CE - Sentencia 11001031500020250509501 de 2025

Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sala de Decisión Oral A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05095-01

Demandante: MERCEDES TORRES DE MOGOLLÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE

DECISIÓN ORAL A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia que niega amparo para declarar la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de agosto de 2025, la señora Mercedes Torres de

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de agosto de 2025, la señora Mercedes Torres de Mogollón, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A con el fin de que se garanticen los principios de justicia material, inescindibilidad y iura novit curia, y amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 5 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo de l Atlántico, Sala de Decisión Oral A que revocó el fallo del 18 de diciembre de 2024, mediante el cual el Juzgado Once del Circuito Judicial de Barranquilla negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con radicado 08001-33-33-011-2024-00101-00//01, promovido por la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) en su contra.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

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1. AMPARAR a la accionante sus derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL,

ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, JUSTICIA MATERIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PRINCIPIO DE “IURA NOVIT CURIA”, previstos en los artículos 29, 48 y 228 de la Constitución Política de Colombia respectivamente y los que se lleguen a considerar, con base en los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios planteados en el presente escrito de tutela.

2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda instancia proferida el 5 de junio de 2025, notificada el 10 de julio de 2025, por parte de la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se revocó el fallo de primer a instancia emitido el 18 de diciembre de 2024, por parte del Juez Once (11) Administrativa del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso promovido contra mi poderdante bajo Radicado N.° 08001 -33-33-011-2024 00101 -00(01), por la

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SALA DE DECISIÓN ORAL “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO que profiera nueva decisión dentro del proceso promovido bajo Radicado N.° 08001-33-33-011 2024-00101-01, en

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO que profiera nueva decisión dentro del proceso promovido bajo Radicado N.° 08001-33-33-011 2024-00101-01, en la que se confirme íntegramente la sentencia de primera instancia, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones o en su defecto, si se mantiene la nulidad del acto administrativo demandado, se abstenga de ordenar la reliquidación pensional de mi poderdante al permanecer incólume el acto administrativo en virtud del cual hoy se encuentra reconocida la pensión de vejez de mi poderdante, esto es la Resolución N.° SUB81841 de 3 de abril de 2019, el cual no fue objeto de control judicial.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por l a tutelante se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Afirmó que nació el 20 de junio de 1954; laboró, entre otras entidades, en la Rama Judicial por más de 20 años; y registró un traslado de la Administradora de Fondos Pensionales Horizonte a Colpensiones, el 3 de diciembre de 2003.

Señaló que el Instituto de Seguros Sociales, por Resoluciones 254, 13568 y 22211 de 2011, le reconoció una pensión de jubilación conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993, la cual quedó supeditada al retiro del servicio.

Relató que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal,

de 2011, le reconoció una pensión de jubilación conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993, la cual quedó supeditada al retiro del servicio.

Relató que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal, mediante sentencia de tutela del 26 de julio de 2012, amparó sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital y ordenó al jefe del departamento de atención al pensionado del Instituto de Seguros Sociales que, en un término perentorio, reliquide su pensión atendiendo las previsiones de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6º del Decreto 546 de 1971.

Indicó que Colpensiones, mediante Resolución SUB 273082 del 18 de octubre de 2018, dio cumplimiento a la anterior decisión y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de su prestación con la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, tal como lo prevé el Decreto 546 de 1971.Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sala de Decisión Oral A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Destacó que Colpensiones, mediante Resolución SUB 81841 del 3 de abril de 2019, actualizó la pensión reconocida a la fecha de retiro efectivo del servicio y ordenó su inclusión en nómina de pensionados.

Puntualizó que Colpensiones acudió a la jurisdicción de lo contencioso

actualizó la pensión reconocida a la fecha de retiro efectivo del servicio y ordenó su inclusión en nómina de pensionados.

