CE - Sentencia 11001031500020250513300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: VICENTE ANTONIO RODRÍGUEZ PENAGOS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA

QUINTA DE DECISIÓN

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional / DEFECTO PROCEDIMENTAL - Caracterización / INDEBIDA VINCULACIÓN DE UN SUJETO PROCESAL– No releva al juez ordinario del deber de resolver de fondo la cuestión litigiosa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por el señor Vicente Antonio Rodríguez Penagos, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 19 de agosto de 2025, a través de apoderado 2, el señor Vicente Antonio Rodríguez Penagos presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Quindío – Sala Quinta de Decisión, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,

Rodríguez Penagos presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Quindío – Sala Quinta de Decisión, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la confianza legítima y a la prevalencia del derecho sustancial.

Hechos relevantes

2. El 7 de julio de 20213, el señor Vicente Antonio Rodríguez Penagos radicó una reclamación administrativa de cesantías parciales para la compra de vivienda. Esto lo hizo ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y el Departamento del Quindío, debido a que laboraba como docente en los servicios educativos estatales. 1 Que ingresó para fallo el 9 de septiembre de 2025. 2 El abogado es Yobany Alberto López Quintero cuya tarjeta profesional es la No. 112.907. 3 Se advierte que en la solicitud radicada bajo el No. QUIND20210805VN1975576 aparece con fecha del 5 de agosto de 2021, tal como se observa en la resolución No. 04456.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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3. A través de Resolución No. 04456 del 6 de agosto de 20214, la Secretaría de Educación de la entidad territorial reconoció al tutelante las cesantías parciales solicitadas para la vivienda, las cuales pagó el 14 de diciembre de 20215. Además,

Educación de la entidad territorial reconoció al tutelante las cesantías parciales solicitadas para la vivienda, las cuales pagó el 14 de diciembre de 20215. Además, el 29 de noviembre de 20216, el señor Rodríguez Penagos requirió a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Quindío el reconocimiento a su favor de la sanción moratoria por concepto de dicha prestación. No obstante, al no haber respuesta, se configuró el silencio administrativo negativo y surgió un acto ficto en los términos del artículo 83 de la Ley 1437 de 2011.

4. Con base en lo anterior, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Vicente Antonio Rodríguez Penagos presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)7, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 1° de marzo de 2022, frente a la petición presentada el día 29 de noviembre de 2021, que negó el derecho a pagar la sanción por mora en el pago de las cesantías establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 20068. Así mismo, a título de restablecimiento, solicitó que las entidades demandadas debían reconocer y pagar en favor del señor Rodríguez Penagos la sanción por mora equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, además de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria.

sanción por mora equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, además de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria.

5. El 16 de agosto de 20229, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Armenia – Quindío (i) admitió la demanda y ordenó notificar personalmente la providencia a través del buzón electrónico según lo establecido en el artículo 199 del CPACA a las partes; (ii) corrió traslado de la demanda por el término de 30 días a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) con el fin de que contestaran, propusieran excepciones, solicitaran pruebas, llamaran en garantía y presentaran demanda de reconvención10; (iii) ordenó a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG – Departamento del Quindío “Secretaría de Educación” que allegara el expediente administrativo y las pruebas que tuviera en su poder (iv) requirió al Departamento

4 Obra en certificado E3FE63D41179E0AB 1D0E1669C1573C58 F0AB7D0804C06B7E D9A4B05C9E92AC4B, documento “003Anexos(.pdf) NroActua 2.pdf “, pág. 8 a 11, índice 12 de samai. 5 Obra en certificado E3FE63D41179E0AB 1D0E1669C1573C58 F0AB7D0804C06B7E

