CE - Sentencia 11001031500020250473000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

Accionante: ILVA NERY FONSECA DE BRIÑEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

La acción de tutela es improcedente cuando la controversia planteada por la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por l a señora Ilva Nery Fonseca de Briñez en contra de la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024, notificada el 8 de mayo de 2025, por la Subsección B de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 11001 33 35 016 2021 00260 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ilva Nery Fonseca de Briñez, a través de apoderada, promovió acción de

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ilva Nery Fonseca de Briñez, a través de apoderada, promovió acción de tutela en contra de la precipitada providencia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, y formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B” , en la providencia de fecha 08 de agosto de 2024 que CONFIRMO la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO DIECIS [É]IS (16)

ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 23 de enero de 2023 , mediante la cual, NEG[Ó] las s[ú]plicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No. 11001333502120220049900.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “B” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión vitalicia de jubilación de la docente ILVA NERY FONSECA DE BRIÑEZ, incluyendo los factores salariales devengados y que fueron COTIZADOS, entre ellos la (PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE ALIMENTACI [Ó]N), en el año inmediatamente anterior al RETIRO DEL SERVICIO, además de los ya reconocidos mediante la resolución No 6447 del 20 de noviembre de 2020, acto administrativo que reliquida la pensión vitalicia de jubilación a mi representada […]”

(Mayúsculas y negrillas originales del texto).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que se vinculó al magisterio como docente desde el 1 de enero de 1979 y que mediante la Resolución nro. 4060 del 4 de octubre de 2004, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación , con efectos a partir del 7 de marzo de

2004. Sin embargo, advirtió que solo se le reconoció como factor salarial la

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación , con efectos a partir del 7 de marzo de

2004. Sin embargo, advirtió que solo se le reconoció como factor salarial la asignación básica, omitiendo el reconocimiento de la s primas de vacaciones y de alimentación, factores sobre los cuales, según aseveró, se realizaron descuentos a seguridad social.

Señaló que mediante la Resolución nro. 6447 del 20 de noviembre de 2020 , el FOMAG reliquidó su mesada pensional, omitiendo incluir, una vez más, los factores correspondientes a las primas de vacaciones y de alimentación.

Relató que “(…) [m]ediante demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho, se pretendió que se declarará la nulidad del acto administrativo No 6447 del 20 de noviembre de 2020, proferido por el FOMAG, que AJUSTA PARCIALMENTE la pensión vitalicia de jubilación y a títul o de restablecimiento del derecho, se ordenará la liquidación de la Pensión jubilación, teniendo en cuenta para tal efecto, además del factor ya reconocido, los denominados PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N, dicha petición, fue reiterada en las diferentes etapas procesales, tanto la pretensión del escrito de la demanda, en los Alegatos de conclusión, así como, en el Recurso de Apelación, haciendo apreciación que pese a no estar enlistado en la Ley 62 de 1985, sobre dicho factor se hicieron descuentos a seguridad social (…)”2.

Indicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo

apreciación que pese a no estar enlistado en la Ley 62 de 1985, sobre dicho factor se hicieron descuentos a seguridad social (…)”2.

Indicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 23 de enero de 2023 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante, hoy accionante, interpuso recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda d el Tribunal

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

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Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 8 de agosto de 2024, la confirmó.

Manifestó que “(…) tanto el FOMAG, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca han violentado las normas de carácter CONSTITUCIONAL, en razón a que, tanto en AGOTAMIENTO EN V [Í]A ADMINISTRATIVA, al igual que en el ESCRITO DE DEMANDA siendo reiterada EN LA FIJACI [Ó]N DEL LITIGIO, ALEGATOS DE CONCLUSI[Ó]N, siempre, se resaltó en los argumentos f[á]cticos y jurídicos que la liquidación pensional debía de realizarse conforme a lo estipulado

ALEGATOS DE CONCLUSI[Ó]N, siempre, se resaltó en los argumentos f[á]cticos y jurídicos que la liquidación pensional debía de realizarse conforme a lo estipulado en el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, con los factores salariales que se hicieron cotizaciones, como es el caso de la PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE

ALIMENTACI[Ó]N (…)”3.

Agregó que “(…) al NO tener en cuenta los factores salariales en la liquidación de la pensión de jubilación de mi representada, de los cuales, se hicieron las correspondientes cotizaciones a seguridad social a la fecha del cumplimiento de estatus pensional, se está incurr iendo en defecto sustantivo, al desconocer el precedente de carácter CONSTITUCIONAL - ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, respecto de la normatividad y jurisprudencia que le debe ser aplicada al presente caso, por lo que si se demuestra la relevanc ia constitucional, al no garantizar los derechos y principios vulnerados por los despachos judiciales (…)”4.

Aclaró que con la presentación de esta acción de tutela no pretende reabrir una tercera instancia , sino que su intención es que se garanticen sus derechos fundamentales y principios constitucionales, tal como lo ordena la Ley, en pro de dar total aplicación a lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia.

