CE - Sentencia 11001031500020250442200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

Accionantes: Juan Gilberto Vargas Villamizar

Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y Tribunal

Administrativo del Atlántico, Sección C

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Subtema 2: retiro por llamamiento a calificar servicios. Subtema 3: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud interpuesta por Juan Gilberto Vargas Villamizar, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Juan Gilberto Vargas Villamizar presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al ordenamiento jurídico, de acceso a la administración de justicia y al precedente del Consejo de Estado, que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C , con

jurídico, de acceso a la administración de justicia y al precedente del Consejo de Estado, que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C , con ocasión de las decisiones proferidas del 25 de noviembre de 2021 y el 27 de marzo de 2025, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimie nto del derecho identificado con el radicado núm. 08001-23-33-000-2019-00047-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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2. Los señores Juan Gilberto Vargas Villamizar, María Paula Vargas López, Liliana Patricia Álvarez Merlano, María Alejandra Vargas López, Gilberto Vargas Camargo, Rosalía Villamizar de Vargas, Rosalía Vargas Villamizar, María del Rosario Vargas Villamizar, Laura Estefanía González, Yudi Vargas Villamiza r, Gerardo Vargas Villamizar y Mauricio González Vargas radicaron demanda en ejercicio del medio

Villamizar, Laura Estefanía González, Yudi Vargas Villamiza r, Gerardo Vargas Villamizar y Mauricio González Vargas radicaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional co n el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 1191 del 12 de julio de 2018 que retiró del servicio al señor Juan Gilberto Vargas Villamizar por llamamiento a calificar servicios.

3. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C negó las pretensiones de la demanda al considerar que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo y no demostró que este tuviera unas finalidades distintas a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 del 2000. De este modo, el llamamiento a calificar servicios cumplió con los requisitos formales porque el demandante acreditó el tiempo mínimo exigido para acceder a la asignación de retiro y obtuvo el concepto previo favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Además, el acto acusado fue producto del ejercicio legítimo de la facultad discrecional, por lo que no requería de motivación explícita.

4. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación en el que indicó que el juez de primera instancia no empleó en debida forma la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los límites aplicables a la discrecionalidad en el llamamiento a calificar servicios.

Adicionalmente, cuestionó que el fallo se hubiera sustentado exclusivamente en el cumplimiento del tiempo mínimo de servicio exigido, a partir de la omisión de otros

aplicables a la discrecionalidad en el llamamiento a calificar servicios. Adicionalmente, cuestionó que el fallo se hubiera sustentado exclusivamente en el cumplimiento del tiempo mínimo de servicio exigido, a partir de la omisión de otros elementos relevantes que son determinantes para la legalidad del acto enjuiciado.

5. También manifestó que el acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, que fue la base del acto demandado, no se le notificó al oficial Juan Gilberto Vargas.

Finalmente, alegó la incongruencia en la decisión aunado a que no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas, en particular aquellas relativas a la ausencia de un concepto previo por parte del superior inmediato, la hoja de vida y los vicios en la expedición del acto administrativo.

6. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 27 de marzo de 2025 en la que confirmó la providencia apelada, bajo el entendido de que el retiro del coronel Juan Gilberto Vargas Villamizar obedeció al ejercicio legítimo de la facultad discrecional por llamamiento a calificar servicios.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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7. Afirmó que el Tribunal sí fundamentó su decisión en la jurisprudencia del Consejo

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7. Afirmó que el Tribunal sí fundamentó su decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, sin que ello impli cara que las decisiones debían corresponder con la interpretación sostenida por el apelante. Además, aunque la jurisprudencia ha destacado que la facultad discrecional de ordenar el retiro no exige una motivación expresa, debe atender a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, con el fin de que no se utilice como un abuso de autoridad. Así las cosas, esta corporación precisó que el Tribunal verificó que estos requisitos se acreditaron en el caso particular.

8. Por su parte, en cuanto a la notificación del acta de la Junta Asesora, refirió que mediante el oficio del 19 de marzo de 2020 se le puso en conocimiento a la parte actora. De este modo, el extremo demandante conoció las razones que sustentaron su retiro, el cual se basó en el ejercicio de una facultad discrecional. Además, señaló que la ausencia de notificación previa de esta recomendación no resultaba suficiente para invalidar el acto administrativo, ya que el actor conoció de los fundamentos de la decisión por cuanto estos quedaron consignados en el acto de desvinculación. Así, desvirtuó cualquier presunción de arbitrariedad, porque el conocimiento de la decisión tenía como finalidad garantizar la impugnación del acto ante la jurisdicción.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido

conocimiento de la decisión tenía como finalidad garantizar la impugnación del acto ante la jurisdicción.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al ordenamiento jurídico, de acceso a la administración de justicia y al precedente del Consejo de Estado y, en consecuencia, revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 27 de marzo de 2025 con el fin de declarar la nulidad del Decreto 1191 del 12 de julio de 2018 que dispuso el retiro por llamamiento a calificar servicios y acceder a todas las pretensiones de la demanda.

10. En sustento, indicó que el acta de recomendación de la Junta Asesora de la Nación, Ministerio de Defensa no se notificó antes de que se profiriera el Decreto 1191 del 12 de julio de 2018 . Adicionalmente, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso sin que se surtiera esta comunicación , pese a que existió un escrito de petición encaminado a solicitar los argumentos y las firmas de quienes rindieron sus conceptos.

11. En estos términos, adujo que los actos previos y posteriores al retiro no estuvieron debidamente motivados y que las pruebas de la falta de notificación y de motivación fueron oportunamente aportadas al proceso, sin que estas se valoraran. En particular, destacó que el Consejo de Estado dejó de apreciar la prueba según la cual a pesar de que la demanda se interpuso en 2019, el acta solo se notificó el 19 de marzo de 2020. Bajo este entendido, la comunicación de esta

prueba según la cual a pesar de que la demanda se interpuso en 2019, el acta solo se notificó el 19 de marzo de 2020. Bajo este entendido, la comunicación de esta no se surtió en los términos que lo prevé la jurisprudencia del Consejo de Estado yRadicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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de la Corte Constitucional , como es el caso de las sentencias C -525 del 16 de noviembre de 1995, SU-091 de 2016, SU-917 de 2010 y T-297 del 2009.

12. En igual sentido agregó que debía anularse el acta «por falta de carga argumentativa», para lo cual expuso que no bastaba con señalar el derecho al retiro, sino que debían explicarse los argumentos que permitieran ejercer adecuadamente el derecho de defensa. En igual sentido, manifestó que esto se sustentaba a partir del contenido del artículo 13 del Decreto 1793 del 2000 , que la Corte declaró condicionalmente exequible, lo que implicaba que previo a la desvinculación tenía que valorarse la hoja de vida y el motivo del retiro, esto es, incluirse una debida motivación. Así, refirió que la facultad de retiro tenía límites.

13. La parte consideró que se incurrió en «un desconocimiento del precedente,

incluirse una debida motivación. Así, refirió que la facultad de retiro tenía límites.

13. La parte consideró que se incurrió en «un desconocimiento del precedente, pues las conclusiones a las que llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso y negar la NULIDAD […] obedecieron a desviación de la interpretación y valoración probatoria debidamente aportadas al proceso».

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 23 de julio de 2025 1, previno al apoderado de la parte accionante para que corrigiera la demanda en el sentido de identificar el nombre completo del accionante y aporta ra el poder que lo facultara para actuar en su representación. Así, la parte actora allegó memorial en el que aclaró que el legitimado para interponer la acción de tutela era el señor Juan Gilberto Vargas Villamizar, en su condición de actor en el proceso d e nulidad y restablecimiento del derecho2.

15. En consecuencia, el 11 de agosto de 2025 3 se admitió la solicitud de amparo interpuesta por el referido accionante, se vinculó al presente trámite constitucional a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a los señores María Paula Vargas López, Liliana Patricia Álvarez Merlano, María Alejandra Vargas López, Gilberto Vargas Camargo, Rosalía Villamizar de Vargas, Rosalía Vargas Villamizar, María del Rosario Vargas Villamizar, Laura Estefanía González, Yudi Vargas Villamizar, Gerardo Vargas Villamizar y Mauricio González Vargas, se requirió la copia del expediente ordinario y se le reconoció personería al apoderado del actor.

Villamizar, Gerardo Vargas Villamizar y Mauricio González Vargas, se requirió la copia del expediente ordinario y se le reconoció personería al apoderado del actor.

16. La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico rindió informe en el que indicó que la acción de tutela de la referencia era improcedente porque no satisfacía los requisitos generales y específicos. Adujo que lo pretendido por la parte accionante era convertir este mecanismo en una tercera instancia judicial4.

1 Samai, índice 4. 2 Samai, índice 8. 3 Samai, índice 10. 4 Samai, índice 14, 9FF2F36EFBC65882 E0C74E934F8EBD00 D896AF7CD5EB3F5A EDBFD56DDBA0137D.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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17. Seguidamente, el accionante aportó las direcciones de notificación de quienes fueron parte demandante en el proceso ordinario5. Igualmente, la Nación, Ministerio de Defensa allegó informe de contestación, por conducto de una apoderada judicial, pero sin allegar el poder correspondiente que la habilitaba para actuar en esa calidad6.

18. Finalmente, el magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda

pero sin allegar el poder correspondiente que la habilitaba para actuar en esa calidad6.

18. Finalmente, el magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió informe en el que advirtió que la solicitud de amparo no satisface los presupuestos que habilitan su procedencia excepcional, ya que resolvió de fondo los cargos planteados en el proceso, aplicó la normativa y la jurisprudencia y valoró las pruebas allegadas al expediente.

19. En concreto, destacó que la providencia resolvió los cuestionamientos relativos a la notificación del acta de la Junta Asesora de la Nación, Ministerio de Defensa, la falta de motivación y la aplicación del precedente jurisprudencial en cuanto a los límites de la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios. En este contexto, expuso los argumentos que hicieron parte de la decisión judicial y planteó que la controversia carecía de relevancia constitucional al limitarse a la interpretación y a la aplicación de normas que son del régimen especial de las fuerzas militares.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente solicitud de amparo interpuesta contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección

C.

3.2. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa por activa de Juan Gilberto Vargas Villamizar se encuentra acreditada, por cuanto integró el extremo demandante en el proceso de

C.

3.2. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa por activa de Juan Gilberto Vargas Villamizar se encuentra acreditada, por cuanto integró el extremo demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y en ese orden sus derechos fundamentales pueden resultan afectados con la decisión objeto de tutela. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, porque fueron las autoridades que profirieron, respectivamente, las senten cias del 25 de noviembre de 2021 y del 27 de marzo de 2025 que, según afirmó la parte actora, quebrantaron sus derechos fundamentales.

5 Samai, índice 16. 6 Samai, índice 18.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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3.3. Cuestión preliminar

22. La Sala precisa que aunque el señor Juan Gilberto Vargas Villamizar dirigió su solicitud de amparo contra las sentencias proferidas el 25 de noviembre de 2021 y el 27 de marzo de 2025, lo cierto es que esta providencia debe limitarse al estudio de esta última, que fue la que definió el litigio en sede de segunda instancia.

el 27 de marzo de 2025, lo cierto es que esta providencia debe limitarse al estudio de esta última, que fue la que definió el litigio en sede de segunda instancia.

23. Puntualmente, pese a que el accionante refirió que debe declararse la nulidad del «acta que se tutela, por falta de carga argumentativa», esto no supone que haya cuestionado el acta de la Junta Asesora en la solicitud de amparo, sino más bien lo utilizó como sustento de la motivación del acto de retiro y sus límites.

24. En igual sentido, el actor afirmó que se incurrió en «desconocimiento del precedente, pues las conclusiones a las que llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso y negar la NULIDAD […] obedecieron a desviación de la interpretación y valoración probatoria debidamente aportadas al proceso». En este contexto, planteó que los actos previos y posteriores al retiro no estuvieron adecuadamente motivados y que la prueba relativa a la falta de notificación del acta de recomendación de la Junta Asesora de la Nación, Ministerio de Defensa no fue apreciada de forma correcta. Dicho en otras palabras, refirió que esta no se notificó en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en razón a que existían límites para ejercer la facultad de retiro.

25. De lo visto, queda en evidencia que, aunque el accionante refirió que se incurrió en desconocimiento del precedente, realmente sus cargos de subsumen en un defecto fáctico que, de configura rse, tendría sustento en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Además, aunque planteó

en desconocimiento del precedente, realmente sus cargos de subsumen en un defecto fáctico que, de configura rse, tendría sustento en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Además, aunque planteó genéricamente que los actos previos y posteriores al retiro no estuvieron debidamente motivados y que exist ían límites para ejercer la facultad de retiro, lo cual por supuesto tiene fundamento en la jurisprudencia , no sustentó en debida forma razones que le permitían a esta Sala efectuar un estudio individualizado de los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y desconocimiento del precedente constitucional, que no estuviere atado al supuesto defecto fáctico. 3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 7 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional 8. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere

la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

30. Así pues, la Corte Constitucional 12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

9 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»14; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia

permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, trajo a colación argumentos que se podrían encuadrar en la configuración de un defecto fáctico. En caso de que este se encontrara demostrado, esto implicaría dejar sin efectos la decisión judicial.

32. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

33. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia cuestionada se profirió el 27 de marzo de 2025 y la demanda de tutela se radicó el 17 de julio siguiente15, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional16 y el Consejo de Estado17 como razonable.

34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial. Con todo, no sobra mencionar

resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial. Con todo, no sobra mencionar que en su recurso de apelación hizo referencia a la falta de notificación del acta de

13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Samai, índice 2, 6AE086778FEC8B02 39C9017FD3D3EDBD 61EFBB65A204AAFC 88565BE499E43469. 16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

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la Junta Asesora el Ministerio de Defensa y, en general, a la indebida valoración de las pruebas aportadas al trámite judicial.

35. Igualmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del

las pruebas aportadas al trámite judicial.

35. Igualmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no se alegó una irregularidad procesal. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico, y continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora. 3.5. Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala decidir si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico en la sentencia del 27 de marzo de 2025 y, por lo tanto, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al precedente del Consejo de Estado de la parte actora. En particular, deberá establecer si se dejaron de valorar las pruebas relativas a la ausencia de notificación del acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

3.5.1. Defecto fáctico

37. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 18. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 19» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

38. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […]

directa en la decisión 19» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

38. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.

18 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018. 19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022. 20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022. 21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04422-00

Accionante: Juan Gilberto Vargas Villamizar

Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección