CE - Sentencia 11001031500020250464200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

Demandantes: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de fondo porque no se cumplen los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - La accionante no acudió al recurso extraordinario de revisión como mecanismo judicial idóneo para cuestionar la supuesta incongruencia interna de la providencia censurada / PERJUICIO IRREMEDIABLE – La parte actora no demostró que los mecanismos ordinarios no sean idóneos y eficaces, ni probó encontrarse en una situación que por su inminencia y gravedad amerite la intervención urgente del juez de tutela / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente

inminencia y gravedad amerite la intervención urgente del juez de tutela / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de las decisiones adoptadas por las autoridades ju diciales accionadas.

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) contra la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad parcial del Concepto 100208192-224 del 24 de febrero de 2023 y la nulidad total del Concepto 100202208 -1124 del 2 de agosto de 2023 , ambos expedidos por aquella entidad.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 27 de julio 20251, mediante apoderado judicial, la DIAN instauró demanda de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado , a fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Conceder la presente acción de tutela declarando la violación al derecho constitucional fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política que le asiste a la DIAN, con la expedición de la sentencia del 13 de marzo de 2025 dentro del proceso de nulidad simple con radicado No. 110010327-000-2024-00038-00 (28927).

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia la sentencia del 13 de marzo de 2025

de marzo de 2025 dentro del proceso de nulidad simple con radicado No. 110010327-000-2024-00038-00 (28927).

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia la sentencia del 13 de marzo de 2025 dentro del proceso de nulidad simple con radicado No. 11001 -03-27-000-20241 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

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00038-00 (28927) y en su defecto ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta que emita una nueva sentencia negando las pretensiones.

2. De la demanda del tutela y de los documentos obrantes en el expediente, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad, la Asociación de Fiduciarias (en adelante Asofiduciarias) interpuso demanda con el fin de obtener la nulidad parcial del Concepto 100208192-224 del 24 de febrero de 2023 y la nulidad total del Concepto 1002022081124 del 2 de agosto de 2023, ambos emitidos por la DIAN. El propósito de Asofiduciarias era que se anulara la expresión que, en el marco de una fiducia mercantil , considera la transferencia de propiedad de un inmueble como una enajenación para efectos del impuesto de timbre2.

era que se anulara la expresión que, en el marco de una fiducia mercantil , considera la transferencia de propiedad de un inmueble como una enajenación para efectos del impuesto de timbre2.

4. Luego del trámite de rigor, en sentencia del 13 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de dicha expresión contenida en los conceptos demandados , por considerar que la DIAN incurrió en falsa motivación. En síntesis, la autoridad judicial accionada concluyó que la DIAN interpretó de manera incorrecta la expresión «enajenación a cualquier título » incorporada en el artículo 519 del Estatuto Tributario, por cuanto la transferencia de bienes a un patrimonio autónomo en el marco de una fiducia mercantil no constituye una enajenación, al no implicar transmisión plena de la propiedad.

5. De acuerdo con la DIAN , al proferir el fallo del 13 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, incurrió en los siguientes vicios:

6. Defecto sustantivo. Se interpretó erróneamente el artículo 519 del Estatuto Tributario, desnaturalizando el impuesto de timbre como un tributo documental. Según la DIAN, dicho gravamen se causa por el otorgamiento de documentos públicos o privados, independientemente de si la transferencia de propiedad es plena o formal. De ahí que la sentencia objeto de tutela contradice la naturaleza propia del impuesto y el alcance del referido artículo 519, así como de los artículos 1226 y 1228 del Código de Comercio , según los cuales la transferencia de un inmueble a una fiducia mercantil se hace por

referido artículo 519, así como de los artículos 1226 y 1228 del Código de Comercio , según los cuales la transferencia de un inmueble a una fiducia mercantil se hace por escritura pública, documento sobre el que recae el impuesto. Que, por ende, se cumple con el hecho generador del tributo , en tanto en dicho documento consta la constitución de una obligación.

7. Violación del principio de congruencia. La decisión cuestionada vulnera el principio de congruencia interna, pues, pese a que reconoce que el impuesto de timbre se genera en casos de enajenación real, resolvió anular los conceptos demandados sin modular sus efectos. Esto, en criterio de la entidad, genera una contradicción entre la parte motiva y resolutiva del fallo , que no solo afecta su armonía , sino que deriva en un defecto procedimental por incongruencia interna.

2 Específicamente, la expresión que buscaba anular Asofiduciarias señalaba: «A diferencia de los actos previamente listados, se considera que la transferencia de la propiedad de un inmueble en el marco de una fiducia mercantil constituye una enajenación para efectos del Impuesto, al no existir disposición de orden tributario que disponga lo contrario para efectos fiscales».Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

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8. «Violación del debido proceso por desconocimiento del precedente». La Sección

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8. «Violación del debido proceso por desconocimiento del precedente». La Sección Cuarta del Consejo de Estado desconoció el precedente fijado en la Sentencia C-405 de 2023 de la Corte Constitucional, que define el impuesto de timbre como documental y su hecho generador como el otorgamiento o aceptación de documentos. De modo que, al exigir transmisión plena de la propiedad, la autoridad judicial demandada desatendió la jurisprudencia que establece que el impuesto se causa por la existencia de documentos, no por la naturaleza de la transacción.

B. Trámite impartido e intervenciones

9. De manera previa a la calificación de la demanda, por auto del 31 de julio de 20253, el despacho sustanciador requirió al abogado de la parte actora para que aportara el poder especial y específico que lo facultara para ejercer la acción de tutela en representación de la DIAN. Cumplido el requerimiento, mediante auto del 20 de agosto siguiente 4, se admitió la demanda , se vinculó como demandada a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, como tercera con interés, a Asofiduciarias. En esa misma providencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sin embargo, no intervino.

10. El Consejo de Estado, Sección Cuarta , por conducto de la actual titular del despacho que tuvo a su cargo la ponencia del fallo censurado 5, pidió que se declarara

10. El Consejo de Estado, Sección Cuarta , por conducto de la actual titular del despacho que tuvo a su cargo la ponencia del fallo censurado 5, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, que se descartaran los defectos

invocados. Argumentó lo siguiente:

10.1 Que no se cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues se está utilizando la tutela para prolongar un debate de naturaleza estrictamente legal, respecto del hecho generador del impuesto de timbre, previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario.

10.2 Que la Corte Constitucional ha sostenido que la procedencia de la tutela contra una providencia de alta corte exige un requisito adicional: que se constate una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.

10.3 Que, conforme lo ha señalado la sección que integra, la tutela no procede para censurar sentencias proferidas en el marco del medio de control de simple nulidad, porque se trata de controversias de puro derecho, centradas en analizar la legalidad del acto.

10.4 Que tampoco se cumple el requisito general de subsidiariedad, por cuanto la DIAN cuenta con el recurso extraordinario de revisión, mecanismo idóneo y eficaz mediante el cual puede pedir que se infirme la sentencia aquí atacada, por violación del principio de congruencia, bajo la causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, tal como lo han planteado varias Secciones, Subsecciones y Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado.

3 Samai, índice 5.

y contra la que no procede recurso de apelación, tal como lo han planteado varias Secciones, Subsecciones y Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado.

3 Samai, índice 5. 4 Samai, índice 12. 5 Samai, índice 17.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

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10.5 En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que lo que intenta la DIAN es revivir una discusión que fue abordada y resuelta en el proceso ordinario, al punto que en la solicitud de amparo reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda de simple nulidad instaurada por Asofiduciarias. Agregó que en el fallo objeto de tutela la Sección Cuarta determinó claramente que el concepto «enajenación», contenido en el artículo 519 del Estatuto Tributario , implica transferencia de la propiedad de los bienes inmuebles, conclusión que no comparte la entidad y que señala de equivocada , desviando incluso « el análisis jurídico en el concepto de documentos y no del de “enajenación”, que fue el que se estudió en el caso reprochado y enuncia sentencias que analiza otros tributos diferentes al de timbre».

10.6 Por último, adujo que no se configuró el desconocimiento del precedente alegado, toda vez que fue la propia Corte Constitucional la que en la sentencia C -405 de 2023

analiza otros tributos diferentes al de timbre».

