CE - Sentencia 11001031500020250504100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

Demandante: María Deicy Yanguma Bautista

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

Demandante: MARÍA DEICY YANGUMA BAUTISTA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, DEFECTO SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – Se analizan conjuntamente a la luz del desconocimiento del precedente, dado que hacen referencia a un argumento común ; en todo caso, se descarta su configuración en el asunto bajo examen.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Deicy Yanguma Bautista contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

Bautista contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 14 de agosto de 20251, la señora María Deicy Yanguma Bautista interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la igualdad , con motivo de la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-013-2022-0016201. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1.- Que se ordene estudiar y desvirtuar cada uno de los derechos fundamentales citados como violados y en caso negativo porque no se presentaría la violación. Lo anterior porque en muchas tutelas se citan como la no violación de algunas normas citadas como violadas y no se estudian las otras normas violando el derecho de defensa.

2-. Que se ordene Tutelar el derecho fundamental del ACIONANTE a la a la seguridad social, el principio de favorabilidad e irrenu nciabilidad de los derechos laborales, derecho a la igualdad, derechos adquiridos, a la

1 Se advierte que el 15 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

Demandante: María Deicy Yanguma Bautista

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Demandante: María Deicy Yanguma Bautista

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 progresividad y no regresividad de los derechos laborales, la inescindibilidad de la norma, defecto sustantivo, violación del precedente constitucional vertical y por violación directa de la constitución Art. 1, 13, 29, 48, 53 y demás normas citadas.

3.- Como consecuencia de lo anterior, Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi mandante de conformidad con sentencias de la H. Corte Constitucional Sentencias SU-769 de 2014, SU-057 de 2018, SU-317 de 2021, SU-273 de 2022 y SU -049/24 y del H. Consejo De Estado Sección Segunda Sub Sección A en Sentencia del 13 de febrero de 2014, C. Pte. Dr. (a) Alfonso Vargas Rincón Exp: 25000 -23-25-000-2012-01566-01(1676-13) Demandante: Nepomuceno Carreño Remolina - Ddo. : Instituto de Seguros Sociales I.S.S. al resolver un recurso de apelación confirma el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó liquidar la pensión de vejez con el 90% de los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicios.

2. De la demanda de tutela , de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicios.

2. De la demanda de tutela , de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora María Deicy Yanguma Bautista nació el 7 de abril de 1959 y cotizó un total de 1.774 semanas.

4. Cuando empezó a regir la Ley 100 de 1993 la accionante tenía más de 35 años y, en consecuencia, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de ese estatuto.

5. Mediante la Resolución No. GNR 118693 del 27 de abril de 2015, se reconoció pensión a favor de la accionante y se dejó en suspenso hasta que se acreditara el retiro definitivo del servicio.

6. La demandante considera que es beneficiaria del régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990) y, por ende, reclamó ante COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de jubilación con una tasa de reemplazo del 90 %.

7. Mediante la Resolución No. SUB 276792 del 20 de octubre de 2021, COLPENSIONES reliquidó la prestación de la actora, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el IBL de los últimos 10 años cotizados al cumplimiento de los requisitos y aplicando lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, con efectividad a partir del 1° de julio de 2016.

8. Agotada la vía administrativa sin obtener respuesta favorable de la entidad de

cumplimiento de los requisitos y aplicando lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, con efectividad a partir del 1° de julio de 2016.

8. Agotada la vía administrativa sin obtener respuesta favorable de la entidad de previsión frente al incremento de la tasa de reemplazo del 90 %, la interesada ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se repartió en primera instancia al Juzgado 13 Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 31 de mayo de 2023, denegó las pretensiones de reliquidación pensional.

9. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B , la confirmó, por considerar que la accionante no es destinataria del régimen pensional previsto en el Decreto 758 de 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

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10. La parte actora a firmó que la tutela es procedente porque cumple con los requisitos generales para ello ; además, invocó las siguientes causales específicas

de procedencia, o defectos:

11. Sustantivo. La autoridad judicial inaplicó el Acuerdo 049 de 1990, fundada en la exigencia de la afiliación al ISS con anterioridad al 30 de junio de 1995 (entrada en vigor de la ley 100 de 1993), la cual es errada porque no se encuentra estipulada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni en el Acuerdo 049 de 1990, amén de que

en vigor de la ley 100 de 1993), la cual es errada porque no se encuentra estipulada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni en el Acuerdo 049 de 1990, amén de que fue descartada por la Corte Constitucional en las sentencias SU -769 de 2014, SU317 de 2021, SU-273 de 2022 y SU-049 de 2024.

