CE - Sentencia 11001031500020250464801 de 2025

Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra el fallo de 21 de agosto de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera[[3]](#footnote-4), que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

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I. ANTECEDENTES

• 1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

La demandante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados a su menor hija AACM por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el auto de 14 de febrero de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca[[4]](#footnote-5) confirmó el proveído de 14 de agosto de 2024, con el que el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cali dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 76001-33-33-008-2024-00173-01), por haber operado la caducidad. En su lugar, pidió que se ordene a las autoridades accionadas emitir una nueva providencia en la que se «difiera el estudio de [ese fenómeno jurídico] a la decisión de fondo y permita el acceso a la administración de justicia» en aplicación «del principio pro infans que exige que en cualquier [determinación] judicial o administrativa que afecte a un menor, se privilegie su bienestar y derechos por encima de cualquier otro interés».

Hechos[[5]](#footnote-6).

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la accionante se puede evidenciar que, el 21 de junio de 2021 el señor Daniel Alejandro Cabezas (q. e. p. d.) falleció al haber colisionado con una motocicleta de patrulleros de la Policía Nacional que, en labores de persecución el 6 de los mismos mes y año, transitaba en contravía por el mismo sentido en el que él se transportaba.

Que, por lo anterior, en nombre propio y en representación de su menor hija AACM promovió medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 76001-33-33-008-2024-00173-01), con el propósito que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios producidos por el aludido deceso y se ordenara la correspondiente compensación económica.

De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cali que, con auto de 14 de agosto de 2024 lo rechazó, al considerar que, «la parte actora contaba con plazo para demandar, inicialmente, hasta el 22 de junio de 2023. No obstante, el 20 de mayo de 2024, cuando ya había fenecido [ese] término […] present[ó] petición de conciliación ante la Procuraduría 58 Judicial I Para Asuntos Administrativos».

Inconforme con la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación, con fundamento en que no pudo instaurar el medio de control dentro de los dos años establecidos en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), comoquiera que, (i) recibió amenazas de agentes de la entidad demandada; (ii) hubo inacción del Estado dentro del proceso penal que se siguió por los hechos ocurridos el 6 de junio de 2021 que conllevaron a la muerte del señor Daniel Alejandro Cabezas (q. e. p. d.), en la «Fiscalía 35, Unidad Delitos Contra la Vida - Homicidios Culposos de Cali, con radicación No. 760016099165202181516», en el que se dispuso el archivo de las diligencias sin previo aviso; y (iii) el extremo activo está integrado solo por una menor de edad, hija del fallecido en el accidente de tránsito ocasionado por agentes de la Policía Nacional, por lo que debía flexibilizarse el conteo del referido término.

La aludida alzada fue desatada el 14 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de confirmar la determinación de primera instancia, al estimar que, «no procede flexibilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa, ya que no se acreditaron circunstancias excepcionales que lo justifiquen. Ello en atención a que la madre, como representante legal de la menor, conoció el daño desde su ocurrencia[[6]](#footnote-7); no se advierte la existencia de amenazas al grupo familiar; y la falta de notificación del archivo de la investigación penal por parte de la Fiscalía no constituye una razón válida para extender el plazo, dado que [ella] tenía acceso a dicha información».

Sobre la precedente situación, la tutelante argumenta que la providencia cuestionada incurre en defecto sustantivo, por errada «aplicación e interpretación del [artículo 164 del CPACA] […] respecto del término de caducidad del medio de control de reparación directa, [al no tener en cuenta que] en el presente caso la demandante es [su] niña [quien] no ha tenido la oportunidad de acudir a la jurisdicción, debido a impedimentos jurídicos y fácticos», por lo que, debería flexibilizarse ese plazo; y (ii) defecto fáctico, porque desatendió las condiciones especiales de su hija, la cual, con tan solo 3 años de edad perdió a su padre, pese a que «el ESTADO debe salvaguardar sus derechos fundamentales, de no tener un trato cruel ante el acceso a la administración de justicia, un trato degradante, donde […] ya se evidencia la violencia física y psicológica a la que est[á] siendo sometida».

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca[[7]](#footnote-8) adujo que la providencia reprochada «fue proferida con fundamento en la normatividad vigente, particularmente lo dispuesto en el artículo 164 del C.P.A.C.A, conforme a los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado y con fundamento en el análisis objetivo del acervo probatorio allegado al expediente. En ella, se concluyó que no se acreditaron circunstancias excepcionales que justificaran la inaplicación del término de caducidad, dada la representación legal efectiva de la menor por parte de su madre, quien conocía desde el inicio los hechos que originaron la acción».

Agregó que, «la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia para reabrir un debate procesal ya resuelto».

