CE - Sentencia 11001031500020250441701 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante PETROL SERVICE Y CÍA. SAS

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y sustantivo. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Vinculación aprendices del SENA a empresa. Causales generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Petrol Service y Cía. SAS contra el fallo de tutela del 14 de agosto de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad Petrol Service y Cía. S.A.S. contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 17 de julio de 20251, Petrol Service y Cía. SAS actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido

El 17 de julio de 20251, Petrol Service y Cía. SAS actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y el principio de buena fe, con ocasión de la providencia del 6 de mayo de 2025 emitida en segunda instancia al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (radicación 41001-33-33-007-2017-00329-00/01). En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Declarar que la sentencia Rad. No. 41 001 33 33 007 2017 00329 01 de 6 de mayo de 2025, emitida por la TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA. SALA DE DECISIÓN SEGUNDA – MAGISTRADO PONENTE: DR. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, vulneró los derechos fundamentales de DEBIDO PROCESO y PRINCIPIO DE BUENA FE y demás derechos el Honorable Despacho considere conculcados.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia Rad. No. 41 001 33 33 007 2017 00329 01 de 6 de mayo de 2025, emitida por al

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA. SALA DE DECISIÓN SEGUNDA – MAGISTRADO PONENTE: DR. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA , mediante la cual confirmó la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2019, por JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE NEIVA, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de

mediante la cual confirmó la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2019, por JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE NEIVA, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho seguido por mi prohijado contra el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA, para en su lugar, se CONFIRME las pretensiones de la demanda por causa del DEFECTO FÁCTICO Y DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO argumentado en el cuerpo de la presente acción. 1 Escrito de tutela presentado a través del aplicativo SAMAI. Constancia emitida por la Secretaría Online.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

TERCERO: SUBSIDIARIAMENTE, en caso de no proceder la anterior petición, solicito que se

ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA. SALA DE DECISIÓN SEGUNDA – MAGISTRADO PONENTE: DR. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, que el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la cual observe los lineamientos expuestos en esta providencia».

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La sociedad Petrol Services y Cía. SAS es una empresa que tiene como actividad principal el transporte de carga de hidrocarburos por carretera en vehículos tipo tracto camión. 2.2. Conforme lo dispone la Ley 789 de 2002 es deber de todas las empresas

actividad principal el transporte de carga de hidrocarburos por carretera en vehículos tipo tracto camión. 2.2. Conforme lo dispone la Ley 789 de 2002 es deber de todas las empresas legalmente constituidas vincular aprendices en los términos señalados en el artículo 32 de dicha norma. 2.3. Mediante Resolución 339 del 21 de octubre de 2013, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, fijó una cuota de 18 aprendices que correspondía vincular a la empresa accionante de acuerdo con el listado de oficios, ocupación y planta de personal correspondiente a ese año. 2.4. Sostuvo la sociedad que los días 31 de julio y 30 de diciembre de 2014 y el 31 de julio de 2015 presentó al SENA el listado de oficios y ocupaciones en los que se informó qué oficios estaban excluidos de la cuota de aprendices como lo era la labor de conductor de transporte de hidrocarburos, así como la disminución de empleados en la planta de personal que implicaba la vinculación de un número menor de aprendices, lo que dijo, no se tuvo en cuenta. 2.5. El 1º de junio de 2015 el SENA expidió el estado de cuenta por $109.148.281 a la empresa Petrol Services y Cía. SAS en atención al incumplimiento en la contratación de aprendices. 2.6. El SENA dio inicio a un proceso administrativo sancionatorio por lo que mediante auto del 8 de junio de 2016 se formularon cargos en contra de la empresa actora por el mencionado incumplimiento en la contratación de aprendices. 2.7. El 26 de julio de 2016 se presentaron descargos por parte de la empresa; el

