario de medidas de protección por parte de la UNP desde 2022, debido al riesgo derivado de su labor como defensor de derechos humanos en la región del Catatumbo. Entre 2023 y 2025 reportó múltiples hechos de amenazas, seguimientos y hostigamientos, tanto contra él como su familia. A partir del año en curso el riesgo se intensificó tras una escalada de violencia en la zona y por señalamientos públicos en su contra realizados en abril de 2025 por parte del ministro del Interior y del presidente de la República, quienes lo vincularon con actores insurgentes o lo acusaron de representar intereses de terceros, luego de que denunciara posibles afectaciones a civiles durante operaciones militares5.

1.2.2.- Explica el convocante que las solicitudes de retractación ante la Presidencia y el Ministerio del Interior fueron rechazadas, bajo el argumento de que las declaraciones en su contra se hicieron en el marco de un debate público6.

1.2.3.- Afirma, también, el peticionario que, a pesar de haber solicitado formalmente una reevaluación de su esquema de seguridad y haber recibido incluso una promesa de refuerzo por parte de la UNP, dicha entidad no ha cumplido sus funciones7.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, puesto que el 21 de abril de 2025 fue públicamente estigmatizado por el presidente Gustavo Petro Urrego quien, durante una trasmisión televisiva, insinuó que las acciones del personero de Ocaña

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, puesto que el 21 de abril de 2025 fue públicamente estigmatizado por el presidente Gustavo Petro Urrego quien, durante una trasmisión televisiva, insinuó que las acciones del personero de Ocaña beneficiaban al ELN, al preguntarse “¿a quién le trabajan?”. Tales declaraciones, según el accionante, lo señalaron como colaborador de grupos armados ilegales sin sustento alguno, lo que constituye una imputación grave que ha puesto en riesgo su vida y ha deteriorado su imagen pública y profesional. Esta situació n, afirma, se agravó al ser replicada por el ministro del interior en términos similares.

5 A folios 2-10 del escrito de tutela. 6 Ibidem. 7 Ibidem.3

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Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros Adicionalmente, Bohórquez Lanzziano señala que las aludidas afirmaciones lo convirtieron en blanco de hostigamientos e incrementaron su nivel de riesgo, al punto de afectar también a su familia. Aduce que tales cuestionamientos violan principios del Derecho Internacional Humanitario, al equipararlo con un combatiente pese a ser un funcionario civil. Argumenta que no se trató de simples opiniones en el marco del debate democrático, sino de señalamientos públicos infundados, difundidos masivamente y sin verificación fáctica, que generaron un entorno hostil hacia su labor. Aunque solicitó rectificación y retractación, la Presidencia de la República negó tal posibilidad y justificó las declaraciones como interpretaciones malentendidas o expresiones legítimas dentro

verificación fáctica, que generaron un entorno hostil hacia su labor. Aunque solicitó rectificación y retractación, la Presidencia de la República negó tal posibilidad y justificó las declaraciones como interpretaciones malentendidas o expresiones legítimas dentro de un debate de naturaleza política. El Ministerio del Interior adoptó una postura similar.

A su vez, el peticionario insiste en que ha sido objeto de seguimien tos e intimidaciones, lo cual fue informado oportunamente a la UNP y, pese a que esta entidad le anunció, mediante un mensaje informal de WhatsApp, que se reforzaría su esquema de protección, a la fecha no ha recibido medidas efectivas ni idóneas. Señala q ue el esquema actual, integrado por tres hombres y un vehículo sin blindaje, es insuficiente para el nivel de riesgo extraordinario que enfrenta y no garantiza seguridad a su familia. Recalca que la UNP ha actuado con omisión y sin motivación técnica sufic iente, lo que desconoce sus deberes de protección.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales cuya trasgresión se denuncia; (ii) disponer que la UNP adopte medidas urgentes y eficaces de protección acordes con el riesgo extraordinario que enfrenta él y su familia, lo que incluye la asignación inmediata de un vehículo blindado y un esquema de protección reforzado; (iii) requerir a dicha entidad para que emita una resp uesta inmediata y técnicamente fundamentada sobre el mecanismo extraordinario de protección activado; y (iv) ordenar al ministro del Interior y al presidente de la República que se retracten públicamente de las declaraciones hechas en abril de este año.

fundamentada sobre el mecanismo extraordinario de protección activado; y (iv) ordenar al ministro del Interior y al presidente de la República que se retracten públicamente de las declaraciones hechas en abril de este año.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 11 de julio de 2025 la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Presidencia de la República, a la UNP , al Ministerio del Interior , a la Defensoría del Pueblo , al presidente de la Federación4

Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01

Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros Nacional de Personerías de Colombia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado.