Puntualizó que Colpensiones acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, para pedir que se declare la nulidad de la Resolución SUB 273082 de 2018 y se efectué el estudio de su prestación conforme a las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Enfatizó que el Juzgado Once del Circuito Judicial de Barranquilla, por medio del fallo del 18 de diciembre de 2024, declaró no probada la excepción de cosa juzgada que propuso y negó las pretensiones de la demanda porque consideró que era beneficiaria de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente, del r égimen de la Rama Judicial . Decisión que fue apelada por Colpensiones.

Puso de relieve que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante sentencia del 5 de junio de 2025 revocó lo decidido por el a quo para, en su lugar, declarar la nulidad de la Resolución SUB 273082 de 2018 y ordenar la reliquidación de su pensión de acuerdo con lo establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 , porque para que el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS) al de prima media con prestación definida (en adelante RPMPD) sea viable, sin pérdida del beneficio de la transición, se requiere acreditar como requisito sine qua non 15 años de servicio a la fecha de entrada en

solidaridad (en adelante RAIS) al de prima media con prestación definida (en adelante RPMPD) sea viable, sin pérdida del beneficio de la transición, se requiere acreditar como requisito sine qua non 15 años de servicio a la fecha de entrada en vigor del Sistema General de Pensiones.

1.4. Sustento de la vulneración

La actora aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Adujo que el Tribunal Administrativo de l Atlántico, Sala de Decisión Oral A , en la decisión del 5 de junio de 2025, incurrió en defectos sustantivo y fáctico, y en violación directa de la constitución.

Explicó que dicha autoridad no aplicó de manera completa las disposiciones normativas y jurisprudenciales rectoras, pues si bien es cierto que fundó su argumentación en las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo es que soslayó los lineamientos que rigen el derecho a la libertad de elección de régimen pensional , el deber de información, la asesoría y el buen consejo, contenidos en el literal b del artículo 13, artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; inciso 1° del artículo 97 del Dec reto 663 de 1993 y artículo 10 del Decreto 720 de 1994.

Iteró que el tribunal accionado estudió únicamente la aplicación del régimen de transición por tiempo de servicio de cara al cambio de régimen pensional, sin valorar si el traslado de régimen fue o no eficaz según las reglas de la debida información y el derecho a la libertad de elección.Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

transición por tiempo de servicio de cara al cambio de régimen pensional, sin valorar si el traslado de régimen fue o no eficaz según las reglas de la debida información y el derecho a la libertad de elección.Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sala de Decisión Oral A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Insistió en que desconoció la sentencia SL2929 -2022 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que precisó que, en el evento en que una persona que sea beneficiaria del régimen de transición por edad y se haya cambiado al RAIS sin la debida asesoría no debe verse afectada por ese traslado, en la medida en que es ineficaz.

Destacó que como la Resolución SUB 81841 de 2019, que actualizó su pensión al retiro efectivo del servicio no fue enjuiciada por Colpensiones, mantiene sus efectos y gobierna su situación pensional. De ahí que el fallo cuestionado, por restringir su análisis y decisión a la Resolución SUB 273082 de 2018, carece de alcance.

Aseguró que la providencia cuestionada también carece de respaldo probatorio que justifique la eficacia del traslado de régimen.

1.5. Trámite de la primera instancia

Por auto del 20 de agosto de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la demanda de tutela , denegó la medida cautelar solicitada por la señora

1.5. Trámite de la primera instancia

Por auto del 20 de agosto de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la demanda de tutela , denegó la medida cautelar solicitada por la señora Mercedes Torres de Mogollón y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A y como terceros con interés, al juez Once del Circuito Judicial de Barranquilla y a Colpensiones.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Colpensiones señaló que la acción de tutela de la referencia no cumple con los requisitos de procedibilidad y, en ese orden, es improcedente. Afirmó que decidir de fondo este mecanismo invadiría la órbita del juez ordinario y su autodominio.

1.6.2 El Juzgado Once del Circuito Judicial de Barranquilla evidenció que, en este caso, se cuestiona una providencia que fue emitida por otra autoridad, la cual explicó con suficiencia las razones por las cuales se debía anular la Resolución SUB 273082 de 2018 y ajustar la pensión de la ahora accionante.

Mostró que la tutelante no argumentó dentro del proceso ordinario los planteamientos que presenta en este mecanismo , ya que en la contestación de la demanda no alegó lo relativo a la ineficacia del traslado de régimen pensional por falta de asesoría y/o información.

1.6.3 El Tribunal Administrativo de l Atlántico puso de presente que la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado2 hace exigible el requisito temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha de entrada

1.6.3 El Tribunal Administrativo de l Atlántico puso de presente que la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado2 hace exigible el requisito temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para aquellos trabajadores que al margen de que se hubieran hecho beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 ejusdem, optaron voluntariamente por el RAIS para realizar los aportes obligatorios con destino a pensión.

1 Sentencia SU-130 de 2013. 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de noviembre de 2019. Rad. 25000-23-42-000-2012-02008-01 (1379-2014). M.P. William Hernández Gómez.Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Precisó que la postura jurídica descrita en un inicio no fue pacífica, en la medida en que existían providencias que señalaban que bastaba ya sea la edad o el tiempo de servicio para conservar el régimen de transición , en los eventos de tra slado de régimen pensional.

En todo caso, destacó que este mecanismo no es procedente porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

1.7. Sentencia de primera instancia

régimen pensional.

En todo caso, destacó que este mecanismo no es procedente porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 26 de septiembre de 2015, denegó el amparo impetrado.

Consideró que en el asunto sub examine se configuran los requisitos generales de procedibilidad, por cuanto:

[…] (i) la accionante identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) la accionante utilizó los mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede ningún recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada ; (iv) el asunto es relevante constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser propuestos en el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada revocó el fallo apelado para, en su lugar, acceder a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

Estimó que no están configurados «los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución» invocados, puesto que Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A , valoró íntegramente las pruebas y aplicó las normas y jurisprudencia rectoras al caso concreto.

directa de la Constitución» invocados, puesto que Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A , valoró íntegramente las pruebas y aplicó las normas y jurisprudencia rectoras al caso concreto.

Insistió en que la autoridad accionada sí efectuó un análisis probatorio, normativo y jurisprudencial, ejercicio que le permitió concluir « que el traslado de régimen pensional de la actora implicó la renuncia al beneficio de transición».

Aclaró que si bien es cierto que el tribunal accionado «determinó que el traslado de régimen pensional de la actora implicó su renuncia al beneficio de transición, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no se pronunció sobre la legalidad o la eficacia del trasla do, [también lo es que] ello se debió a que este punto no hizo parte de la litis del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, en él, la actora no presentó el reproche que ahora alega».

Especificó que no se configura el defecto sustantivo porque el aludido tribunal efectuó un análisis razonable de las normas aplicables al debate del proceso ordinario y «aunque no se refirió expresamente a algunas de las normas cuyo desconocimiento alega la actora en sede de tutela, ello [igualmente] se debió a que ese punto no fue objeto de debate en el proceso ordinario».

Determinó que no se estructur a una violación directa de la Constitución Política porque la providencia cuestionada se fundó en la jurisprudencia de la CorteDemandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sala de Decisión Oral A

porque la providencia cuestionada se fundó en la jurisprudencia de la CorteDemandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Constitucional y del Consejo de Estado y no en la de la Corte Suprema de Justicia porque esta última no resulta aplicable a una servidora de la Rama Judicial.

Limitó que, lo que atañe con la omisión de Colpensiones de demandar la Resolución SUB 81841 de 2019, es importante considerar que ese tema no fue objeto de debate en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad. De ahí que de esa circunstancia no se puede predicar una vulneración de derechos fundamentales, máxime cuando el tribunal «se limitó a pronunciarse sobre los planteamientos de las partes en el proceso ordinario».

Recalcó que la autoridad accionada «sí hizo un estudio razonable de las pruebas disponibles en el proceso ordinario y, sumado a ello, la accionante no especificó las razones por las que considera que se configuró este defecto».

1.8. Impugnación

Con escrito recibido el 20 de octubre de 2025, la señora Mercedes Torres de Mogollón impugnó la decisión de primera instancia, por cuanto el tribunal no analizó normas que debía aplicar, como las relativas al «deber de información sobre el cual se estructura la libertad de elección de régimen pensional, cuyo desconocimiento

Mogollón impugnó la decisión de primera instancia, por cuanto el tribunal no analizó normas que debía aplicar, como las relativas al «deber de información sobre el cual se estructura la libertad de elección de régimen pensional, cuyo desconocimiento vulnera directamente el derecho fundamental a la seguridad social».

Reiteró que la controversia del proceso ordinario debió fundarse en un análisis íntegro de la jurisprudencia y las disposiciones rectoras en virtud del principio de inescindibilidad. Iteró que el tribunal no consideró la jurisprudencia aplicable ni « lo establecido en el literal “b” del artículo 13, artículo 271 y artículo 272 de la Ley 100 de 1993; así como en el inciso 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, y artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994, puntos de derecho de obligatorio abordaje po r la Sala de Decisión accionada, los cuales erigen el deber de información de los operadores de seguridad social en pensiones y la gar antía de libertad de elección de los afiliados».

Enfatizó que la autoridad accionada debió ser más cuidadosa en su estudió jurídico, por cuanto ella no tuvo la oportunidad de pronunciarse en sede del recurso de apelación por estar conforme con lo decidido por el Juzgado Once del Circuito Judicial de Barranquilla.

Subrayó que estudió del tribunal se enfocó en el régimen de transición por tiempo de servicio de cara al cambio de régimen pensional, sin valorar si ese traslado fue o no eficaz según las reglas de la debida información y derecho a la libertad de elección.

Insistió en que se desconoció la sentencia SL2929-2022, la cual abordó un caso de

o no eficaz según las reglas de la debida información y derecho a la libertad de elección.

Insistió en que se desconoció la sentencia SL2929-2022, la cual abordó un caso de contornos similares al suyo y, por contera, hizo un análisis de la no pérdida del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por el traslado de una afiliada del RAIS al RPMPD.

Reafirmó que como la Resolución SUB 81841 de 2019, que actualizó su pensión al retiro efectivo del servicio no fue enjuiciada por Colpensiones, mantiene sus efectos y gobierna su situación pensional. De ahí que el fallo cuestionado, por restringir su análisis y decisión a la Resolución SUB 273082 de 2018, carece de alcance.Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sala de Decisión Oral A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Señaló que, en todo caso, no se puede soslayar que la Resolución SUB 273082 de 2018 es un acto de ejecución en la medida en que no excedió lo ordenado en la sentencia de tutela y, por lo mismo, no era pasible de control judicia l. Añadió que, además, se encuentra configurada la excepción de cosa juzgada, por lo que la decisión cuestionada en este mecanismo debió sustraerse de estudiar la legalidad

además, se encuentra configurada la excepción de cosa juzgada, por lo que la decisión cuestionada en este mecanismo debió sustraerse de estudiar la legalidad de la aludida resolución e inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

En este punto, resulta importante evidenciar que los argumentos de la impugnación consistentes en que la Resolución SUB 273082 de 2018 es un acto de ejecución y en el proceso ordinario operó la cosa juzgada no fueron expuestos en el escrito inicial de la tutela; motivo por el cual, la Sala se abstendrá de referirse a esos asuntos, pues de hacerlo, desconocería los derechos fundamentales de defensa y debido proceso de la contraparte, quien no tuvo la oportunidad de oponerse a los mismos, así como la doble instancia al no existir pronunciamiento previo sobre el particular.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre

confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),

3 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Mercedes Torres de Mogollón

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se

www.consejodeestado.gov.co 8 han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamen tal, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos

que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: ( i) que sea relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo deDemandante: Mercedes Torres de Mogollón

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sala de Decisión Oral A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05095-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 amparo constitucional contra una decisión judicial « [...] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o forma s de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsid