CE - Sentencia 11001031500020250485001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

Accionante: OLGA LUCÍA PAREDES ARANA

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL

CAUCA - SALA SEGUNDA DE DECISIÓN Y JUZGADO PRIMERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferida el 2 de septiembre de 2025 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Olga Lucía Paredes Arana , actuando a través de apoderada, interpuso acción de tutela en contra las sentencias proferidas el 25 de noviembre de 202 4 y el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago

acción de tutela en contra las sentencias proferidas el 25 de noviembre de 202 4 y el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 76147 33 33 001 2017 00364 00/01 , y formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a una vejez digna y a la seguridad social de la señora Olga Lucía Paredes Arana.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REVOCAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia No. 231 del 25 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago, y el numeral segundo de la Sentencia de Segunda

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

Accionante: Olga Lucía Paredes Arana

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Instancia No. 152 del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en lo que

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Instancia No. 152 del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en lo que respecta a la negación de las pretensiones de la señora Olga Lucía Paredes Arana.

TERCERO: En su lugar, ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago que, en un término perentorio, profiera una nueva decisión en la cual RECONOZCA y ORDENE a la UGPP el pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Olga Lucía Paredes Arana, en calidad de compañera permanente del señor Harold Millán Valencia, valorando de forma integral y con apego a la jurisprudencia constitucional el requisito de la convivencia efectiva, la dependencia económica y el auxilio mutuo, inc luyendo el cuidado brindado en los últimos años de vida del causante. Se deberá determinar el porcentaje que le corresponda, considerando el marco legal aplicable a la convivencia simultánea, si a ello hubiere lugar, con efectos fiscales a partir del 16 de abril de 2016 o desde la fecha que legalmente corresponda […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela.)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que mantuvo una relación de pareja con el señor Harold Millán Valencia desde 1977 hasta el 2002. Manifestó que, “de esta unión, procrearon diez hijos, sobreviviendo cuatro, lo que denota una clara vocación de permanencia y constitución de familia. Testimonios como el de la madre del causante, Ofelia

Millán Valencia desde 1977 hasta el 2002. Manifestó que, “de esta unión, procrearon diez hijos, sobreviviendo cuatro, lo que denota una clara vocación de permanencia y constitución de familia. Testimonios como el de la madre del causante, Ofelia Valencia de Millán, y de terceros, confirmaron esta convivencia por 25 años”2.

Señaló que el señor Millán Valencia siempre le brindó apoyo económico. Precisó que “el causante se encargaba de sufragar los servicios públicos del hogar y que le brindaba ayuda económica para el sustento de su hija menor”3.

Relató que “(…) tras el grave accidente sufrido por el señor Harold Millán Valencia el 20 de enero de 2014, que lo dejó en un "estado de salud precaria" o "vegetal", la señora Olga Lucía Paredes Arana fue quien "permaneció a su cuidado" y lo "acompañó durante su enfermedad hasta su muerte" el 16 de abril de 2016, un periodo de más de dos años. Este hecho fue reconocido incluso por el Juzgado de primera instancia, que afirmó que Olga Lucía Paredes Arana "estuvo en los últimos dos años de vida del señor Harold Millán Valencia , socorriéndolo, ayudándolo y cuidándolo" (…)”4.

Manifestó que solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes del señor Millán Valencia, sin embargo, indicó que dicha entidad dejó en suspenso el posible derecho pensional que podía asistirle

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes del señor Millán Valencia, sin embargo, indicó que dicha entidad dejó en suspenso el posible derecho pensional que podía asistirle

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

Accionante: Olga Lucía Paredes Arana

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a la señora Paredes Arana y a la s señoras Blanca Luz Garzón Ocampo y Ludivia Zapata, quienes también habías solicitado el reconocimiento pensional.

Expuso que la señora Blanca Luz Garzón Campo promovió demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, proceso al que fue vinculada como litisconsorte necesario.

Anotó que la demanda fue asignada al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago que, en sentencia del 25 de noviembre de 2024 “negó las pretensiones de la señora Olga Lucía Paredes Arana, al considerar que no acreditó la convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante”5.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia

durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante”5.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 27 de junio de 2025 la confirmó.

Alegó que “ las decisiones de los jueces de instancia, al negar el derecho a la sustitución pensional de la señora Olga Lucía Paredes Arana, incurrieron en vías de hecho judiciales, específicamente en un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente constitucional, vulnerando de forma directa los derechos fundamentales invocados”6.

Frente al defecto fáctico reprochó que “los juzgados de instancia se enfocaron excesivamente en la cohabitación física continua en los últimos cinco años, ignorando la realidad de una relación compleja y de largo aliento, así como el concepto material de "convivencia efectiva" que incluye el afec to, auxilio mutuo, apoyo económico y acompañamiento espiritual, y la vocación de estabilidad y permanencia”7.

Resaltó que “ los jueces reconocieron que la señora Olga Lucía Paredes Arana brindó cuidado y auxilio al causante en sus dos últimos años de vida, cuando este se encontraba en un "estado de salud precaria" o “vegetal". Este acompañamiento en un momento de total dependencia es una manifestación inequívoca de la "comunidad de vida" y el "auxilio mutuo" esenciales en la convivencia. Sin embargo, no se le dio el peso probatorio suficiente para acreditar la continuidad de la relación en los términos de la convivencia efectiva”8.

Agregó que “el propio Juzgado de primera instancia aplicó el principio de que la "no

no se le dio el peso probatorio suficiente para acreditar la continuidad de la relación en los términos de la convivencia efectiva”8.

Agregó que “el propio Juzgado de primera instancia aplicó el principio de que la "no cohabitación por motivos de fuerza mayor no supone una ruptura de la convivencia marital" para justificar la continuidad de la relación de Blanca Luz Garzón Ocampo con el causante, dado que a ella se le "impidieron verlo". Paradójicamente, no aplicó este mismo criterio a la relación de la señora Olga Lucía Paredes Arana, a pesar de

5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

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que su dedicación en los últimos años de vida del causante, en un estado de "total dependencia", constituía una forma de convivencia y apoyo en circunstancias de fuerza mayor. Esta inconsistencia denota una valoración sesgada de las pruebas y una aplicación desigual de los criterios jurisprudenciales”9.

En cuanto al desconocimiento del precedente explicó que “ la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la convivencia efectiva, requerida para la pensión de sobrevivientes, va más allá de la mera cohabitación física, e incluye la manifestación de lazos de afecto, auxilio mutuo, apoyo económico y acompañamiento espiritual, con una clara e inequívoca vocación de estabilidad y

física, e incluye la manifestación de lazos de afecto, auxilio mutuo, apoyo económico y acompañamiento espiritual, con una clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia. Los fallos de instancia, al exigir una "convicción razonable" de convivencia ininterrumpida bajo el mismo techo en los últimos cinco años para Olga Lucía Paredes Arana y desestimar su relación posterior al 2002, interpretaron el requisito de forma excesivamente restrictiva y formal, contraviniendo la jurisprudencia que busca proteger las relaciones consoli dadas con un compromiso de vida real”10.

Adujo que “se negó el derecho a la pensión de sobrevivientes a la señora Olga Lucía Paredes Arana, a pesar de haber demostrado un vínculo afectivo de décadas, la procreación de hijos, dependencia económica y, crucialmente, el cuidado y acompañamiento en los momentos f inales de la vida del causante, lo cual materializa el auxilio y apoyo mutuo”11.

La accionante sostuvo que las providencias cuestionadas vulneran sus derechos fundamentales al mínimo vital y a una vejez digna al neg arle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, debido a que le genera una desprotección económica en su vejez y la priva de un sustento vital.

Finalmente, aseveró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, debido a que (i) “el caso reviste de relevancia constitucional, pues se discute la afectación de derechos fundamentales como el mínimo vital, la vejez digna y la seguridad social, en el marco de una interpretación judicial que se aleja de la protección material de la familia y

caso reviste de relevancia constitucional, pues se discute la afectación de derechos fundamentales como el mínimo vital, la vejez digna y la seguridad social, en el marco de una interpretación judicial que se aleja de la protección material de la familia y de los principios de solidaridad y favorab ilidad en materia pensional ”12; (ii) agotó todos los mecanismos de defensa judicial a su alcance; (iii) se acredita la inmediatez porque la sentencia de segunda instancia acusada fue proferida el 27 de junio de 2025 y la tutela fue radicada el 5 de agosto de 2025; (iv) identificó los hechos que, bajo su consideración, originan la vulneración de sus derechos; y (v) no se trata de una tutela contra tutela.

