CE - Sentencia 11001031500020250442500 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTÁ ESP

Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL

CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE NIEGA EL AMPARO

Síntesis del caso: la autoridad demandante cuestionó la sentencia proferida en segunda instancia en un proceso de controversias contractuales, pues consideró que la autoridad judicial incurrió en defectos que vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia. La Sala negará el amparo porque no encuentra configurados los defectos alegados.

La Sala decide la acción de tutela presentada a través de apoderado judicial por la sociedad Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (en adelante empresa de Acueducto) en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para obtener la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con ocasión de la providencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la aludida autoridad judicial en el

Estado para obtener la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con ocasión de la providencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la aludida autoridad judicial en el proceso de controversias contractuales con radicación no. 25000-23-36-000-201900270-01 (68.280).

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

1. El 6 de noviembre de 2013, la empresa de Acueducto y la Caja de la Vivienda Popular –CVP– (en adelante La Caja) suscribieron el Convenio Interadministrativo no. 530 de 2013, con el objeto de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para desarrollar y adelantar el diseño y la construcción de redes externas de acueducto y alcantarillado, así como obras anexas en proyectos de vivienda de interés prioritario desarrollados por la Caja. El valor inicial fue de $1.500.000.000, posteriormente adicionado a $2.499.757.642, y con un plazo de ejecución de tres (3) años contados a partir de su firma.

1. El 25 de enero de 2014, la empresa de Acueducto realizó un primer desembolso de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE ($1.500.000.000) al fideicomiso

partir de su firma.

1. El 25 de enero de 2014, la empresa de Acueducto realizó un primer desembolso de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE ($1.500.000.000) al fideicomiso denominado “Fidubogotá S.A. Proyecto Construcción Vivienda Nueva ”, cuyo fideicomitente era la Caja, para ejecutar el objeto del convenio ya mencionado.

1. El 1 de diciembre de 2015, la empresa de Acueducto efectuó un segundo desembolso por NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CIENCUENTA Y SIETE MIL SEISCIE NTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE ($999.757.642), completando así el valor total del convenio. Dichos recursos también fueron transferidos al fideicomiso administrado por Fidubogotá SA.

1. El 16 de octubre de 2015, las partes suscribieron el Otrosí no. 2 al convenio, mediante el cual la Caja se obligó a consignar mensualmente, en una cuenta designada por la empresa de Acueducto, los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en el fideicomiso matriz.

1. En ejecución del convenio, la Caja debía desarrollar seis (6) proyectos constructivos de viviendas de interés prioritario (en adelante VIP), así: i) Candelaria La nuevaManzana 67, ubicado en la transversal 49 no. 59C-73 Sur – localidad de Ciudad Bolívar

(59 unidades de vivienda VIP); ii) Arborizadora Baja – Manzana 65, ubicado en la calle 59B Bis no. 37-85, localidad de Ciudad Bolívar (48 unidades de vivienda VIP); iii)

(59 unidades de vivienda VIP); ii) Arborizadora Baja – Manzana 65, ubicado en la calle 59B Bis no. 37-85, localidad de Ciudad Bolívar (48 unidades de vivienda VIP); iii) Arborizadora Baja – Manzana 55, ubicado en la calle 60A Sur no. 32-05, localidad de Ciudad Bolívar (211 viviendas VIP); iv) Arborizadora Baja - Manzana 54, ubicada en la Calle 60A Sur no. 44-11, localidad de Ciudad Bolívar (141 viviendas VIP); v) Bosques de Arborizadora – Manzana 102, ubicado en la Diagonal 69G no 43B – 40, localidad de Ciudad Bolívar (70 viviendas VIP), y vi) Reserva La María, ubicado en la Carrera 2 no. 8 -2D Sur, localidad de San Cristóbal (232 viviendas VIP).3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

1. Los proyectos Manzana 102 y Reserva la María presentaron deficiencias en el cumplimiento de requisitos legales que impidieron, al primero, obtener la licencia de construcción y, al segundo, su ejecución. Por tal razón, la empresa de Acueducto expidió cartas de compromiso únicamente para los primeros cuatro proyectos, requisito indispensable, según el acuerdo de voluntades, indispensable, para trasladar recursos a los patrimonios autónomos individuales de cada proyecto.