10.6 Por último, adujo que no se configuró el desconocimiento del precedente alegado, toda vez que fue la propia Corte Constitucional la que en la sentencia C -405 de 2023 advirtió que el artículo 519 del Estatuto Tributario está dividido en el hecho generador general del impuesto de timbre y el específico para inmuebles. Que, de hecho, en esa misma providencia, la Corte aceptó que el impuesto de timbre no recae sobre varias transacciones, como la transferencia de un inmueble como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal, los aportes de inmuebles a sociedades nacionales, las transferencias de inmuebles en procesos de fusiones o escisiones adquisitivas o reorganizativas, y similares.

11. La Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias) 6 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo, por considerar que no cumple con los requisitos de procedencia de excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. En especial, expuso que carece de relevancia constitucional, pues la entidad accionante pretende reabrir el debate sobre la interpretación del parágrafo 3 del artículo 519 del Estatuto Tributario, que ya efectuó la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Precisó, además, que este mecanismo constitucional no está previsto como una instancia adicional ni como un instrumento de corrección de decisiones judiciales a partir de simples discrepancias sobre una interpretación de orden estrictamente legal, sino que constituye un medio de protección de derechos fundamentales.

12. Empero, la controversia propuesta no trasciende a la esfera de los derechos

simples discrepancias sobre una interpretación de orden estrictamente legal, sino que constituye un medio de protección de derechos fundamentales.

12. Empero, la controversia propuesta no trasciende a la esfera de los derechos fundamentales, sino que se reduce a un simple desacuerdo de la accionante con el sentido del fallo.

13. De otra parte, aseguró que la DIAN no demostró que la decisión censurada hubiera sido producto de una actuación arbitraria o que haya desconocido de manera flagrante el derecho al debido proceso de las partes. Por el contrario, el fallo cuestionado se enmarcó en una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, así como de la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

14. Sobre el defecto sustantivo, alegó que, contrario a lo sostenido por la DIAN, la providencia cuestionada no incurrió en una indebida interpretación del artículo 519 del Estatuto Tributario, pues , de acuerdo con dicha disposición normativa, el impuesto de timbre se causa sobre documentos elevados a escritura pública que contengan actos de enajenación, a cualquier título , de bienes inmuebles cuyo valor sea igual o superior a 20.000 UVT. Es decir, el legislador no dispuso que cualquier documento elevado a

6 Samai, índice 16.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

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escritura pública cause el impuesto, sino únicamente aquellos que documenten actos de

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escritura pública cause el impuesto, sino únicamente aquellos que documenten actos de enajenación de inmuebles que cumplan con ese umbral.

15. Por tanto, la interpretación de la autoridad judicial demandada no desconoce la naturaleza documental del impuesto, sino que reconoce que dicha naturaleza exige un contenido material específico: la existencia de una enajenación. En ese sentido, el hecho de que el impuesto recaiga sobre un documento no implica que cualquier documento sea generador del tributo . La escritura pública constituye un requisito formal, pero no suficiente, pues debe reflejar un acto jurídico que configure una enajenación en los términos del Estatuto Tributario.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19 91, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

17. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. S olo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del

establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. S olo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del 13 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado adolece de defecto material o sustantivo y, por ende, vulneró el derecho fundamental al debid o proceso de la entidad demandante.

E. Análisis de la Sala

18. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de censurada fue proferida el 13 de marzo de 2025, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 27 de julio de 2025, esto es, dentro de un término razonable.

19. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela , un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante una acción de la misma naturaleza7. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 8, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por

7 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de maner a excepcional,

dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de maner a excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 8 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU -573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114 y SU -391 de 2023 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

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la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente

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la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»9.

20. Subsidiariedad. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satis facer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

21. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

22. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

23. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 10 reiterado de la Corte

no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

23. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 10 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

24. La tutela s olo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

F. Análisis de la subsidiariedad y la relevancia constitucional en el caso concreto

25. En el caso analizado, la DIAN presentó acción de tutela con el propósito de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, vulnerado, a su juicio, por la sentencia del 13 de marzo de 2025, dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación en el marco del pr oceso de nulidad con radicado 11001-03-27-000-2024-00038-00.

