CE - Sentencia 11001031500020250528200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05282-00

Accionantes: Laureano Sintúa Murillo y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05282-00

Accionantes: Laureano Sintúa Murillo y otros Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide , en primera instancia , la acción de tutela formulada por Laureano Sintúa Murillo y otros en contra del Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Laureano Sintúa Murillo; Marina Arce Murillo; María Celina, Luis Carlos, Israel, Ligia y Miguel Sintúa Arce; José Biel Tanugama Bariaza; María Ligia Guaurabe Velásquez; María Hilda, Aldemar y Dionicio Tanugama Guaurabe; María Velásquez Guaurabe; Rosa Emilia Bariaza Chachagama; Héctor de Jesús Carupia González; Ana Celina Guaurabe Tamaniza, Esther Noelia, Soraida, Jhon Alexander, Jhon Fredy y Luz

Rosa Emilia Bariaza Chachagama; Héctor de Jesús Carupia González; Ana Celina Guaurabe Tamaniza, Esther Noelia, Soraida, Jhon Alexander, Jhon Fredy y Luz Eliana Carupia Guaurabe; María Olga, Claudia Patricia y María Licenia Carupia Guaurabe; Arcadio Chacoa Jaramillo; Lucinda Velásquez Guaurabe; Hernán, Gloria Emilse, Otilia, Aureliano y Dilson Chacoa Velásquez; Martín Velásquez Guaurabe; Blanca Oliva Guaurabe Tamaniza; Ana Gilma Chacoa Velásquez; Graceliano Chacoa Jaramillo; Jhon, Reynel y Ariel Chacoa Niquirucama; Ma ría Cristina González Guaruabe; Luis Mariano Niquirucama González; Bertilda, María Creseldina y María Evelina Niquirucama González; Rosalina Velásquez Guarabe; Ana Julia, Yuli María, Luz Leidy, Juvenal de Jesús, Rubiela, Natalia Andrea, Jhon Daison y Yanet h Guaurabe Velásquez; Libardo, Bernarda y Edilma Velásquez Guaurabe; Libardo Chacoa Jaramillo; Miryam del Socorro, Gustavo Emilio y Luis Adilio Guarabe Tamaniza; María Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe; Oliverio Co rtés Jaramillo; María Helena Guaurabe Tanugama; Yisela, María Yorlaidis, Julián Andrés, Ulises Andrés y Angelmiro Cortés Guaurabe; Lucy Victoria Murillo Ortiz; Víctor Yamil y Luisa Victoria Palomeque Murillo; Yiaris Melissa Palomeque Caicedo; Emilda0000

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Sánchez Torres; Franklin Antonio, Luz Yaneth, Pedro Antonio y Esneda del Carmen Palomeque Sánchez; Francisco Antonio Palomeque Lozano; Jorge Luis Martínez Sánchez; Juan Manuel Palomeque Jaramillo y Wendy Lorena Díaz Padrón, a través de apoderado judicial1, presentaron escrito de tutela mediante el cual solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia 2, los cuales consideraron vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de la sentencia del 3 de junio de 2025 que revocó el fallo del 12 de marzo de 2018 emitido por el Tribunal Administrativo del Chocó y, en su lugar, declaró probadas la excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Chocó y la cosa juzgada respecto de las pretensiones que vincula ban a los demás sujetos procesales , al interior del proceso de reparación directa identificado con el radicado número 2700123-31-000-2011-00101-00/01.

2. Hechos

2.1. El 3 de febrero de 2009 el bus con placa SYK860 de propiedad de la sociedad Rápido Ochoa S.A., se desplazaba en la ruta Medellín – Quibdó y en el trayecto, cerca de la vereda Santa Ana, se presentó un derrumbe en la vía que obstaculizó el paso. El conductor del bus intentó realizar una maniobra para eludir el derrumbe, no

cerca de la vereda Santa Ana, se presentó un derrumbe en la vía que obstaculizó el paso. El conductor del bus intentó realizar una maniobra para eludir el derrumbe, no obstante, la banca cedió y el vehículo se precipitó por una cuesta hasta el río Atrato.

