CE - Sentencia 11001031500020250481601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-04816-01 Demandante RAÚL BOTERO SOTO

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial . Relevancia constitucional. Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Raúl Botero Soto contra el fallo de tutela del 28 de agosto de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente: «PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la sociedad GECELCA S.A. E.S.P., la Autoridad de Licencias Ambientales – ANLA, la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME y la Agencia Nacional de Infraestructura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 1° de agosto de 20251, Raúl Botero Soto interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, al considerar vulnerado su derecho

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 1° de agosto de 20251, Raúl Botero Soto interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la expedición de la sentencia del 12 de julio de 2024, así como de los autos del 23 de agosto de 2024, mediante el cual se negó una solicitud de nulidad, y del 12 de marzo de 2025, en el que se resolvió el recurso de reposición en contra de la anterior decisión, esto dentro del proceso tramitado bajo el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado No. 23001-23-33-000-2022-00049-00.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «1. Tutelar mi derecho fundamental al debido proceso, tutelado en el artículo 29 de la Constitución Política.

2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia de primera instancia del 12 de julio de 2024, y los autos del 23 de agosto de 2024 (que resolvió la nulidad, negándola) y el del 12 de marzo de 2025 (que negó el recurso reposición, frente a la anterior decisión), proferidos por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del proceso de acción popular No. 2300123330002022000490.

3. Se obligue al Tribunal Administrativo de Córdoba a que profiera una nueva sentencia de primera instancia por la ponente del caso que recibió los alegatos de conclusión, como lo exigen las normas aplicables ya mencionadas.»2.

3. Se obligue al Tribunal Administrativo de Córdoba a que profiera una nueva sentencia de primera instancia por la ponente del caso que recibió los alegatos de conclusión, como lo exigen las normas aplicables ya mencionadas.»2. 1 SAMAI de primera instancia, índice 1. 2 Páginas 3 del escrito de tutela. SAMAI de primera instancia, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

Demandante: Raúl Botero Soto

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2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Raúl Botero Soto promovió una acción popular, con solicitud de medida cautelar, en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Alcaldía de Puerto Libertador, la Personería Municipal de Puerto Libertador, el Concejo Municipal de Puerto Libertador, el departamento de Córdoba, la Asamblea Departamental de Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge, la Agencia Nacional de Minería, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Transporte, la Unidad de Planeación

Minero Energética, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto Nacional de Vías, la Procuraduría General de la Nación y de las empresa Gecelca S.A. E.S.P., Frontir Coal

Minero Energética, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto Nacional de Vías, la Procuraduría General de la Nación y de las empresa Gecelca S.A. E.S.P., Frontir Coal S.A.S., Carbomax S.A.S., Geocosta Ltda. y Transad S.A., con el fin de obtener la protección de sus derechos e intereses colectivos por el uso indiscriminado de la vía privada Pica Pica, en jurisdicción del municipio de Puerto Libertador, por parte de compañía mineras, para el transporte diario de grandes volúmenes de carbón, sin haber constituido servidumbre alguna ni adoptado medidas de mitigación. 2.2. Según se afirmó, el proceso se identificó con el radicado 23001-23-33-0002022-00049-00 y su conocimiento le correspondió a la magistrada Diva Cabrales, que tramitó la demanda y el 14 de febrero de 2024 corrió el traslado para la presentación de los alegatos de conclusión. 2.3. El 12 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones, pero lo hizo sin presencia de la referida magistrada, dado que la Sala se integró por los magistrados Pedro Olivella Solano y María Bernarda Martínez Cruz, sin indicar la razón de la ausencia. 2.4. Como consecuencia de la situación mencionada, la parte actora promovió un incidente de nulidad, al considerar vulnerado el artículo 133, numeral 7, del Código General del Proceso, aplicable al caso, por la remisión prevista en el artículo 208 de la Ley 1437 de 2011, que establece que la sentencia debe ser

