CE - Sentencia 11001031500020250511000 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05110-00

Demandantes: Haidy Andrea Moreno Moreno y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 31 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05110-00

Demandantes: HAIDY ANDREA MORENO MORENO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ , SALA SEGUNDA DE

DECISIÓN

Tema: Contra providencia que decidió demanda de reparación directa relacionada con una presunta falla médica . Defecto fáctico. No valoración de pruebas

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Haidy Andrea, Jennifer, Luz Clemencia, Luis Fernando, Luis Édison y Luis Ángel Moreno Moreno y Maribeth Potes Moreno contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de agosto de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio , los demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1. Solicitud de amparo

El 18 de agosto de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio , los demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de los tutelantes, la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de la sentencia del 14 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de l Chocó, Sala Segunda de Decisión, con la que decidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 27001-33-33-002-2015-00381-00/01.

2. Pretensiones

Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se tutelen los derechos fundamentales de mis prohijados, esto es el derecho fundamental al debido proceso, (ART. 29 C.P) , acceso a la administración de justicia, y demás derechos que resultaron VULNERADOS por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó Sala Segunda, como consecuencia de la expedición de la sentencia Nro. 19 proferida en segunda instancia el 14 de febrero de 2025, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia No. 201 del 11 de noviembre de 2020, emitida por el Juz gado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso identificado con el radicado número 270013333002201500381-00.

2. Como consecuencia de lo anterior, se disponga en revocar y dejar sin efecto la sentencia Nro. 19 del 14 de febrero de 2025, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Choco Sala Segunda, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instan cia, pues resultan abiertamente contrarias a

14 de febrero de 2025, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Choco Sala Segunda, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instan cia, pues resultan abiertamente contrarias a la ley y la jurisprudencia y en su lugar ordenar que se emita una nueva decisión en la que se protejan los derechos fundamentales que aquí se demandan atendiendo los criterios de objetividad, razonabilidad y legalidad en la valoración de la prueba dicha valoración y atendiendo el precedente judicial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la materia (sic para toda la cita).

3. Hechos

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05110-00

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Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 2 3 de mayo de 2013 la señora Luzmila Moreno Lozano acudió a la Caja de Compensación Familiar del Chocó (COMFACHOCÓ) del municipio de Istmina (Chocó) , por presentar artritis reumatoide, dolores articulares y frecuencia respiratoria elevada; al día siguiente el médico tratante determinó que padecía trombocitopenia relacionada con dengue.

El 27 de mayo de 2013 se reportó que la paciente sufrió una disminución de hemoglobina y trombocitopenia, por lo que se le suministraron líquidos intravenoso s, pero padeció

dengue.

El 27 de mayo de 2013 se reportó que la paciente sufrió una disminución de hemoglobina y trombocitopenia, por lo que se le suministraron líquidos intravenoso s, pero padeció secreciones abundantes y convulsión «tonicocronica» generalizada, por lo que luego de ser estabilizada se determinó que debía ser trasladada a un centro asistencial de mayor nivel, por lo que fue remitida ese día a CAPRECOM de Quibdó, donde, según la «epicrisis de ur gencia»), presentó convulsión, neuro infección , vomito constant e y encefalopatía (alteración del sistema nervioso central).

En razón a la gravedad de las afecciones, el 2 9 de mayo de 2013 se determinó que la paciente debía trasladarse a una institución médica de tercer nivel, como lo era la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís, pero no fue posible en razón a condiciones climáticas, y en la madrugada del 30 de mayo de ese año la señora Luzmila Moreno Lozano presentó «episodio de apnea» que derivó en su fallecimiento.

Proceso de reparación directa

El 23 de julio de 2015 los tutelantes promovieron demanda de reparación directa contra la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, CAPRECOM y COMFACHOCÓ (a la que se le asignó el número de radicación 27001-33-33-002-2015-00381-00/01), con el propósito de que se les declarara responsables del deceso de la señora Luzmila Moreno Lozano y se les ordenara indemnizarles los correspondientes perjuicios.

En la demanda se indicó que a la paciente no se le prestaron los servicios médicos

propósito de que se les declarara responsables del deceso de la señora Luzmila Moreno Lozano y se les ordenara indemnizarles los correspondientes perjuicios.