2.2. Como consecuencia de lo narrado, los señores Saul Sintúa Arce, Mar ía Yurlis Sintúa Tequia, Jhon Mario Tanugama Guaurabe, N éstor de Jes ús Carupia Guaurabe, Fabio Chacoa Velasquez, Lucinda Niquirucama Gonz ález, Juan Pablo Chacoa Niquirucama, Amado de Jes ús Chacoa Niquirucama, Wilmer Chacoa Niquirucama, Felix Guaurabe Velásquez, Melba Luz Guaurabe Tamaneza, Luis Yanil Palomeque Sánchez, Erica Yuseth D íaz Cañas murieron y el señor Oliverio Cortés Jaramillo resultó lesionado.

2.3. Por lo anterior, los grupos familiares de las víctimas presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra la Nación-Ministerio de Transporte, del Instituto Nacional de Vías-Invias-, del departamento del Chocó, de la Unión Temporal Metrovías Corredores 3 y de Ponce de León y Asociados SA Ingenieros Consultores, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por la muertes de sus familiares y las lesiones sufridas con ocasión a los hechos ocurridos el 3 de febrero de 2009.

1 Poderes visibles a Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado A584955B644A340E C1498B56D6050D30

lesiones sufridas con ocasión a los hechos ocurridos el 3 de febrero de 2009.

1 Poderes visibles a Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado A584955B644A340E C1498B56D6050D30 F2AF435D912639BD 54E6CD8AA54317DE. 2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 70D456AE3EF89DC1 1D6EDB8FE8F8B6AC E0C32953E3223576 4D4A9B70F79C1359. 3 Mediante el Auto de 6 de diciembre de 2016, proferido en el proceso ordinario, el Tribunal consideró que “la Unión Temporal Metrovías Corredores deb[ía] comparecer por cada uno de los que [la] integran […] los cuales son Cass Constructores & CIA SCA, Cons tructora LHS SA Compañía de Estudios e Interventorías SA CEI SA hoy Dessau CEI SAS, Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte”; y, en consecuencia, ordenó su notificación personal.0000

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En la demanda se afirmó que (i) la vía Quibdó – Medellín estaba en abandono total, tenía huecos cuya profundidad supera ba los 80 centímetros, no cumplía con las normas y especificaciones de una vía normal, era inestable y no se encontraban tratadas las vías de acceso ni se habían mitigado los efectos de la erosión; ( ii) en virtud de un contrato, suscrito el 10 de septiembre de 2008 entre el Invias y la Unión

tratadas las vías de acceso ni se habían mitigado los efectos de la erosión; ( ii) en virtud de un contrato, suscrito el 10 de septiembre de 2008 entre el Invias y la Unión Temporal, esta última se obligó al “mantenimiento y mejoramiento del corredor vial”; y (iii) era notoria la total irresponsabilidad de Ponce de León y Asociados, con quienes el Invias celebró un contrato para vigilar las actuaciones de la Unión Temporal.

2.4. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Chocó bajo el radicado número 27001-23-31-000-2011-00101-00, autoridad judicial que mediante sentencia del 12 de marzo de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró responsables al Invias y al Ministerio de transporte. Estimó que el ministerio no ejerció el control sobre el Invias, entidad que omitió cumplir sus funciones como ente encargado de la construcción y del mantenimiento de la carretera. Aunado a esto sostuvo que en el proceso se acreditó el lamentable estado de la vía , así como que no había la iluminación técnicamente atendible, ni una señalización reglamentaria, ni una transitabilidad normal.

Manifestó que las excepciones propuestas por el Inv ias no prosperaban, pues esta entidad conocía las condiciones adversas de la carretera y, por ello, le era previsible la ocurrencia de derrumbes y la pérdida de la banca. Así, concluyó que el volcamiento del bus se dio al derrumbarse la banca por el mal estado de la carretera, aunado a que el conductor no pudo advertir el peligro existente por la ausencia de señalización,

del bus se dio al derrumbarse la banca por el mal estado de la carretera, aunado a que el conductor no pudo advertir el peligro existente por la ausencia de señalización, demarcación del carril e iluminación; únicas causas eficientes, direct as y determinantes del daño.

Finalmente, el tribunal advirtió que el Invias llamó en garantía a los integrantes de la Unión Temporal Metrovías Corredores, sin embargo, consideró que no contaba con el material probatorio correspondiente que pu diera evidenciar que para la fecha del siniestro el contratista plural debía intervenir el tramo donde ocurrió el accidente y que a su vez tuviera la eficacia contractual como para eliminar el foco de perturbación circulatorio, razón suficiente para que al llamado en garantía no le asista la obligación de responder.

2.5. Contra la anterior decisión el Invias, el Ministerio de Transporte y la parte actora presentaron recursos de apelación.

2.5.1. El Invias presentó argumentos en los que sustentó la excepción de hecho de un tercero y adujo que fue declarado responsable de manera automática y no se realizó una apreciación conjunta y completa del acervo probatorio allegado al expediente. Sostuvo que en la sentencia no se debió reconocer una indemnización a quienes se les rechazó la demanda en el auto de 12 de septiembre de 2011 y no demostraron su relación de consanguinidad o su condición de compañero s permanente. Por último, indicó que p ara la indemni zación reconocida al grupo familiar de Oliverio Cortés Jaramillo, se tuvo en cuenta un nivel de afectación que no0000

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permanente. Por último, indicó que p ara la indemni zación reconocida al grupo familiar de Oliverio Cortés Jaramillo, se tuvo en cuenta un nivel de afectación que no0000

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fue probado en el proceso y se desconocieron criterios jurisprudenciales para su tasación.

2.5.2. El Ministerio de Transporte indicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva y que se configuró la cosa juzgada respecto de la acción de grupo 200900241-00. Adicionalmente, afirmó que el control que ejercía era de tutela, político estratégico y no jerárquico, por lo que el Invias debía responder individualmente por sus acciones y omisiones. Por otra parte, afirmó que no se analizó la posible responsabilidad del conductor o de la empresa, aun cuando los testimonios indicaban que este conversaba, con música demasiado alta y expresó que estaba cansado y tenía sueño.

2.5.3. La parte demandante indicó, por un lado, que se debía aumentar, de 50 a 100 SMLMV, el monto de la indemnización reconocida a los hijos de Félix Guaurabe Velásquez por concepto de perjuicios morales; y, por otro lado, que el tribunal se equivocó al señalar, en relación con Laureano Sintúa Murillo, que para efectos indemnizatorios por lucro cesante se debía acreditar su edad, pues este no e ra un requisito indispensable si se tomaba en cuenta que el tiempo a liquidar era el que le faltaba a la víctima para cumplir los 25 años de edad.

indemnizatorios por lucro cesante se debía acreditar su edad, pues este no e ra un requisito indispensable si se tomaba en cuenta que el tiempo a liquidar era el que le faltaba a la víctima para cumplir los 25 años de edad.

2.6. El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, mediante sentencia del 3 de junio de 2025 , revocó la decisión impugnada y, en su lugar , declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa del departamento de Chocó y la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones que vinculan a los demás sujetos procesales.

Indicó que en la contestación, el departamento del Chocó formuló la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, pero el tribunal de primera instancia no se pronunció al respecto. Por lo tanto, explicó que el departamento no estaba legitimado, pues en el escrito introductorio no se desarrollaron razones por las cuales se debía endilgar responsabilidad a esa entidad territorial, aunado a que se encontraba acreditado que no tenía a su cargo el mantenimiento y la conservación de la vía en donde ocurrió el accidente.

Por otra parte, e n relación con los efectos de cosa juzgada en acciones de grupo, indicó que el artículo 66 de la Ley 472 de 1998 dispone que l a sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, pertenecen al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso. Manifestó que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, en casos con supuestos semejantes, que los efectos de cosa juzgad a se dan con independencia

expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso. Manifestó que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, en casos con supuestos semejantes, que los efectos de cosa juzgad a se dan con independencia de la participación en el proceso o el reclamo posterior de la indemnización.