incidente de nulidad, al considerar vulnerado el artículo 133, numeral 7, del Código General del Proceso, aplicable al caso, por la remisión prevista en el artículo 208 de la Ley 1437 de 2011, que establece que la sentencia debe ser proferida por el juez que recibió los alegatos de conclusión, sin que la norma diferencie su aplicación al trámite de procesos orales o escritos. 2.5. Mediante auto del 23 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió negativamente el incidente, al establecer que, por tratarse de alegatos presentados por escrito no se configuraba la causal de nulidad invocada, decisión frente a la cual la parte actora presentó recurso de reposición, que fue desestimado a través de auto del 12 de marzo de 2025.

3. Fundamentos de la acción El accionante argumentó que la autoridad judicial accionada había incurrido en un defecto procedimental absoluto, al dictar la sentencia del 12 de julio de 2024, sin la intervención de la magistrada ponente a cargo del proceso de la acción popular, sin que se justificara su ausencia, por lo que, a su juicio, se transgredió el artículo 133, numeral 7 del CGP, que se refiere a la causal de nulidad de las sentencias, que se configura cuando estas no son proferidas por el juez que recibió los alegatos, al no compartir que la norma solo era aplicable a los casos en los que los alegatos se presentaban de forma oral, tal como lo afirmó la autoridad judicial accionada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

Demandante: Raúl Botero Soto

presentaban de forma oral, tal como lo afirmó la autoridad judicial accionada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 De igual forma, indicó que se transgredió el artículo 36 del CGP, que prevé que las audiencias y diligencias de jueces colegiados deben ser presididas por el ponente y con participación de todos los magistrados que integran la sala, so pena de nulidad. Adicionalmente, sostuvo que vulneraron los principios del juez natural y de inmediación. Aunado a lo expuesto, señaló que el defecto se consolidó por el desconocimiento reiterado de las garantías del actor popular, con ocasión de la expedición de los autos del 23 de agosto de 2024 y del 12 de marzo de 2025, a través de los cuales se negó la corrección del yerro advertido.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El despacho ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Raúl Botero Soto contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a los ministerios de Transporte, de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Alcaldía, la Personería y el Concejo del municipio de Puerto Libertador, al departamento de Córdoba, a la Asamblea Departamental de Córdoba, a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, a la Agencia Nacional de Minería, a las Superintendencias de

Libertador, al departamento de Córdoba, a la Asamblea Departamental de Córdoba, a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, a la Agencia Nacional de Minería, a las Superintendencias de Transporte y de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Unidad de Planeación Minero Energética, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al Instituto Nacional de Vías, a la Procuraduría General de la Nación y a las sociedades GECELCA S.A. E.S.P., FRONTIER COAL S.A.S., CARBOMAX S.A.S., GEOCOSTA LTDA. y TRANSAD S.A., como terceros con interés directo en el resultado del proceso. 4.2. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS pidió que se negara las pretensiones por ser improcedente la acción constitucional, dado que no se cumplieron los requisitos de procedencia de tutelas contra providencias judiciales , al evidenciar que se la intención del accionante es revivir la discusión propuesta en la acción popular. 4.3. La Superintendencia de Transporte solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser la entidad a la que se le atribu ía participación en la vulneración de los derechos fundamentales invocados. 4.4. La Unidad de Planeación Minero-Energética solicitó que se le desvinculara del proceso, en tanto que en el trámite de la acción popular no se estableció condena en su contra, por lo que consideró que carecía de legitimación en la causa por pasiva. 4.5. La Asamblea Departamental de Córdoba manifestó que no estaba facultada

