CE - Sentencia 11001031500020250503301 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Demandante: MANUEL DE HOYOS FUENTES Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

CONFIRMA IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO

DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Síntesis del caso: los actores cuestionaron las providencias mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas, en el marco del medio de control de reparación directa, negaron las pretensiones encaminadas a obtener la reparación de los perjuicios por la muerte de un menor electrocutado por un cable eléctrico conectado de manera irregular. Se confirmará la decisión que declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues se advirtió que el interés es exponer su desacuerdo con la valoración probatoria del juez natural.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por

de septiembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Carlos de Hoyos Bertel, Edilma del Socorro Díaz Torres, Sandy Paola de Hoyos Díaz, Jesús Manuel de Hoyos Díaz, Alberto de Hoyos Bertel, Jorge Emiro de Hoyos Bertel, Orlina Bertel de Hoyos, Marcos Alejandro de Hoyos Bert el, Nohora Inés de Hoyos Bertel, Luis Roberto Díaz Torres, Gabriel Díaz Torres, William Alfredo Díaz Torres, María del Socorro Torres Julio, Jhon Fredy Díaz Torres, Inelsa del Carmen Díaz Torres, Pedro Díaz Torres y Alberto de Hoyos Montes, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2025, por intermedio de apoderado judicial, los señores Carlos de Hoyos Bertel, Edilma del Socorro Díaz Torres, Sandy Paola2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

de Hoyos Díaz, Jesús Manuel de Hoyos Díaz, Alberto de Hoyos Bertel, Manuel de Hoyos Fuentes, Jorge Emiro de Hoyos Bertel, Orlina Bertel de Hoyos, Marcos Alejandro de Hoyos Bertel, Nohora Inés de Hoyos Bertel, Luis Roberto Díaz Torres, Gabriel Díaz

Fuentes, Jorge Emiro de Hoyos Bertel, Orlina Bertel de Hoyos, Marcos Alejandro de Hoyos Bertel, Nohora Inés de Hoyos Bertel, Luis Roberto Díaz Torres, Gabriel Díaz Torres, William Alfredo Díaz Torres, Guillermo Díaz Gastelbondo, María del Socorro Torres Julio, Jhon Fredy Díaz Torres, Imelsa del Carmen Díaz Torres, Pedro Díaz Torres, Alberto de Hoyos Montes, Andy de Hoyos Alean, José Fernando de Hoyos Alean, Dayana Carolina de Hoyos, Estefany de Hoyos Mercado, Jorge Emiro de Hoyos Mercado y Andrés Felipe Londoño de Hoyos promovieron proceso de acción de tutela en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre para que le sean amparados sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 12 de septiembre de 2022 y 26 de febrero de 2025 , mediante las cuales se negaron las pretensiones en el proceso con radicación no. 7000133-33-009-2015-00016-02.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. De manera irregular, aproximadamente 200 personas, invadieron la Hacienda San Silvestre ubicada en el municipio de Tolú (Sucre) y conectaron unos cables a los postes de energía para tener dicho servicio.

1. El propietario de la hacienda presentó una querella de lanzamiento por ocupación de hecho ante la Alcaldía Municipal de Tolú contra personas indeterminadas.

de energía para tener dicho servicio.

1. El propietario de la hacienda presentó una querella de lanzamiento por ocupación de hecho ante la Alcaldía Municipal de Tolú contra personas indeterminadas.

1. Mediante Resolución no. 0101 del 27 de febrero de 2014, dicha autoridad ordenó desalojar a los ocupantes en diligencia que se realizaría el 28 de febrero de 2014, no obstante, dicha diligencia no se realizó en tal fecha.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

1. El 27 de abril de 2014, un menor (xxxx1), familiar de los aquí actores, caminaba por la zona con varios amigos y pisó un cable de alta tensión que se hallaba en el suelo, razón por la cual murió electrocutado.

1. Los actores presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el municipio de Tolú y la empresa ELECTRICARIBE SA ESP (en lo sucesivo Electricaribe), para que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños causados como consecuencia de la falla del servicio generada por el incumplimiento d el acto administrativo que ordenó el desalojo de manera inmediata y la falta de seguimiento, control y sanción por las conexiones eléctricas irregulares, sumado a la ausencia de señalización preventiva.

