CE - Sentencia 11001031500020250464701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: SORAYDA HERNÁNDEZ CARRILLO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL . SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. Sanción moratoria.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de 1.° de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Sorayda Hernández Carrillo, a través de apoderado judicial, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proces o y acceso a la administración de justicia, en conexidad con los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la

protección de su s derechos fundamentales al debido proces o y acceso a la administración de justicia, en conexidad con los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de febrero de 2025, proferida por la Sala de Decisión núm. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 15001-33-33014-2022-00040-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que , al haber ejercido como docente , presentó una reclamación de reconocimiento y pago de las cesantías ante la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, la cual fue resuelta de forma positiva mediante la Resolución núm. 5100 de 17 de diciembre de 2020 y, al ser notificada de dicha decisión, informó que renunciaba a términos de ejecutoria. Así, el 19 de febrero de 2021 la Fiduprevisora S.A. puso a disposición los dineros correspondientes.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

2.2. Señaló que el 25 de marzo de 2021 formuló una petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de sus cesantías parciales

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

2.2. Señaló que el 25 de marzo de 2021 formuló una petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de sus cesantías parciales y al no recibir respuesta por parte de la entidad competente consideró que el silencio administrativo negativo se había configurado.

2.3. Mencionó que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 15001-33-33-014-2022-00040-00 contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, con el fin de que se declarara “[…] la nulidad del acto administrativo ficto presunto , configurado el 26 de junio de 2021 […]” y a título de restablecimiento del derecho, se ordenara a la demandada que reconociera y cancelara, a favor de la docente, la sanción moratoria por pago tardío de conformidad con la Ley 1071 de 31 de julio de 20061 y la Ley 1955 de 25 de mayo de 20192.

2.4. Señaló que el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja , autoridad judicial que, mediante sentencia de 20 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Adujo que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que la Sala de Decisión núm. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, a través sentencia de 11 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.

Sala de Decisión núm. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, a través sentencia de 11 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.

2.6. Afirmó que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo.

2.7. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] el acervo probatorio recaudado en el proceso conducía necesariamente a una conclusión diferente a la adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, toda vez que el departamento accionado no logró demostrar que el trámite seguido en el caso de la señora Sorayda Hernández Carrillo se ajustó a los lineamientos normativos aplicables al caso concreto y, tampoco desplegó esfuerzo argumentativo alguno, ni en sede administrativa ni en el curso del proceso judicial, encaminado a justificar que la demora en la ge stión obedeció a una causa objetiva, siendo claro entonces que incumplió con la carga probatoria que le correspondía para desvirtuar los hechos expuestos en la demanda, carga que no puede ser suplida por el operador judicial sin desconocer los principios de imparcialidad y contradicción y, por tal motivo, debía asumir las consecuencias jurídicas derivadas de dicha omisión […].

2.8. Sobre el defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial tuvo como sustento una norma que no resultaba aplicable en lo relacionado con “[…] la configuración de la sanción moratoria derivada del retraso en el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías. En efecto, en la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia

norma que no resultaba aplicable en lo relacionado con “[…] la configuración de la sanción moratoria derivada del retraso en el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías. En efecto, en la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia

1 “[…] por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación […]”. 2 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ […]”.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

se sostuvo que la entidad territorial disponía de un término superior a los quince días para dar respuesta a la reclamación presentada por la señora Sorayda Hernández Carrillo, con fundamento en la ampliación de plazos establecida en el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas extraordinarias para garantizar la continuidad en la atención y prestación de los servicios a cargo de las autoridades públicas durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el territorio nacional. Empero, dicha disposición únicamente modificó de manera temporal los términos generales previstos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sin extenderse a aquellas solicitudes sometidas a regímenes especiales, como lo es el r econocimiento de cesantías, por lo que su aplicación al presente caso resultaba improcedente […]”.

III. PRETENSIONES

2011, sin extenderse a aquellas solicitudes sometidas a regímenes especiales, como lo es el r econocimiento de cesantías, por lo que su aplicación al presente caso resultaba improcedente […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - SALA

DE DECISIÓN No. 3 en la sentencia calendada del 11 de febrero de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 15001 -33-33-014-2022-00040-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora SORAYDA HERNÁNDEZ CARRILLO , atendiendo que la decisión no se ajusta a la normatividad aplicable al caso particular y, los hechos debidamente acreditados en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - SALA DE DECISIÓN No. 3 dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, con observancia de la normatividad especial que regula el procedimiento administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente del Fomag y, la valoración íntegra y adecuada del acervo probatorio arrimado en la controversia laboral […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 30 de julio de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación

en la controversia laboral […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 30 de julio de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001 -33-33-014-2022-0004000/01.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se

allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja señaló que se surtieron todas las etapas procesales en el presente caso , por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales que alega , puesto que se acogió lo dispuesto en el Decreto Legislativo núm. 491 de 2020, es decir, la petición debía resolverse en el término de 30 días como era pertinente . Además, adujo que se

dispuesto en el Decreto Legislativo núm. 491 de 2020, es decir, la petición debía resolverse en el término de 30 días como era pertinente . Además, adujo que se pretende debatir nuevamente lo que ya tuvo pronunciamiento en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

5.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que no se observa que la decisión acusada haya sido vulneradora de los derechos fundamentales incoados. Lo que se observa es que la accionante pretende utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional al proponer los mismos argumentos en ambos mecanismos judiciales.