En la demanda se indicó que a la paciente no se le prestaron los servicios médicos necesarios para aliviar sus dolencias de salud , pues a pesar de que se le diagnosticó trombocitopenia no se le r ealizó transfusión de plaquetas, lo que impidió efectuar «Punción Lumbar para extraer el Líquido necesario para Valorar la Causa de las Convulsiones para proceder con el estudio de la patología de la paciente ordenados por el médico », situaciones que le impidieron recuperarse y que comportaban falla del servicio.

El asunto contencioso -administrativo fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, que el 8 de agosto de 2015 lo admitió y el 23 de octubre de 2017 celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dentro de la que se decretaron como pruebas los documentos allegados con la demanda (historia clínica de la paciente), el testimonio del médico Jackson Nagles 2 y un dictamen pericial que debía elaborar el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , organismo que manifestó que no contaba con el servicio pericial requerido, por lo que el 5 de junio de 2018 se dispuso que realizara la experticia la Universidad CES, a costa de la parte demandante.

El dictamen lo realizó la médica Diana Franco de los Ríos , quien en la audiencia de pruebas celebrada el 23 de julio de 2019 lo sustentó e indicó que no se constató en la

demandante.

El dictamen lo realizó la médica Diana Franco de los Ríos , quien en la audiencia de pruebas celebrada el 23 de julio de 2019 lo sustentó e indicó que no se constató en la historia clínica si la paciente presentaba sangrado en la orina, pues de presentarlo debía remitirse a un centro asistencial de alta complejidad, sin embargo, se evidenciaba que pese a las limitaciones de COMFACHOCÓ, a la difunta «se le brindó una atención inmediata desde el momento de la consulta, no se retrasó, sin embargo, faltó un poco de índice de sospecha

2 Prueba de la que se desistió el 5 de junio de 2018, porque el testigo no acudió a la audiencia de pruebas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05110-00

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[…] dada la disminución de la hemoglobina durante la estancia que indicaba que había un sangrado importante [era necesario] que fuera remitida de inmediato a un centro de alta complejidad», pero como ello no aconteció se afectó su atención y hubo «una pérdida de la oportunidad de un diagnóstico y un tratamiento temprano».

Que en CAPRECOM « faltó integralidad a la hora de la atención médica, dado que […] no se tuvieron en cuenta datos paraclínicos importantes », lo que impidió determinar la falla inter sistémica que derivó en la muerte de la paciente y que involucra «falta de premura al

tuvieron en cuenta datos paraclínicos importantes », lo que impidió determinar la falla inter sistémica que derivó en la muerte de la paciente y que involucra «falta de premura al decidir» sobre la remisión a un centro asistencial de mayor complejidad, lo que derivó en restarle oportunidad de «sobrevida», de ahí que se concluyera que la atención médica no fue acorde a la lex artis.

Mediante sentencia del 11 de noviembre de 2020 el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó declaró responsables a CAPRECOM y a COMFACHOCÓ y los condenó a pagar 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) por concepto de daños morales a Haidy Andrea, Jennifer, Luz Clemencia, Luis Fernando y Luis Ángel Moreno Moreno3, al considerar que se acreditó una falla médica en relación con el diagnóstico de las enfermedades que padecía la señora Luzmila Moreno Lozano (q. e. p. d.), pues el dictamen pericial dio cu enta de que no se advirtió alteraciones de funciones esenciales que sugerían una «falla orgánica multisistématica», lo que impidió brindarle un tratamiento médico adecuado4.

La anterior decisión fue apelada por COMFACHOCÓ y CAPRECOM, en razón a que la prueba pericial daba cuenta de que se le brindó a la paciente la atención médica requerida y que no se realizó su traslado a un centro asistencial de alta complejidad por razones que no le eran atribuibles. Además, no era dable atribuirles un error en el diagnóstico, ya que la medicina era una profesión de medios y no de resultados.

La parte demandante también apeló el fallo de primera instancia, comoquiera que en la

que no le eran atribuibles. Además, no era dable atribuirles un error en el diagnóstico, ya que la medicina era una profesión de medios y no de resultados.