1. Mediante providencia del 12 de septiembre de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo declaró probadas las excepciones de “ causa extraña, ausencia y ruptura del nexo de causalidad entre el hecho y la conducta del

1. Mediante providencia del 12 de septiembre de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo declaró probadas las excepciones de “ causa extraña, ausencia y ruptura del nexo de causalidad entre el hecho y la conducta del municipio de Santiago de Tolú, Ausencia total de culpa y culpa exclusiva de un tercero” propuestas por el municipio y negó las súplicas de la demanda, con base en que tanto la Policía Nacional como el ente territorial desplegaron la actividad necesaria para dar trámite a la querella presentada ante la invasión y, por su parte, Electricaribe no era responsable por la conexión irregular de la conexión eléctrica de los invasores.

1. Los demandantes apelaron con base en que el municipio de Tolú contestó de manera extemporánea la demanda, por lo que su respuesta no debía valorarse, al tiempo que reiteraron la responsabilidad de la Policía Nacional por cuanto esta debía garantizar el cumplimiento de la Resolución no. 0101 del 27 de febrero 2014, esto es, ejecutar el desalojo, sin embargo, la diligencia fue postergada en varias ocasiones y ello conllevó al resultado desafortunado.

1. A través de fallo del 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la decisión por considerar que la causa del daño consistente en la electrocución del menor era atribuible a terceras personas, pues, de acuerdo con la declaración de un ingeniero electricista y jefe de mantenimiento de la empresa Electricaribe de redes de

1 Su nombre fue suprimido desde el proceso ordinario, para garantizar la protección de los derechos del menor.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros

1 Su nombre fue suprimido desde el proceso ordinario, para garantizar la protección de los derechos del menor.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

medida y baja tensión en el sector de Sucre, dicha empresa únicamente tiene responsabilidad en la guarda de las redes eléctricas que han sido construidas por el municipio y no de aquellas que se instalaron de forma ilegal y/o fraudulenta como ocurrió en este caso, de modo que el resultado era absolutamente imprevisible e irresistible.

Fundamento de la vulneración

Por una parte, los accionantes cuestionaron las providencias del 12 de septiembre de 2022 y 26 de febrero de 2025, con base en los siguientes argumentos:

El tribunal no tuvo en cuenta que el testigo manifestó que Electricaribe no tiene el personal suficiente para vigilar las irregularidades que se cometen con las redes eléctricas, que no existe planeación en el municipio de Tolú y que era su responsabilidad velar porque no se cometieran tales irregularidades en el predio donde ocurrieron los hechos.

Aunque mediante Resolución no. 0010 del 27 de febrero de 2014 se ordenó el desalojo y se fijó fecha para esa diligencia la Administración hizo caso omiso, por tanto, no se evitó el peligro que representaba para la comunidad la conexión de redes eléctricas conectadas de manera arbitraria.

El juzgado fundamentó su decisión en la contestación de la demanda y en las excepciones propuestas de causa extraña, ausencia y ruptura del nexo de causalidad, ausencia total de culpa y culpa exclusiva de un tercero por el municipio, a pesar de que

El juzgado fundamentó su decisión en la contestación de la demanda y en las excepciones propuestas de causa extraña, ausencia y ruptura del nexo de causalidad, ausencia total de culpa y culpa exclusiva de un tercero por el municipio, a pesar de que dicha contestación fue presentada de manera extemporánea, de manera que no podían ser valoradas ni tenidas en cuenta dentro del proceso.

Por su parte, el tribunal advirtió y reconoció el error cometido por el a quo al sustentar la denegación de las pretensiones en pruebas y excepciones extemporáneas, sin embargo, pese a identificar dicha irregularidad, no adoptó ninguna corrección ; por el contrario, confirmó la decisión, en omisión de los argumentos, pruebas y fundamentos expuestos por la parte demandante relacionados con el incumplimiento del acto administrativo que ordenó realizar de manera inmediata la diligencia de lanzamiento el 28 de f ebrero de 2014, configurándose un defecto fáctico.5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

Adicionalmente, se omitió la designación, mediante sorteo, de un conjuez para conformar el mínimo de miembros necesarios para deliberar y decidir , ya que la sentencia de segunda instancia fue tomada únicamente por dos magistrados, con la presencia de la magistrada impedida porque había conocido el caso en primera instancia, lo cual es configurativo de un defecto procedimental.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“Le solicito a tan selecto grupo que compone a tan excelentísima Magistratura,

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“Le solicito a tan selecto grupo que compone a tan excelentísima Magistratura, se revise minuciosamente los hechos acaecidos y que son motivo de este reclamo constitucional, para que conceda el amparo Constitucional solicitado, y en consecuencia a ello se ordene que la entidad accionada, tome los correctivos necesarios y que ha bien estime pertinentes, con el fin de garantizar los derechos conculcados, por haberse transgredido o vulnerado los derechos de mis poderdantes al DEBIDO PROCESO, a la DEFENSA LA SE GURIDAD JURIDICA, CONFIANZA LEGITIMA, IGUALDAD Y A LA BUENA FE. En consecuencia , como se encuentran estructurados los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se ordene que el Estado asuma su responsabilidad y en consecuencia reparar el daño antijurídico causado al menor LUIS CARLOS HOYOS DIAZ el 27 de abril de 2014 al ser electrocutado por un cable de alta tensión ubicado en una invasión de la hacienda San SilvestreTolú-Sucre, como consecuencia en la falla del servicio, al omitir de manera urgente e inmediata el cumplimiento del acto administrativo No.0101 del 27 de Febrero de 2014, en el cual se ordenó realizar la diligencia de lanzamiento el 28 de Febrero de 2014 a partir de las 3 p.m”.

Actuación procesal

Mediante auto del 19 de agosto de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al Tribunal

Actuación procesal

Mediante auto del 19 de agosto de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y, vinculó como tercero con interés, a Edilma del Socorro Díaz Torres, Sandy Paola de Hoyos Díaz, Jesús Manuel de Hoyos Díaz, Alberto de Hoyos Bertel, Manuel de Hoyos Fuentes, Jorge Emiro de Hoyos Bertel, Orlina Bertel de Hoyos, Marcos Alejandro de Hoyos Bertel, Nohora Inés de Hoyos Bertel, Luis Roberto Díaz Torres, Gabriel Díaz Torres, William Alfredo Díaz Torres, Guillermo Díaz Gastelbondo, María del Socorro Torres Julio, Jhon Fredy Díaz Torres, Imelsa del Carmen Díaz Torres, Pedro Díaz Torres, Alberto de Hoyos Montes, Andy de Hoyos Alean, José Fernando de Hoyos Alean, Dayana Carolina de Hoyos, Estefany de Hoyos Mercado, Jorge Emiro de Hoyos Mercado y Andrés Felipe Londoño de Hoyos, así como a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

Nacional, Municipio de Tolú (Sucre), Electricaribe SA ESP en liquidación y MAPFRE Seguros Generales de Colombia SA, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección

Seguros Generales de Colombia SA, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tras considerar que la intención de la parte actora era reabrir un debate resuelto en sede ordinaria porque no se encontraba de acuerdo con las decisiones adoptadas en ambas instancias.

Además, no se formularon cuestionamientos claros, directos y fundamentados que explicaran cómo dicha sentencia vulneró sus derechos fundamentales; en todo caso, expuso que el nombre de magistrada Escudero Barboza en la providencia de segunda instancia está proseguido de la frase “con impedimento aceptado”; la supresión de nombres de menores de edad se hizo como medida para garantizar sus derechos; y en la demanda de tutela no se identificaron las pruebas que supuestamente se dejaron de valorar.

Impugnación

La parte actora impugnó y manifestó en ningún momento su intención fue reabrir el debate zanjado o que se revisen las decisiones judiciales, sino que se protegieran sus derechos constitucionales transgredidos por “errores judiciales”.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela,2) delimitación del asunto, 3) el caso concreto.

invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela,2) delimitación del asunto, 3) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

Delimitación del asunto

En primer lugar, la Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente contra las providencias del 12 de septiembre de 2022 y 26 de febrero de 2025, el análisis se limitará a los reparos formulados en contra de la segunda, debido a que fue la que finalizó el proceso y, ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido, la autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería el Tribunal Administrativo de Sucre, por lo tanto, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo

la autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería el Tribunal Administrativo de Sucre, por lo tanto, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido por dicha autoridad judicial.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo de Sucre con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 26 de febrero de 2025.

En primera instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, decisión que la parte actora impugnó.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, por las siguientes razones:8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientad os a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

2 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había

manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales4”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional

3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional

3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido

asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.5

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la C orte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni r eabrir litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en

5 Ídem.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

5 Ídem.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05033-01

Actor: Manuel de Hoyos Fuentes y otros Acción de tutela

desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128

arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 2019, esta hipótesis12 E