2.2.- La Presidencia de la República pidió rechazar las pretensiones de la tutela, bajo el argumento de que las denuncias del actor se basan en una lectura parcial de las manifestaciones hechas por el presidente de la República, fuera de contexto y bajo una interpretación personal, por lo que no se configuran las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas.

2.3.- El Ministerio del Interior señaló que la publicación realizada en la red social “X” no hacía referencia directa al señor Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, tratándose de un comentario de carácter general sin la inte nción de afectar ningún derecho fundamental. Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincular lo por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.- La UNP respondió que no ha vulnerado los derechos fundamentales de Bohórquez

Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincular lo por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.- La UNP respondió que no ha vulnerado los derechos fundamentales de Bohórquez Lanzziano, sino que ha actuado como garante de estos desde hace varios años, pues ha realizado diversos estudios de riesgo y asignó medidas de protección conforme al marco legal. En concreto, resaltó que al convocante se le ha reconocido como población objeto del programa de protección en su calidad de servidor público en zona de conflicto, y que ha sido beneficiario de varios estudios de nivel de riesgo realizados por el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR), conforme a una metodología avalada por la Corte Constitucional.

La entidad precisó que, en uno de los estudios recientes, realizado mediante la orden de trabajo No. OT 6687 33, determinó que Bohórquez enfrentaba un riesgo extraordinario (56,66%). Este resultado fue validado por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) en diciembre de 2024, el cual recomendó un esquema de protección tipo 1: vehícu lo convencional, dos escoltas y chaleco blindado. Esta decisión fue ratificada mediante la Resolución No. DGRP 000114 del 14 de enero de 2025 y confirmada en sede de reposición.

La UNP explicó que, frente al contexto crítico de seguridad en el Catatumbo y en aplicación del Decreto 0137 de 2025 (derivado del estado de conmoción interior), activó el Mecanismo Extraordinario de Emergencia (MEE) y aplicó esta ruta excepcional al caso del accionante. Producto de esta labor, se realizaron tres valoraciones adici onales. La5

el Mecanismo Extraordinario de Emergencia (MEE) y aplicó esta ruta excepcional al caso del accionante. Producto de esta labor, se realizaron tres valoraciones adici onales. La5

Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01

Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros última de estas medidas ordenó ratificar el esquema existente y adicionar una tercera persona de protección, así como extender las medidas al núcleo familiar, todo lo cual fue implementado y está en ejecución. Por tanto, asegura que actualmente el accionante cuenta con tres escoltas, un vehículo convencional, chaleco blindado y protección para su familia.

Además, tras la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 0137 por parte de la Corte Constitucional, el MEE fue desactivado. No obstant e, la UNP reactivó la orden de trabajo No. 691571 para realizar un nuevo análisis de riesgo por la ruta ordinaria, en garantía de los derechos del accionante, el cual se encuentra en curso. La entidad también resaltó que cuenta con una nueva herramienta te cnológica, la Línea Vida 103, que permite a los beneficiarios del programa reportar emergencias en tiempo real, y reiteró que todas las actuaciones se han enmarcado dentro del procedimiento legal y técnico correspondiente.

Finalmente, la UNP pidió declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el accionante cuenta con medidas adecuadas y que no ha acreditado una nueva situación que amerite alterar lo ya dispuesto. Argumentó que recurrir a la tutela desnaturaliza el principio de subsidiariedad , al pretender sustituir los procedimientos ordinarios

accionante cuenta con medidas adecuadas y que no ha acreditado una nueva situación que amerite alterar lo ya dispuesto. Argumentó que recurrir a la tutela desnaturaliza el principio de subsidiariedad , al pretender sustituir los procedimientos ordinarios establecidos por la ley.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo del 8 de agosto de 2025, negó el amparo solicitado, bajo el argumento de que no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales reclamados. En cuanto a las declaraciones del presidente de la República y del ministro del Interior, señaló que estas se enmarcaron en un debate público legítimo sobre la declaratoria del estado de conmoción interior en el Catatumbo, sin que se acreditara una imputación directa de conductas delictivas contra el accionante. Afirmó que se trató de críticas políticas que no vulneraron su dignidad, buen nombre ni seguridad, pues no h ubo señalamientos inequívocos ni falsas imputaciones que justifiquen una intervención constitucional.

Respecto de la UNP, la colegiatura aseveró que el accionante cuenta actualmente con medidas de protección y que la solicitud de un nuevo estudio de riesgo fue radicada y está dentro del término legal de treinta (30) días hábiles. Además, le recordó la existencia6

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Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros de canales de atención como la Línea Vida 103 para reportar emergencias. Por tanto, concluyó que no se acreditó desprotección ni omisión de la entidad.

Accionados: Presidencia de la República y otros de canales de atención como la Línea Vida 103 para reportar emergencias. Por tanto, concluyó que no se acreditó desprotección ni omisión de la entidad.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, Bohórquez Lanzziano present ó impugnación, en la cual criticó que el fallo avaló la actuación de la UNP, pese a que esta no ha adoptado medidas idóneas ni oportunas frente al riesgo extraordinario que enfrenta como personero de Ocaña, en la región del Catatumbo. Sostiene que el esquema de protección asignado es insuficiente, especialmente porque debe movilizarse con su núcleo familiar en una zona de alto riesgo. Alega que la UNP no ha respondido adecuadamente a su solicitud de reevaluación de riesgo y que se omitió aplicar el enfoque de protección reforzada que exige la jurisprudencia para servidores públicos y defensores de derechos humanos en contextos de conflicto.

Asimismo, el personero refutó el análisis sobre las declaraciones del presidente y del ministro del Interior, y acotó que estas sí fueron estigmatizantes al vincularlo con la insurgencia por haber cuestionado el decreto de conmoción interior. Manifestó que lo que él expresó no correspondió a una controversia política, sino a una advertencia legítima frente al riesgo para la población civil, por lo que los pronunciamientos oficiales del presidente y del ministro desbordaron los límites del derecho a la libre expresión y generaron un riesgo real para su seguridad. Adujo que el fallo no aplicó el test de impacto comunicativo ni valoró adecuadamente su rol como defensor de derechos humanos.

II.- CONSIDERACIONES

generaron un riesgo real para su seguridad. Adujo que el fallo no aplicó el test de impacto comunicativo ni valoró adecuadamente su rol como defensor de derechos humanos.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela proferido el 8 de agosto de 2025 por la Sección Segu nda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.7

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Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros 2.- Problema jurídico

A esta Sala le corresponde determinar si, en el caso concreto, se vulneraron los derechos fundamentales del accionante con ocasión de las manifestaciones realizadas por el presidente de la República y el ministro del Interior, así como por las actuaciones desplegadas por la UNP. Para ello, se abordarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela, algunas cuestiones preliminares y los requisitos de procedibilidad; (ii) las generalidades de los derechos a la vida, a la seguridad, a la honra y al buen nombre; (iii) los alcances de la libertad de expresión en el marco del poder -deber de los altos funcionarios del Estado; y (iv) el análisis del caso concreto frente a cada una de las autoridades convocadas.

3.- Naturaleza de la acción de tutela

altos funcionarios del Estado; y (iv) el análisis del caso concreto frente a cada una de las autoridades convocadas.

3.- Naturaleza de la acción de tutela

3.1.- La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 constitucional, faculta a toda persona para reclamar ante cualquier juez, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Es un mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para su protección.

3.2.- Tal situación, en todo caso, se rige por el presupuesto general de que excepcionalmente procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo dis ponible no salvaguarda de manera eficaz8 el derecho fundamental o no es idóneo por no ofrecer una solución integral ni resolver el conflicto en toda su dimensión 9. Así también, cuando el tutelante se encuentra ante un perjuicio irremediable 10, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.

8 El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: “Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu[e]lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.

Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. (…)”.