La parte demandante también apeló el fallo de primera instancia, comoquiera que en la audiencia inicial se indicó que Luis Edison Moreno Moreno y Maribeth Potes Moreno tenían legitimación en la causa por activa, con lo que quedó acreditado su parentesco con la señora Luzmila Moreno Lozano, en consecuencia, debía otorgárseles los perjuicios morales.

Por medio de sentencia del 14 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, desató las precitadas apelaciones en el sentido de revocar el fallo de primera instancia, declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de las condenadas y denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa, en razón a que la responsabilidad extracontractual del Estado en asuntos como el debatido exigía la acreditación de una falla médica, es decir, la demostración de que la atención médica no cumplió «los estándares de calidad fijados en los protocolos para la prestación del servicio médico», presupuesto que no se acreditó, ya que las pruebas daban cuenta que a la paciente « se le brindó un servicio oportuno tanto en el primer como en el segundo nivel de atención, por parte de los especialistas que estuvieron a cargo de su atención y tratamiento » y aunque se ordenó la remisión a un centro de tercer nivel, este no se realizó por cuestiones climatológicas.

Que «[q]uedó probado que desde su ingreso la señora Moreno Lozano presentaba una falla multisistémica de origen desconocido y un recuento de plaquetas extremadamente bajo

climatológicas.

Que «[q]uedó probado que desde su ingreso la señora Moreno Lozano presentaba una falla multisistémica de origen desconocido y un recuento de plaquetas extremadamente bajo (diagnóstico de trombocitopenia) que obligaba a un enfoque médico más avanzado; por lo que el día 29 de mayo se procedió a dar remisión urgente a neurología de III nivel de complejidad conforme se advierte en la epicrisis».

3 Se excluyó a Luis Edison Moreno Moreno y Maribeth Potes Moreno porque no allegaron los respectivos registros civiles de nacimiento. 4 También se condenó en costas a la parte allí demandante por 2 smlmv.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05110-00

Demandantes: Haidy Andrea Moreno Moreno y otros

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Concluyó que los elementos de convicción no daban cuenta de alguna omisión por parte del servicio médico, lo que comportaba incumplimiento de la carga probatoria de la parte accionante, en consecuencia, no se demostró el elemento de la responsabilidad denominado imputación, de ahí que no fuera dable acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

4. Fundamentos de la tutela

Los tutelantes expusieron las razones por las que consideran que la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

Adujeron que la sentencia cuestionada incurría en defecto fáctico, porque aunque en

Los tutelantes expusieron las razones por las que consideran que la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

Adujeron que la sentencia cuestionada incurría en defecto fáctico, porque aunque en ella se hizo referencia a l dictamen pericial practicado en el trámite del proceso de reparación directa 27001-33-33-002-2015-00381-00/01, no se tuvo en cuenta lo allí consignado, ya que no se advirtió que la profesional de la medicina que lo elaboró concluyó que la atención a la señora Luzmila Moreno Lozano no fue adecuada por cuanto no atendió la lex artis, lo que derivó en una pérdida de la oportunidad de recuperarse.

Que la aseveración de que la paciente ingresó con una falla sistémica de origen desconocido carecía de respaldo probatorio, ya que no hubo un dia gnóstico que determinara el origen de las afecciones, tal como se infería de las aseveraciones de la perito, quien señaló que l a tardanza en remitirla a un centro asistencial de mayor nivel impidió determinar la fuente de las afecciones, tener un adecuado diagnóstico y surtir el tratamiento adecuado, lo que desatendió la lex artis.

Sostuvieron que el fallo atacado también adolecía de desconocimiento del precedente, comoquiera que desatendió el criterio del Consejo de Estado5 según el cual el error en el diagnóstico médico compromete la responsabilidad de la administración, tal como, dicen, aconteció en el suceso de la señora Luzmila Moreno Lozano, pues las valoraciones desatendieron la lex artis, como se consignó en la respectiva experticia.

5. Trámite procesal

aconteció en el suceso de la señora Luzmila Moreno Lozano, pues las valoraciones desatendieron la lex artis, como se consignó en la respectiva experticia.

5. Trámite procesal

Con auto del 25 de agosto de 2025 , el Despacho sustanciador inadmitió la acción de la referencia, toda vez que Haidy Andrea Moreno Moreno dijo actuar en nombre propio y como agente oficiosa de sus hermanos Jennifer, Luis Fernando, Edinson, Luz Clemencia y Luis Ángel Moreno Moreno y Maribeth Potes Moreno, pero no indicó los motivos por los cuales ellos no podían acudir a la tutela en aras de pedir la protección de sus derechos fundamentales, por lo que se le concedieron 3 días en aras de que realizara las precisiones sobre el particular.

En cumplimiento de lo anterior, la demandante allegó la solicitud de amparo suscrita por sus hermanos, motivo por el cual el 2 de septiembre de 2025 el Despacho sustanciador admitió la tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como terceros con interés (i) a la juez segunda administrativa de Quibdó, que conoció en primera instancia el proceso de reparación directa 27001 -33-33-002-2015-00381-00/01, y (ii) a la Fiduprevisora S.A. (en condición de vocera y administradora de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom IPS, hoy PAR COMPRECOM Liquidado), a COMFACHOCÓ y a la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, organismos que fungieron como demandados en el aludido asunto contenciosoadministrativo.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado

organismos que fungieron como demandados en el aludido asunto contenciosoadministrativo.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el

5 Sección Tercera, sentencias (i) de 8 de mayo de 2013, M. P. Olga Melida Valle de De La Hoz, expediente 25000-2326-000-2000-0123-01; (ii) de 2 de mayo de 2016, M. P. Danilo Rojas Betancourt, expediente 66001 -23-31-000-202500026-01; y (iii) de 3 de octubre de 2016, M. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 05001-23-31-000-1999-02059-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05110-00

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22, 25 y 29 de septiembre de 2025.

6. Intervenciones

La Fiduprevisora SA , por conducto de apoderado, adujo que no era dable atribuirle vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes porque sus motivos de inconformidad derivan de la sentencia a través de la cual el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, desató en segunda instancia la demanda de reparación directa 27001 -33-33-002-2015-00381-00/01, en la cual no tuvo incidencia

Chocó, Sala Segunda de Decisión, desató en segunda instancia la demanda de reparación directa 27001 -33-33-002-2015-00381-00/01, en la cual no tuvo incidencia alguna, en consecuencia , carecía de legitimación en la causa por pasiva por lo que procedía su desvinculación de este trámite constitucional.

El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó , COMFACHOCÓ y la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís guardaron silencio, a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional6 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el sub examine, la Sala evidencia que en la contestación de la acción de tutela de la referencia la Fiduprevisora SA sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque los accionantes no le atribuyeron la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, en consecuencia, debía ser desvinculada de este trámite constitucional,

referencia la Fiduprevisora SA sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque los accionantes no le atribuyeron la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, en consecuencia, debía ser desvinculada de este trámite constitucional, solicitud que debe desestimarse, puesto que tiene la condición de vocera y administradora de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom IPS (Hoy PAR COMPRECOM Liquidado) , organismo demandado en el proceso de reparación directa 27001-33-33-002-2015-00381-00/01, dentro del cual se emitió la providencia aquí cuestionada, de manera que le asiste interés en este asunto.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por los demandantes con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 14 de febrero de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, decidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 27001 -33-33-002-2015-0038100/01.

La Sala anticipa que accederá al amparo pretendido en razón a que la sentencia atacada incurrió en defecto fáctico al no valorar el dictamen pericial practicado en el marco del proceso de reparación directa 27001-33-33-002-2015-00381-00/01, que pudo incidir en la decisión, pues en él se indicó que hubo inobservancia de la lex artis en la atención médica brindada a Luzmila Moreno Lozano.

6 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella

brindada a Luzmila Moreno Lozano.

