CE - Sentencia 11001031500020250505201 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-05052-01

Demandante: HIRMINA DEL CARMEN SANJUAN ATENCIO

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.

PERMISO SINDICAL, AUTORIZACIÓN PREVIA DEL

PRESIDENTE DEL RESPECTIVO SINDICATO PARA

EXPEDICIÓN DEL CDP.

Síntesis del caso: la demandante indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales , por cuanto no se dio trámite a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) que necesita para el nombramiento de la persona que cubrirá la vacante temporal que dejará mientras hace uso de un permiso concedido para actuar en actividades relacionadas con el sindicato al que pertenece. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el amparo invocado, porque no se acreditó la vulneración de los derechos invocados.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Hirmina del Carmen Sanjuan Atencio en contra de la sentencia de 16 de octubre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso:

“[S]EGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados

Atencio en contra de la sentencia de 16 de octubre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso:

“[S]EGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la actora.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 49, primera instancia, mayúsculas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 8 de agosto de 2025 1, la señora Hirmina del Carmen Sanjuan Atencio promovió proceso de acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección

1Índice 1, Samai, primera instancia.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05052-01

Demandante: Hirmina Del Carmen Sanjuan Atencio Acción de tutela – Impugnación fallo

Ejecutiva de Administración Judicial , con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales a la libertad y asociación sindical y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“1. Se declare que el Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva De Administración Judicial, han vulnerado mi derecho fundamental de libertad y asociación sindical.

2. Se tutele mi derecho fundamental de libertad y asociación sindical.

3. Como consecuencia, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se ordene a quien corresponda se expida el Certificado de Disponibilidad para que se nombre el reemplazo en mi

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se ordene a quien corresponda se expida el Certificado de Disponibilidad para que se nombre el reemplazo en mi cargo de Oficial Mayor del Juzgado Noveno Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla durante el periodo del permiso sindical solicitado.

4. Que se tenga en cuenta la fecha de expedición de la certificación del Archivo Sindical para garantizar el trámite de la solicitud del permiso sindical que debió surtirse de manera oportuna y eficaz por parte del empleador .”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI , 2, primera instancia).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. La demandante ostenta el cargo de oficial mayor en el Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla.

1. Solicitó permiso sindical para asistir a unas actividades de Asonal Judicial, entre el 11 de agosto y el 6 de octubre del año en curso, en su condición de presidente de la

Subdirectiva Atlántico de Asonal.

1. Por medio de la Resolución no. 015 de 31 de julio de 2025, el titular del juzgado accedió a lo pedido y, en consecuencia, requirió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Atlántico (DESAJ Atlántico) para que expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para cubrir la vacante temporal.3

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de disponibilidad presupuestal (CDP) para cubrir la vacante temporal.3

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1. El 5 de agosto de 2025, la DESAJ Atlántico remitió un correo electrónico masivo2 en el cual puso de presente al titular del mencionado despacho y a Asonal Judicial Subdirectiva Atlántico, entre otros, que en la Circular DEAJC25-8 de 5 de febrero de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura estipuló que para el reemplazo por permiso sindical se debía contar con la autorización previa del presidente del respectivo sindicato, la cual debía tramitarse ante Asonal Judicial Nacional para poder continuar con el procedimiento solicitado.

1. Por lo anterior, l a demandante envió un comunicado al Consejo Superior de la Judicatura para informarle sobre la negativa del CDP y el presunto conflicto al interior de Asonal Judicial , autoridad que trasladó el escrito a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), y esta, a su vez, lo remitió a la DESAJ Atlántico, por ser la encargada del manejo de los recursos de la Rama Judicial en esa seccional.

3. El fundamento de la vulneración

La demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales, por cuanto se ha condicionado la expedición del CDP, el cual requiere para acceder al permiso sindical, a la existencia de una autorización previa del presidente de Asonal Judicial , pese a que existe un conflicto interno entre la

constitucionales fundamentales, por cuanto se ha condicionado la expedición del CDP, el cual requiere para acceder al permiso sindical, a la existencia de una autorización previa del presidente de Asonal Judicial , pese a que existe un conflicto interno entre la Subdirectiva Atlántico y la Junta Directiva Nacional, lo cual hace imposible aportar ese requisito.

4. Actuación de primer grado

La acción de tutela fue inicialmente presentada ante la Corte Suprema de Justicia quien, mediante auto del 13 de agosto de 2025, la remitió por competencia a esta Corporación, por cuanto la demandante se desempeña como oficial mayor del Juzgado Noveno Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla3.

2 Se remitió a los correos asonaljudicial.atlantico1976@gmail.com, mrobledoh@cendoj.ramajudicial.gov.co, rhumba@cendoj.ramajudicial.gov.co, lacostav@cendoj.ramajudicial.gov.co, oruedago@cendoj.ramajudicial.gov.co, nroblesc@cendoj.ramajudicial.gov.co y jsantisv@cendoj.ramajudicial.gov.co (Ve 3 Índice 2, Samai, primera instancia.4

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Mediante providencia de 21 de agosto de 20254, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Atlántico y al titular del Juzgado Noveno Civil Municipal de

admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Atlántico y al titular del Juzgado Noveno Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Por auto del 4 de septiembre del año en curso 5 se vinculó a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial).

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 16 de octubre de 20256, negó el amparo invocado, en atención a que ordenar a la DESAJ Atlántico que expida el CDP sin la anuencia del presidente del sindicato sentaría un antecedente que redundaría en contra de los derechos de los trabajadores sindicalizados, por cuanto implicaría permitir que los empleadores dispongan de l presupuesto de la organización sin anuencia de aquella.

No se allegó prueba alguna de que la señora Sanjuan Atencio hubiese solicitado previamente ante Asonal Judicial la certificación que se requiere para materializar el permiso, lo cual impide endilgar alguna acción u omisión a las demandadas.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia, pero no esbozó ningún argumento para sustentarla, y se le concedió por auto de 31 de octubre de 20257.

4 Índice 10, Samai, primera instancia. 5 Índice 21, Samai, primera instancia. 6 Índice 49, Samai, primera instancia.

de 20257.

4 Índice 10, Samai, primera instancia. 5 Índice 21, Samai, primera instancia. 6 Índice 49, Samai, primera instancia. 7 Índice 58, Samai, primera instancia.5

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar

acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , por la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales , por cuanto se ha condicionado la expedición del CDP que requiere para acceder al permiso sindical, a la existencia de una autorización previa del presidente de Asonal Judicial, pese a que existe un conflicto interno entre la Subdirectiva Atlántico y la Junta Directiva Nacional, lo cual hace imposible aportar ese requisito.

En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo invocado.6

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En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el amparo invocado , por las razones que aquí se expondrán.

2. 1 Análisis de los requisitos de procedibilidad

1. En este caso, la Sala precisa que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto se invocó la afectación de un derecho constitucional como la libertad y asociación sindical.

1. En este caso, la Sala precisa que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto se invocó la afectación de un derecho constitucional como la libertad y asociación sindical.

1. Asimismo, la señora Sanjuan Atencio está legitimada por activa en la causa en su condición de servidora judicial para reclamar por esta vía la afrenta a sus derechos por la negativa o condicionamiento para otorgar le un permiso sindical ; asimismo, las autoridades demandadas están legitimadas por pasiva , por cuanto son las encargadas de llevar a cabo los procedimientos necesarios para la expedición del CDP que se exige para nombrarle un reemplazo temporal.

1. Igualmente, el presupuesto de la inmediatez se encuentra superado, pues, la demandante tuvo conocimiento de la situación que se invocó como generadora de la afectación de los derechos fundamentales constitucionales el 5 de agosto de 2025, fecha en la que se le informó al titular del juzgado, en el cual labora, que era necesario contar con la autorización previa del presidente del respectivo sindicato para seguir con el procedimiento solicitado.

1. En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala observa que, aunque la DESAJ remitió al titular del juzgado la Circular DEAJC25-8 de 5 de febrero de 2025, en la que se estipuló que para el reemplazo por permiso sindical era necesaria la autorización previa del presidente del sindicato, lo cierto es que, en este caso, no existe un acto administrativo que haya negado o condicionado dicho trámite , porque en realidad la respuesta lo que hizo fue informar de forma masiva cuáles eran los requisitos que se debían cumplir para

presidente del sindicato, lo cierto es que, en este caso, no existe un acto administrativo que haya negado o condicionado dicho trámite , porque en realidad la respuesta lo que hizo fue informar de forma masiva cuáles eran los requisitos que se debían cumplir para acceder al permiso sindical. En ese sentido, no existe ningún otro mecanismo judicial para procurar lo que por esta vía se pretende.7

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1. En consecuencia, la acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad, por lo que esta Corporación procederá a determinar si debe o no ampararse el derecho fundamental invocado.

2.2 Análisis del caso concreto

1. La demandante, servidora pública de la Rama Judicial y presidenta de la Subdirectiva Atlántico de Asonal Judicial, solicitó permiso sindical para el ejercicio de las funciones propias de su cargo en la organización; sin embargo, la Dirección Seccional de Administración Judicial del Atlántico (DESAJ Atlántico) indicó al titular del juzgado que, para materializar dicha prerrogativa y expedir el CDP debía allegarse la certificación del presidente del sindicato, requisito que la accionante considera imposible de cumplir debido a un supuesto conflicto interno entre la Subdirectiva del departamento y la Junta

Directiva Nacional.

1. Para resolver la controversia, conviene recordar que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección de derechos sindicales cuando se alega que la administración ha obstaculizado el ejercicio

1. Para resolver la controversia, conviene recordar que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección de derechos sindicales cuando se alega que la administración ha obstaculizado el ejercicio de actividades propias de la organización.

1. En las sentencias T-432 de 2019 y T-619 de 2016, la Corte Constitucional indicó que la acción de tutela es procedente cuando el empleador desconoce el derecho a constituir sindicatos, afiliarse a ellos o desarrollar sus actividades ; además, cuando impide el ejercicio de la negociación colectiva y cuando actuaciones u omisiones de las autoridades laborales afectan el funcionamiento de los tribunales de arbitramento ; asimismo, el Alto Tribunal también ha hecho énfasis en que, ante actos que perturben funcione s propias del sindicato, la acción de tutela se erige como mecanismo eficaz para la protección del derecho de asociación.

1. Ahora bien, tratándose específicamente de permisos sindicales, en la sentencia T063 de 2014, la Corte señaló que estos constituyen uno de los medios a través de los cuales se garantiza la efectividad del derecho de asociación, pues buscan facilitar que los servidores que desempeñan la representación sindical cumplan sus funciones ; asimismo, ordenó reglamentar los reemplazos para garantizar la continuidad del servicio durante los permisos sindicales.8

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1. Así pues, e n cumplimiento de dicha orden, el Consejo Superior de la Judicatura

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1. Así pues, e n cumplimiento de dicha orden, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSAA14 -10153 de 2014, posteriormente complementado por el Acuerdo PCSJA22-11958 de 2022, y más recientemente por la Circular DEAJC25 -8 del 5 de febrero de 2025 8, en la cual se estableció que todo permiso sindical deb ía estar autorizado por el presidente del respectivo sindicato, dado que la Rama Judicial asigna un rubro presupuestal específico para cubrir los reemplazos de los afiliados que hacen uso de permisos y es la organización sindical la responsable de la ejecuci ón racional de dichos recursos.

1. Esa exigencia surgió de una solicitud formal elevada por la Junta Nacional de Asonal Judicial, quien pidió que la administración únicamente comprometiera esos recursos con la certificación del presidente del sindicato, como mecanismo de control y garantía de destinación adecuada del presupuesto asignado.

1. En esa medida, a partir de este marco normativo y jurisprudencial, la Sala observa que a la demandante no se le negó el permiso sindical; por el contrario, su nominador se lo autorizó y realizó los trámites correspondientes para que se expidiera el respectivo CDP en orden a que se nombrara a una persona que la reemplazara mientras durara el permiso sindical; sin embargo, de conformidad con los acuerdos y la circular referida, se le solicitó que acreditara el cumplimiento de un requisito previamente definido por la propia organización sindical, orientado al aseguramiento del manejo transparente de los recursos destinados a los reemplazos.

le solicitó que acreditara el cumplimiento de un requisito previamente definido por la propia organización sindical, orientado al aseguramiento del manejo transparente de los recursos destinados a los reemplazos.

8 “1. Todo permiso sindical debe estar previamente autorizado por el presidente del respectivo sindicato.

2. La ejecución del presupuesto para el reemplazo por permiso sindical se realizará a través de los rubros que hacen parte de la Subcuenta 01-02 Personal Supernumerario y Planta Temporal.

3. Las direcciones seccionales de administración judicial realizarán la proyección del costo del reemplazo sindical y solicitarán a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la asignación del presupuesto por cada rubro presupuestal.

4. Las solicitudes de asignación presupuestal deben indicar el nombre del servidor judicial que hará uso del permiso sindical, la organización sindical a la cual pertenece y las fechas de inicio y finalización del permiso.

5. Las solicitudes presupuestales que involucren afiliados de diferentes organizaciones sindicales deben detallar la información de recursos por cada servidor judicial.

6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizará la asignación presupuestal mediante acto administrativo. (…).”9

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1. En este caso, la Sala n o advierte que tal exigencia sea arbitraria, desproporcionada o carente de fundamento, pues guarda coherencia con la estructura presupuestal prevista para garantizar la continuidad del servicio durante los permisos sindicales , debido a que los recursos asignados son de destinación específica y están destinados a la actividad

o carente de fundamento, pues guarda coherencia con la estructura presupuestal prevista para garantizar la continuidad del servicio durante los permisos sindicales , debido a que los recursos asignados son de destinación específica y están destinados a la actividad sindical; por ello, la necesidad de la autorización del presidente nacional resulta razonable, habida cuenta de que la organización ejecuta esos fondos, tal como lo dispone la Circular DEAJC25-8.

1. Adicionalmente, la Sala observa que la presunta imposibilidad de obtener la certificación del presidente nacional de Asonal no fue acreditada , pues, la parte actora afirmó que, debido a un supuesto conflicto interno, la Junta Nacional negaría su solicitud; no obstante, no aportó constancia alguna de haber gestionado la certificación ante la autoridad sindical competente ni se acreditó que la organización hubiera incurrido en una omisión violatoria de sus derechos ni mucho menos la existencia de las supuesta s disputas internas.

1. Tampoco se configuró actuación vulneradora por parte del Consejo Superior de la Judicatura o de la Dirección Ejecutiva a nivel central, pues la solicitud que presentó la demandante fue remitida correctamente a la DESAJ Atlántico, autoridad competente para el manejo de los recursos y para la tramitación del permiso, por lo cual su traslado al nivel seccional se ajustó al esquema de competencias previsto para la administración del presupuesto asignado a los reemplazos sindicales.

1. En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó una vulneración al derecho fundamental de asociación sindical de la actora , en la medida que la exigencia cuestionada es legítima y razonable dentro de la estructura presupuestal prevista para

1. En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó una vulneración al derecho fundamental de asociación sindical de la actora , en la medida que la exigencia cuestionada es legítima y razonable dentro de la estructura presupuestal prevista para los permisos sindicales, y no se probó la negativa arbitraria de la organización sindical a expedir la certificación requerida ni se demostró una conducta atribuible a las accionadas que afectara el ejercicio del derecho, pues por tratarse de una organización sindical si la actora actúa en representación de dicha organización, como lo asegura en su escrito, lo mínimo es que acredite que lo hace con la anuencia y autorización de las directivas del sindicato, sin que así lo haya hecho.

1. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el amparo invocado, por las razones hasta aquí expuestas.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05052-01

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

1°) Confírmase la decisión de primera instancia que negó el amparo invocado , de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.