1.2.2 El Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cali[[8]](#footnote-9) indicó que la sentencia de primera instancia «se sujetó a los criterios normativos y jurisprudenciales respecto a la contabilización del término para ejercer el medio de control de reparación directa, que en el asunto en cuestión se […] encontraba superado».

1.2.3 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.3 Providencia impugnada[[9]](#footnote-10).

Mediante sentencia de 21 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, porque, «las inconformidades que ahora trae la actora a esta sede constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por el TRIBUNAL», en el sentido de explicarle que «no se lograron acreditar las circunstancias excepcionales para flexibilizar la contabilización del término de caducidad del medio de control, esto, en razón a que, […] como representante legal de la menor AACM, conoció el daño antijuridico desde su ocurrencia y, que la falta de notificación del archivo de la investigación penal no constituyó una razón válida para extender el plazo, dado que aquella tuvo acceso a esa información», sin que este mecanismo constitucional comporte «un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario».

1.4 La impugnación[[10]](#footnote-11).

Inconforme con esa determinación, la accionante la impugnó, para lo cual, reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 32[[11]](#footnote-12) del Decreto ley 2591 de 1991[[12]](#footnote-13) y 25[[13]](#footnote-14) del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019[[14]](#footnote-15) expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto de 14 de febrero de 2025, mediante el cual, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el proveído de 14 de agosto de 2024, en el que el Juzgado Octavo (8°) Administrativo de Cali rechazó la demanda de reparación directa promovida por la accionante, quien actuó en nombre propio y en representación de su menor hija AACM, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 76001-33-33-008-2024-00173-01), por haber operado la caducidad; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales[[15]](#footnote-16), rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012[[16]](#footnote-17), en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos[[17]](#footnote-18).

2.5 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado, contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de la menor hija de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, el proveído atacado quedó ejecutoriado el 28 de febrero de 2025[[18]](#footnote-19) y la solicitud de amparo se presentó el 28 de julio siguiente, es decir, dentro de los 6 meses y (v) el auto acusado no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, dado que, pese a que el actor alegó también el defecto fáctico, se advierte que, sus reproches y la génesis de la vulneración invocada radican en, a su juicio, una indebida valoración normativa, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial[[19]](#footnote-20), resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.

2.5.1 Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional[[20]](#footnote-21) ha estimado que la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales[[21]](#footnote-22).

En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, por errada «aplicación e interpretación del [artículo 164 del CPACA] […] respecto del término de caducidad del medio de control de reparación directa, [al no tener en cuenta que] en el presente caso la demandante es [una menor, quien] no ha tenido la oportunidad de acudir a la jurisdicción, debido a impedimentos jurídicos y fácticos», por lo que, debería flexibilizarse ese plazo.

No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite constitucional, cabe anotar que lacaducidad es una figura jurídico-procesal que tiene como fin regular el tiempo con el que cuentan las personas para ejercer el derecho de acción, es decir, para acudir ante la administración de justicia en aras de dirimir controversias, con lo que se materializa el principio de seguridad jurídica, porque, evita que un conflicto permanezca sin solución indefinidamente. Esta se configura cuando no se instauran los medios judiciales dentro del término otorgado en la normativa, lo que imposibilita al juez decidir de fondo el asunto[[22]](#footnote-23).

La letra i del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que la demanda de reparación directa debe presentarse, como regla general, dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión que produjo el daño que se pretende indemnizar, motivo por el cual, si se promueve luego de dicho lapso, acontece la caducidad. El tenor de la mencionada norma prevé:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda.La demanda deberá ser presentada:

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009[[23]](#footnote-24) señala que cuando los litigios que se ventilan a través del medio de control de reparación directa, entre otros mecanismos judiciales, son transigibles, la conciliación «siempre constituirá requisito de procedibilidad», por lo que su agotamiento está sujeto a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2220 de 2022[[24]](#footnote-25), el cual estipula que la presentación de la solicitud de aquella suspende la caducidad hasta cuando concurra alguno de los presupuestos allí previstos. Dicho precepto consagra:

Artículo 96. Suspensión del término de caducidad del medio de control.La presentación de la petición de convocatoria de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de caducidad del medio de control contencioso administrativo, según el caso, hasta:

1. La ejecutoria de la providencia que imprueba del acuerdo conciliatorio por el juez de lo contencioso administrativo.

2. La expedición de las constancias a que se refiere la presente Iey; o

3, El vencimiento del término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud.

Lo primero que ocurra.

PARÁGRAFO. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción.

En virtud del citado mandato, una vez se configure alguna de esas situaciones, se reanuda el término para instaurar la demanda contencioso-administrativa de reparación directa, por lo que, esta debe incoarse antes que el período computable para la caducidad sume más de dos (2) años, plazo que está constituido por los lapsos comprendidos entre la fecha de la ocurrencia del daño antijurídico que se pretende resarcir y la presentación de la solicitud de conciliación, y desde el momento en que acontece alguno de los sucesos enunciados en la norma transcrita hasta la interposición del escrito inicial.

