CE - Sentencia 11001031500020250450400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04504-00

Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel

(Huila).

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Control del constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales. Acuerdo por medio del cual se autorizó un cupo de endeudamiento y se autoriza al alcalde para celebrar operaci ones de crédito y celebrar contratos de empréstitos.

Decisión: Niega el amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila), contra del Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 21 de julio de 2025, Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel y por intermedio de apoderado judicial , presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud y vida en condiciones dignas de los habitantes del municipio mencionado.

municipio de Teruel y por intermedio de apoderado judicial , presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud y vida en condiciones dignas de los habitantes del municipio mencionado.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó revocar la sentencia de única instancia proferida el 8 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual declaró la invalidez del Acuerdo No. 07 de 2024 emitido por el Concejo Municipal de Teruel, «por medio se autoriza un cupo de endeudamiento y se autoriza al alcalde municipal de Teruel - Huila para gestionar, negociar y realizar operaciones de crédito público, celebrar contratos de empréstito y se dictan otras disposiciones»; y, en su lugar, ordenarle a la autoridad judicial precitada emitir una nueva decisión, en la que se tengan en cuenta las consideraciones del juez constitucional.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo , afirmó que presentó ante el Concejo Municipal de Teruel un proyecto de acuerdo para que le autorizaran un cupo de endeudamiento con el fin de gestionar, negociar y realizarRadicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co operaciones de crédito público y celebrar contratos de empréstito interno, con el propósito de financiar obras prioritarias para la población, en especial las de

www.consejodeestado.gov.co operaciones de crédito público y celebrar contratos de empréstito interno, con el propósito de financiar obras prioritarias para la población, en especial las de adecuación urgente de la infraestructura física de la ESE Hospital San Roque de ese municipio, la cual se encuentra en una lamentable situación.

4. Luego de llevar a cabo el procedimiento correspondiente, la mencionada corporación profirió el Acuerdo No. 07 del 31 de octubre del 2024, «por medio se autoriza un cupo de endeudamiento y se autoriza al alcalde municipal de TeruelHuila para gestionar, negociar y realizar operaciones de crédito público, celebrar contratos de empréstito y se dictan otras disposiciones».

5. En el referido acto, se autorizó al mandatario local, hasta el 31 de diciembre de 2024, para celebrar un contrato de empréstito interno hasta por $3.080.364.064, con un plazo máximo de 8 años. Por lo anterior, el alcalde celebró dicho contrato con Bancolombia, el 26 de diciembre de 2024.

6. El departamento del Huila formuló solicitud de control constitucional y de legalidad 1 contra el Acuerdo No. 07 del 31 de octubre del 2024 del Concejo Municipal de Teruel. Para el efecto, afirmó que la corporación mencionada autorizó al acalde para celebrar un contrato de empréstito sin contar con el concepto previo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), conforme lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de

2022

del Departamento Nacional de Planeación (DNP), conforme lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de 2022

7. El 8 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila acogió la aludida observación y, en consecuencia, dejó sin validez el Acuerdo No. 07 del 31 de octubre del 2024. Como fundamento de la decisión, explicó que el referido acuerdo estaba viciado, porque el Concejo Municipal de Teruel lo profirió sin contar con concepto previo del DNP, el cual debía allegarse en la fase de debate y aprobación del proyecto de acuerdo, pues constituye un requisito previo indispensable y/ necesario para autorizar operacio nes de crédito público destinadas a financiar gastos de inversión.

8. Adicionalmente, indicó que contrario a lo manifestado por la parte demandada, consistente en que la norma reglamentaria mencionada aplica para la fase posterior de celebración contractual (operación de crédito) y no para el trámite de autorización, el concepto del DNP constituye un requisito previo para la validez misma del acto de autorización y, por lo tanto, su omisión afecta sustancialmente la legalidad del acto administrativo.

9. Igualmente, desestimó el argumento de que el artículo 276 del Decreto Ley 1333 de 1986 excluye la necesidad de autorizaciones o avales por parte del Gobierno Nacional para contratos de crédito interno de las entidades territoriales, al considerar que no existe contradicción normativa, ya que la disposición del Decreto

1 Con radicado 41001-23-33-000-2024-00360-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

considerar que no existe contradicción normativa, ya que la disposición del Decreto

1 Con radicado 41001-23-33-000-2024-00360-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1068 de 2015 no exige una autorización, sino un concepto técnico del DNP, lo cual es una exigencia distinta y adicional.

10. Finalmente, frente a la interpretación sistemática propuesta por el municipio, el Tribunal resolvió que el Decreto 1775 de 2022 que modificó el artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015 es posterior a todas las normas de rango superior citadas por la defensa y estaba vigente, por lo que debía presumirse legal y obligatorio.

11. El 29 de abril de 2025, la parte demandada solicitó aclaración y adición de la sentencia mencionada, debido a que la autoridad accionada no expuso las razones por las cuales se apartó de su precedente de 2019. Sin embargo, el 10 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila denegó la anterior solicitud.

12. Como fundamentos de derecho , el accionante afirmó q ue el Tribunal Administrativo del Huila, al expedir la sentencia del 8 de abril de 2025, incurrió en defecto sustantivo , al emplear erradamente el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de 2022 2, a pesar de que

defecto sustantivo , al emplear erradamente el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de 2022 2, a pesar de que los contratos de crédito interno que celebran los municipios con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera no requieren para su validez la autorización previa o la aprobación posterior de ninguna autoridad nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Decreto Ley 1333 de 1986.

13. En el mismo sentido, indicó que el numeral 3 de artículo 279 ibídem dispone que las operaciones de crédito interno de los municipios deben contar únicamente con el concepto técnico de la respectiva oficina local de planeación, m as no con concepto del DNP.

14. Consideró que la disposición reglamentaria mencionada no resultaba aplicable a dicho acto por referirse exclusivamente a las operaciones de crédito en sentido estricto, es decir, la celebración del contrato, que es un acto bilateral posterior al acto de autorización que confiere el concejo municipal.

15. Para el efecto, explicó que uno corresponde al acto previo de autorización que el concejo municipal otorga al alcalde para celebra r el contrato de empréstito, de naturaleza político-administrativa y cuyo marco normativo son los artículos 313

(numerales 1 y 3 ) de la Constitución Política y 32 (numeral 3 y parágrafo 4) de la Ley 136 de 1994, así como el correspondiente acuerdo que expida el concejo para regular dichas autorizaciones; y, el otro es la operación de crédito público como tal, es decir, la celebración del contrato por parte del alcalde una vez es autorizado.

Ley 136 de 1994, así como el correspondiente acuerdo que expida el concejo para regular dichas autorizaciones; y, el otro es la operación de crédito público como tal, es decir, la celebración del contrato por parte del alcalde una vez es autorizado.

2 Artículo 2.2.1.6. Emisión de Conceptos. «[…] ara las operaciones de crédito público y asimiladas internas de la Nación y de las entidades descentralizadas del orden Nacional, las entidades territoriales y sus descentralizadas, incluidos los patrimonios autónomos que éstas constituyan, que comprendan el financiamiento de gastos de inversión se requerirá concepto del Departamento Nacional de Planeación - DNP. Los conceptos del Departamento Nacional de Planeación - DNP se expedirán sobre la justificación técnica del proyecto y la alineación con el respec tivo Plan de Desarrollo y las políticas sectoriales aplicables. Así mismo, deberán verificar que el endeudamiento de las Entidades Estatales se encuentra en el nivel adecuado teniendo en cuenta su situación financiera y su proyección financiera. Los conceptos emitidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP deberán establecer como mínimo la vigencia de estos y, en caso de ser procedente, el monto máximo a que se refiere dicho concepto […]».Radicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

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16. De otra parte, manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

16. De otra parte, manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico, puesto que no valoró el Oficio No. 20244381478341 del 27 de diciembre de 2024, emitido por el DNP y dirigido al municipio de Neiva, «en el cual esa autoridad explicó que no se requiere de su concepto para las operaciones de crédito interno de las entidades territoriales», a pesar de su importancia.

17. Sostuvo el Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C -738 de 2001 y por aquella autoridad judicial en la Sentencia del 27 de agosto de 2019, en el proceso con radicado No. 41001-23-33-000-2019-00179-00, en la que se dispuso que « los acuerdos de autorización impartidos por los concejos municipales son actos políticoadministrativos previos, sujetos a un régimen normativo propio y distinto al que rige los contratos que eventualmente se celebren con base en dicha autorización».

18. Por último, aseguró que la providencia cuestionada adolece de defecto orgánico, comoquiera que la demanda de observación fue presentada por la jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del Huila, quien alegó actuar con base en la Resolución No. 009 de 2008 emitida por el gobernador 3, por medio de la cual se delegaron al director del Departamento Administrativo Jurídico funciones relacionadas con la actividad de defensa judicial. Sin embargo, dicha delegación no

Resolución No. 009 de 2008 emitida por el gobernador 3, por medio de la cual se delegaron al director del Departamento Administrativo Jurídico funciones relacionadas con la actividad de defensa judicial. Sin embargo, dicha delegación no resulta suficiente para suplir la exigencia constitucional del numeral 10 del artículo 305 de que es al gobernador quien formule la observación o el funcionario a quien este delegue dicha facultad de forma expresa y específica.

Intervenciones4

19. El Tribunal Administrativo del Huila afirmó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que el accionante se limitó a reiterar los mismos argumentos expuestos en la contestación de la observación, haciendo énfasis en el principio de autonomía territorial, los cuales ya fueron analizados en la decisión cuestionada.

20. Aclaró que el demandante participó en el proceso ordinario a través de apoderado, sin controvertir la legitimidad en la causa por activa del Departamento del Huila, por lo que la acción de tutela no es la instancia adecuada para resolver asuntos que podrían haberse dirimido en dicho proceso.

21. Señaló que no se vulneró el derecho a la igualdad del municipio de Teruel, pues el hecho de que otros municipios del Huila, como La Argentina y Yaguará, hayan recibido conceptos del DNP indicando que no requerían dicho concepto para operaciones de crédito, no puede ser utilizado como comparación válida, especialmente cuando esos documentos no fueron aportados al proceso. Cada

3 «Por medio del cual se delegan en el director del Departamento Administrativo jurídico unas funciones relacionadas con la actividad de Defensa Judicial Administrativa y Constitucional del Departamento».

especialmente cuando esos documentos no fueron aportados al proceso. Cada

3 «Por medio del cual se delegan en el director del Departamento Administrativo jurídico unas funciones relacionadas con la actividad de Defensa Judicial Administrativa y Constitucional del Departamento». 4 El 23 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila y se vinculó al departamento del Huila, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Concejo Municipal de Teruel y a Rubén Darío Valbuena Garzón.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co situación debe analizarse de manera individual y coherente con las facultades otorgadas en cada caso.

22. Finalmente, indicó que no puede considerarse como un defecto sustantivo la interpretación realizada por la autoridad, ya que ello implicaría que el juez constitucional actúe como una instancia adicional para decidir sobre la validez del acuerdo observado. En todo caso, precisó que la interpretación está debidamente fundamentada en el proveído censurado. En estos términos, concluyó que la acción de tutela es improcedente, pues no se superó el requisito general de relevancia constitucional y, además, no se tr ansgredieron los derechos fundamentales reclamados por la parte actora.

23. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) expresó que carece de

constitucional y, además, no se tr ansgredieron los derechos fundamentales reclamados por la parte actora.

23. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) expresó que carece de competencia legal que le permita pronunciarse u oponerse a las pretensiones, pues se trata de una operación de crédito interno, la cual es de resorte exclusivo del ente territorial, en consonancia con el marco legal vigente para este tipo de operaciones de crédito, las cuales en todo caso deberán tener visto bueno del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.

24. Vladimir Salazar Arévalo , en calidad de apoderado judicial del municipio de Teruel en el trámite ordinario, manifestó coadyuvar la acción de tutela. Para ello, previo a exponer sus argumentos de desacuerdo, explicó que el 25 de junio de 2025 radicó una petición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitando que la entidad corrigiera y/o aclarara el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1575 de 2022.

25. Indicó que, el 22 de julio de 2025, dicha entidad negó la solicitud, al considerar que no existe ambigüedad ni error en el decreto que sugiera que las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales requieren concepto previo del DNP.

26. En relación con el fondo del asunto , adujo que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo al aplicar incorrectamente el artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015 a una materia claramente regulada por normas de rango

26. En relación con el fondo del asunto , adujo que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo al aplicar incorrectamente el artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015 a una materia claramente regulada por normas de rango superior, como la Constitución y la ley. Asimismo, sostuvo que el Tr ibunal Administrativo del Huila desconoció el precedente al no tener en cuenta la Sentencia C-738 de 2001 de la Corte Constitucional ni el fallo emitido en el proceso con radicado No. 41001-23-33-000-2019-00179-00, en el cual la autoridad judicial accionada fijó una posición sobre los empréstitos municipales.

27. Finalmente, indicó que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, pues no valoró el concepto emitido por el DNP, en el que se explica claramente que no se requiere su intervención para la celebración de operaciones de crédito interno por parte de los municipios.

28. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la parte accionante pretendeRadicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co controvertir la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila , mediante la cual se declaró la invalidez del Acuerdo 007 de 2024, en el medio de control de observación, dentro del cual esa cartera ministerial no fue parte, por lo que no puede

controvertir la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila , mediante la cual se declaró la invalidez del Acuerdo 007 de 2024, en el medio de control de observación, dentro del cual esa cartera ministerial no fue parte, por lo que no puede atribuírsele la vulneración, ni por acción u omisión, de los derechos fundamentales reclamados por la parte accionante. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

29. La Gobernación del Huila indicó que esa entidad planteó sendos cuestionamientos al acuerdo precitado, en cumplimiento del deber previsto en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, esto es, remitir los acuerdos municipales al Tribunal Administrativo del Huila, cuando se advierte que una disposición es contraria a la Constitución y la ley, autoridad judicial a la que le corresponde decidir si esta tiene sustento jurídico y en consecuencia decidir sobre su validez y permanencia en el ordenamiento jurídico . Por lo anterior, no puede imputársele violación de derecho fundamental alguno.

30. Adicionalmente, aclaró que en el proceso la directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila se otorgó poder a un profesional del derecho de esa dependencia para promover la respectiva solicitud de revisión constitucional y legal del acto administrativo mencionado, cuya actuación se surtió conforme a las facultades que el gobernador delegó al director de esa dependencia desde el año 2008.

31. Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo del Huila en ejercicio de su función jurisdiccional emitió una decisión debidamente motivada en desarrollo del proceso ordinario, por lo que acceder a lo solicitado por vía tutela implicaría una

31. Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo del Huila en ejercicio de su función jurisdiccional emitió una decisión debidamente motivada en desarrollo del proceso ordinario, por lo que acceder a lo solicitado por vía tutela implicaría una seria afectación a los principio s de juez natural y de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues lo que el accionante intenta realmente es revivir un debate que fue ampliamente discutido y resuelto conforme a derecho. En esos términos, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

32. Algunos habitantes de la comunidad de Teruel5 indicaron que acuden a la presente acción en atención al deterioro del hospital municipal, situación que se agrava por la imposibilidad de ejecutar los recursos de un empréstito gestionado por el municipio, pero no aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila.

33. Señalaron que esa decisión, aunque enmarcada en procedimientos legales, impidió el desarrollo de un proyecto que pretendía mejorar la infraestructura hospitalaria que está en pésimas condi ciones. Como consecuencia, cientos de personas están expuestas a un sistema de salud colapsado por falta de instalaciones adecuadas, lo que vulnera el derecho a la salud, vida y dignidad de

5 Elisabeth Laguna Guerrero, María Elcy Velasco Osso, Manuel Alejandro David Jorge, Aracely Laguna de Zapata, Sandra Liliana Herrera, Héctor Ángel Cerquera, Adriana Milena Ramírez Velasco, Beatriz Penagos Montaño, Jesús Ricardo Cardozo Penagos, Duvan Darío Laguna Camacho, Francisco Javier Laguna Vargas, Karen Lucía Trujillo Moreno, Jair Yadier Alfaro Sánchez, Andrea del Pilar Penagos Laguna, Briyid Laguna Laguna, Alba Rocío Baicue Medina, Marleny Penagos Rodríguez,

Penagos, Duvan Darío Laguna Camacho, Francisco Javier Laguna Vargas, Karen Lucía Trujillo Moreno, Jair Yadier Alfaro Sánchez, Andrea del Pilar Penagos Laguna, Briyid Laguna Laguna, Alba Rocío Baicue Medina, Marleny Penagos Rodríguez, Julio César Castro Pérez, Eduardo Trujillo Villegas, Stella Camacho de Vargas, Luis Elias Vargas Bustamante, Lina Marcela Pérez Ladino, Jorge Leonardo Rivera Leyva, José Leonardo Cardozo Penagos, Cristian Camilo Salazar Sánchez, Floresmiro Penagos Molina, Yesica Fernanda Martínez Calderón, Domitila Montano de Penagos, Diana Maritza Herrera Laguna, Celimo Penagos Cerquera, Diana Paola Lizcano Perdomo, Edna Maryobi Gómez y Diego Armando Laguna Gaitán.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co muchos habitantes. Resaltaron que el hospital municipal es el único dentro de salud de primer nivel. Por lo anterior, solicitaron evaluar con enfoque humanitario y territorial la grave afectación que vive su comunidad.

34. La ESE Hospital San Roque de Teruel manifestó que enfrenta una grave situación relacionada con su infraestructura física, la cual compromete seriamente la adecuada prestación del servicio de salud a la población del municipio. Puntualizó que esa problemática fue documentada en el informe de visita No. ICC 122 -2023, del 3 de noviembre de 2023, en el que se identificaron, entre otros hallazgos

la adecuada prestación del servicio de salud a la población del municipio. Puntualizó que esa problemática fue documentada en el informe de visita No. ICC 122 -2023, del 3 de noviembre de 2023, en el que se identificaron, entre otros hallazgos relevantes: la ausencia de ambientes de aseo exclusivos para los servicios de urgencias, hospitalización y atención d el parto; la falta de una estación de enfermería independiente para hospitalización y partos; la inexistencia de una sala de procedimientos en hospitalización; habitaciones que no cumplen con las áreas mínimas requeridas por paciente; la carencia de una ha bitación individual para aislamiento; deficiencias en la sala de partos, la cual no cuenta con sistema de vacío, y una infraestructura eléctrica en condiciones críticas que compromete gravemente la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud.

35. Adicionalmente, señaló que la situación financiera de la entidad imposibilita materialmente la ejecución de las inversiones necesarias para subsanar las deficiencias identificadas. En efecto, los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024 evi dencian una realidad preocupante, que fue puesta en conocimiento de esta Corporación.

36. En virtud de lo anterior, solicitó, en calidad de coadyuvante, que se acojan las pretensiones del accionante y, en consecuencia, se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 8 de abril de 2025, con el fin de garantizar el a cceso efectivo a los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura física del Hospital.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el

garantizar el a cceso efectivo a los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura física del Hospital.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

38. Sea lo primero señalar que pese a que la parte actora invocó como desconocidas varias garantías constitucionales, la Sala centrará su análisis en la presunta vulneración al debido proceso comoquiera (1) los reparos están enmarcados como defectos predicables de una providencia judicial proferida en el marco de un proceso en el que se estudió la validez constitucional y legal de un acuerdo municipal con ocasión a unas observaciones hechas por el gobernador delRadicado: 11001-03-15-000-2025-04504-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Huila y (2) la vulneración de los demás derechos se presentó como consecuencia de aquella afrenta al debido proceso alegada 6. En ese orden, de encontrarse demostrada aquella vulneración bastará para conceder el amparo solicitado.

39. Asimismo, debe aclararse que accederá a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la medida en que

demostrada aquella vulneración bastará para conceder el amparo solicitado.

39. Asimismo, debe aclararse que accederá a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la medida en que dicha entidad no intervino en el medio de control de observación cuya sentencia es objeto de análisis en esta sede. Adicionalmente, au nque el accionante solicitó su vinculación, no formuló ningún reproche concreto ni dirigió pretensión alguna en su contra.

Problema jurídico

40. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo del Huila, al expedir la Sentencia del 8 de abril de 2025, incurrió en

(i) defecto sustantivo, al utilizar, según el accionante, una norma para determinar la validez del Acuerdo 07 de 2024 que no era aplicable; (ii) defecto fáctico, al no valorar la respuesta emitida por el DNP; y/o (iii) defecto orgánico, al haber asumido el conocimiento de una demanda (solicitud de revisión de validez) presentada por una autoridad que no estaba facultada para ello.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de l derecho fundamental al debido proceso , se argumentaron con suficiencia los reparos alegados, no se observa que la parte accionante pretenda emplear el presente

toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de l derecho fundamental al debido proceso , se argumentaron con suficiencia los reparos alegados, no se observa que la parte accionante pretenda emplear el presente mecanismo como una instancia adicional para reabrir el debate ya zanjado y la discusión no versa sobre un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que el municipio de Teruel es el titular de la garantía constitucional que se invoca como vulnerada, y el Tribunal Administrativo del Huila es la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales7; (4) la acción de tutela se presentó el 21 de julio de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia del 10 de junio de 2025 8, mediante la cual se resolvió una solicitud de aclaración y adición con respecto a la Sentencia del 8 de abril de 2025; (5) identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de

6 Aunado a lo anterior no puede perderse de vista que los derechos a la saludo y vida en condiciones dignas fueron invocados respecto de los habitantes del municipio. 7 Es preciso señalar que (1) el proceso ordinario fue de única instancia y su trámite esta reglado en el Decreto Ley 1333 de

1986, y (2) el reparo relativo al defecto orgánico, en los términos presentados por la parte actora, no concuerda por sí mismo alguno de las causales de nulidad. 8 Notificación por estado el 11 de junio de 2025.Ra