Precisó que “(…) [e]l Acto Legislativo 01 de 2005 tiene una RELEVANCIA CONSTITUCIONAL importante en cuanto al DEBIDO PROCESO porque asegura que las reformas al sistema de pensiones sean transparentes, justas y equitativas, conllevando la protección a los derechos adquirido s, toda vez, que, precisamente

CONSTITUCIONAL importante en cuanto al DEBIDO PROCESO porque asegura que las reformas al sistema de pensiones sean transparentes, justas y equitativas, conllevando la protección a los derechos adquirido s, toda vez, que, precisamente promueve garantizar el principio de la sostenibilidad financiera y la justicia social, asegurando que todas las modificaciones sigan procedimientos democráticos y públicos. Además, las normas secundarias derivadas del acto pueden ser revisadas por la Corte Constitucional, lo que refuerza la protección de los derechos fundamentales y el respeto al debido proceso (…)”5.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.

En cuanto al derecho a la igualdad , aseveró que “(…) en casos similares (…) los despachos judiciales tanto en primera instancia como en segunda instancia, han aplicado en debida forma el precedente judicial del Consejo de Estado relacionado con la manera en que se deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos

3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

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en virtud de la Ley 91 de 1989, sin pasar por improvisto el Acto legislativo 01 de 2005, el cual ratifica que en las pensiones deberán de tenerse en cuenta los factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones (…)”6.

Al respecto, citó las siguientes providencias:

2005, el cual ratifica que en las pensiones deberán de tenerse en cuenta los factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones (…)”6.

Al respecto, citó las siguientes providencias:

(i) Sentencia del 24 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05490 01;

(ii) Sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2019 01210 01;

(iii) Sentencia del 17 de marzo de 2025 dictada por la S ubsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 007 2024 00185 00/01;

(iv) Sentencia del 11 de julio de 2023 dictada por la Subsección F, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 029 2021 00343 00/01;

(v) Sentencia del 22 de septiembre de 2023 dictada por la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 021 2022 00086 00/01;

(vi) Sentencia del 26 de septiembre de 2023 dictada por la Subsección F, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado

(vi) Sentencia del 26 de septiembre de 2023 dictada por la Subsección F, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 021 2022 00042 00/01;

(vii) Sentencia del 4 de octubre de 2023 dictada por la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 013 2021 00251 00/01.

(viii) Sentencia del 11 de octubre de 2023 proferida por la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 013 2021 00251 00/01;

(ix) Sentencia del 15 de noviembre de 2023 dictada por la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 42 050 2022 00445 00/01.

Frente al debido proceso, argumentó que “(…) se vulnera (…) cuando la autoridad judicial en el presente asunto aplica de manera errada el precedente judicial del Consejo de Estado, tomando una decisión que no es razonable frente al asunto sin una fundamentación conforme a derecho, más aún cuando existe un rango

6 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

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constitucional como es el bloque de constitucionalidad, que para estos efectos es el Acto legislativo 01 de 2005, al indicar que para la liquidación de pensiones deben de tenerse en cuenta las cotizaciones realizadas por el aportante al sistema pensional, pues el sustento jurídico que se ha venido dando es apartado del rango constitucional, pues no se está teniendo en cuenta el factor sobre los cual se realizaron las correspondientes cotizaciones (…)”7.

Sobre el derecho fundamental a la seguridad social , afirmó que está siendo vulnerado debido a que la mesada pensional devengada no fue liquidada conforme a las cotizaciones realizadas y con los factores salariales devengados al momento de adquirir el estatus pensional.

En lo que al mínimo vital respecta, explicó que “(…) al no haber proferido una sentencia conforme a derecho, es decir al omitir el rango de constitucionalidad que tiene el Acto legislativo 01 de 2005, en cuanto allí se estipula que las pensiones deben ser liquidadas con todos los factores sobre los que se hubieren realizado las cotizaciones a seguridad social, tal como lo realizo mi representada, pues al retiro del servicio devengaba no solo el factor salarial de ASIGNACI [Ó]N B[Á]SICA, ya reconocido, sino t ambién la PRIMA DE VACACIONES y LA PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N, sin embargo, la pensión jubilación de mi representada, no fue reliquidada con dichos factores y valores correspondientes, aduciendo tanto la

reconocido, sino t ambién la PRIMA DE VACACIONES y LA PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N, sin embargo, la pensión jubilación de mi representada, no fue reliquidada con dichos factores y valores correspondientes, aduciendo tanto la entidad como el despacho judicial que el valor no le era favorable, así como, los factores salariales, correspon dientes a la PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N no estaban enlistados en la Ley 62 de 1985 (…)”8.

Anotó que, al no realizarse una debida liquidación conforme a la aplicación de la normatividad correspondiente, se le ha causado una desproporción económica “ ya que se ocasiona una carencia a las condiciones materiales y necesarias para garantizar la subsistencia del individuo”9.

A su turno, agregó que la providencia cuestionada también trasgrede los derechos a la propiedad privada y derechos adquiridos, sostenibilidad financiera del sistema pensional, principios de favorabilidad en materia laboral, seguridad jurídica.

Posteriormente, advirtió que “(…) la suscrita no desconoce la autonomía que tienen tanto los jueces como los magistrados al momento de argumentar y sustentar sus fallos, se reitera, que en primer lugar no se está buscando dar apertura a una nueva instancia y en segundo lugar, se vulneran entre otros los derechos y principios fundamentales indicados en el tránsito de este escrito, ya que, durante la vinculación laboral de mi representado con el MAGISTERIO OFICIAL COLOMBIANO, la entidad realizo los correspondientes DESCUENTOS A SEGURIDAD SOCIAL sin embargo, en la liquidación de su mesada pensional no se respeta el ACTO LEGISLATIVO 01

laboral de mi representado con el MAGISTERIO OFICIAL COLOMBIANO, la entidad realizo los correspondientes DESCUENTOS A SEGURIDAD SOCIAL sin embargo, en la liquidación de su mesada pensional no se respeta el ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, toda vez que, se están omitiendo factores salariales devengados y

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

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cotizados, como lo es la PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N (…)”10.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 30 de julio de 202511 a través de la ventanilla virtual de la Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 4 de agosto de 2025 12 la admitió y dispuso notificar 13 a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada ; así como vincular14 al Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá , a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital, como terceros interesados en el proceso.

De igual forma, se solicitó remitir copia digital o el hipervínculo de consulta del

Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital, como terceros interesados en el proceso.

De igual forma, se solicitó remitir copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con radicado nro. 11001 33 35 016 2021 00260 00/01, el cual fue remitido15.

3.2. La titular del Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá allegó16 informe en el que hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones al considerar que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

3.3. La profesional especializado de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional radicó escrito 17 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que se desvincule a dicha cartera ministerial del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que “(…) este Ministerio (…) no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela, pues los conflictos allegados a esta acción, se circunscriben a las actuaciones y decisiones emitidas por otro organismo y/o entidad (…)”.

10 Ibidem. 11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00. 12 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 04730 00. 12 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00. 13 Esta orden se cumplió el 11 de agosto de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00. 14 Ibidem. 15 Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00. 16 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00. 17 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

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3.4. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá allegó escrito18 en el que solicitó que se rechace la acción de tutela por improcedente.

Al respecto, sostuvo que no se cumple con ninguno de los requisitos específicos

de Bogotá allegó escrito18 en el que solicitó que se rechace la acción de tutela por improcedente.

Al respecto, sostuvo que no se cumple con ninguno de los requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que sea procedente la acción de tutela incoada y que, por el contrario, lo que pretende la parte accionante es revivir, en sede de tutela, la discusión jurídica frente a la decisión tomada por el tribunal accionado.

3.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, allegó el expediente solicitado19.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199120 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 21 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 22, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 23, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

4.2.1. La señora Ilva Nery Fonseca de Briñez, a través de apoderad a, presentó

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

4.2.1. La señora Ilva Nery Fonseca de Briñez, a través de apoderad a, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Fiduciaria La Previsora S.A. y el Distrito de Bogotá - Secretaría de Educación Distrital, para que: (i) se declara la nulidad de “la

18 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00. 19 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00. 20 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 21 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela”. 22 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 24 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro. 11001 33 35 016 2021 00260 00/01. Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

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Resolución número 6447 del 20 de noviembre de 2020 ” y del “oficio No S-202035347 del 26 de febrero de 2020”; (ii) se “realice los descuentos sobre los factores que se solicitan para su inclusión y a su vez efectúe el aporte de los mismos al sistema pensional” y “se ordene La revisión y ajuste de la pensión jubilación por aportes, incluyendo todos los factores salariales devengados ”; y (iii) condenar al pago de “los reajustes que se causen (…) desde el momento de en qué se le reconoció esta pensión”, “la INDEXACIÓN sobre las sumas de dinero adeudadas ” y las costas procesales. (Negrilla original del texto).

pago de “los reajustes que se causen (…) desde el momento de en qué se le reconoció esta pensión”, “la INDEXACIÓN sobre las sumas de dinero adeudadas ” y las costas procesales. (Negrilla original del texto).

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 23 de enero de 2023 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante, hoy accionante, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia proferida el 8 de agosto de 2024 , notificada a las partes el 8 de mayo de 2025, la confirmó.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional, se advierte que dicha petici ón no es procedente, comoquiera que dicha entidad fue vinculada al presente trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de debate en esta sede constitucional , fue promovida , entre otros, en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicialRadicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00

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es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar co n toda claridad y de forma expresa

que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar co n toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”25.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional26.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades27:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 28. De

para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 28. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

25 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 26 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”. 27 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022. 28 Sobre los demás elementos que compon