9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

Accionante: Olga Lucía Paredes Arana

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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de agosto de 202513 y fue asignada por reparto a la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto del 8 de agosto de 202 514 la admitió y dispuso notificar15 al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago y a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada; así como vincular al director de la Unidad

de 202 514 la admitió y dispuso notificar15 al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago y a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada; así como vincular al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)16, a la señora Blanca Luz Garzón Ocampo17 y a la señora Ludivia Zapata18, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión para que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 76147 33 33 001 2017 00364 00/01, el cual fue remitido19.

3.2. La señora Blanca Luz Garzón Ocampo, actuando por conducto de apoderado, allegó escrito20 en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y se niegue el amparo deprecado.

Señaló que la accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la sentencia de segunda instancia, sin embargo, no lo ejerció dentro del término legal.

Aseguró que “el Tribunal valoró de manera integral el acervo probatorio, incluyendo testimonios, declaraciones extraprocesales y documentos oficiales, y aplicó jurisprudencia sobre “convivencia efectiva” (Corte Const., T-090/2016; T-205/2017; Consejo de Estado, Sec. Segunda, 2 de marzo de 2017). No hubo arbitrariedad ni

jurisprudencia sobre “convivencia efectiva” (Corte Const., T-090/2016; T-205/2017; Consejo de Estado, Sec. Segunda, 2 de marzo de 2017). No hubo arbitrariedad ni omisión probatoria; la decisión está debidamente motivada”.

13 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 14 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 15 Esta orden se cumplió el 11 de agosto de 2025. Visto en los índices 7 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Esta orden se cumplió el 12 de agosto de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 19 Visto en los índices 17 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 20 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

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Por último, resaltó que “la accionante fue parte activa en el proceso contencioso, ejerció recurso de apelación y tuvo oportunidad de probar y controvertir. Esta acción reproduce los mismos argumentos y pretensiones ya decididos, sin hechos nuevos ni variación relevante”.

3.3. La señora Ludivia Zapata , presentó escrito21 en el que manifestó no tener interés patrimonial alguno en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes del causante, Harold Millán Valencia.

Indicó que “si bien contraje matrimonio religioso con él el 3 de marzo de 1974, nuestra sociedad conyugal fue disuelta de mutuo acuerdo mediante escritura pública nro. 929 del 9 de noviembre de 1999. Además, en el trámite administrativo pensional y posteriormente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, renuncié expres amente a cualquier derecho pensional que pudiera haberme correspondido como excónyuge del señor Harold Millán Valencia, fui desvinculada del proceso de primera instancia precisamente por haber aceptado las pretensiones de la demanda y haber renunciado a mis derechos pensionales. Mi comparecencia en esta instancia de tutela se limita a lo solicitado por este honorable tribunal”.

Sin perjuicio de lo anterior, expuso que “considero inaudito que no se le reconozcan

de la demanda y haber renunciado a mis derechos pensionales. Mi comparecencia en esta instancia de tutela se limita a lo solicitado por este honorable tribunal”.

Sin perjuicio de lo anterior, expuso que “considero inaudito que no se le reconozcan los derechos a una vejez digna a la señora Olga Lucía Paredes Arana, quien, a sus 65 años, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que la sustitución de pensión como compañera permanent e, que está en discusión, busca suplir el apoyo económico que hasta fuerte (sic) le brindo Harold a Olga”.

3.4. El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago remitió correo electrónico22 en el que anotó que se atiene a la decisión que en derecho se profiera en este trámite tutelar, comoquiera que, según estimó “ la decisión que se encuentra vigente y contra la cual se entiende se dirige esta acción constitucional fue la que, en trámite de recurso de apelación , fue proferida en segunda instancia el 27 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión – que deci dió modificar la sentencia de primera instancia proferida por este despacho judicial”.