1. El 20 de diciembre de 2016, la empresa de Acueducto emitió la aprobación hidráulica del proyecto Bosques de Arborizadora Alta - Manzana 102, requiriendo a la Caja para

1. El 20 de diciembre de 2016, la empresa de Acueducto emitió la aprobación hidráulica del proyecto Bosques de Arborizadora Alta - Manzana 102, requiriendo a la Caja para que allegara el diseño estructural. Para estructurar la carta de compromisos, documento que formaliza la aprobación de diseños entre la empresa de Acueducto y la Caja, se requería la licencia de construcción vigente, la cual no fue aportada por la Caja.

1. En oficios del 9 de marzo y 15 de septiembre de 2017, la empresa de Acueducto reiteró la solicitud para que se aportara la prórroga de la licencia de construcción y demás información necesaria para expedir la carta de compromisos, sin que la Caja allegara documento alguno.

1. En consecuencia, la empresa de Acueducto no aprobó los diseños ni suscribió la carta de compromisos, y sin estos documentos no autorizó la ejecución de las redes y tampoco designó supervisor técnico, ni recibió redes del proyecto mencionado.

1. El 8 de enero de 2016, el comité fiduciario contratado por la C aja ordenó la liquidación del proyecto Reserva La María por situaciones que impedían su ejecución, tales como la existencia de invasiones en el predio y la obtención de la licencia de construcción por parte de la Caja, mediante silencio administrativo positivo.

1. El 26 de diciembre de 2018, la empresa de Acueducto remitió a la Caja el acta de liquidación final del convenio, en la cual indicó un valor ejecutado de $1.490.798.019 y un saldo a su favor por $1.008.959.623.

liquidación final del convenio, en la cual indicó un valor ejecutado de $1.490.798.019 y un saldo a su favor por $1.008.959.623.

1. El 5 de abril de 2019, la empresa de Acueducto interpuso demanda contra la Caja, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en la cual solicitó, entre otras pretensiones: que se declara el incumplimiento del Convenio Interadministrativo no. 530 de 2013 por parte de la Caja, se declarara cumplido por la empresa de Acueducto, se liquidara judicialmente y se condenara a la Caja al pago de perjuicios y a la devolución de la suma de $1.008.959.623, más indexación e intereses respectivos.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

1. Para la fecha de presentación de esa demanda, la empresa de Acueducto no había recibido las obras correspondientes a los proyectos Manzanas 67, 65, 55 y 54 por estar pendiente el pago de daños causados a la infraestructura de redes. Tampoco recibió el proyecto Manzana 102 por falta de aprobación de diseños, ni el de Reserva La María, por encontrarse liquidado sin reintegro de recursos.

1. El 27 de junio de 2019, la Caja allegó al proceso el oficio CVP-10-FELD-103-2019, con un recuento de las obras realiz adas en ejecución del convenio n o. 530, concluyendo que fueron terminadas y estaban operativas.

1. El 30 de julio de 2020, el tribunal profirió sentencia de primera instancia en la cual

con un recuento de las obras realiz adas en ejecución del convenio n o. 530, concluyendo que fueron terminadas y estaban operativas.

1. El 30 de julio de 2020, el tribunal profirió sentencia de primera instancia en la cual declaró el incumplimiento contractual de la Caja, ordenó la liquidación judicial del Convenio no. 530 de 2013 y condenó a dicha entidad al pago de $1.100.597.439 a favor de la empresa de Acueducto, fijando además agencias en derecho por

$20.000.000.

1. La Caja interpuso recurso de reposición y aclaración, resueltos el 10 de junio de 2021 y el 15 de febrero de 2022, respectivamente. También presentó apelación en la cual solicitó que se revocara la sentencia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda alegando que las obras contratadas fueron ejecutadas.

1. El 21 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia mediante la cual revocó la decisión del tribunal y, en su lugar, liquidó judicialmente el Convenio no. 530 del 6 de noviembre de 2013, disponiendo que la Caja debía pagar a la empresa de Acueducto la suma doscientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos con veintidós centavos ($249’765.619,22), más la diferencia entre los rendimientos ya transferidos y los que certifique la Fiduciaria Bogotá SAS, respecto del aporte realizado por la empresa al patrimonio autónomo matriz que la Caja constituyó para administrar los recursos del Convenio Interadministrativo No. 530 de 2013 , en favor de la primera.

aporte realizado por la empresa al patrimonio autónomo matriz que la Caja constituyó para administrar los recursos del Convenio Interadministrativo No. 530 de 2013 , en favor de la primera.