del proceso, en tanto que en el trámite de la acción popular no se estableció condena en su contra, por lo que consideró que carecía de legitimación en la causa por pasiva. 4.5. La Asamblea Departamental de Córdoba manifestó que no estaba facultada ni sería la entidad idónea para realizar un pronunciamiento frente a la acción de tutela. 4.6. El Ministerio de Transporte indicó que no poseía atribuciones para realizar juicios de validez sobre providencias judiciales y, en esa medida, solicitó su desvinculación por no estar legitimado en la causa por pasiva. 4.7. GECELCA SA. ESP. solicitó su desvinculación por no haber vulnerado derecho alguno del accionante y pidió que se mantuviera en firme la sentencia cuestionada. 4.8. GECOSTA LTDA. sostuvo que la sentencia cuestionada respetó todas las garantías constitucionales, legales y procedimentales del actor, por lo cual indicó que se deberían denegar las pretensiones de la tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 4.9. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitó su desvinculación de la acción constitucional, en tanto que la entidad no estaba facultada para intervenir sobre el objeto del amparo requerido y por no haber desplegado actuación alguna que pudiera causar la vulneración de derechos del actor . Subsidiariamente, pidió que se declarara la improcedencia de la tutela al no cumplir con los requisitos de procedibilidad de la acción contra providencias

actuación alguna que pudiera causar la vulneración de derechos del actor . Subsidiariamente, pidió que se declarara la improcedencia de la tutela al no cumplir con los requisitos de procedibilidad de la acción contra providencias judiciales o que se negaran las pretensiones de la demanda. 4.10. La Procuraduría General de la Nación señaló que no era viable acceder en el caso en concreto, habida cuenta que al estudiar el asunto no se podía colegir que frente a la sentencia cuestionada se configurara alguna violación de derechos fundamentales. 4.11. El Ministerio de Minas y Energía solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, al establecer que lo buscado por el accionante era revivir la discusión propuesta en el marco de la acción popular a través de la acción de tutela. 4.12. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento de los principios de subsidiaridad, inmediatez y relevancia constitucional y, subsidiariamente, solicitó negar el amparo requerido, al no evidenciarse vulneración alguna de derechos fundamentales atribuibles a la entidad. 4.13. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sostuvo que se deberían desestimar todas las pretensiones del accionante, así como su desvinculación del proceso. 4.14. La Agencia Nacional de Minería solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda de tutela y se eximiera de responsabilidad a la entidad. 4.15. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en virtud de ello, se desvinculara a la

entidad. 4.15. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en virtud de ello, se desvinculara a la entidad por la inexistencia de violación de derechos. 4.16. La Gobernación de Córdoba pidió que se negara el amparo solicitado al no configurarse el defecto procedimental invocado. 4.17. Se precisa que el Tribunal Administrativo de córdoba remitió el expediente digital de la acción popular, sin referirse a los cargos de la demanda de tutela.

5. Providencia impugnada La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de agosto de 2025, determinó que la controversia carecía de relevancia constitucional porque el debate planteado no se realizó desde una óptica constitucional y, de igual forma, dado que concluyó que el accionante pretendía utilizar la tutela como una instancia adicional para proponer, una vez más, una presunta irregularidad materializada en las providencias cuestionadas, frente a lo cual el juez natural ya se había pronunciado.

En cuanto al planteamiento de la discusión desde la óptica constitucional, precisó que si bien el accionante invocó la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto era que no puso de presente que las providencias controvertidas hubiesen incurrido en arbitrariedad judicial, dado que el motivo de su inconformidad se fundamentó en que no se accedió a la solicitud de nulidad presentada, pero la Sala advirtió que el análisis de ese requerimiento se abordó íntegramente por el juez natural, de manera oportuna, sin encontrar que las decisiones proferidas paraRadicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

Sala advirtió que el análisis de ese requerimiento se abordó íntegramente por el juez natural, de manera oportuna, sin encontrar que las decisiones proferidas paraRadicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 resolver ese asunto hayan sido arbitrarias o que al proferirlas se desconociera derecho fundamental alguno.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que la Sección Primera del Consejo de Estado se limitó a afirmar que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional y, con base en ello, fundamentando su improcedencia, con lo que, a su parecer, se reflejaba una práctica reiterada de esa Sala, al utilizar esos argumentos como una excusa para resolver de fondo los asuntos, desconociendo con ello la finalidad de la acción constitucional como mecanismo para la protección de derechos fundamentales, al exigir una técnica de sustentación que catalogó como de imposible cumplimiento, que implicaba un obstáculo artificial y contrario a la finalidad garantista de la tutela.