3.5. La subdirectora de defensa judicial pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), allegó escrito23 en el que solicitó que nieguen las pretensiones de la accionante.

21 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.

accionante.

21 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 22 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 23 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

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Sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo para solicitar el pago de derechos económicos pensionales y agregó que, en todo caso, la UGPP no es la competente para el pago pensional que se pretende con esta solicitud de amparo.

3.6. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada rindió informe24 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la accionante.

Aseveró que en la providencia cuestionada se realizó un análisis acucioso de las pruebas allegadas al proceso, tanto de los testimonios como de l os documentos, acatando los postulados normativos y jurisprudenciales para aplicables al caso concreto.

Adujo que “no pueden ser de recibos los cuestionamientos realizados por la parte actora, dado que la decisión emitida por la Sala Segunda de Decisión de este

acatando los postulados normativos y jurisprudenciales para aplicables al caso concreto.

Adujo que “no pueden ser de recibos los cuestionamientos realizados por la parte actora, dado que la decisión emitida por la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal se desarrolló de forma objetiva y fue fundamentada jurídica y probatoriamente. Distinto es que la de cisión, interpretación y la valoración probatoria que efectuó este Tribunal a la luz de la ley y la jurisprudencia aplicables al caso, haya sido contraria a los intereses procesales de la parte actora, lo cual no es ingrediente para suponer una violación a los derechos fundamentales alegados, pues en la sentencia se esgrimieron razones de peso para llegar a las conclusiones expuestas en dicho proveído”.

Agregó que “no puede admitirse que la parte actora pretenda convertir la acción de tutela en una tercera instancia, buscando revivir el proceso ordinario con cuestionamientos que ya fueron analizados y decantados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado , en sentencia del 2 de septiembre de 202525 declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Aseguró que la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate para hacer prevalecer su criterio interpretativo, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de las autoridades judiciales accionadas.

Agregó que la accionante no cumplió con una carga argumentativa suficiente que

prevalecer su criterio interpretativo, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de las autoridades judiciales accionadas.

Agregó que la accionante no cumplió con una carga argumentativa suficiente que evidencie la afectación de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que

24 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00. 25 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

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se limitó a indicar de manera general, sin referir expresamente las decisiones judiciales desconocidas, ni explicó qué pruebas fueron indebidamente valoradas.

Expuso que “la accionante limitó su reparo a cuestionar la decisión bajo una óptica interpretativa que difiere de la adoptada por la autoridad judicial, para lo cual expone unos planteamientos que no revisten un interés constitucional. Particularmente, examinado el escrito de la demanda de la acción de tutela se tiene que la accionante aduce como parte del desconocimiento del precedente que, en la decisión judicial, se aplicó de manera restrictiva el concepto de convivencia efectiva, toda vez que no se tuvo en cuenta l os lazos de afecto, auxilio mutuo, apoyo económico y

aduce como parte del desconocimiento del precedente que, en la decisión judicial, se aplicó de manera restrictiva el concepto de convivencia efectiva, toda vez que no se tuvo en cuenta l os lazos de afecto, auxilio mutuo, apoyo económico y acompañamiento espiritual que proporcionó al causante durante los dos últimos años de su vida y su rol como cuidadora. Esta inconformidad también fue planteada en el recurso de apelación y fue resuelta por el tribunal al aceptar que la accionante permaneció con el causante durante los dos últimos años, sin embargo, no encontró que esa permanencia se equiparara a una convivencia efectiva y consensuada”.

Adicionalmente, señaló que “similar suerte sigue la argumentación relacionada con la valoración inadecuada de las pruebas, para lo cual la accionante se centra en referir las razones que dan lugar a un defecto fáctico, alude que hubo un enfoque excesivo en la cohabitación física continua en los últimos cinco años y se desconoció su rol de cuidadora. El hecho de que la autoridad judicial no hubiese acogido los argumentos de la demandante para tener acreditado el derecho a la pensión de sobrevivencia no resulta indicativo de la configuración del mencionado defecto, y aun cuando en principio tales planteamientos no tienen relevancia constitucional del examen de la sentencia se verifica que el propósito de la accionante de reabrir el debate concluido”.

Indicó que “las presuntas circunstancias vulneradoras alegadas en el escrito de tutela son análogas a las que formuló con su vinculación en el proceso ordinario y en la apelación, mismos motivos que tan solo varían formalmente en yerros de contenido fáctico, los cuales fueron atendidos respectivamente por cada autoridad

tutela son análogas a las que formuló con su vinculación en el proceso ordinario y en la apelación, mismos motivos que tan solo varían formalmente en yerros de contenido fáctico, los cuales fueron atendidos respectivamente por cada autoridad judicial.

Finalmente, a rguyó que “la Sala no advierte un enfoque errado en la valoración probatoria determinada por la autoridad judicial, sino la ausencia de acreditación por parte de la accionante de la convivencia efectiva o simultanea con el causante. El tribunal valoró todas las prueba s en conjunto y concluyó que en el caso de la accionante no se acreditó el derecho pretendido, y no se ofrece por parte de la accionante, argumentos nuevos a los ya decididos por la autoridad judicial que ameriten la intervención de juez constitucional y que permitan tener por acreditada la relevancia constitucional”.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

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5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó26 manifestando lo siguiente:

“[…] El fundamento de esta impugnación radica en que el fallo de tutela erró al no reconocer que las decisiones de primera y segunda instancia, que le negaron el derecho a la pensión de sobreviviente a la señora Olga Lucia Paredes, incurrieron en un defecto fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional . Estas vulneraciones no son meras

negaron el derecho a la pensión de sobreviviente a la señora Olga Lucia Paredes, incurrieron en un defecto fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional . Estas vulneraciones no son meras discrepancias jurídicas, sino errores groseros y manifiestos que violaron sus derechos fundamentales al mínimo vital, a una vejez digna, a la seguridad social y al debido proceso con las garantías constitucionales.

(…)

2. Fundamentos de la Impugnación

El fallo de tutela que se impugna, al declarar la improcedencia de la acción, incurrió en un error al desestimar la gravedad de los defectos en que incurrieron las sentencias ordinarias. Contundentemente, las providencias judiciales demandadas vulneraron l os derechos fundamentales de la accionante por los siguientes motivos:

A. Defecto Fáctico por Valoración Errónea de las Pruebas

La decisión judicial de primera y segunda instancia incurrió en un defecto fáctico manifiesto al no valorar adecuadamente el conjunto probatorio allegado al proceso, particularmente los testimonios que daban cuenta de la convivencia simultanea (sic) y cuidado del causante. Si bien la sentencia reconoció la existencia de una relación con la otra reclamante, ignoró las pruebas que demostraban el vínculo de convivencia y dependencia de la señora Olga Lucia Paredes Arana con el fallecido por casi 40 años.

• El Juzgado y el Tribunal, si bien consideraron la declaración de la madre del causante y de sus hijos, quienes manifestaron que la señora Olga Lucía Paredes Arana lo cuidó durante su enfermedad hasta su muerte, no le dieron el peso probatorio suficiente a este hecho.

causante y de sus hijos, quienes manifestaron que la señora Olga Lucía Paredes Arana lo cuidó durante su enfermedad hasta su muerte, no le dieron el peso probatorio suficiente a este hecho.

• La valoración probatoria se centró en la existencia de un "proyecto de vida" con la otra demandante, pero desestimó que dicho proyecto no era exclusivo y que el vínculo de la accionante con el causante se remontaba a varias décadas y se mantuvo hasta el final de su vida.

El fallo de tutela concluyó que la valoración probatoria fue correcta y que no hubo un error ostensible, sino la simple ausencia de acreditación del derecho de la accionante. Sin embargo, la falta de acreditación es precisamente el resultado de la valoración defectuosa de las pruebas, ya que no se sopesó la totalidad de la relación con el causante, incluyendo la dependencia económica y el auxilio mutuo manifestados durante su enfermedad, lo cual constituye una forma de convivencia efectiva que la jurisprude ncia constitucional ha protegido.

26 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04850 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04850 01

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B. Desconocimiento del Precedente Constitucional

Las sentencias demandadas ignoraron la línea jurisprudencial consolidada de

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