12. Desconocimiento del precedente jurisprudencial . La providencia cuestionada inaplicó la orientación sentada por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU -796 de 2014, SU-057 de 2018, SU -317 de 2021, SU273 de 2022 y SU-049 de 2024, según la cual:

(i) el principio de favorabilidad en sentido amplio admite para efectos de acreditar los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, acumular aportes hechos al ISS (los cuales antes de la Ley 100 de 1993 eran mayoritariament e semanas en el sector privado) con tiempo de servicio prestado a entidades del Estado que tenían a su cargo el reconocimiento directo de las prestaciones sociales o semanas aportadas a fondos o cajas de previsión; y, adicionalmente, (ii) la acumulación de supuestos entre distintos fondos, regímenes pensionales o tiempos de servicio públicos y privados para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, no puede condicionarse a que los beneficiarios del régimen de transición estuvieran afiliados al ISS para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

13. Así mismo, se desconocieron las sentencias del 2 de marzo de 20232 y del 9

estuvieran afiliados al ISS para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

13. Así mismo, se desconocieron las sentencias del 2 de marzo de 20232 y del 9 de junio de 20223, proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la s cuales la Corporación se refirió a la posibilidad de reliquidar la pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta, para ello, los tiempos públicos no cotizados al ISS.

14. Violación directa de la Constitución . La autoridad judicial vulneró los derechos de igualdad, al debido proceso y a la seguridad social consagrados en los artículos 13, 29 y 48 constitucionales; al tiempo que desconoció la aplicación de la interpretación más favorable de la norma, conforme a lo establecido en el artículo 53 superior.

B. Trámite impartido e intervenciones

15. Mediante auto de 20 de agosto de 2025, se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como tercero con interés, al presidente de COLPENSIONES. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

2 Radicado: 25000-23-42-000-2018-01596-01. 3 Radicado: 25000-23-42-000-2017-04953-01 (0907-2021).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

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16. El magistrado ponente de la decisión censurada afirmó que la señora María Deicy Yanguma Bautista no reúne los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que dicho estatuto se aplica a los trabajadores particulares, y la actora reporta cotizaciones en todo tiempo como empleada pública y , por consiguiente, al ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es destinataria del estatuto pensional anterior: Ley 33 de 1985.

17. Señaló que la tutela no cumple los requisitos de procedibilidad para censurar una providencia judicial y que, en todo caso, no se avizora vulneración a derecho fundamental alguno, por lo que solicitó denegar el amparo solicitado.

18. La directora de acciones constitucionales de COLPENSIONES solicitó que se declare la nulidad a partir de la notificación, dado que al mensaje de datos enviado al correo de notificación no se adjuntó copia de la dema nda, y la misma tampoco pudo ser consultada en la plataforma SAMAI, razón por la cual fue imposible ejercer el derecho de defensa al no conocer los hechos que motivaron la solitud de amparo.

19. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es

oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

21. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. S olo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza de la señora

María Deicy Yanguma Bautista.

E. Análisis de la Sala

Asunto previo

22. En el presente asunto, COLPENSIONES, citada como tercera interesada, solicita que se declare la nulidad a partir de la notificación del auto admisorio, en tanto no se adjuntó al mensaje de datos la copia de la demanda de tutela, lo que, a su juicio, impidió el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

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23. No obstante, revisada la plataforma SAMAI 4, se verificó que, en el correo electrónico enviado a la entidad para efectos de la notificación, la Secretaría indicó el enlace para visualizar el respectivo expediente, el cual, una vez consultado, da acceso directo a la totalidad del proceso digitalizado y cargado en la plataforma SAMAI, por lo que la solicitud de nulidad no tiene vocación de prosperidad.

Requisitos generales de procedibilidad

24. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 26 de junio de 2025 y la tutela se instauró el 14 de agosto siguiente, es decir, dentro de un término razonable.

25. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza5. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 6, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación de l Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»7.

26. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron

dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»7.

26. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

27. Relevancia constitucional . La Sala encuentra satisfecha esta exigencia, dado que los cargos se encuentran suficientemente argumentados y la accionante explicó, con total claridad, las ra zones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, los cuales son tradicionalmente relevantes en la institución de la acció n de tutela, sin que se advierta la finalidad de convertir este juicio de amparo constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario.

4 SAMAI, índice 0008. 5 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…).

sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentenc ia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 6 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional. 7 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

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28. Adicionalmente, se advierte que también se cumplió con la carga argumentativa mínima en relación con los defectos alegados, así:

• Desconocimiento del precedente : expuso con claridad cuáles son las providencias que conforman el precedente que, a su juicio, el Tribunal accionado dejó de aplicar en la sentencia censurada, pese a que era vinculante.

• Sustantivo y Violación directa de la Constitución: citó con claridad las cláusulas

dejó de aplicar en la sentencia censurada, pese a que era vinculante.

• Sustantivo y Violación directa de la Constitución: citó con claridad las cláusulas superiores supuestamente quebrantadas y la disposición legal que, a su juicio , se dejó de aplicar, y que acompasada con la orientación jurisprudencial, para la aplicación del Decreto 758 de 1990, no se hace exigible la vinculación del trabajador al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, amén de que es viable a cumular las semanas cotizadas al ISS y a otras Cajas de Previsión Social, para efectos de incrementar la tasa de reemplazo.

Caso concreto y solución del problema jurídico

29. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial censurada, pasa la Sala a pronunciarse sobre los defectos invocados, en aras de establecer si la Sección Segunda, Subsección B , del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en ellos.

30. Recuérdese que la parte actora reprocha la sentencia cuestionada con base en un argumento transversal a los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución: que se le negó la reliquidación de la pensión c on un incremento de 90 % en la tasa de reemplazo, conforme al Decreto 758 de 1990, por considerar que, para esos efectos, tenía que haberse afiliado al ISS con anterioridad al 30 de junio de 1995 (entrada en vigor de la Ley 100 de 1993), y que no es viable la acumulación de semanas cotizadas al

haberse afiliado al ISS con anterioridad al 30 de junio de 1995 (entrada en vigor de la Ley 100 de 1993), y que no es viable la acumulación de semanas cotizadas al ISS y en otras Cajas de Previsión Social, cuando, a su juicio, existe reiterada jurisprudencia que establece lo contrario. Por lo anterior, la Sala abordará el estudio de la controversia a la luz del desconocimiento del precedente.

31. Para determinar si una providencia judicial desconoció el precedente, ya sea horizontal o vertical, es necesario: i) determinar la existencia de un precedente o grupo de precedentes aplicable y distinguir las reglas de decisión contenidas en ellos; ii) constatar que la providencia judicial cuestionada debió tener en cuenta ese precedente o grupo de precedentes para no incurrir en un desconocimiento del principio de igualdad; y iii) verificar si existieron razones fundadas para apartarse del precedente.

32. En orden a establecer si la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente, es pertinente traer a colación el análisis realizado por la autoridad judicial accionada, de cara a l derecho reclamado por la señora María Deicy Yag uma Bautista y la aplicación de las disposiciones normativas y jurisprudencia vigentes en la materia. Así discurrió el Tribunal en la sentencia del 26 de junio de 2025:Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

Demandante: María Deicy Yanguma Bautista

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 iii) Caso concreto. Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, ha de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 iii) Caso concreto. Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, ha de precisarse qu e la demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. i) SUB 276792 del 20 de octubre de 2021, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión, sin tener en cuenta el 90% de todos los factores salariales sobre los cuales cotizó en las últimas 100 semanas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

Por su parte, la entidad demandada, adujo que no se puede acceder a las pretensiones de la demanda toda vez que, la demandante no acreditó que hubiese laborado para el ISS hoy Colpensiones y que por ello al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la normativa que le aplica es la co ntenida en la Ley 33 de 1985. Así mismo, cuando inició a cotizar en el ISS hoy Colpensiones, esto es, el 1° de julio de 2009, el Acuerdo 049 de 1990 ya había sido derogado por la Ley 100 de 1993; luego entonces, afirmó que la accionante no acreditó los req uisitos para que la pensión de vejez de la cual es beneficiaria le sea reliquidada conforme a las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

afirmó que la accionante no acreditó los req uisitos para que la pensión de vejez de la cual es beneficiaria le sea reliquidada conforme a las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Ahora bien, revisado el expediente observa la Sala, que la señora María Deicy Yanguma Bautista, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que para el 30 de junio de 1995 (fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los empleados de carácter distrital o departamental) contaba con 36 años, 2 meses y 23 días de edad, pues nació el día 07 de abril de 1959.

Igualmente, se tiene que durante su vida laboral (1.864 semanas cotizadas), la señora Yanguma Bautista prestó sus servicios y efectuó cotizaciones, en el sector público, efectuó cotizaciones al entonces Instituto de Seguros Sociales y a entidades diferentes a éste, durante su labor en el Hospital Santa Clara E.S.E., así: i) desde el 1° de octubre de 1980 hasta el 30 de agosto de 2009, a la Caja Nacional de Previsi ón Social actualmente Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) ydesde el 01 de julio de 2009 hasta el 1° de julio de 2016, al Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

En virtud de lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a través de la Resolución No. GNR 118693 del 27 de abril de

Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

En virtud de lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a través de la Resolución No. GNR 118693 del 27 de abril de 2015, reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez a la señora María Deicy Yanguma Bautista, bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003, con una tasa de reemplazo del 78.13%, en cuantía de $1.125.523, acreditando un total de 1.793 semanas, quedando condicionada al retiro definitivo del servicio; en tal sentido, al acreditarse el retiro definitivo de la demandante.

Posteriormente, la demandante solicitó la reliquidación de su mesada pensional, conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, aplicando una cuantía del 90% sobre los factores semanales sobre los cuales co tizó en las últimas cien (100) semanas; en respuesta a dicha petición, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) expidió la Resolución No. GNR 236662 del 11 de agosto de 2016, se reconoció el pago de la prestación pensional a partir del 1° d e julio de 2016, en valor de $932.811, refiriendo un total de 1.774 semanas cotizadas, prestación que fue posteriormente reliquidada mediante la Resolución No. SUB 276792 del 20 de octubre de 2021, por valor de $1.125.523 a partir del 1° de julio de 2016, con un ingreso base de liquidación promedio de los últimos diez (10) años de servicios y una tasa de reemplazo

$1.125.523 a partir del 1° de julio de 2016, con un ingreso base de liquidación promedio de los últimos diez (10) años de servicios y una tasa de reemplazo de 78.13%, conforme a la Ley 797 de 2003; sin embargo, el referido reajuste no se realizó conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

Demandante: María Deicy Yanguma Bautista

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 del mismo año, pues la entidad consideró que no se cumplían los requisitos para ello, como quiera que no acreditó el número de semanas mínimas requeridas, pues únicamente acumuló 315 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones, siendo las únicas cotizaciones computables, decisión que fue confirmada por la Resolución No. DPE 622 del 21 de enero de 2022.

Posteriormente, la demandante solicitó la reliquidación de su mesada pensional, conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, aplicando una cuantía del 90% sobre los factores semanales sobre los cuales cotizó en las últimas cien (100) semanas; en respuesta a dicha petición, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) expidió la Resolución No. GNR 236662 del 11 de agosto de 2016, se reconoció el pago de la prestación pensional a partir del 1° de julio de 2016, en valor de $932.811, refiriendo un total de 1.774 semanas

2016, se reconoció el pago de la prestación pensional a partir del 1° de julio de 2016, en valor de $932.811, refiriendo un total de 1.774 semanas cotizadas, prestación que fue posteri ormente reliquidada mediante la Resolución No. SUB 276792 del 20 de octubre de 2021, por valor de $1.125.523 a partir del 1° de julio de 2016, con un ingreso base de liquidación promedio de los últimos diez (10) años de servicios y una tasa de reemplazo de 78.13%, conforme a la Ley 797 de 2003; sin embargo, el referido reajuste no se realizó conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues la entidad consideró que no se cumplían los requisitos para ello, como quiera que no ac reditó el número de semanas mínimas requeridas, pues únicamente acumuló 315 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones, siendo las únicas cotizaciones computables, decisión que fue confirmada por la Resolución No. DPE 622 del 21 de enero de 2022.

Ahora, se tiene que poniendo de presente lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, en lo que se refiere a los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición, para la fecha de entrada en vigencia del mismo, esto es, 25 de julio de 2005, la demandante acreditaba 1293 semanas cotizadas para pensión (superando las 750 semanas exigidas), lo que hizo que se mantuviera la transición hasta el 31 de diciembre de 2014, permitiéndole ser beneficiaria de la disposición establecida en el Decreto 758 de 1990, toda vez

para pensión (superando las 750 semanas exigidas), lo que hizo que se mantuviera la transición hasta el 31 de diciembre de 2014, permitiéndole ser beneficiaria de la disposición establecida en el Decreto 758 de 1990, toda vez que cumplió los 55 años de edad el 7 de abril de 2014.

Por lo anterior, se advierte que la señora María Deicy Yanguma, pese a que se encuentra en el régimen de transición, no reúne los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad; toda vez que este se aplica a los trabajadores particulares, pero en el presente caso de las pruebas aportadas tenemos que todas las cotizaciones realizadas por la demandante fuer on realizadas como empleada p ública de la E.S.E. Hospital Santa Clara, donde no se probó ni una sola semana al sector privado por lo tanto daba su calidad de empleada pública, solo podría ser beneficiaria de la pensión con base en el régimen pensional anterior al cual se encontraba afiliada, que en su caso era el de la Ley 33 de 1985, tal como le fue reconocido.

En consideración a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia recurrida, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda incoadas por la s eñora María Deicy Yanguma Bautista en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, como quiera que resulta improcedente la pretensión de la reliquidación de su pensión de vejez, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90%, puesto que en el presente caso la demandante María Deicy Yanguma Bautista, solo realiz ó cotizaciones como empleada

pretensión de la reliquidación de su pensión de vejez, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90%, puesto que en el presente caso la demandante María Deicy Yanguma Bautista, solo realiz ó cotizaciones como empleada pública, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05041-00

Demandante: María Deicy Yanguma Bautista

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

33. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal accionado efectuó un análisis estricto del marco normativo aplicable al caso concreto y , respaldado en pronunciamientos jurisprudenciales, acogió la tesis según la cual la acumulación de tiempos cotizados en el ISS y otras Cajas de Previsión Social s olo es viable para efectos del reco