CE - Sentencia 11001031500020250465900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: LIZETH MAGALY HERNÁNDEZ BOBADILLA

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS Tema: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO - Existe identidad de partes, objeto y causa petendi y la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, el Tribunal Administrativo del Magdalena y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, solicitó el amparo de su s derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la información , cuya vulneración le atribuyó (i) al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Mar ta y al Tribunal Administrativo del

derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la información , cuya vulneración le atribuyó (i) al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Mar ta y al Tribunal Administrativo del Magdalena porque no se vinculó a la Secretaría de Movilidad de Santa Marta y a la E.P.S. Sanitas S.A.S . dentro de la acción de tutela con número de radicación 47001-33-33-006-2025-00087-00/01, y (ii) a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por la omisión de dar respuesta a la petición de 16 de mayo de 2025.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que presentó acción de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01 contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

en Salud - ADRES, por la vulneración al derecho de petición y a la seguridad social, con ocasión a la solicitud del 16 de mayo de 2025.

2.2. Precisó que el conocimiento de la acción de tutela le fue repartida en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, autoridad judicial, que, mediante sentencia de 16 de junio de 2025 resolvió “[…] DECLARAR

instancia al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, autoridad judicial, que, mediante sentencia de 16 de junio de 2025 resolvió “[…] DECLARAR IMPROCEDENTE, por carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo de tutela solicitado […]”.

2.3. Puntualizó que interpuso recurso de impugnación contra la anterior decisión y que el Tribunal Administrativo del Magdalena a través de providencia de 29 de julio de 2025, modificó la decisión de primera instancia y en su lugar: i) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto al derecho de petición y ii) declaró improcedente la acción de tutela contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES.

2.4. Indicó que las providencias vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que, no vincularon a la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Santa Marta y a la E.P.S. Sanitas S.A.S. “[…] en consideración a que, la suscrita demandante en estado convaleciente recibió unos servicios médicos, el día 05/11/2022, como consecuencia del intento de hurto del que fui víctima, por lo que NO existe croquis de tránsito que permita ilustrar circunstancias de tiempo, modo y lugar de un “accidente de tránsito” que NO ocurrió, como lo afirma erróneamente la entidad demandada ADRES, no siendo posible establecer identificación de ningún vehículo automotor, encontrándose los servicios de salud dentro del Plan Obligatorio de Salud – POS, como afiliada de la EPS Sanitas S.A.S., siendo aperturado los servicios médicos bajo el caso número 165905 con consecutivo 297326-1 […]”.

vehículo automotor, encontrándose los servicios de salud dentro del Plan Obligatorio de Salud – POS, como afiliada de la EPS Sanitas S.A.S., siendo aperturado los servicios médicos bajo el caso número 165905 con consecutivo 297326-1 […]”.

2.5. Señaló que, “[…] la vinculación de la Secretaria (sic) de Movilidad de la ciudad de Santa Marta, Magdalena, es necesaria para corroborar que al NO existir croquis de tránsito, le corresponde a la entidad demandada Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, emitir el documento Certificado de Paz y Salvo a nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly Hernandez (sic) Bobadilla […]”.

2.6. Manifestó que el 16 de mayo de 2025 radicó derecho de pet ición al ADRES solicitando certificado de paz y salvo y dado que la solicitud fue contestada fuera del término de los 10 días “[…] no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y, en consecuencia, debe expedir paz y salvo […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Se conceda la protección de mis derechos fundamentales constitucionales a la igualdad, información, derecho de petición, debido proceso y seguridad social en salud, previsto en los artículos 13, 15, 23, 29 y 49 de la Constitución Política de Colombia.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

SEGUNDO: Se ORDENE INAPLICAR por excepción de

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

SEGUNDO: Se ORDENE INAPLICAR por excepción de inconstitucionalidad con efecto inter partes, la norma de inferior jerarquía, esto es, el artículo 143 de la Ley 1438 de 2011, que contiene dicha respuesta emitida por ADRES por ser contraria a la Constitución Nacional

(norma superior) y NO corresponder al caso concreto, en razón a que, esa norma de inferior jerarquía únicamente refiere el procedimiento de reconocimiento de un presunto accidente de tránsito ante el SOAT con miras de obtener la indemnización de la cobertura póliza extracontractual que ofrece la aseguradora y NO ante el ADRES.