6 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05110-00

Demandantes: Haidy Andrea Moreno Moreno y otros

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de demostrarse los defectos invocados por l os accionantes, en especial el fáctico, se afectarían las garantías superiores señaladas en el escrito de tutela, en particular el debido proceso, pues la presunta indebida valoración probatoria quebranta prerrogativas de las partes del proceso , protegidas por el sistema normativo superior , que amerita la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los tutelantes es constitucional y no netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la reparación integral, según la cual los afectados por la omisión del Estado les asiste la prerrogativa de acceder a la debida reparación de los perjuicios que se les cause. Asimismo, no se evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos, ya que los accionantes no contaron con la posibilidad de pronunciarse sobre las cuestiones que reprocha n en esta instancia porque conciernen a la sentencia que d ecidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 27001-33-33-002-2015-00381-00/01.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la verificación del expediente 27001-33-33-002-2015-00381-00/01 el correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 19 de febrero de 2025, por

verificación del expediente 27001-33-33-002-2015-00381-00/01 el correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 19 de febrero de 2025, por lo que se entiende notificada el 24 del mismo mes y año, de conformidad con el numeral 2 del artículo 205 9 del CPACA, y la tutela fue presentada el 19 de agosto de 2025 ( 5 meses y 24 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo adecuado para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia. Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.

7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 9«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 9«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05110-00

Demandantes: Haidy Andrea Moreno Moreno y otros

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También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los tutelantes atacan una providencia emitida en un proceso de reparación directa.

5. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo, los demandantes s ostienen que l a sentencia cuestionada incurre en:

(i) defecto fáctico, toda vez que no advirtió que en el dictamen pericial practicado en el proceso de reparación directa 27001-33-33-002-2015-00381-00/01 se concluyó que la atención médica brindada a la paciente Luzmila Moreno Lozano desatendió la lex artis y ello conllevó que perdiera la oportunidad de acceder a un tratamiento adecuado,

la atención médica brindada a la paciente Luzmila Moreno Lozano desatendió la lex artis y ello conllevó que perdiera la oportunidad de acceder a un tratamiento adecuado, y carecía de respaldo probatorio la aseveración de que la falla sistémica que aquella padecía era de origen desconocido; y

(ii) desconocimiento del precedente , ya que inobservó la postura del Consejo de Estado10 según la cual el error en el diagnóstico comportaba una falla del servicio médico, el cual aconteció en relación con la señora Luzmila Moreno Lozano porque se pudo determinar que su atención médica no se efectuó conforme a la lex artis, como lo concluyó la experticia.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional la Sala evidencia que el 23 de mayo de 2013 la señora Luzmila Moreno Lozano acudió a COMFAMACHOCÓ por padecer afecciones de salud y el 27 de mayo siguiente la trasladaro n a CAPRECOM, donde murió en la madrugada del 30 de mayo de 2013 sin que se alcanzara a efectuar el traslado a la Nueva ESE Hospital San Antonio de Asís de Quibdó.

Por ese suceso los accionantes promovieron demanda de reparación directa 27001-3333-002-2015-00381-00/01 contra los mencionados organismos, de la que conoció e n primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, que decretó una prueba pericial elaborada por la Universidad CES, a través de la profesional de la salud Diana Franco de los Ríos11, quien concluyó:

Considero que en la IPS CAPRECOM DEL CHOCÓ faltó integralidad y continuidad a la hora de la

pericial elaborada por la Universidad CES, a través de la profesional de la salud Diana Franco de los Ríos11, quien concluyó:

Considero que en la IPS CAPRECOM DEL CHOCÓ faltó integralidad y continuidad a la hora de la atención médica dado que al parecer y según los registros consignados en la historia clínica, no se tuvieron en cuenta datos paraclínicos importantes e incluso no se realizó el enfoque temprano de signos […].

Considero que la atención en COMFACHOCO, dado el bajo nivel de complejidad descrito, se brindó a la paciente atención inmediata desde el momento de la consulta inicial, a pesar de los pocos recursos clínicos y paraclínicos; sin embargo, falt ó [analizar] síntomas que presentaba la paciente (dificultad respiratoria, hipoxemia) que eran de vital importancia, lo cual restó seguridad al proceso diagnóstico y terapéutico llevado a cabo. Adicionalmente, hubo falta de premura respecto a la hora de decidir la ejecución de un traslado […] a un mayor nivel de complejidad, donde pudiera haber sido aclarado el cuadro y por ende recibir un manejo más avanzado de su condición médica, lo cual le restó a la paciente oportunidad de recuperación y sobrevida. Por todo lo anteriormente descrito, la