empresa actora por el mencionado incumplimiento en la contratación de aprendices. 2.7. El 26 de julio de 2016 se presentaron descargos por parte de la empresa; el 26 de septiembre de 2016 se decretaron pruebas; el 20 de octubre de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión y mediante la Resolución 1303 del 26 de diciembre de 2016 se impuso sanción pecuniaria a la empresa Petrol Services y Cía. SAS por valor de $109.148.281. 2.8. Contra la anterior decisión la sociedad presentó recurso de reposición resuelto en la Resolución 320 del 17 de abril de 2017 que la confirmó. 2.9. Por lo anterior la empresa sociedad Petrol Services y Cía. SAS en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó al SENA con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos por los que se le impuso sanción pecuniaria. En consecuencia, pidió se ordenara a la entidad demandada abstenerse de ejecutar la sanción económica impuesta por el presunto incumplimiento en la contratación de aprendices fijada por el SENA y el pago de los perjuicios causados con respecto a los gastos que debió cubrir para ejercer su defensa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 2.10. En primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva (expediente 41001-33-33-007-2017-00329-00) en audiencia inicial llevada a cabo el 18 de

www.consejodeestado.gov.co 3 2.10. En primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva (expediente 41001-33-33-007-2017-00329-00) en audiencia inicial llevada a cabo el 18 de noviembre de 2019, luego de agotadas las respectivas etapas, emitió decisión de fondo en la que negó las pretensiones de la demanda. Consideró el juzgado que para la época en que se expidió la Resolución 339 del 21 de octubre de 2013 la empresa tenía la operatividad y la obligación de contratar los 18 aprendices dispuestos por el SENA en el acto administrativo mencionado. Censuró que no se hubiera controvertido en su momento por la empresa la citada resolución y dijo que había dejado pasar las oportunidades de ley para controvertir esa actuación administrativa que estaba ejecutoriada y en firme y que, no era posible ahora controvertir otros actos administrativos para buscar objetarla. En ese orden de ideas, consideró que lo que seguía por parte del SENA era dar apertura al proceso sancionatorio y sancionar a la sociedad ante el incumplimiento de tal deber, procedimiento que dijo, contó con todas las etapas y en las que la parte actora pudo ejercer su derecho de defensa como en efecto ocurrió. 2.11. La parte demandante presentó recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión mediante sentencia del 6 de mayo de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 27 de mayo de 2025), confirmó la decisión del juzgado. Sostuvo la sentencia de cierre que la empresa había sido renuente a dar cumplimiento a la cuota de aprendices asignada con el argumento de que dado

27 de mayo de 2025), confirmó la decisión del juzgado. Sostuvo la sentencia de cierre que la empresa había sido renuente a dar cumplimiento a la cuota de aprendices asignada con el argumento de que dado el objeto social de la sociedad el SENA no contaba con aprendices formados en la especialidad de operación de tracto camiones para el transporte de combustible, sin embargo, aclaró que tal como lo manifestó la entidad al resolver la revocatoria directa que se presentara contra la Resolución 339 de 2013, la empresa contaba con área administrativa, comercial y financiera en la que los aprendices podían ser vinculados.

Agregó que el SENA enlistó a la parte actora las distintas modalidades de cumplimiento que tenía el empresario para atender la obligación legal impartida y que, en caso de que las empresas (i) no contaran con el espacio de prácticas o instalaciones administrativas o (ii) por políticas de la compañía no pudieran suscribir contratos de aprendizaje, debían ceder los aprendices a otra empresa donde pudieran desarrollar su etapa de práctica, previo aviso y autorización del SENA. Aclaró que el fundamento que tuvo la sociedad para no dar cumplimiento fue la ausencia de formación de los aprendices en relación con la conducción del transporte especializado pero no lo relacionado con la disminución del personal de la empresa por la exclusión de algunos trabajadores, pues que ese argumento se presentó hasta el recurso de apelación y no desde la demanda, razón por la que el juzgado no había analizado ese punto. Dijo que los argumentos del recurso de apelación apuntaban a la inconformidad frente al trámite administrativo para fijar aprendices por parte del SENA cuando lo cierto es que eso ya se había definido y se estaba ante

Dijo que los argumentos del recurso de apelación apuntaban a la inconformidad frente al trámite administrativo para fijar aprendices por parte del SENA cuando lo cierto es que eso ya se había definido y se estaba ante un trámite sancionatorio ante el incumplimiento en la contratación. Finalmente indicó que la Resolución 339 de 2013 cobró ejecutoria el 20 de noviembre de 2013 y perdió su vigencia el 1 de mayo de 2016 fecha en queRadicado: 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 quedó ejecutoriada la Resolución 228 del 20 de abril de 2015, mediante la cual se fijó a la empresa la cuota de 17 aprendices y que, como el periodo de incumplimiento sancionado correspondía al 9 de abril de 2014 y el 30 de abril de 2015, era claro que la aplicación de la Resolución 339 de 2013 en la expedición de la Resolución 1303 del 26 de diciembre de 2016 era completamente legal y desvirtuaba la censura que hacía la sociedad en el recurso de apelación sobre su pérdida de vigencia bajo el supuesto de no haberse pronunciado el SENA en un nuevo acto administrativo disminuyendo la cuota de aprendices.

3. Fundamentos de la acción La sociedad Petrol Service y Cía. SAS consideró que la sentencia emitida el 6 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en los

La sociedad Petrol Service y Cía. SAS consideró que la sentencia emitida el 6 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. Las razones que expuso fueron las siguientes: 3.1. Defecto fáctico. Sustentado en una defectuosa valoración del material probatorio allegado al expediente por parte de la sociedad con el que pretendía demostrar que la sanción impuesta por la cuota de aprendices fijada en la Resolución 339 de 2013 ya no era aplicable para el periodo sancionado, esto es, del 9 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015, pues que demostró que había presentado al SENA en las fechas estipuladas (31 de julio de 2014, 30 de diciembre de 2014 y 31 de julio de 2015) los listados de oficios y ocupaciones que indicaban lo relacionado con la variación en su planta de personal y la exclusión de ciertos cargos que dada su naturaleza y la falta de programas de formación del SENA en ciertas áreas de alto riesgo, no debían ser incluidos en el cálculo de la cuota de aprendices. Dijo que la empresa incluso alegó haber contratado siempre entre 5 y 8 aprendices cumpliendo a su juicio con lo que era la cuota real. Señaló que el Tribunal accionado desestimó los anteriores argumentos al considerar que las solicitudes de variación de nómina eran inoportunas porque se habían presentado durante un trámite sancionatorio por un periodo anterior lo que, en criterio de la sociedad, ignoraba la relevancia de tales pruebas para

considerar que las solicitudes de variación de nómina eran inoportunas porque se habían presentado durante un trámite sancionatorio por un periodo anterior lo que, en criterio de la sociedad, ignoraba la relevancia de tales pruebas para el periodo específico de incumplimiento que se estaba sancionando y que era de abril de 2014 a abril de 2015. Insistió en que hubo una falta de valoración completa de los elementos de prueba, concretamente la presentación de los listados de variación de la nómina que era un hecho material que debía ser considerado en su justa dimensión para determinar la base de la sanción pues que debió analizarse si el SENA cumplió con el deber legal de ajustar la cuota de aprendices según la información proporcionada por la empresa y que tendría una incidencia directa en la base de la sanción. 3.2. Defecto sustantivo. Manifestó que el Tribunal interpretó y aplicó de manera incorrecta las normas que rigen la determinación y modificación de la cuota de aprendices, concretamente el artículo 11 del Decreto 933 de 2003. Dijo que se aplicó de manera rígida la noción de firmeza del acto administrativo inicial, esto es, la Resolución 339 de 2013, sin ponderar la obligación del SENA derivada del Decreto 993 de 2003 de actualizar la cuota de aprendices cuando el empleador informara variaciones en su planta de personal. Relató que el hecho de que las comunicaciones de variación de la planta de personal se hubieran presentado en paralelo a un proceso sancionatorio porRadicado: 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 un período anterior no las hacía intrínsecamente inoportunas para los períodos que efectivamente comprendían. Señalo que la sanción se impuso por el periodo del 9 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015 y que si las modificaciones de nómina fueron informadas en julio y diciembre de 2014, estas debieron ser consideradas para ajustar la cuota en los meses siguientes, es decir, para la mayor parte del período sancionado.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 21 de julio de 2025 el despacho ponente de primera instancia admitió la acción de tutela; ordenó notificar a las partes accionante y accionada, esto es, al Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión; dispuso vincular como terceros con interés al Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva quien emitió la decisión de primera instancia en el medio de control y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que fue parte demandada en el proceso ordinario. 4.2. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por conducto del director encargado de la Regional Huila, presentó informe en el que manifestó que la acción de tutela carecía de una fundamentación fáctica que permitiera evidenciar la alegada vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada lo que conllevaba a que se declarara su improcedencia.

Dijo que lo pretendido por la actora era que se accediera a las pretensiones de la demanda por parte del juez de tutela cuando el asunto ya había sido

autoridad judicial accionada lo que conllevaba a que se declarara su improcedencia. Dijo que lo pretendido por la actora era que se accediera a las pretensiones de la demanda por parte del juez de tutela cuando el asunto ya había sido resuelto por el Tribunal, lo que iba en contra del principio de seguridad jurídica. 4.3. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión y el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva2, no se pronunciaron en esta oportunidad.

5. Providencia impugnada El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 14 de agosto de 2025 declaró improcedente el amparo solicitado al encontrar que no se cumplía con el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que no se cumplió por la sociedad actora con la carga argumentativa suficiente que permitiera estudiar la presunta vulneración de derechos fundamentales y que si bien mencionó la presunta existencia de los defectos fáctico y sustantivo, no satisfizo la carga en materia constitucional y los reparos allí expuestos habían sido resueltos por el juez natural. Sostuvo que las afirmaciones que la parte demandante hizo en el escrito de tutela para sustentar la presunta transgresión del derecho fundamental al debido proceso y el principio de buena fe, no conllevaba a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela tuviera necesariamente relevancia constitucional, pues que para ello se requería que en el escrito inicial hubiera un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permitiera vislumbrar que la controversia giraba en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. También precisó que la controversia propuesta por la sociedad Petrol Services y

argumentativo que permitiera vislumbrar que la controversia giraba en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. También precisó que la controversia propuesta por la sociedad Petrol Services y Cia. SAS se circunscribía a un simple desacuerdo con la valoración probatoria y la interpretación que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión hizo del Decreto 933 de 2003 y de la Resolución 339 de 2013 y en ese sentido, consideró que no era posible la intervención del juez constitucional ya que la línea 2 Tanto el Tribunal como el Juzgado allegaron el link de acceso al expediente ordinario.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 argumentativa que traía en esta sede coincidía con la expuesta en la demanda y en el recurso de apelación, de modo que el fin perseguido por la empresa era que se agotara una tercera instancia lo que igualmente conllevaba a la improcedencia de la acción.

6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.

Consideró que no solo se trataba de un tema económico sino del impacto que la sanción tenía en el patrimonio de la sociedad y que no podía entenderse que por no atender el SENA el listado de variaciones en la nómina de la empresa y modificar el número de aprendices dadas las circunstancias que se le pusieron de presente, tuvieran que cumplir con una sanción económica como la que le fue impuesta. Reiteró los argumentos que presentó en relación con la presunta configuración de

número de aprendices dadas las circunstancias que se le pusieron de presente, tuvieran que cumplir con una sanción económica como la que le fue impuesta. Reiteró los argumentos que presentó en relación con la presunta configuración de los defectos fáctico y sustantivo. Del primero, esto es, el defecto fáctico, al desestimar la evidencia de los reportes de variación de nómina, lo que para la empresa condujo a la aplicación de una cuota de aprendices desproporcionada para el periodo sancionado. Del segundo, defecto sustantivo, al aplicar de manera estricta el principio de la firmeza del acto administrativo, ignorando la existencia de la obligación legal del SENA de actualizar la cuota de aprendices, pues insistió en que los reportes se enviaron en su momento durante el periodo en que se impusieron los 18 aprendices y que no podía señalarse que esto fuera extemporáneo o inoportuno como lo señalo el Tribunal en la sentencia cuestionada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. 3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto

la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente la tutela, por no encontrar satisfecho el requisito de la relevancia constitucional.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente la tutela, por no encontrar satisfecho el requisito de la relevancia constitucional. En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de procedibilidad, se determinará si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio de buena fe e incurrió en los defectos fáctico y sustantivo en los términos en que fueron propuestos, con ocasión de la sentencia del 6 de mayo de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores:

Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04417-01

Demandante: Petrol Service y Cía. SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judi