Sustento esta pretensión en virtud del artículo 4 de la Carta Política, porque la prenombrada norma de inferior jerarquía, contraviene preceptos de rango constitucional, entre ellos, derechos fundamentales constitucionales y atribuciones constitucionales, previsto en los artículos 15 (Derecho fundamental a la información), 23 (Derecho fundamental de petición por respuesta incompleta y evasiva), 29 (Derecho fundamental al debido proceso), 49 (Derecho fundamental a la Seguridad Social en Salud por encontrarse los servicios médicos dentro de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud a cargo de la EPS Sanitas), 209 (Función Administrativa), 315 (Funciones de alcaldes entes territoriales) de la Constitución Política de Colombia de 1991 (Norma superior) como lo es, la competencia de las autoridades de tránsito que deviene de la función administrativa del ente

(Funciones de alcaldes entes territoriales) de la Constitución Política de Colombia de 1991 (Norma superior) como lo es, la competencia de las autoridades de tránsito que deviene de la función administrativa del ente territorial, pues es la Secretaria de Movilidad de esa ciudad (Santa Marta, Magdalena), a través de sus agentes de tránsito quienes tienen la potestad de expedir el medio de prueba idóneo, como es el croquis de tránsito, con el propósito de demostrar un “accidente de tránsito”, siendo imposible porque NO ocurrió.

TERCERO: ORDENAR vincular a la Secretaria (sic) de Movilidad de la ciudad de Santa Marta, Magdalena y a la EPS Sanitas S.A.S., para corroborar que al NO existir croquis de tránsito, le corresponde a la entidad demandada Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, emitir el documento Certificado de Paz y Salvo a nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, identificada con cedula (sic) de ciudadanía número […], en razón a que, lo acaecido el día 05/11/2022 NO corresponde a un accidente de tránsito, y los servicios de salud que recibí se encuentra dentro de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud – POS como afiliada a la EPS

Sanitas S.A.S.

CUARTO: ORDENAR a ADRES suministre una respuesta de fondo a mi derecho de petición de fecha 16 de mayo de 2025, en el entendido que, por encontrarse vencido el plazo legal previsto en el artículo 14 numeral 1 de la Ley 1755 de 2015, debe expedir el documento certificado de paz y salvo a

derecho de petición de fecha 16 de mayo de 2025, en el entendido que, por encontrarse vencido el plazo legal previsto en el artículo 14 numeral 1 de la Ley 1755 de 2015, debe expedir el documento certificado de paz y salvo a nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, identificada con cedula (sic) de ciudadanía número […], en razón a que, lo acaecido el día 05/11/2022 NO corresponde a un accidente de tránsito, y los servicios de salud que recibí se encuentra dentro de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud – POS como afiliada a la EPS Sanitas S.A.S.

Lo anterior, como garantía de mis derechos fundamentales a la información y derecho de petición, previstos en los artículos 11, 15, 23, 48 y 49 de nuestra Constitución Política de Colombia.

QUINTO: ORDENAR a la demandada Entidad del Estado ADRES, se abstenga de cobrar los servicios médicos que recibí el día 05/11/2022, en consideración a que, como consecuencia del intento de hurto del que fui4

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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

víctima, NO existe croquis de tránsito que permita ilustrar circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de un contexto de “accidente de tránsito”, razón por la que NO es posible establecer identificación de ningún vehículo automotor, encontrándose los servicios en salud (médicos, quirúrgicos, hospitalarios) dentro del Plan Obligatorio de Salud – POS, como afiliada de la

por la que NO es posible establecer identificación de ningún vehículo automotor, encontrándose los servicios en salud (médicos, quirúrgicos, hospitalarios) dentro del Plan Obligatorio de Salud – POS, como afiliada de la EPS Sanitas S.A.S., siendo aperturado los servicios médicos bajo el caso número […] con consecutivo […].

SEXTO: ORDENAR a ADRES proceda a desvincular y archivar la actuación, por las razones expuestas […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 1° de agosto de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron

los siguientes informes:

5.1. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES señaló que frente a la pretensión que busca el amparo al derecho de petición , existe cosa juzgada en razón a que en el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01 declararon la carencia actual de objeto por hecho superado.

5.2. El Tribunal Administrativo del Mag dalena señaló que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos exigidos para la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencia s de tutela, motivo por el cual solicita se denieguen las pretensiones de la acción constitucional.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

amparo contra sentencia s de tutela, motivo por el cual solicita se denieguen las pretensiones de la acción constitucional.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello

es así, se deberá:

b) Establecer si la presente acción de tutela es improcedente por compartir identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01.

c) Determinar si la falta de vinculación de la Secretaría de Movilidad d e Santa Marta y la E.P.S. Sanitas S.A.S. dentro de la acción de tutela con el número de radicación 47001 -33-33-006-2025-00087-00/01, vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

8. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela

procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la

artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un ac to jurídico escrito […]”.

9. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se u tilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derec ho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados e n el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de s us derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

10. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.

11. Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.

VI.4. El caso concreto

12. La señora Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la seguridad soc ial, a la igualdad y a la información, cuya vulneración le atribuyó (i) al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta y al Tribunal Administrativo del Magdalena porque no se vinculó a la Secretaría de Movilidad de Santa Marta y a la E.P.S. Sa nitas S.A.S. dentro de la acción de tutela con número de radicación 47001-33-33-006-2025-00087-00/01, y (ii) a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por la omisión de dar respuesta a la petición de 16 de mayo de 2025.

13. La Sala estudiará la improcedencia de la acción de tutela por compartir identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 47001-33respuesta a la petición de 16 de mayo de 2025.

13. La Sala estudiará la improcedencia de la acción de tutela por compartir identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 47001-3333-006-2025-00087-00/01.

VI.4.1. De la improcedencia de la acción de tutela por compar tir parcialmente identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 4700133-33-006-2025-00087-00/01.

14. En el presente asunto l a parte accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental de petición a la Administradora de los Recursos del Sistema

General de Seguridad Social en Salud – ADRES.

15. En su escrito de tutela, la accionante manifestó que había presentado la acción de tutela núm. 47001 -33-33-006-2025-00087-00/01 contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por la omisión de dar respuesta a la petición de 16 de mayo de 2025 . Sin embargo, señaló que la respuesta a la petición se realizó por fuera del plazo legal de 10 días establecidos en la Ley, y en ese sentido, el ADRES “[…] no podrá negar la entrega […]” de los documentos solicitados.

16. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, en su informe de tutela indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencias de tutela proferidas en el proceso con radicación7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencias de tutela proferidas en el proceso con radicación7

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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01, declararon la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la petición del 16 de mayo de 2025.

17. El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala lo siguiente:

“[…] ACTUACION TEMERARIA . Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]” [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

18. La Corte Constitucional ha interpretado la norma citada de la siguiente manera:

“[…] .1.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación temeraria se configura cuando se presenta la misma ac ción de tutela por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado. Lo anterior, trae como consecuencia su rechazo o la decisión desfavorable de todas las solicitudes.

misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado. Lo anterior, trae como consecuencia su rechazo o la decisión desfavorable de todas las solicitudes.

2.1.2. Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tene r en cuenta para abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los siguientes:

1. Que se presente una identid ad de procesos, esto es, que las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una trip le identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud.

2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia.

3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la qu e guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud.

2.1.3. Respecto del primero de los aspectos antes anotado, el juez debe analizar si hay una triple identidad entre las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.

De la misma manera, esta Corporación ha entendido la temeridad desde dos perspectivas. La primera alude a su estructuración cuando una persona presenta simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales y la segunda extiende la temeridad a aquellos eventos en los cuales la persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción […]”.

19. En ese orden de ideas, se observa que la señor a Lizeth Ma galy Hernández Bobadilla presentó la acción de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01, frente a la cual existe parcialmente identidad de partes, de causa petendi y de hechos; tal como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:

Proceso núm. 47001-33-33-0062025-00087-00/01

Proceso núm. 11001 -03-15-0002025-04659-00 (de la referencia)

Partes

2025-00087-00/01

Proceso núm. 11001 -03-15-0002025-04659-00 (de la referencia)

Partes

Accionante: Lizeth Magaly

Hernández Bobadilla

Accionado: Administradora de los

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES.

Accionante: Lizeth Magaly

Hernández Bobadilla

Accionado: Administradora de los

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Pretensiones

“[…] PRIMERO: Se conceda la protección de mis derechos fundamentales constitucionales a la información, derecho de petición, seguridad social en salud, en conexidad con la vida e integridad física, previsto en los artículos 11 , 15, 23, 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: ORDENAR a Entidad del Estado ADRES, suministre una respuesta de fondo frent e a mi derecho de petición de fecha 16 de mayo de 2025. Asimismo, por encontrarse vencido el término legal previsto en el artículo 14 numeral 1 de la Ley 1755 de 2015, ORDENAR a Entidad del Estado ADRES se sirva expedir PAZ y SALVO por todo concepto en favor de la suscrita

ciudadana Lizeth Magaly Hernandez (sic) Bobadilla, identificada con cedula (sic) de ciudadaní a No. […] de Acacias – Meta y en favor del

expedir PAZ y SALVO por todo concepto en favor de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly Hernandez (sic) Bobadilla, identificada con cedula (sic) de ciudadaní a No. […] de Acacias – Meta y en favor del ciudadano Diego Fabian Mahecha Camacho, identificado con cedula (sic) de ciudadanía número […], en razón a que, lo acaecido el día 05/11/2022 NO corresponde a un accidente de tránsito, y los servicios

“[…] PRIMERO: Se conceda la protección de mis derechos fundamentales constitucionales a la igualdad, información, derecho de petición, debido proceso y seguridad social en salud, previsto en los artículos 13, 15, 23, 29 y 49 de la Constitución Política de Colombia.

[…] CUARTO: ORDENAR a ADRES suministre una respuesta de fondo a mi derecho de petición de fecha 16 de mayo de 2025, en el entendido que, por encontrarse vencido el plazo legal previsto en el artículo 14 numeral 1 de la Ley 1755 de 2015, debe expedir el documento certificado de paz y salvo a nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, identificada con cedula (sic) de ciudadanía número […], en razón a que, lo acaecido el día 05/11/2022 NO corresponde a un accidente de tránsito, y los servicios de salud que recibí se encuentra dentro de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud – POS como afiliada a la EPS Sanitas S.A.S.

Lo anterior, como garantía de mis derechos fundamentales a la9

recibí se encuentra dentro de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud – POS como afiliada a la EPS Sanitas S.A.S.

Lo anterior, como garantía de mis derechos fundamentales a la9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00

Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla

de salud que recibí se encuentra dentro de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud – POS como afiliada a la EPS Sanitas S.A.S. […]”. información y derecho de petición, previstos en los artículos 11, 15, 23, 48 y 49 de nuestra Constitución Política de Colombia.

QUINTO: ORDENAR a la demandada Entidad del Es tado ADRES, se abstenga de cobrar los servicios médicos que recibí el día 05/11/2022, en consideración a que, como consecuencia del intento de hu rto del que fui víctima, NO existe croquis de tránsito que permita ilustrar circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de un contexto de “accidente de tránsito”, razón por la que NO es posible establecer identificación de ningún vehículo automotor, encontrándose los servicios en salud (médicos, quirúrgicos, hospitalarios) dentro del Plan Obligatorio de Salud – POS, como afiliada de la EPS Sanitas S.A.S., siendo aperturado los servicios médicos bajo el caso número […] con consecutivo […].

SEXTO: ORDENAR a ADRES proceda a desvincular y archivar la actuación, por las razones expuestas

[…]”.

médicos bajo el caso número […] con consecutivo […].

SEXTO: ORDENAR a ADRES proceda a desvincular y archivar la actuación, por las razones expuestas

[…]”.

Hechos

De a cuerdo con el escrito de tutela allegado por la Directora de la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la

Judicatura:

“[…] El 5 de noviembre de 2022 la señora Lizeth Hernández se encontraba transitando a pie por una vía pública de la ciudad de Santa Marta, cuando fue repentinamente agredida en el rostro por un individuo desconocido, quien, tras propinarle el golpe, emprendió a la huida sin deja r rastro.

Manifestó que, como consecuencia del impacto, la señora Lizeth requirió atención médica, siendo tra sladada a una institución prestadora de servicios de salud, donde recibió tratamiento para las lesiones sufridas incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como afiliada a la EPS Sanitas S.A.S.

Indicó que, inicialmente el hecho fue registrado como u n accidente de tránsito, posiblemente por la confusión generada en el momento de la atención médica y la falta de una declaración inmediata que a clarara las circunstancias reales del incidente,

“[…] 2.1. Relató que presentó acción de tutela núm. 47001-33-33-006-202500087-00/01 contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en SaludADRES, por la vulneración al derecho

de tutela núm. 47001-33-33-006-202500087-00/01 contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en SaludADRES, por la vulneración al derecho de petición y a la seguridad social, con ocasión a la solicitud del 16 de may o de 2025.

2.2. Precisó que el conocimiento de la acción de tutela le fue repartida en primera instancia al Ju zgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, autoridad judicial, que, mediante sentencia de 16 de junio de 2025 declaró la improcedencia de la acción de tutela, por carencia actual de objeto por hecho superado.

2.3. Puntualizó que interpuso rec urso de impugnación contra la anterior decisión y que el Tribunal Administrativo del Magdalena a través de providencia de 29 de julio de 2025, modificó la decisión de primera instancia y en su lugar: i) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto al derecho de petición y ii) declaró improcedente la acción de tutela contra la10

Radicación: 11001-03-15-0