CE - Sentencia 11001031500020250511100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

Accionantes: Heidy Lorena Erazo Ortiz, Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José

Gregorio Perdomo Ortiz, Yasmín Daniela Castro Ortiz y Carol Liseth Castro Ortiz

Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa . Subtema 2: falla médica. Subtema 3: defectos sustantivo y fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud interpuesta por Heidy Lorena Erazo Ort iz, Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ort iz, Yasmín Daniela Castro Ort iz y Carol Liseth Castro Ortiz, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Heidy Lorena Erazo Ortiz, en su nombre y en representación de su hijo Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ortiz, Yasmín Daniela Castro Ortiz y Carol

Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Heidy Lorena Erazo Ortiz, en su nombre y en representación de su hijo Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ortiz, Yasmín Daniela Castro Ortiz y Carol Liseth Castro Ortiz presentaron escrito de tutela 1 con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con ocasión de la sentencia pr oferida el 23 de enero de 2025, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 18002-33-33-001-2013-01107-00/01.

1 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05111-00, índice 2, 3D8C5C47B264A20D 14AB70084D5088DF 137F8FC5151EE72A DBD854C2E2A7EC34.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

Accionantes: Heidy Lorena Erazo Ortiz, Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ortiz, Yasmín Daniela Castro Ortiz y Carol Liseth Castro Ortiz

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II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes

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II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. Heidy Lorena Erazo Ort iz, Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ortiz, Yasmín Daniela Castro Ort iz y Carol Liseth Castro Ort iz radicaron demanda de reparación directa contra la Empresa Social del Estado ( ESE) Hospital María Inmaculada y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones ( CAPRECOM) con el objeto de que se declarara su responsabilidad administrativa por el fallecimiento de

la señora Yasmín Ortiz Rodríguez.

3. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia expidió sentencia el 29 de marzo de 2019 en la que declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva a favor del llamado en garantía, declaró a las entidades demandadas administrativamente responsables por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de la señora Yasmín Ortiz Rodríguez y las condenó al pago de perjuicios.

4. Analizó el caso a la luz del régimen de responsabilidad subjetivo de la falla del servicio y determinó que el daño derivado de la muerte de la víctima no e ra imputable a la atención médico -quirúrgica, ya que según la historia clínica la paciente ingresó en condiciones graves, debido a las heridas producidas por un proyectil de arma de fuego que le generaron un shock hipovolémico.

5. No obstante, comoquiera que los demandantes también invocaron el daño por

paciente ingresó en condiciones graves, debido a las heridas producidas por un proyectil de arma de fuego que le generaron un shock hipovolémico.

5. No obstante, comoquiera que los demandantes también invocaron el daño por pérdida de la oportunidad, analizaron los elementos que permitían configurarlo, así:

• Falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado. De conformidad con el dictamen pericial y la historia clínica aportada al proceso la transfusión de sangre tenía por objeto estabilizar hemodinámicamente a la paciente para, pasadas 12 horas, intentar una nueva intervención quirúrgica. De este modo, su expectativa de vida no alcanzaba el grado de certeza, sin que se hubiera podido realizar la segunda intervención por la gravedad de las condiciones que presentaba. En consecuencia, está acreditado el primer requisito del daño, al no existir certeza de que la señora Yasmín Ortiz Rodríguez hubiera sobrevivido.

• Certeza de la existencia de una oportunidad . Tanto la historia clínica como el dictamen permiten establecer que existía la posibilidad de que la señora Yasmín Ortiz Rodríguez se hubiera estabilizado de haber recibido la transfusión completa de sangre. Así, en términos del peritaje, al existir un 80% de probabilidad de muerte, el restante 20% era una expectativa legítima de sobrevivir.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

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• Certeza de que la posibilidad de adquirir el beneficio o de evitar el perjuicio se extinguió de forma irreversible del patrimonio de la víctima . En efecto, la posibilidad con la que contaba la víctima se extinguió toda vez que no fue posible suministrar las 4 bolsas de sangre que necesitaba al no contar con el inventario completo. Así, según se registró en las notas de enfermería, a la paciente solo se le proveyó 1 bolsa de sangre.

6. Superado lo expuesto, el Juzgado avanzó al juicio de imputación, frente al cual consideró que la entidad demandada incumplió las obligaciones que le asistían de contar con un servicio de trasfusión de sangre y hemoderivados para atender los requerimientos de salud de los pacientes. Adicionalmente, no les comunicó esta situación a los familiares con el fin de obtener los donantes compatibles con el factor RH ni se valió de los restantes centros de atención que exist ían en la ciudad. Por ende, el daño por pérdida de oportunidad e ra imputable a las entidades demandadas ante la prestación deficiente del servicio de salud.

7. Si bien la llamada en garantía, la Previsora S.A, debía responder por la condena que se impusiera contra la ESE, no ha bía prueba de que el asegurado

demandadas ante la prestación deficiente del servicio de salud.

7. Si bien la llamada en garantía, la Previsora S.A, debía responder por la condena que se impusiera contra la ESE, no ha bía prueba de que el asegurado radicó reclamación dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de la vigencia de la póliza, el 31 de diciembre de 2011. En este orden la Previsora S.A solo conoció de esta situación una vez se le notificó el auto admisorio, razón por la que operó la prescripción extintiva de la acción frente a la entidad.

8. Inconformes con esta decisión, l os actores y CAPRECOM liquidado radicaron recursos de apelación, este último frente al cual el Hospital María Inmaculada se adhirió. En particular, los demandantes consideraron que no se debió analizar la pérdida de la oportunidad sino la falla del servicio. Por su parte, las r eferidas entidades manifestaron que no tenían responsabilidad porque la muerte no se produjo como consecuencia de su actuar, razón por la que solo sería atribuible a la Institución Prestadora de Salud (IPS) en donde la víctima fue atendida.

9. Además, destacaron que no existía solidaridad entre CAPRECOM y el Hospital demandado, por ausencia de fuente formal en el ordenamiento jurídico. Finalmente, el Hospital, en la apelación adhesiva, refirió que debía probarse la falla del servicio, que no estaba acreditado el nexo causal, que existió defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas y que era inexistente la oportunidad de sobrevivir. En igual sentido, hizo referencia a las obligaciones de medio y de resultado.

10. El Tribunal Administrativo del Caquetá resolvió los recursos de apelación en

valoración de las pruebas y que era inexistente la oportunidad de sobrevivir. En igual sentido, hizo referencia a las obligaciones de medio y de resultado.

10. El Tribunal Administrativo del Caquetá resolvió los recursos de apelación en sentencia del 23 de enero de 2025, en la que puso de presente que el daño derivado de la muerte de la señora Yasmín Ort iz Rodríguez estaba demostrado por lo que se concentraría en la falla probada. Puntualmente, hizo referencia al contenido de los registros contenidos en la historia clínica aportada al proceso, según los cualesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

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lo que se pretendía era reintervenir a la paciente luego de lograr su estabilización hemodinámica, pero a la señora solo se le pudo colocar la trasfusión sanguínea de una unidad de glóbulos rojos empacados (GRE) ante la indisponibilidad de sangre.

11. Asimismo, la autoridad judicial analizó el acta de inspección técnica de cadáver fechada 2 de octubre de 2011, el informe pericial de necropsia número 2011010118001000212 del 3 de octubre de 2011 y el peritaje rendido por el médico Luis Eduardo Sanabria Ri vera, el cual se sustentó en audiencia de pruebas

2011010118001000212 del 3 de octubre de 2011 y el peritaje rendido por el médico Luis Eduardo Sanabria Ri vera, el cual se sustentó en audiencia de pruebas celebrada el 26 de julio de 2019.

12. Concretamente, en punto a este último se resaltaron las afirmaciones realizadas por el médico, según las cuales la atención que se le prestó a la paciente fue la correcta y la muerte ocurrió por un choque hipovolémico secundario debido a las heridas causadas por el proyectil de arma de fuego. El galeno enfatizó en que la hemoglobina estaba baja, razón por la que la hemorragia y la muerte no se produjeron únicamente por el choque hipovolémico. Así, aun cuando la trasfusión de sangre era necesaria, no explicaba por sí sola el deceso de la paciente.

13. En razón a ello, el Tribunal tuvo por probado que la paciente estaba en muy malas condiciones cuando ingresó al centro asistencial, de ahí que no se incurrió en falla médica porque lo que se advertía era la diligencia en la atención que recibió.

Pese a que la parte demandante alegó que la falla del servicio se estructuró en la imposibilidad de realizar la transfusión de sangre, la cual fue determinante para la muerte, lo cierto es que según la historia clínica la paciente siempre demostró un cuadro desfavorable, lo que impedía tener por demostrada esa situación.

14. Destacó que la parte actora tenía el deber de demostrar que la muerte ocurrió como consecuencia de la ausencia de transfusión sanguínea, aspecto frente al cual se aportó dictamen pericial. Sin embargo, de las consideraciones del perito se extrae que la causa determinante del fallecimiento fue el carácter crítico en el

ocurrió como consecuencia de la ausencia de transfusión sanguínea, aspecto frente al cual se aportó dictamen pericial. Sin embargo, de las consideraciones del perito se extrae que la causa determinante del fallecimiento fue el carácter crítico en el que se encontraba la paciente , tan así que tenía la expectativa de morir a las 12 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, sin que incidiera s i recibía o no la transfusión. Por consiguiente, el daño no se les podía at ribuir a las entidades demandadas y la parte actora incumplió la carga probatoria que le asistía según lo dispone el artículo 167 del CGP.

15. Con todo, el Tribunal precisó que en la sentencia de primera instancia se determinó la ocurrencia del daño autónomo de la pérdida de la oportunidad, en tanto la víctima tenía un 20% de posibilidad de sobrevivir. En razón a ello, analizó los requisitos que permitirían considerar que, de haberse realizado la transfusión de sangre a la señora Yasmín Ort iz Rodríguez, tenía una expectativa de supervivencia cierta:Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

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a) Falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado. Este requisito no está

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia) www.consejodeestado.gov.co

a) Falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado. Este requisito no está acreditado porque según la historia clínica y el peritaje las posibilidades con las que contaba la señora Yasmín Ort iz Rodríguez no eran de supervivencia, pese a los esfuerzos médicos realizados.

b) Certeza de la existencia de una oportunidad. A pesar de que no se logró la cantidad de transfusión sanguínea ordenada, no existía una posibilidad cierta de recuperación.

c) Certeza de que la posibilidad de adquirir el beneficio o evitar el perjuicio se extinguió de manera irreversible del patrimonio de la víctima. De acuerdo con las consideraciones expuestas, el Tribunal encontró que no había forma de establecer que la simple realización de transfusiones sanguíneas hubiera garantizado alguna recuperación. Por los motivos expuestos, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

16. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 23 de enero de 2025. Asimismo, pidió ordenarle al Tribunal Administrativo del Caquetá que profiera una sentencia de reemplazo. En sustento, indicó que la decisión incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, por inaplicación del artículo 232 del Código General del Proceso ( CGP), y valoración defectuosa de la historia clínica que se allegó al proceso.

y fáctico, por inaplicación del artículo 232 del Código General del Proceso ( CGP), y valoración defectuosa de la historia clínica que se allegó al proceso.

17. En particular, la conclusión del Tribunal se sustentó solo en el dictamen pericial.

De ahí que se dejó de lado su apreciación razonada con la historia clínica, que es la prueba más importante en un proceso de responsabilidad médica. Así, este documento brindaba certeza sobre las actuaciones y las órdenes médicas que se impartieron para lograr el diagnóstico y el tratamiento de la víctima.

18. Por tanto, si la historia clínica se hubiera valorado, el Tribunal habría advertido, entre otras circunstancias, que: (i) el médico dio la orden de reservar 4 unidades de «GRE»; (ii) la señora Yasmín Ortiz Rodríguez fue intervenida a las 11pm del 1 de octubre de 2011, luego de haber transcurrido más de 40 minutos desde que ingresó al servicio de urgencias de la ESE; (iii) el médico le ordenó determinados medicamentos después de la cirugía; y (iv) las órdenes de los médicos «tenían por finalidad estabilizarla hemodinámicamente».

19. Además, destacó que, de la historia clínica, en particular del contenido de la epicrisis, se extraía que a la paciente no se le pudo transfundir por no contar con la disponibilidad, circunstancia que constituía una falla del servicio al incumplirse lo previsto por la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social. Allí, en específico, se previó que comprendía una falla no contar con los contratos mediante los cualesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

previsto por la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social. Allí, en específico, se previó que comprendía una falla no contar con los contratos mediante los cualesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

Accionantes: Heidy Lorena Erazo Ortiz, Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ortiz, Yasmín Daniela Castro Ortiz y Carol Liseth Castro Ortiz

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se lograra el abastecimiento de sangre y, en general, el stock que se requería para estos efectos.

20. De este modo, el Tribunal se limitó a señalar lo extraído a partir de la historia clínica sin hacer un análisis de las apreciaciones establecidas. Por tanto, comoquiera que las órdenes médicas cumpl ían la finalidad de establecer tanto el diagnóstico, como el tratamiento, «es incomprensible que la orden de transfusión de GRE no se haya realizado, pues, finalmente, es el médico tratante quien impartió la orden con la finalidad de recuperar hemodinámicamen te a la paciente con la finalidad de continuar con el r espectivo tratamiento, el cual, como lo establece la propia historia clínica, no fue cumplido por no disponibilidad de unidades de GRE».

21. Por consiguiente, aceptar que las órdenes de los médicos no son obligatorias es una afirmación que desconoce los derechos a la dignidad humana y a la salud.

De ahí se extrae que existió una falla en la prestación del servicio que se le brindó

21. Por consiguiente, aceptar que las órdenes de los médicos no son obligatorias es una afirmación que desconoce los derechos a la dignidad humana y a la salud.

De ahí se extrae que existió una falla en la prestación del servicio que se le brindó a la señora Yasmín Ortiz Rodríguez , ante el incumplimiento de la orden impartida por el médico tratante de transfundir sangre. En consecuencia, se le cercenó la posibilidad de acceder al tratamiento.

22. En este orden, la parte dispuso que haría propio lo manifestado por la magistrada Yanneth Reyes Villamizar en el salvamento de voto presentado contra la sentencia tutelada , a partir del cual concluyó que las pruebas aportadas al proceso no fueron apreciadas de manera debida.

2.3. Trámite procesal

23. El despacho ponente, mediante auto del 21 de agosto de 2025 2, admitió la solicitud de amparo; vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, a la ESE Hospital Departamental María Inmaculada, a CAPRECOM y a la Previsora S.A; requirió para que se aportara el expediente ordinario; le reconoció personería al abogado de la parte actora y tuvo como pruebas los documentos aportados con el escrito de tutela.

24. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia remitió enlace de acceso al expediente ordinario y el Tribunal Administrativo del Caquetá rindió informe de contestación en el que indicó que la parte accionante se remitió a reiterar los argumentos mediante los cuales pretendió la declaratoria de responsabilidad de la ESE, con el fin de reabrir el debate probatorio y hacer prevalecer su interpretación.

contestación en el que indicó que la parte accionante se remitió a reiterar los argumentos mediante los cuales pretendió la declaratoria de responsabilidad de la ESE, con el fin de reabrir el debate probatorio y hacer prevalecer su interpretación. De este modo en la sentencia de segunda instancia se analizaron en debida forma las pruebas y se concluyó que la causa eficiente del daño no era imputable a las entidades demandadas. En consecuencia, pidió negar el amparo3.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05111-00, índice 4. 3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05111-00, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

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25. El apoderado de la fiduciaria La Previsora S.A indicó que en el caso puntual no había nexo causal con la violación de los derechos, en tanto la solicitud está encaminada a dejar sin efectos la sentencia proferida el 2 3 de enero de 2025, lo que no es de su competencia. Pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva con su consecuente desvinculación de este trámite . Con todo, expresó que no ha vulnerado los derechos de la parte actora4.

que no es de su competencia. Pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva con su consecuente desvinculación de este trámite . Con todo, expresó que no ha vulnerado los derechos de la parte actora4.

26. La apoderada de la ESE Hospital Departamental María Inmaculada manifestó que la parte accionante sustentó su demanda en una discrepancia con la valoración probatoria del Tribunal, de manera que permitir la prosperidad del amparo implicaría desconocer la autonomía, independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica. En este orden, determinó que la conclusión a la que llegó el Tribunal no solo fue razonable, sino que era la única posible , porque pese a que se valió del contenido de la historia clínica para establecer e l supuesto de la falta de sangre, «acudió a la prueba pericial para determinar la significancia causal de dicho hecho.

Esa distinción es fundamental porque una cosa es probar un hecho y otra, muy distinta, es probar que ese hecho fue la causa determinante del daño».

27. Por ende, el Tribunal le otorgó mérito de convicción a la prueba pericial que tiene gran peso en asuntos de responsabilidad médica, motivo para considerar que no incurrió en los defectos alegados. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada empleó en debida forma los presupuestos de la pérdida de oportunidad. Por estas razones, pidió negar por improcedente el amparo y dejar incólume la sentencia enjuiciada5.

28. Finalmente, la representante de la Previsora S.A pidió su desvinculación de este trámite y la declaratoria de improcedencia del amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente, solicitó negar las pretensiones porque no se

28. Finalmente, la representante de la Previsora S.A pidió su desvinculación de este trámite y la declaratoria de improcedencia del amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente, solicitó negar las pretensiones porque no se vulneraron los derechos fundamentales6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente solicitud de amparo interpuesta contra el Tribunal Administrativo del

Caquetá.

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05111-00, índice 10. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05111-00, índice 11, A105D6FC5F49115E 13F73F2C46E7B9EC 3A210C9A6CFCFFD5 3CCCCFCF6A957CD1. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05111-00, índice 13.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

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3.2. Legitimación en la causa

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3.2. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa por activa de Heidy Lorena Erazo Ortiz, en su nombre y como representante de su hijo Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ort iz, Yasmín Daniela Castro Ort iz y Carol Liseth Castro Ort iz se encuentra acreditada, por cuanto fueron demandantes en el proceso iniciado en ejercicio del medio de control de reparación directa. Por tanto, son los titulares de los derechos que se consideraron vulnerados . Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Caquetá, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del 23 de enero de 2025, que, según afirmó la parte actora, quebrantó sus derechos fundamentales.

31. Ahora bien, la fiduciaria La Previsora S.A indicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual solicitó su desvinculación de este trámite de tutela al considerar que carec e de competencia para atender el caso. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercera con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez la Previsora S.A participó como llamada en garantía dentro del proceso en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 7 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo c onstitucional8. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

Accionantes: Heidy Lorena Erazo Ortiz, Jhon Jairo Guarnizo

8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05111-00

Accionantes: Heidy Lorena Erazo Ortiz, Jhon Jairo Guarnizo Erazo, José Gregorio Perdomo Ortiz, Yasmín Daniela Castro Ortiz y Carol Liseth Castro Ortiz

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33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la

constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

36. Así pues, la Corte Constitucional 12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»14; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y,

9 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 10 Corte Constit