1. Lo anterior, por encontrar probado que las obras sobre redes externas se ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos exigidos por la empresa de Acueducto y que tales obras no fueron refutadas ni desvirtuadas por la demandante en el proceso.

2. Los fundamentos de la vulneración5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

La parte actora señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia por cuanto incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, en atención a que la decisión cuestionada se soporta en premisas fácticas y jurídicas erróneas, carentes de respaldo probatorio suficiente y alejadas de la realidad del caso.

Afirmó que la providencia parte del supuesto de que la empresa de Acueducto estaría obteniendo un beneficio actual por el uso de unas redes de acueducto y alcantarillado ejecutadas por la Caja en el proyecto Arborizadora Alta Manzana 102, a pesar de que dicho proyecto de vivienda nunca fue construido y, por ende, no existe conexión alguna de usuarios al sistema, lo cual impide cualquier tipo de aprovechamiento efectivo por parte de la entidad.

Indicó, además, que la sentencia adoptó sin mayor análisis crítico el contenido del informe presentado por la contratista de la Caja, el cual se refiere a costos de ejecución

parte de la entidad.

Indicó, además, que la sentencia adoptó sin mayor análisis crítico el contenido del informe presentado por la contratista de la Caja, el cual se refiere a costos de ejecución de obras posteriores que nunca fueron conocidas por la empresa de Acueducto durante la ejecución del convenio interadministrativo no. 530 de 2013, y que enuncian una serie de gastos imputados a los recursos aportados por la prestadora del servicio público domiciliario.

En cuanto al defecto sustantivo, señaló que este se configuró por el desconocimiento del principio de legalidad contractual y por avalar la ejecución de unas obras (redes externas de acueducto y alcantarillado en el proyecto Manzana 102) realizadas unilateralmente por la Caja, sin el consentimiento técnico ni contractual de la empresa de Acueducto.

Explicó que la propia providencia reconoció expresamente que dichas obras se ejecutaron sin carta de compromisos, sin supervisión de la empresa de Acueducto y sin aprobación formal de diseños, lo cual constituye una actuación extracontractual unilateral por parte de la Caja, con recursos públicos provenientes de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. No obstante, en lugar de calificar esa actuación como un incumplimiento sustancial (pretensión tercera de la demanda ordinaria), la sentencia interpretó que la existencia de una legalización urbanística previa del predio, mediante resoluciones administrativas, y la posibilidad de tramitar licencias de construcción con base en el acto administrativo de legalización —que surte los efectos de una licencia de urbanización—, suplía la falta de licencia de construcción. La parte actora advirtió que la legalización urbanística no tiene efectos constitutivos de6

licencias de construcción con base en el acto administrativo de legalización —que surte los efectos de una licencia de urbanización—, suplía la falta de licencia de construcción. La parte actora advirtió que la legalización urbanística no tiene efectos constitutivos de6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

dominio, no sanea actos administrativos irregulares previos ni exonera de responsabilidad legal a quienes hayan desarrollado asentamientos de forma informal.

Sobre el defecto fáctico, insistió en que no obra en el expediente prueba alguna que acredite la existencia de un acto formal de recepción de las redes construidas sin el consentimiento ni aprobación técnica de la empresa de Acueducto, requisito legal indispensable para su incorporación al patrimonio público, conforme al Decreto 1077 de

2015. En este sentido, la sentencia careció del apoyo probatorio necesario para aplicar el supuesto legal en que se sustentó.

Agregó que la providencia atribuyó valor probatorio determinante al informe final rendido por el contratista de la Caja –OINCOy al de la supervisora designada por esta entidad, sin considerar que tales documentos: i) fueron elaborados unilateralmente por la parte demandada y/o sus contratistas, ii) no fueron conocidos por la demandante al momento de la ejecución del convenio ni antes de interponer la demanda, y iii) no fueron objeto de contradicción real dentro del proceso, pues la demandante carecía de elementos de juicio válidos para avalarlos o controvertirlos. Sostuvo que, debido a la falta de legalización del proyecto, la empresa prestadora del servicio público domiciliario

fueron objeto de contradicción real dentro del proceso, pues la demandante carecía de elementos de juicio válidos para avalarlos o controvertirlos. Sostuvo que, debido a la falta de legalización del proyecto, la empresa prestadora del servicio público domiciliario no participó en el proceso constructivo avalado por la decisión judicial objeto de l presente amparo constitucional.