Según afirmó en la demanda, la providencia antes identificada adolece de los siguientes

en el marco del pr oceso de nulidad con radicado 11001-03-27-000-2024-00038-00. Según afirmó en la demanda, la providencia antes identificada adolece de los siguientes defectos: (i) sustantivo, por indebida interpretación y aplicación del parágrafo 3 del

9 Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de unificación 388 de 2023. 10 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

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artículo 519 del Estatuto Tributario; (ii) procedimental, por incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva; y (iii) desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia C-405 de 2023.

26. Sin embargo, de entrada, la Sala advierte que los cargos de la demanda no están llamados a prosperar. Esto en la medida en que l os defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente constituyen una clara reiteración del debate que se surtió en el proceso de nulidad, por lo que carecen de relevancia constitucional y, en cuanto al defecto procedimental, se observa que la entidad accionante dispone de otro mecanismo judicial idóneo para plantear la supuesta incongruencia de la decisión, sin

cuanto al defecto procedimental, se observa que la entidad accionante dispone de otro mecanismo judicial idóneo para plantear la supuesta incongruencia de la decisión, sin que haya demostrado que dicho medio resulte ineficaz o insuficiente y, por tal razón, que la acción de tutela deba proceder como mecanismo transitorio de protección de derechos.

27. Para efectos metodológicos, la Sala empezará por examinar el defecto procedimental atribuido al fallo censurado, relacionado con la supuesta incongruencia entre su parte motiva y la resolutiva. En el escrito de tutela, la entidad demandante sostuvo que, a través de la fiducia mercantil , es posible la enajenación formal y plena de bienes inmuebles.

Bajo el primer tipo de enajenación no se transfiere el derecho real de dominio, sino que se traslada el inmueble a un patrimonio autónomo ; mientras que el segundo , por el contrario, constituye una transferencia plena del derecho real.

28. Con fundamento en lo anterior, aseguró que la providencia cuestionada, en su parte considerativa, estimó que el impuesto de timbre se causa sobre los negocios jurídicos en los que se realiza la enajenación plena del bien (como como ocurre en la transferencia plena de una fiducia a un tercero) , evento en el cual s í se generaría el tributo . No obstante, en la parte resolutiva, se anularon totalmente las expresiones demandadas, sin tener en cuenta que dichas expresiones no diferenciaban entre una y otra forma de enajenación. De ahí que, a su juicio, lo procedente era la modulación de las expresiones y no su anulación absoluta.

tener en cuenta que dichas expresiones no diferenciaban entre una y otra forma de enajenación. De ahí que, a su juicio, lo procedente era la modulación de las expresiones y no su anulación absoluta.

29. En los términos expuestos, la DIAN argumentó que la sentencia adolece de un defecto procedimental, por incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la providencia. No obstante, esta Subsección ha sido consistente en considerar que en los casos en los que se alega el desconocimiento del principio de congruencia de una providencia judicial la parte cuenta con un mecanismo judicial idóneo para formular tal debate. Efectivamente, el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 9 de la Ley 1437 de 2011, específicamente bajo la causal de « nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», que incluye, además, el vicio por incongruencia constituye un medio judicial a través del cual alegar la irregularidad que aquí se propuso.

30. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico que suelen resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial.

31. Dicho medio extraordinario de impugnación no está previsto para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativaRadicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativaRadicado: 11001-03-15-000-2025-04642-00

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del juez , sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que afectan el principio de justicia. De hecho, l a mayoría de las causales del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 11 de la Ley 1437 de 2011 tienen que ver justamente con vicios de naturaleza procesal, mas no sustancial, como ocurre, por ejemplo, con la causal de revisión denominada « nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación».

32. Es decir , se trata de irregularidades procesales que surgen, justamente, con la expedición de la sentencia y que, como no son pasibles del recurso de apelación, pueden cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión, por tratarse de la nulidad originada en la sentencia. Esto es, la causal está prevista para proteger el debido proceso que fue desconocido al momento en que se dictó la sentencia, que es el momento en que se advierte la violación.

33. El Consejo de Estado ha sostenido que la nulidad originada en la sentencia se puede invocar como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión por vicios de incongruencia. Al respecto, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo Contencio so

Administrativo señaló lo siguiente:

invocar como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión por vicios de incongruencia. Al respecto, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo Contencio so Administrativo señaló lo siguiente:

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia.

[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le c ondena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por es