5.3. El Departamento de Boyacá solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela toda vez que no hay vulneración de derechos por parte de la entidad, los argumentos ya fueron estudiados por el juez natural y no tiene vinculación alguna con la accionante.

5.4. El Ministerio de Educación solicitó se declare improcedente por carecer de relevancia constitucional por cuanto es una controversia de naturaleza estrictamente económica , además, no se observa que la decisión acusad a vulnerara los derechos fundamentales señalados. Agregó que no tiene legitimación en la causa por pasiva , no está facultada para definir situaciones administrativas particulares en relación con la prestación efectiva del servicio público educativo , por lo que solicitó su desvinculación del proceso.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 1.° de septiembre de 2025 , la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 1.° de septiembre de 2025 , la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, al considerar que “[…] la controversia versa sobre un asunto meramente legal y económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite […]”.

7. Lo anterior, en razón a que “[…] la acción de tutela no es el escenario adecuado para examinar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías que fue negado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia de segunda instancia, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha temática,5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la acción constitucional […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó se acceda a las pretensiones de la acción de tutela amparando “[…] los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, tutela judicial efectiva, confianza legítima, igualdad, seguridad jurídica y, principio pro homine del accionante […]” . Adicionalmente, reiteró los argumentos

del debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, tutela judicial efectiva, confianza legítima, igualdad, seguridad jurídica y, principio pro homine del accionante […]” . Adicionalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela respecto a los defectos fáctico y sustantivo.

9. Mencionó que la presente acción de tutela sí tiene relevancia constitucional, dado que el análisis versa sobre la falta de soporte probatorio en la que incurrió la sentencia del Tribunal, lo cual conllevó a que la providencia se estructurara “[…] a partir de conjeturas y no de los elementos de juicio efectivamente allegados en la actuación administrativa sometida a control de legalidad en sede judicial […]”.

10. Expuso que quedó debidamente demostrado que la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá excedió los términos legales establecidos para resolver la reclamación de cesantías sin que se acreditara una causa legítima que justificara el retardo.

11. Argumentó que el tribunal pasó por alto que el artículo 5 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 3 exceptuó expresamente de su aplicación aquellas peticiones reguladas por normas especiales, limitando su alcance únicamente a las solicitudes tramitadas bajo el régimen general de la Ley 1755 de 30 de junio de 20154, pero la reclamación de cesantías se encuentra regulada de forma taxativa por la Ley 1071 de 31 de julio de 20065 y, en ese sentido, era improcedente extender los efectos de la norma invocada.

12. Indicó que “[…] no existía en el plenario prueba alguna que permitiera concluir

de 31 de julio de 20065 y, en ese sentido, era improcedente extender los efectos de la norma invocada.

12. Indicó que “[…] no existía en el plenario prueba alguna que permitiera concluir que la demora en el trámite del reconocimiento del auxilio económico obedeciera a la circunstancia invocada por el tribunal, pues el Departamento de Boyacá guardó silencio frente a tal hecho y no lo alegó para eximirse de responsabilidad […]”.

3 “[…] Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica […]”. 4 “[…] Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 5 “[…] Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación […]”.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20218 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 9, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 202411.

VIII.2. Cuestión previa

14. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Ministerio de Educación.

15. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T-1001 de 200612, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia f avorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con

mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia f avorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del texto).

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 7 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 8 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 9 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 10 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Derecho”. 10 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 12 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

16. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado por la accionante, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

17. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia

VIII.3. Problemas jurídicos

18. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado13, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciad a vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.

es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciad a vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.

19. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201214, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

21. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

22. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

13 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

13 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

23. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial15, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución16.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”17 que encaje en dichos parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

15 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 16 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 17 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

VIII.5. El caso concreto

Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01

Accionante: Sorayda Hernández Carrillo

VIII.5. El caso concreto

27. La señora Sorayda Hernández Carrillo, a través de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en conexidad con los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, cuya vu lneración le atribuyó a la providencia de 11 de febrero de 2025, proferida por la Sala de Decisión núm. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 150 01-33-33014-2022-00040-01.

28. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito general de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

29. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental18 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones19.

30. En las acciones de tutela contra providencias judiciales20 el referido requisito se cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el

30. En las acciones de tutela contra providencias judiciales20 el referido requisito se cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces21.

31. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, sostuvo que:

“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de rele