La autoridad judicial pasó por alto que la demandante nunca expidió la carta de compromisos ni designó supervisor técnico para ese proyecto, precisamente porque no se cumplían los requisitos habilitantes, razón por la cual no tuvo conocimiento técnico directo de esas obras, además ignoró los informes técnicos y administrativos internos de la demandante que obran en el expediente, los cuales acreditaban la ausencia de las condiciones previas exigidas por el Reglamento de Urbanizadores (Resolución 755 de 2014), y que debían ser valorados para determinar la validez de la ejecución y recepción de las obras.

Concluyó que esta omisión implica que la decisión no está sustentada en un análisis riguroso de las normas aplicables ni de los hechos probados, lo cual equivaldría a un fallo en conciencia o de equidad, prohibido por el ordenamiento jurídico.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

“1.- Solicito comedidamente al H. Consejo de Estado, tutelar y ordenar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB ESP al debido

“1.- Solicito comedidamente al H. Consejo de Estado, tutelar y ordenar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB ESP al debido proceso, a la administración de justicia real y efectiva y a la igualdad, que conduzcan a la obtención de decisiones justas en el marco del Estado Social de Derecho.

2.- Solicito comedidamente al señor Juez de Tutela, DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia de fecha 21 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección “A”, proferida en el marco del proceso de controversias contractuales No. 250002336000201900270 01 (68.280).

3.- En consecuencia, solicito al H. Consejo de Estado que imparta aquellas órdenes que considere procedentes y tendientes a obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales de la accionante.

4.- Solicito comedidamente al H. Consejo de Estado ordenar que se le dé cumplimiento a lo dispuesto por el artíc ulo 36 del decreto 2591 de 1991.”. (índice 2 de SAMAI – negrillas y mayúsculas fijas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 18 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y se vinculó en calidad de terceros con interés al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Subsección Tercera del Tribunal

presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y se vinculó en calidad de terceros con interés al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Subsección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al director o quien haga sus veces de la Caja de la Vivienda Popular, como autoridad demandada en el proceso de acción contractual en el cual se profirió la providencia cuestionada en la presente acción de tutela , entregándoles copia de la demanda y los anexos (índice 4 SAMAI).

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que la pretensión de la parte actora es abrir una tercera instancia para debatir el proceso, lo cual desnaturaliza la acción de tutela (índice 11 de SAMAI).

Respecto de los defectos alegados, señaló que, contrario a lo expuesto por la demandante, no se avaló una ejecución irregular del convenio interadministrativo. En la sentencia se identificaron y clarificaron los rasgos definitorios de esta clase de negocios jurídicos.

Se concluyó que, si bien el proyecto de redes externas de acueducto y alcantarillado de la Arborizadora Alta - Manzana 102 se ejecutó sin que mediara carta de compromisos ni8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

designación de interventor por parte de la demandante, esta desatención -sin

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

designación de interventor por parte de la demandante, esta desatención -sin desconocer que pudiera dar lugar a otro tipo de responsabilidades-, no generaba la devolución de los recursos destinados a dicho proyecto. Ello, por cuanto los recursos sí se ejecutaron e invirtieron en la obra, y no se acreditó que esa circunstancia hubiera ocasionado un detrimento patrimonial a la demandante, al menos no en el valor de ejecución de las obras cuya reversión solicitaba.

La empresa de Acueducto tuvo conocimiento de la ejecución de las obras correspondientes a la manzana 102 –como se explica en el numeral 117 y en nota al pie 56 de la providencia–; además, los diseños fueron aprobados, aunque el aval no se formalizó debido a que no se expidió la carta de compromisos (según se detalla en los numerales 121 a 124 de la sentencia).