D9A4B05C9E92AC4B, documento “003Anexos(.pdf) NroActua 2.pdf “, pág. 12, índice 12 de samai. 6 Obra en certificado E3FE63D41179E0AB 1D0E1669C1573C58 F0AB7D0804C06B7E D9A4B05C9E92AC4B, documento “003Anexos(.pdf) NroActua 2.pdf “, pág. 14 a 17, índice 12 de samai. 7 Se advierte que la Fiduprevisora S.A. fue vinculada. 8 Equivalente a 1 día de su salario por cada día de retardo, contados desde los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago. 9 Obra en certificado E3FE63D41179E0AB 1D0E1669C1573C58 F0AB7D0804C06B7E D9A4B05C9E92AC4B, documento “007AutoAdmiteDemanda 2022-0044 7(.pdf) NroActua 4.pdf“, índice 12 de samai. 10 Dicho término empezaba a contar de conformidad con el artículo 199 inciso 4 del CPACA (modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021).Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

3 del Quindío – Secretaría de Educación para que remitiera el expediente administrativo; (v) reconoció personería a la abogada de la parte demandante; (vi)

Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

3 del Quindío – Secretaría de Educación para que remitiera el expediente administrativo; (v) reconoció personería a la abogada de la parte demandante; (vi) entre otros.

6. El 3 de febrero de 202311, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Armenia – Quindío remitió al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia la totalidad de 61 procesos, entre esos el 63001-33-33-001-2022-00447-00 que corresponde al del accionante. Lo anterior con base en el Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de 2022 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura a través del cual se ordenó la creación con carácter permanente de un nuevo juzgado administrativo en el Distrito Judicial Administrativo del Quindío. Es decir el Juzgado

Séptimo Administrativo de Armenia.

7. A través de auto del 15 de febrero de 202312, el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia (i) avocó conocimiento del asunto; (ii) tuvo por contestada la demanda del Departamento del Quindío; (iii) reconoció personería adjetiva a la abogada Sandra Moncada; (iv) vinculó de oficio a la Fiduciaria la Previsora S.A. y ordenó que se notificara personalmente de la demanda. Así como también corrió traslado por el término de 30 días para que pudiera contestar, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención; (v) entre otros.

8. Mediante sentencia del 26 de junio de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo

pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención; (v) entre otros.

8. Mediante sentencia del 26 de junio de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia adoptó las siguientes determinaciones: (i) declaró la nulidad del acto ficto configurado el 1° de marzo de 2022, mediante el cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006, solicitada por la parte demandante;

(ii) como restablecimiento del derecho, ordenó reconocer, liquidar y pagar a favor del demandante la sanción por mora a que se refiere del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, en razón de un (1) día de salario por cada retardo, a cargo del Departamento del Quindío – Secretaría de Educación, lo que equivale a 12 días, y a la Fiduprevisora el valor que asciende a 48 días. Sumado a ello, precisó que se debía tener en cuenta la asignación básica del año 2021, el cual era la vigente al momento de la causación de la mora; (iii) ordenó la indexación o actualización del valor correspondiente a la condena reconocida13; (iv) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (v) no condenó en costas en esa instancia; (vi) entre otros.

9. Inconforme con esta decisión, la Fiduprevisora S.A. interpuso recurso de apelación. Mediante providencia del 27 de febrero de 2025, el Tribunal

(vi) entre otros.

9. Inconforme con esta decisión, la Fiduprevisora S.A. interpuso recurso de apelación. Mediante providencia del 27 de febrero de 2025, el Tribunal

11 Obra en certificado E3FE63D41179E0AB 1D0E1669C1573C58 F0AB7D0804C06B7E D9A4B05C9E92AC4B, documento “020AutoRemiteProcesoAlJuzgadoSéptimoAdministrativoDeArmenia(.pdf) NroActua 10.pdf“, índice 12 de samai. 12Obra en certificado E3FE63D41179E0AB 1D0E1669C1573C58 F0AB7D0804C06B7E D9A4B05C9E92AC4B, documento “026AvocayOrdenaVincular 1202 2-00447(.pdf) NroActua 14.pdf “, índice 12 de samai. 13 De acuerdo con los artículos 187 del CPACA y el cumplimiento del fallo en la forma prescrita en el artículo 192 del CPACA.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

4 Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, tomó las siguientes determinaciones: (i) confirmó la sentencia de primera instancia en la que se acogieron parcialmente a las pretensiones de la demanda, salvo lo que corresponde a la condena impuesta a la Fiduprevisora, la cual se revocó, y (ii) se abstuvo de imponer condena en costas en esa instancia; (iii) entre otros.

a la condena impuesta a la Fiduprevisora, la cual se revocó, y (ii) se abstuvo de imponer condena en costas en esa instancia; (iii) entre otros.

10. La decisión se fundamentó en que si bien se reconocía la sanción moratoria a favor del demandante, no era posible pagarla en su totalidad, debido a que el señor Vicente Antonio Rodríguez Penagos no demandó a la Fiduprevisora S.A. ni al Departamento del Qui ndío. Esto resulta ser una problemática pues de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 y con la expedición y vigencia del Decreto 942 del 1° de junio de 2022 se señala que la mora del municipio es del ente territorial mientras que la responsabilidad de la Fiduciaria es responsabilidad de la misma. Luego entonces, no podían responder por el pago que les correspondería, dado que no fueron demandadas en debida forma. Por ese motivo se revocó la sentencia de primera instancia, respecto de la responsabilidad de la Fiduprevisora, ya que fue la única que apeló la providencia del a quo, mientras que el Departamento no recurrió el fallo, es decir aceptó su responsabilidad.

Pretensiones

11. Solicitó la parte accionante lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA QUINTA DE DECISIÓN, en la sentencia proferida el día 27 de febrero de 2025, dentro del medio de control con radicado No. 63-00133-33-001-2022-00447-01, transgredió los derechos fundamentales al

DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

febrero de 2025, dentro del medio de control con radicado No. 63-00133-33-001-2022-00447-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y CONFIANZA LEGÍTIMA de la parte accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍOSALA QUINTA DE DECISIÓN DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías del señor Vicente Antonio Rodríguez Penagos, sin desviar el debate jurídico sobre aspectos procesales que fueron resueltos en el curs o del proceso, surtiendo efectos jurídicos y excluidos de los juicios de reproche formulados en el recurso de apelación”14.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante sostuvo que se cumplían los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en especial la relevancia constitucional, 14 Ver pág. 7 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión

14 Ver pág. 7 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

5 porque el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva 15. Alegó que el Tribunal retrotrajo el debate a una supuesta irregularidad procesal ya subsanada en primera instancia -la vinculación del Departamento del Quindío y de la Fiduprevisora S.A.-, pese a que el juez natural contaba con herramientas legales (arts . 207 CPACA y 180 CGP) para sanear actuaciones y evitar fallos inhibitorios. Recordó que la jurisprudencia ha exigido a los jueces dirigir el proceso, garantizar economía procesal y priorizar el derecho sustancial sobre formalismos. Para esto citó un aparte de las sentencias 11001 -03-15-000-2024-05486-0116, 11001-03-15-0002024-05416-0117 y 11001-03-15-000-2025-02172-0018 del Consejo de Estado.

13. A su vez, el actor añadió que la vinculación de dichas entidades fue necesaria para resolver de fondo la sanción moratoria, no fue objetada por ellas y permitió avanzar en la fijación del litigio, pruebas y alegatos, hasta la sentencia que declaró la nulidad del acto ficto y ordenó el restablecimiento del derecho 19. Por ello, consideró erróneo que el Tribunal revocara esa decisión con base en formalismos, lo que configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, según

la nulidad del acto ficto y ordenó el restablecimiento del derecho 19. Por ello, consideró erróneo que el Tribunal revocara esa decisión con base en formalismos, lo que configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, según precedentes de la Corte Constitucional (sentencias SU-061 de 2018, T-237 de 2017 SU-041 de 2022 y SU-081 de 2024). A su juicio, la indebida aplicación rígida de reglas procesales sacrificó la justicia material y desconoció la confianza legítima del actor.

14. En esta lógica, mencionó algunas partes de la sentencia 11001 -03-15-0002024-05486-0020 del Consejo de Estado en la que se resolvió amparar los derechos fundamentales de la parte accionante bajo el análisis del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, así como las sentencias 11001-03-15-000-2024-054160121 y 11001-03-15-000-2025-02172-0022 de la misma Corporación. Estos casos eran similares, ya que se consideraba que la vinculación oficiosa se encontraba respaldada en las facultades otorgadas al juez contencioso. Lo anterior de conformidad con el artículo 207 de la Ley 1437 del 2011, así co mo el deber de adoptar medidas de saneamiento procesal previsto en el artículo 42 del Código

General del Proceso.

15 El tutelante puso de presente que los derechos fundamentales se ven comprometidos por la aplicación rigurosa e inflexible de las ritualidades y formalismos procesales, para desatender los mecanismos jurídicos destinados a corregir falencias advertidas en la actuación judicial, situación

aplicación rigurosa e inflexible de las ritualidades y formalismos procesales, para desatender los mecanismos jurídicos destinados a corregir falencias advertidas en la actuación judicial, situación que adquiere relevancia constitucional, en la medida en que se desconoce la función esencial de los jueces orientada a garantizar la primacía del derecho sustancial mediante la resolución efectiva de los conflictos, por lo cual resulta procedente la acción de tutela. 16 M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. 17 M.P. María Adriana Marín. 18 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 19 Mencionó como relevante la sentencia 66001-23-33-000-2009-0073-01(38341) del Consejo de Estado para efectos de la integración del litisconsorcio necesario. 20 M.P. Freddy Ibarra Martínez. 21 Ibidem. 22 Ibidem.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

6 Trámite en primera instancia

15. A través de auto del 22 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión como accionado. A su vez, dispuso informa del del inicio del proceso al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Departamento del Quindío – Secretaría de Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., al Ministerio Público, así como a los demás intervinientes

Ministerio de Educación Nacional, al Departamento del Quindío – Secretaría de Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., al Ministerio Público, así como a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 630013333-001-2022-00447-00/01, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia para que allegara copia digital del expediente con radicado 63001-3333001-2022-00447-00/01; y reconoció personería adjetiva al abogado Yobany Alberto López Quintero para que actuara en los términos del poder conferido.

Intervenciones

16. La Secretaría de Educación Departamental del Quindío indicó que se incumplieron la totalidad de los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Específicamente el de relevancia constitucional, pues el actor discute derechos de carácter económico accesorio y no se trata de mínimos laborales, al tratarse de sanciones e indemnizaciones moratorias. Para esto, mencionó la sentencia SU-573 de 2019, en la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías prevista por el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.

17. Adujo que no se puede pretender emplear el mecanismo de la acción de tutela como una tercera instancia, dado que ello desconocería la competencia de juez

344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.

17. Adujo que no se puede pretender emplear el mecanismo de la acción de tutela como una tercera instancia, dado que ello desconocería la competencia de juez natural, la seguridad jurídica y la cosa juzgada. En cuanto a los requisitos específicos, argumentó que no se acreditó la existencia de alguno que diera lugar a la configuración de una vulneración del debido proceso. Pues el hecho de que la parte ejecutante no compartiera los argumentos del juez natural y su superior no quiere decir que la decisión no esté fundada en derecho.

18. El Ministerio de Educación Nacional consideró que no se evidencia una vulneración de los derechos del accionante. Por el contrario, se presentaba una improcedencia de la acción constitucional porque no se demostraron las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas, a través de las cuales se comprometa gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia. Tampoco se acreditó que existía una vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la tardanza en la respuesta a sus solicitudes, como lo ha expuesto la Corte23. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva señaló que no es el llamado a responder por las pretensiones del accionante, 23 No precisó la jurisprudencia.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

7 porque dentro de sus competencias se circunscriben a la verificación del

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

7 porque dentro de sus competencias se circunscriben a la verificación del cumplimiento efectivo de las normas de educación superior por parte de las instituciones de este nivel formativo y de sus directivos.

19. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Armenia - Quindío explicó que con ocasión de la redistribución de procesos ordenada, mediante Acuerdo No. PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de 2022, avocó conocimiento según se evidencia en la providencia del 15 de febrero de 2022. Precisó que ese proceso ya contaba con admisión de la demanda por parte del Juzgado Primero Administrativo del Circuito, así como contenía las contestaciones de la demanda y demás documentos. Por tal motivo solicitó ser desvinculado porque no existía una vulneración de derechos fundamentales y la s pretensiones de la acción constitucional hacen referencia a la actuación surtida en segunda instancia. A su vez anexó enlace OneDrive24 del proceso ordinario.

20. El Tribunal Administrativo del Quindío consideró que lo que reclama el accionante es que se acoja su interpretación parcializada de los hechos hacia sus intereses, cuando el Tribunal al proferir decisión permitió dilucidar que el accionante solamente demandó al FOMAG, es decir, que escogió a ese litisconsorte como su objetivo único de reclamo. Por tanto, las vinculaciones posteriores efectuadas por el juzgado de primer grado, como si se tratara de un litisconsorcio necesario, no tenían cabida. En su criterio, convocar a otros litisconsortes sobre los cuales no se

objetivo único de reclamo. Por tanto, las vinculaciones posteriores efectuadas por el juzgado de primer grado, como si se tratara de un litisconsorcio necesario, no tenían cabida. En su criterio, convocar a otros litisconsortes sobre los cuales no se había querido actuar, era litigar en favor del accionante y favorecer sus intereses. Por esto, se modificó la demanda contra quienes no se había efectuado ningún reclamo.

21. De otro lado, cuestionó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues lo debatido es de carácter legal y eminentemente económico, porque se persigue el reconocimiento y pago de una sanción moratoria.

22. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia25, la Previsora S.A.26, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 27 y el Ministerio Público28 no intervinieron pese a estar notificados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

24 En el enlace es el siguiente: 001-2022-00447 - OneDrive 25 Se notificó el 2 de septiembre de 2025 a los correos electrónicos j01admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co, índice 16 de Samai. 26 Se notificó el 26 de agosto de 2025 a los correos electrónicos notjudicial@fiduprevisora.com.co y notjudicial2@fiduprevisora.com.co. índice 8 de Samai. 27 Se notificó el 26 de agosto de 2025 a los correos electrónicos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co. Ver índice 8 de Samai.

27 Se notificó el 26 de agosto de 2025 a los correos electrónicos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co. Ver índice 8 de Samai. 28 Se notificó el 26 de agosto de 2025 al correo electrónico procesosjudiciales@procuraduria.gov.co. Ver índice 8 de Samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

24. En el presente caso, la Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela interpuesta contra la providencia judicial satisface los requisitos de procedibilidad formal, dado su carácter excepcional.

25. De superarse dicho examen, corresponde a esta Corporación establecer, como segundo problema jurídico, si la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al adoptar una decisión desproporcionada e incompatible con el ordenamiento jurídico, consistente en negar la responsabilidad de la Fiduprevisora S.A., bajo el argumento de que el actor no la demandó, pese a que había sido

ritual manifiesto, al adoptar una decisión desproporcionada e incompatible con el ordenamiento jurídico, consistente en negar la responsabilidad de la Fiduprevisora S.A., bajo el argumento de que el actor no la demandó, pese a que había sido vinculada al proceso por el juez de primera instancia del proceso de contencioso.

26. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200529, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

28. De manera reiterada, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales generales de procedencia contra providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar30; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela31, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional32 o el Consejo de Estado33, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-34; (iii) que se

una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-34; (iii) que se 29 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 30 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 31 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014. 32 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 33 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 34 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05133-00

Accionante: Vicente Antonio Rodríguez Penagos Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

9 cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los

posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable35 o