De igual forma, señaló que sí había advertido la arbitrariedad judicial en las providencias cuestionadas, dado que en estas se ignoró y perpetuó un vicio manifiesto de validez estructural a partir de la mala aplicación del CGP, sin que con ello se pretendiera reabrir una discusión de tipo legal, al querer utilizar la tutela como una tercera instancia, tal como se afirmó en la sentencia de primera instancia. Así mismo, afirmó que el asunto expuesto tenía relevancia constitucional porque

ello se pretendiera reabrir una discusión de tipo legal, al querer utilizar la tutela como una tercera instancia, tal como se afirmó en la sentencia de primera instancia. Así mismo, afirmó que el asunto expuesto tenía relevancia constitucional porque comprometía directamente la garantía del debido proceso y la validez estructural de la sentencia y que señalar lo contrario implicaba vaciar la tutela de su finalidad protectora y debilitar la legitimidad de la justicia constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. 3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y

todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. 3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

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defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico 3.1. De manera previa al planteamiento del problema jurídico, conviene precisar que si bien en la demanda de tutela se indicó que la vulneración de los derechos fundamentales invocados se originó con la expedición de la sentencia dentro del medio de control, también señaló la parte actora que el defecto procedimental invocado se consolidó con la expedición de los autos que resolvieron sobre la solicitud de nulidad de esa providencia. Así las cosas, la Sala considera que los reparos planteados por el accionante se dirigen

defecto procedimental invocado se consolidó con la expedición de los autos que resolvieron sobre la solicitud de nulidad de esa providencia. Así las cosas, la Sala considera que los reparos planteados por el accionante se dirigen contra el contenido de los referidos autos y, en esa medida, delimitará el estudio del caso a esas decisiones, más aún cuando lo que se pretende es dejar sin efectos el fallo, pero como consecuencia de las presuntas irregularidades en las que se enmarcó la negativa de la nulidad, por lo que solo ante la prosperidad de los cargos frente a este asunto sería procedente referirse a lo resuelto en la sentencia. Aunado a lo expuesto, se destaca que, en todo caso, frente al fallo proferido el 12 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba no se cumple con el requisito de subsidiaridad, dado que si bien la parte actora presentó recurso de apelación en contra de esa decisión, la autoridad judicial accionada resolvió no concederlo por extemporáneo mediante auto del 22 de abril de 20257; determinación que se confirmó a través de auto del 29 de mayo de la misma anualidad8, en el que se negó el recurso de reposición en contra de la anterior decisión, por lo que se debe concluir que el accionante n o ejerció oportunamente, el mecanismo de defensa judicial con que contaba para hacer valer sus derechos, por lo que se insiste que el estudio de la tutela se centrará en los cargos propuestos en contra de los autos que se refieren a la solicitud de nulidad del fallo. 3.2. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar

en los cargos propuestos en contra de los autos que se refieren a la solicitud de nulidad del fallo. 3.2. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente la tutela, por no encontrar satisfecho el requisito de la relevancia constitucional. En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de procedibilidad, se determinará si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho al debido proceso del accionante, con ocasión de la expedición de los autos del 23 de agosto de 2024, mediante el cual se negó una solicitud de nulidad, y del 12 de marzo de 2025, en el que se resolvió el recurso de reposición en contra de la anterior decisión, esto dentro del proceso tramitado bajo el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado No. 23001-23-33-000-2022-00049-00. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 7 SAMAI del proceso ordinario. Índice 242. 8 SAMAI del proceso ordinario. Índice electrónico 258.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

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4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional en el caso particular 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la

se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia

derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia 9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04816-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos planteados a