En el fallo se precisó que, aunque no se construyeron las viviendas previstas en la manzana 102 y, por ende, no se cumplió el objetivo común del convenio no. 530 de 2013 para ese desarrollo, ello no supuso automáticamente un detrimento patrimonial que afectara el presupuesto de la demandante, comoquiera que las redes externas sí se ejecutaron en un sector urbanizado de Bogotá y, por lo tanto, eran utilizables y aprovechables por la empresa de Acueducto, dada la competencia que ésta tiene asignada para la construcción de ese tipo de infraestructura y la forma en que se vinculó al convenio.

El fallo destacó que, mediante la Resolución no. 773 del 9 de julio de 2014, el Distrito

asignada para la construcción de ese tipo de infraestructura y la forma en que se vinculó al convenio.

El fallo destacó que, mediante la Resolución no. 773 del 9 de julio de 2014, el Distrito modificó el artículo 4 de la Resolución no. 1126 de 1996, para indicar que el predio manzana 102 cumplía con las obligaciones urbanísticas y “por tanto se consideran urbanizadas y no objeto de desarrollo”, lo cual significa que, aunque para ese momento no se concretó el proyecto VIP en el predio, las redes externas se construyeron en un predio urbanizado y, por ende, en beneficio de la empresa demandante.

La sentencia se fundamentó en la realidad probatoria del expediente y en la conducta desplegada por las partes tanto durante la ejecución del convenio como en el proceso judicial. Según el magistrado ponente de la providencia cuestionada, la inconformidad de la demandante obedece a su desacuerdo con las conclusiones y el sentido de la decisión.

Por su parte, la Caja de Vivienda Popular manifestó que la acción de tutela tiene como objeto cuestionar una providencia y, en tal virtud, el único sujeto procesal que podría ostentar legitimación en la causa por pasiva es la autoridad judicial que profirió la9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

decisión, en tanto es a quien se le imp uta directamente la presunta vulneración de derechos fundamentales por vía de defecto fáctico o sustantivo. Por ello, estimó que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Agregó que, al no configurarse ninguno de los defectos estructurales reconocidos por la

derechos fundamentales por vía de defecto fáctico o sustantivo. Por ello, estimó que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Agregó que, al no configurarse ninguno de los defectos estructurales reconocidos por la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es improcedente y en todo caso, la sentencia cuestionada fue razonable, motivada y respetuosa de los derechos fundamentales de las partes. (índice 13 SAMAI)

La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio pese a que fue debidamente notificada. Por su parte, la secretaria de dicha corporación aportó copia digital del expediente ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con ocasión de la providencia de 21 de febrero de 2025 mediante la cual se revocó la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispuso la liquidación judicial del Convenio no. 530 del 6 de noviembre de 2013, en el sentido que la Caja debía pagar a la empresa de Acueducto la suma doscientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos con veintidós centavos ($249’765.619,22), más el valor que resulte de

doscientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos con veintidós centavos ($249’765.619,22), más el valor que resulte de la diferencia entre los rendimientos ya transferidos y los que certifique la Fiduciaria Bogotá SAS, correspondientes al aporte que realizó la empresa de Acueducto al patrimonio autónomo matriz a cargo de la Caja y en favor de la primera.

La parte actora afirmó que la decisión se sustentó en premisas fácticas y jurídicas erróneas, carentes de respaldo probatorio y alejadas de la realidad del caso, por lo cual se configuraron los defectos sustantivo y fáctico.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará el amparo por las razones que procederán a exponerse:

La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, en tanto se invocaron los defectos sustantivo y fáctico que no pudieron ser planteados en el curso del proceso ordinario ; máxime cuando la providencia que se ataca revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, liquidó el Convenio por un valor inferior al reclamado; ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) no se trata de una irregularidad procesal con incidencia determinante en la sentencia que se impugna y que afecte derechos fundamentales; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que habrían generado la vulneración como los derechos presuntamente

procesal con incidencia determinante en la sentencia que se impugna y que afecte derechos fundamentales; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que habrían generado la vulneración como los derechos presuntamente transgredidos; v) no se ataca una sentencia de tutela y, vi) se cumplió con el requisito11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00

Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP Acción de tutela

de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia del 21 de febrero de 20251.

2.1 Caracterización del defecto sustantivo

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando una providencia se sustenta en fundamentos jurídicos a todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”2.

La Corte Constitucional3 estableció que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas aplicables, que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una determinada autoridad judicial:

“(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la

determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una determinada autoridad judicial:

“(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho