CE - Sentencia 11001031500020250504200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Accionante: JUAN PABLO PALACIOS ROBAYO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa para obtener incremento de la indemnización de perjuicios de soldado conscripto. Desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Juan Pablo Palacios Robayo, quien actúa a nombre propio, contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de agosto de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Primero-. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la

administración de justicia y al debido proceso , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Primero-. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Segundo-. DECLARAR que la providencia dictada el 16 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, violó los artículos 229 y 29 de la Constitución Política de Colombia.

Tercero-. ORDENAR la revisión de la providencia dictada el 16 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Cuarto-. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que liquide el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante utilizando las fórmulas que usualmente utiliza el Consejo de Estado para cuantificar este perjuicio”.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela y de los documentos aportados al proceso, se tienen como hechos relevantes los siguientes:2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Demandante: Juan Pablo Palacios Robayo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El señor Juan Pablo Palacios Robayo fue incorporado al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio y fue asignado al Batallón de Apoyo y Servicios para la Educación Militar -BASEM-.

www.consejodeestado.gov.co

El señor Juan Pablo Palacios Robayo fue incorporado al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio y fue asignado al Batallón de Apoyo y Servicios para la Educación Militar -BASEM-.

El 4 de diciembre de 2019, el señor Palacios Robayo sufrió un accidente mientras se encontraba realizando funciones de centinela en el depósito de intendencia, cuando se tropezó con un cableado que se encontraba en el suelo y tuvo una fractura de la diáfisis del humero izquierdo , motivo por el cual se diligenció informativo administrativo por lesiones 015 de 27 de septiembre de 2019, en el que se consignó que los hechos fueron catalogados como en servicio por causa y razón del mismo.

Como consecuencia de lo anterior, Juan Pablo Palacios Robayo junto con su grupo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonial mente responsable por los perjuicios ocasionados por el accionante que sufrió mientras prestó el servicio militar obligatorio.

El accionante refirió que el proceso de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-063-2022-00090-02, correspondió, en primera instancia , al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá que, por sentencia de 27 de enero de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a las entidades demandadas a pagar en favor de los demandantes los perjuicios morales.

Sostuvo que luego de radicar recurso de apelación contra e l fallo de primera

entidades demandadas a pagar en favor de los demandantes los perjuicios morales.

Sostuvo que luego de radicar recurso de apelación contra e l fallo de primera instancia, tras considerar que el a quo desconoció la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, frente al reconocimiento por perjuicios morales, materiales y daño a la salud , la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 16 de mayo de 2025 , modificó la decisión para aumentar el quantum indemnizatorio de los perjuicios morales y accedió al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y por concepto de daño a la salud. La parte resolutiva de la sentencia objetada estableció lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 27 de enero de 2025 por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá – Sección Tercera, por las razones expuestas en la parte considerativa, el cual quedará de la siguiente manera:

SEGUNDO: Condénese a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a reconocer por concepto de perjuicios morales, a favor de los demandantes las

siguientes sumas de dinero:

SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida el 27 de enero de 2025 por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá – Sección Tercera, en su lugar, efectuar reconocimiento favor de la víctima directa por concepto de perjuicios materiales y daño a la salud, el cual quedará así:

Bogotá – Sección Tercera, en su lugar, efectuar reconocimiento favor de la víctima directa por concepto de perjuicios materiales y daño a la salud, el cual quedará así:

CUARTO: CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar en favor de Juan Pablo Palacios Robayo, las siguientes sumas de dinero:3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Demandante: Juan Pablo Palacios Robayo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, lo equivalente a CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($46157.183,oo)

M/CTE.

• Por conceto de daño a la salud, lo equivalente a VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: CONFIRMAR los demás numerales de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 27 de enero de 2025 por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá – Sección Tercera, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

CUARTO: TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva.

QUINTO: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dará cumplimiento de la

CUARTO: TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva.

QUINTO: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dará cumplimiento de la presente sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8

SEXTO: Por Secretaría de la Sección NOTIFICAR el presente proveído de acuerdo con el artículo 203 del CPACA, en forma personal a través de mensaje dirigido al buzón de correo electrónico, según lo disponen los artículos 197 y 198 ibídem, en concordancia con lo referido por el artículo 52 de la Ley 2080 de 20219, para lo cual, se tendrán en cuenta los correos proporcionados por los intervinientes, así: al demandante: jalmanzat@hotmail.com,

abogadosasociadoscyj@gmail.com y a la demandada: jfelipeotero@hotmail.com, juan.otero@mindefensa.gov.co, Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co; igualmente se notificará al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada esta providencia, previas las anotaciones secretariales de rigor, DEVOLVER el expediente al juzgado de origen”.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 16 de mayo de 2025, en la que la autoridad judicial accionada modificó el fallo favorable de primera instancia en el sentido de incrementar los valores reconocidos por perjuicios morales y

justicia, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 16 de mayo de 2025, en la que la autoridad judicial accionada modificó el fallo favorable de primera instancia en el sentido de incrementar los valores reconocidos por perjuicios morales y ordenar el pago de perjuicios morales en la modalidad de lucro cesante y el daño a la salud, en el marco del medio de control de reparación directa que promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados de las lesiones que sufrió el señor Juan Pablo Palacios Robayo, mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

Manifestó que cumple con el requisito de relevancia constitucional, al considerar que la autoridad judicial accionada al liquidar el lucro cesante consolidado desde el momento en que se realizó la Junta Médica Laboral y al decidir no condenar en costas y agencias en derecho en segunda instancia , vulneró los derechos que invoca.

En su criterio, la sentencia objetada incurre en (i) desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ha sido pacífica en sostener que para liquidar el lucro cesante consolidado en caso de lesiones que sufrieron soldados conscriptos, se debe tener en cuenta la fecha en la que terminó la prestación del servicio militar obligatorio y no a partir de la expedición del acta de la Junta Médica Laboral.

Como precedente judicial, citó las siguientes sentencias:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, septiembre diez (10) de dos mil catorce (2014), exp. 520012331000200100299 02 (32.421).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, septiembre diez (10) de dos mil catorce (2014), exp. 520012331000200100299 02 (32.421).

M.P. Hernán Andrade Rincón.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Demandante: Juan Pablo Palacios Robayo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, exp. 52001 -23-31-000-2008-00389-02 (52203), sentencia del 10 de junio de 2022, M.P: Jaime Enrique Rodríguez Navas. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp. 73001-23-31-000-2011-00087-01 (58.922), sentencia del diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022), M.P: José Roberto Sáchica Méndez. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2013, exp. 50001-23-31-000-2000-00031-01(29088), CP: Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 26 de abril de 2018, exp. 41.203. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B,

Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 26 de abril de 2018, exp. 41.203. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia del dos (2) de agosto dos mil veinticuatro (2024), exp. 41001 -23-31-000-201000722-01 (58141). M.P. Martín Bermúdez Muñoz

Sobre las sentencias referenciadas, la parte manifestó que se abordaron casos en los que se estableció que, cuando se trata del reconocimiento del lucro cesante consolidado en los casos de so ldados conscriptos se debe calcular el periodo indemnizable a partir de la fecha del retiro del servicio y no de la expedición del acta de la Junta Médico Laboral.

En ese contexto, afirmó que en la decisión de segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no expuso algún motivo para apartarse de la línea vigente, clara, concisa, pacífica y estable del Consejo de Estado , sobre el periodo indemnizable del lucro cesante consolidado, en los casos en los que se ha declarado probada la responsabilidad del Estado por la lesiones sufridas por soldados conscriptos, mientras prestaban el servicio militar obligatorio.

Por otro lado, sostuvo que en la sentencia objeto de reproche se indicó que no había lugar a condenar en costas de segunda instancia y agencias en derecho a la parte demandante, teniendo en cuenta que la norma vigente dispone “dispone que el juez podrá abstenerse de imponerlas cuando prosperen las pretensiones, por lo tanto, dada la prosperidad parcial de la alzada, se inhibe de imponerse las mismas”.

podrá abstenerse de imponerlas cuando prosperen las pretensiones, por lo tanto, dada la prosperidad parcial de la alzada, se inhibe de imponerse las mismas”.

Sobre ese punto, manifestó que dicha decisión es violatoria de sus derechos fundamentales, en tanto “existe una indebida valoración probatoria y además se desconoce la realidad del proceso de reparación directa”.

En ese sentido, indicó que el recurso de apelación que presentó frente a la decisión de primera instancia logró su fin, en tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aumentó los montos reconocidos por concepto de perjuicios morales y ordenó el pago de otras sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño a la salud.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue acogido en su totalidad, aseveró que no era posible considerar que se trató de una prosperidad parcial del recurso, como equivocadamente lo indicó la autoridad judicial accionada.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, a las señoras Yudy Luzney Robayo Reinoso y Elizabeth Reinoso de Robayo y a los señores Junier Jahair Banquez Robayo, José Uriel Robayo González, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en

Administrativo del Circuito de Bogotá, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Demandante: Juan Pablo Palacios Robayo

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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 118858 a 118863 de 22 de agosto de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó desestimar las pretensiones de la tutela , al considerar que, en el presente asunto, la parte accionante manifiesta una inconformidad frente a la decisión adoptada por esa autoridad judicial, en tanto pretende que se debe aplicar antecedentes jurisprudenciales que no enmarcan una igualdad en los casos de estudio.

Afirmó que la liquidación de los perjuicios materiales se efectuó teniendo en cuenta el momento en que efectivamente se tuvo certeza del daño que reclamaba el demandante y desde que se decretó su minusvalía, teniendo en cuenta que antes de que se practicara la Junta Médico Laboral, solo se tenía claro que había sufrido un accidente y que requirió de atención médica, más no se podía concluir una

demandante y desde que se decretó su minusvalía, teniendo en cuenta que antes de que se practicara la Junta Médico Laboral, solo se tenía claro que había sufrido un accidente y que requirió de atención médica, más no se podía concluir una limitación física o funcional, en tanto no había sido determinada por ninguna autoridad.

En ese contexto, afirmó que la acción de tutela de la referencia debe desestimarse, teniendo en cuenta que el fallo objeto de reproche no incurrió en ninguna irregularidad procesal ni se configuró alguno de los defectos establecidos jurisprudencialmente y, por tanto, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante.

De igual modo, aseveró que “los hechos en los que resultó lesionado el accionante ocurrieron en diciembre de 2019, debido a las constantes y reiteradas valoraciones a fin de establecer de manera concisa la afectación final, el conscripto fue atendido por los servicios de salud de la demandada hasta el año 2020 y con ocasión de formalizar adecuadamente el retiro del servicio, desde noviembre de 2022 se empezaron a realizar las valoraciones médicas por ortopedia, por lo tanto, se evidencia un prolongación en el tiempo de las valoraciones médico a fin de establecer con certeza como ya se indicó, la magnitud del daño que le dejaba la lesión, pues no se trató de una afección en la que el porcentaje de minusvalía se lograra establecer a simple vista, sino que requería de exámenes profundos a fin de concretar en índice de limitación, tal como ocurrió al momento de ser efectuada la correspondiente Junta Médica Laboral”.

En ese orden de ideas, afirmó que no podía tener en cuenta la fecha de culminación

a fin de concretar en índice de limitación, tal como ocurrió al momento de ser efectuada la correspondiente Junta Médica Laboral”.

En ese orden de ideas, afirmó que no podía tener en cuenta la fecha de culminación del servicio militar para efectos de liquidar los perjuicios materiales, más cuando en la historia clínica evidenció que el demandante requirió tratamiento por varios meses para poder establecer su estado de salud y condición física, por lo que, dicha situación no permitía determinar la posible limitación laboral que padecía, lo que se pudo comprobar solo hasta la celebración de la Junta Médica Laboral, en la que se logró establecer la magnitud y la certeza del daño reclamado.

Frente a la condena en costas y agencias en derecho sostuvo que consideró que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda “de un lado porque el extremo activo solicitó reconocimiento de perjuicios por daño a la salud para cada uno de los demandantes conforme a lo consignado en el numeral tercero del acápite de pretensiones y en fallo objeto de cuestionamiento, la Sala sólo efectu ó asignación de indemnización por tal concepto en favor de la víctima directa; respecto de los perjuicios materiales, por cuanto en la liquidación de perjuicios que se realizó en la demanda, se solicitó lo equivalente a $209617.419,oo, liquidados desde el 04 de diciembre de 2019, fecha en que ocurrieron los hechos, lo tanto, al no reconocerse tales valores, ni considerarse como momento de inici o para el cálculo de tales perjuicios el momento del evento, la liquidación emitida por la Corporación se realizó de manera parcial”.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

considerarse como momento de inici o para el cálculo de tales perjuicios el momento del evento, la liquidación emitida por la Corporación se realizó de manera parcial”.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Demandante: Juan Pablo Palacios Robayo

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Conforme a todo lo expuesto, sostuvo que la parte accionante pretende utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia.

5.2. Respuesta del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá

El titular del despacho rindió informe en el que sostuvo que no se configuró por parte de ese despacho judicial alguna vulneración a los derechos fundamentales del accionante, teniendo en cuenta que todas las actuaciones surtidas, se realizaron conforme al trámite procesal pertinente, con estricto cumplimiento de las garantías procesales y sustanciales conforme al d ebido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia.

Por lo anterior, solicitó ser desvinculado de la presente acción constitucional o negar las pretensiones de la tutela frente a esa autoridad judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente asunto.

2. Cuestión previa

Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente asunto.

2. Cuestión previa

El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó su desvinculación del proceso, al considerar que las pretensiones de la presente acción de tutela están dirigidas contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no contra ese despacho judicial.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la Corte Constitucional en la sentencia T -005 de 2022 1 señaló que dicho requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala negará la solicitud de desvinculación realizada por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, teniendo en cuenta que fue vinculado al proceso en calidad de tercero con interés, por cuanto fue la autoridad que profirió la decisión de primera instancia del proceso que se cuestiona.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el demandante es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el demandante es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial demandada desconoció el precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Demandante: Juan Pablo Palacios Robayo

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4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 5, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo 10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin

2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05042-00

Demandante: Juan Pablo Palacios Robayo

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motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la Constitución 14 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La acción de tutela no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional en relación con la discusión relativa a la condena en costas y agencias en derecho

A juicio del accionante, la decisión de no condenar en costas y agencias en derecho en segunda instancia i