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. (…)”. 9 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017. 10 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.8

Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01

Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros 4.- Cuestiones preliminares sobre la viabilidad de la tutela para proteger los derechos a la honra y al buen nombre

4.1.- La Corte Constitucional ha reconocido expresamente que se puede acudir a la tutela para salvaguardar las garantías a la honra y al buen nombre cuando las vías ordinarias, como la acción penal por injuria o calumnia, no ofrecen una respuesta oportuna y eficaz para superar la afectación.

El alto tribunal ha determinado, en numeroso s pronunciamientos 11 , que la simple existencia de una conducta típica no es argumento suficiente para deslegitimar la procedencia del medio constitucional en cuestión, toda vez que: (i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, puede configurarse alg ún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un castigo penal,

excluya la responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un castigo penal, sino únicamente la rectificación; y (iii) la pronta respuesta de la acción de tutela impediría que los efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prolongándose en el tiempo como acontecimientos reales y fidedignos12.

En relación con lo anterior, la colegiatura precisó que el juicio penal y la tutela tienen finalidades distintas. Mientras el primero busca determinar la responsabilidad delictiva del acusado y, eventualmente, imponer sanciones privativas de la libertad, la segunda tiene un propósito preventivo y correctivo, orien tado a cesar de inmediato la vulneración y restablecer los derechos conculcados13. En efecto, se ha indicado que el proceso punitivo podría ser ineficaz para la protección de los derechos en comento, en tanto su configuración exige la verificación del animus injuriandi , lo que puede conllevar a la absolución del acusado sin que ello implique el restablecimiento del derecho afectado 14. Asimismo, la tutela se justifica cuando la víctima no busca una sanción penal, sino únicamente la rectificación de la información o el cese de la afectación, o cuando la rapidez del amparo es esencial para evitar que el menoscabo de la imagen y la moral continúe extendiéndose en el tiempo.

11 Corte Constitucional, sentencias T -110 de 2015, T -357 de 2015, T -277 de 2015, T -693 de 2016 y T -695 de 2017, entre otras.

continúe extendiéndose en el tiempo.

11 Corte Constitucional, sentencias T -110 de 2015, T -357 de 2015, T -277 de 2015, T -693 de 2016 y T -695 de 2017, entre otras. 12 Corte Constitucional, sentencia T-787 de 2004, reiterada en la T-110 de 2015. 13 Corte Constitucional, sentencia T-117 de 2018. 14 Corte Constitucional, sentencia T-263 de 1998.9

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Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros En conclusión, si bien la existencia de otros recursos judiciales puede ser un cri terio de improcedencia de la tutela, se ha admitido su viabilidad cuando la afectación a los derechos a la honra y al buen nombre requiere una intervención inmediata o busca simplemente la rectificación de una conducta. Así, en aquellos casos en los que la publicación de información en medios masivos o la circulación de afirmaciones lesivas en el espacio público pone en riesgo las prerrogativas constitucionales aludidas, esta vía iusfundamental resulta idónea para su protección, al permitir que se detenga la afectación y se eviten consecuencias irreparables.

4.2.- Ahora bien, e l derecho a la rectificación se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución Política, cuyo último inciso garantiza “ el derecho a la rectificación en condiciones de equidad ”. Este precepto implica que quien haya difundido información inexacta o errónea tiene la obligación de corregirla de manera proporcional, con el fin de

Constitución Política, cuyo último inciso garantiza “ el derecho a la rectificación en condiciones de equidad ”. Este precepto implica que quien haya difundido información inexacta o errónea tiene la obligación de corregirla de manera proporcional, con el fin de reparar el daño tanto al derecho individual vulnerado como al interés colectivo de acceder a información veraz. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud previa de rectificación es un requisito de procedibilidad indispensable en las acciones de tutela cuando se denuncia la afectación al buen nombre o a la honra15.

La exigencia de pedir anticipadamente la retractación se funda en la presunción de buena fe, pues se asume que el divulgador verificó y contrastó razonablemente los hechos publicitados. Así, cuando se conculca el derecho a la información veraz a través de medios masivos, el afectado debe, como condición previa a la interposición de la acción de tutela, instar al emisor para que corrija las inexactitudes o falsedades difundidas.

En el fallo T-263 de 2010 se hizo énfasis en que, independientemente del medio utilizado, quien publi ca información masivamente debe responder a la petición de rectificación, para garantizar así el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales.

El cumplimiento de este deber debe evaluarse a la luz del principio de razonabilidad. En la sentencia T -593 de 2017 se indicó que el requerimiento puede realizarse mediante medios adaptados a las particularidades de cada plataforma, por ejemplo, mediante u n mensaje interno o un comentario en la publicación original. Esta flexibilidad busca evitar

15 Corte Constitucional, sentencia T-512 de 1992.10

Acción de tutela – Segunda instancia

medios adaptados a las particularidades de cada plataforma, por ejemplo, mediante u n mensaje interno o un comentario en la publicación original. Esta flexibilidad busca evitar

15 Corte Constitucional, sentencia T-512 de 1992.10

Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01

Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros que la exigencia se convierta en un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de tutela.

Es importante destacar que , aunque no es una tesis única, esta Subsección acoge la postura propuesta en la sentencia T-446 de 2020. En esa providencia se indicó que:

“(…) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la procedibilidad de la acción de tutela para la reivindicación de los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre debe atender la previa solicitud de rectificación establecida en el artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991 siempre que se trate de información difundida por medios de comunicación o particulares en ejercicio del periodismo. La Sala observa, entonces, que la señora Díaz Suárez no estaba llamada a agotar el presente requisito, toda vez que: (a) el demandado no ejerce el periodismo, y (b) las publicaciones que dieron origen al recurso de amparo no fueron realizadas por un medio de comunicación (…)”.

De conformidad con lo anterior, para esta Sala el presupuesto de requerir la rectificación previa se limita a los casos en que la publicación se efectúe por un medio de comunicación en su sentido clásico o por particulares en ejercicio del periodismo.

En definitiva, el deber sub judice se configura como un mecanismo de protección

previa se limita a los casos en que la publicación se efectúe por un medio de comunicación en su sentido clásico o por particulares en ejercicio del periodismo.

En definitiva, el deber sub judice se configura como un mecanismo de protección fundamental, orientado a preservar el derecho colectivo a recibir información veraz y, al mismo tiempo, a salvaguardar la presunción de buena fe del difusor. Sin embargo, en este caso no se exige el cumplimiento del requisito en comento, pues el emisor no es un medio de comunicación ni actuó en ejercicio de una actividad periodística.

Con todo, se debe poner de presente que Bohórquez Lanzziano pidió a las autoridades accionadas que realizaran las rectificaciones correspondientes frente a las manifestaciones de abril del 202516. Es así como, incluso sin considerarse necesario, la condición en comento se agotó.

5.- Procedibilidad de la acción de tutela

5.1.- En relación con la legitimación en la causa por activa17, se destaca que la presente acción se sustenta en que el presidente de la República y uno de sus ministros emitieron

16 Como consta a folios 58-61 y 80-82 del archivo subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado CB10E146C82160BD C3394B31556DD7F7 116F1DEE2B8FC3D5 CA7466F2976BA453. 17 La legitimación en la causa se refiere, de una parte, a la titularidad del derecho o interés que fundamenta las pretensiones (legitimación por activa) y, de otra, al sujeto frente a quien se dirigen las reclamaciones (legitimación por pasiva). Si el demandante carece de legitimación, no puede obtener satisfacción de sus pretensiones, pues no es

pretensiones (legitimación por activa) y, de otra, al sujeto frente a quien se dirigen las reclamaciones (legitimación por pasiva). Si el demandante carece de legitimación, no puede obtener satisfacción de sus pretensiones, pues no es acreedor del derecho invocado. De igual manera, si el demandado no está legitimado, no puede ser obligado a cumplir11

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Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano Accionados: Presidencia de la República y otros unas afirmaciones que el reclamante estima difamatorias. Igualmente, se centra en la presunta omisión estatal de asignar un esquema de seguridad adecuado para salvaguardar su vida e integridad. Por tanto, se encuentra acreditado el requisito en mención frente al tutelante, ya que son sus garantías constitucionales las que se alegan conculcadas y cuya protección se persigue.

También se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las comunicaciones objeto de controversia se realizaron en el marco de un consejo de ministros televisado y a través de la cuenta personal en la red social “X.com” del ministro del Interior Armando Benedetti. En igual sentido, dicho presupuesto procesal se configur