Ahora bien, en el evento en que los dos (2) años de que trata la letra i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA finalicen un día feriado o vacante, el medio de control debe promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo autoriza el artículo 62[[25]](#footnote-26) del Código de Régimen Político y Municipal.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, se evidencia que la autoridad accionada, en la providencia reprochada, sostuvo:

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra del auto que rechazó la demanda, pues considera que el juzgado de origen se equivocó al declarar la caducidad del medio de control, ya que en su concepto, el término de la caducidad en este caso no podía contarse de la forma tradicional pues en su concepto ocurrieron situaciones excepcionales que conllevaron a que el término de dos años se ampliara, tales circunstancias fueron i) que la única demandante es una menor de edad lo que conlleva a que el termino se flexibilice; ii) que existieron amenazas contra el grupo familiar, y testigos como el señor Duv[á]n Valencia Carabalí y iii) que la Fiscalía archivó las investigaciones penales sin realizar una adecuada notificación ni garantizar la participación de las víctimas, lo que motivó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali - Sala Penal que amparó el derecho de petición y ordenó subsanar estas fallas; y que solo a partir del fallo de tutela es que se podría contar la caducidad del medio de control, porque fue justo en ese momento en que las barreras de acceso a la administración de justicia cesaron.

Precisado lo anterior, se pasa a resolver el recurso de apelación de acuerdo con los argumentos vertidos por la parte actora.

En lo que atañe a que la única demandante en el proceso es una menor de edad, la parte apelante manifestó que en los casos en los que se ejerza la acción de reparación directa por daño sufrido por menor de edad, al contabilizarse el conteo del término de caducidad, deben evaluarse las circunstancias excepcionales que impidieron al demandante conocer el daño en el momento en que ocurrió, o que, aun siendo consciente de este, le imposibilitaron ejercer la acción dentro del plazo legal, así como la gestión realizada por las personas responsables de su representación legal.

Al respecto la Sala encuentra que resulta indiscutible que, si la menor convive bajo el mismo techo que la madre, es [ella] quien se encarga de su custodia y representación, de tal manera que fue la señora María Alejandra Morales Bernal quien conoció de primera mano y padeció el dolor de la pérdida de su esposo y padre de su hija, así como la falta de ayuda económica proveniente del salario de la víctima señor Daniel Alejandro Cabezas, es decir, en nombre y representación de su hija, advirtió la magnitud del daño, de suerte que en este caso no es posible flexibilizar el conteo de la caducidad bajo el argumento del interés superior del menor, en atención a que es su madre quien ejerce su representación.

Razón por la cual el solo hecho de la minoría de edad de la demandante [AACB] no puede ser considerado como un obstáculo para acceder oportunamente a la administración de justicia, habida cuenta que su madre la señora María Alejandra Morales Bernal siempre estuvo a cargo de su cuidado, tanto antes como después del fallecimiento de su padre.

En lo relacionado con las barreras de acceso a la administración de justicia, la demandante argumentó que no pudo acudir a la jurisdicción dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa, establecido en el artículo 164 del CPACA, debido a que la Fiscalía General 35 Seccional Cali no le notificó el archivo de la investigación penal que adelantaba por el delito de homicidio culposo del señor Daniel Alejandro Cabezas.

Según la demandante, esta situación solo cesó con el fallo de tutela del Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, del 27 de mayo de 2024, que ordenó a la Fiscalía notificar de manera adecuada las decisiones y proporcionar información clara y precisa de las razones de archivo de la investigación penal adelantada en el proceso 760016099165 2021 81516, a la señora María Alejandra Morales Bernal, en calidad de víctima y madre de la menor afectada. No obstante, este argumento no resulta válido, pues el término de caducidad no puede comenzar a contarse a partir del fallo de tutela, proferido el 27 de mayo de 2024.

Tal circunstancia no configura una situación excepcional, pues la petición que elevó la demandante ante la Fiscalía 35 Seccional de Cali en la que solicitó se diera información sobre las razones del archivo de la investigación adelantada por el deceso de su esposo, solo fue presentada hasta el 22 de marzo de 2024, es decir cuando ya había transcurrido los dos años con que cuenta para promover la acción de reparación directa, en atención a que el señor Daniel Alejandro cabezas falleció el 21 de junio de 2021.

De suerte que desde el momento en que se adelantó la investigación era de conocimiento de la señora María Alejandra Morales Bernal que la Fiscalía 35 Seccional Cali llevaba a cabo dicha investigación a la que podía tener acceso […] en calidad de víctima, desde el deceso de su esposo y hasta ante