En consecuencia, concluyó que la sentencia proferida en el proceso 05001-33-31017-2009-00241-00/01 tiene efectos de cosa juzgada respecto de quienes promovieron el proceso de reparación directa, pues estas personas hacían parte del0000

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grupo identificado en la demanda que dio lugar a la acción de grupo, en la medida en que resultaron afectadas como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió i) dejar sin efectos la sentencia del 3 de junio de 2025 emitida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B y, en su lugar, ii) que se ordene a la autoridad accionada que, en un plazo de 30 días, profiera decisión de remplazo “acorde con la Jurisprudencia que rige la protección de los derechos constitucionales de los demandantes en el proceso de reparación directa y que descansa en la interpretación que se ha elaborado por el Honorable Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte Constitucional”4.

Jurisprudencia que rige la protección de los derechos constitucionales de los demandantes en el proceso de reparación directa y que descansa en la interpretación que se ha elaborado por el Honorable Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte Constitucional”4.

El accionante afirmó que en el caso sub examine el Consejo de Estado -Sección Tercera-Subsección B incurrió en los defectos fáctico, procedimental y por violación directa de la Constitución.

Sostuvo que la decisión cuestionada valoró de manera errada y desacertada las pruebas irrefutables que daban cuenta de la responsabilidad de las demandadas, por esa omisión histórica al no finalizar la carretera con los recursos girados, por no garantizar la transitabilidad por la vía, por la falta de intervención, mantenimiento y supervisión, circunstancias fácticas con l as que se demuestra que sí le asistía el derecho al reconocimiento de perjuicios a los demandantes.

Por otra parte, adujo que se configuró un defecto fáctico por la inequívoca interpretación de la solicitud de exclusión de los efectos de la acción de grupo que se tramitaba en el Juzgado 17 Administrativo de Medellín; por tanto se equivoca en “analizar someramente la situación sometida a estudio bajo el cimiento de la configuración de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto al Departamento del Chocó y decretar de oficio, la excepción de cosa juzgada de manera caprichosa y grosera sin preserva r las garantías de los demandantesaccionantes, ya que, en el ejercicio de ponderación que se le exigía, dio prevalencia al derecho formal, respecto al sustancial, obviando que el marco jurídico de la Ley

manera caprichosa y grosera sin preserva r las garantías de los demandantesaccionantes, ya que, en el ejercicio de ponderación que se le exigía, dio prevalencia al derecho formal, respecto al sustancial, obviando que el marco jurídico de la Ley Especial (Ley 472 de 1998) no impone la exigencia de allegar poder para que sea aceptada la exclusión de los efectos de la sentencia, de allí que, se insiste no podía exigírsele documentos adicionales a las posibles afectados en la acción de grupo, y menos que, avalar la actuación del Juzgado 17 Administrativo de Medellín, respecto a dicha exigencia”5.

4 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 70D456AE3EF89DC1 1D6EDB8FE8F8B6AC E0C32953E3223576 4D4A9B70F79C1359. 5 Ibid.0000

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Argumentó que no era razonable validar que imperaba la exigencia del despacho que conocía la acción de grupo, es decir el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, respecto a la solicitud de exclusión expresa realizada en su oportunidad, pues se dejó de lado lo establecido “en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998, con fundamento en una severidad no contemplada en la normatividad e incluso sin precedente jurisprudencial, y más aun desconociendo los argumentos ya planteados pretéritamente”6.

Expuso que se configuró un defecto procedimental derivado del desconocimiento de

fundamento en una severidad no contemplada en la normatividad e incluso sin precedente jurisprudencial, y más aun desconociendo los argumentos ya planteados pretéritamente”6.

Expuso que se configuró un defecto procedimental derivado del desconocimiento de la primacía del derecho sustancial respecto del procesal, así como el excesivo formalismo que ha supuesto la decisión frente a las pruebas allegadas . Por lo que arguyó que no hubo una sola prueba que indicara que la entidad demandada (en el proceso ordinario) actuó con diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones, ni ejerció un control permanente, supervisión y mantenimiento de la vía.

Adujo que la autoridad censurada desconoció la normativa y consideró pertinente otorgarle mayor valor a lo que “denomina incumplimiento de lo exigido por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín, pasando por alto los principios constitucionales y legales, exceso en la aplicación de formalidades procesales, lo que supuso una vulneración a los derechos de los demandantes – accionantes”7.

Aunado a lo anterior, puso de presente que no solo en el Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín se tramitaba una acción de grupo por los mismos supuestos fácticos, sino también en el Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó bajo el radicado 27001-31-03-001-2009-00225 interpuesta de manera primigenia que la del Juzgado 17 de Medellín, acción constitucional que p osteriormente se remitió para conocimiento de los Juzgados Administrativos de Quibdó, pero que paradójicamente el despacho de segunda instancia también desconoció , lo que quiere decir que, tampoco motivó el fallo frente a este aspecto relevante.

para conocimiento de los Juzgados Administrativos de Quibdó, pero que paradójicamente el despacho de segunda instancia también desconoció , lo que quiere decir que, tampoco motivó el fallo frente a este aspecto relevante.

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución sostuvo que este se configuró, en la medida en que se vulneraron sus derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a las garantías procesales.

Indicó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado centró su estudio en la solicitud de exclusión de la acción de grupo “elevada por la parte demandante-accionante y radicada ante el Juzgado 17 Administrativo de Medellín, y que ante una exigencia del despacho mencionado, en su sentir no se dio cumplimiento, y con ello, era suficiente para descartar la acción de reparación, sin contar además con la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que en un texto juicioso, estricto, argumentativo y riguroso, explicó y desarrolló de manera clara y precisa esas prerrogativas procesales y materiales, por las cuales le asistían los derechos reclamados por los demandantes-accionantes”8.

6 Ibid. 7 Ibid. 8 Ibid.0000

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4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 29 de agosto de 20259, admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo del

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4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 29 de agosto de 20259, admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Chocó, a la Nación -Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías -Invias, al departamento de Chocó, a la Unión Temporal Metrovías Corredores, a Ponce de León y Asociados SA Ingenieros Consultores y a quienes participaron en el proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 27001-23-31-000-201100101-00/01; ordenó oficiar (i) al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín para que remitiera el proceso radicado con el número 05001 -33-31-0172009-00241-00/01 y (ii) al Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó, a la oficina de apoyo judicial para los juzgados administrativos de Quibdó y al Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, para que quien tuviera a cargo el expediente con radicado número 27001 -31-03-001-2009-00225 lo remitiera a la actuación; requirió al apoderado de la parte actora para que aportara poder especial conferido y suscrito por las señoras María Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe ; ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

Adicionalmente, se ordenó la publicación de la referida providencia en las páginas web del Consejo de Estado y de la Rama Judicial con el fin de notificar a todas aquellas personas que estuvieran llamadas a suceder a los señores Ramon Juan

Adicionalmente, se ordenó la publicación de la referida providencia en las páginas web del Consejo de Estado y de la Rama Judicial con el fin de notificar a todas aquellas personas que estuvieran llamadas a suceder a los señores Ramon Juan Guaurabe Tamaniza, María Jesús González de Carupia, Carmen Rosa Velásquez, Luis Fernando Chacoa Niquirucama, Luis Carlos Guaurabe Velásquez, Cecilia Velásquez Cortes, Ulises Guaurabe Tamaniza, Juan Guarabe Tamaniza y Jhon Jairo Díaz Mosquera.

Posteriormente, encontrándose el expediente al despacho para proferir sentencia, mediante auto del 26 de septiembre de 202510, se requirió al Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó y a la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos de Quibdó y al Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó para que, quien tuviera a cargo el expediente contentivo de la acción de grupo, identificad o con el radicado número 27001-31-03-001-2009-00225, lo remitiera al presente trámite constitucional. Igualmente, en virtud de una solicitud elevada por el apoderado de la parte actora, se le concedió el término de 3 días con el fin de que allegara los actos de apoderamiento conferidos por las señoras María Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe de conformidad con lo establecido en el Decreto 960 de 1970.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín allegó el expediente digital del proceso 05001-33-33-017-2009-00241-00.

4.1. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín allegó el expediente digital del proceso 05001-33-33-017-2009-00241-00.

9 Índice 00004 aplicativo SAMAI, certificado 19A12E8CC0297F73 035F22DCFD74E3DB 2F7629FF1562CACE D69905CFE7ED147A. 10 Índice 00032 aplicativo SAMAI , certificado 30060E0CB41094D3 8C6EC3FFB7A04CAC 49480E326416FEA1

EE2D42EF1C1A3F97.0000

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4.2. El Consejo de Estado -Sección Tercera -Subsección B , a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, allegó un escrito mediante el cual afirmó que contestaba la solicitud de amparo. No obstante, de la revisión de dicho documento se advierte que corresponde a una auto emitido en el proceso de reparación directa radicado 50001-23-31-000-1996-05134-02 (59781) y no guarda relación alguna con el caso bajo estudio.

4.3. El apoderado de la parte actora allegó memorial a través del cual solicitó una ampliación del término para aportar los actos de apoderamiento de las señoras María Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe, en la medida en que estas han presentado dificultades para trasladarse a una notaría, debido al cierre de las vías y a que residen en la comunidad indígena “Zabaleta” que se encuentra ubicada en la

Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe, en la medida en que estas han presentado dificultades para trasladarse a una notaría, debido al cierre de las vías y a que residen en la comunidad indígena “Zabaleta” que se encuentra ubicada en la vía del Carmen de Atrato, aunado a la condición de discapacidad visual de la primera de las nombradas y que ninguna de las dos sabe leer ni escribir.

4.4. El Ministerio de Transporte solicitó su desvinculación de la acción de tutela, pues no se encuentra legitimada en la causa. Sostuvo que no era el sujeto pasivo de la solicitud de amparo, toda vez que el responsable en el caso particular era la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4.5. El Tribunal Administrativo del Chocó deprecó su desvinculación de la acción constitucional, en la medida en que no se le atribuye actuación u omisión constitutiva de vulneración de los derechos fundamentales. Por el contrario, indicó que la inconformidad planteada estaba dirigida de manera exclusiva contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4.6. El Invias se opuso a las pretensiones de tutela y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional y no se vislumbra violación de los derechos fundamentales invocados al proferir la sentencia reprochada.

Afirmó que luego de revisar los argumentos planteados por la parte demandante, concluyó que estos no cumplen con el requisito mencionado, por cuanto se perciben como un medio encaminado a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez de instancia.

concluyó que estos no cumplen con el requisito mencionado, por cuanto se perciben como un medio encaminado a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez de instancia.

Adicionalmente, citó apartes de la decisión cuestionada y advirtió que la providencia se encontraba debidamente argumentada y sustentada conforme a la normativa correspondiente, las pruebas aportadas al proceso y con la participación de las partes, por lo que resultaba claro que no existió violación de garantías fundamentales que ameriten revocar la sentencia en la que se declaró la excepción de cosa juzgada.

4.7. El Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó informó que través de auto interlocutorio del 10 de julio de 2009, notificado el 11 del mismo mes y año, declar ó su falta de jurisdicción para seguir tramitar el proceso radicado bajo el número 27001-0000

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31-03-001-2009-00225-00 y ordenó remitirlo a la oficina de reparto de los juzgados administrativo de Quibdó.

4.8. El Departamento del Chocó solicitó su desvinculación del amparo, en la medida en que fue exonerada de responsabilidad en trámite del proceso ordinario. Por lo tanto, consideró que no le correspondía pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones de amparo.

4.9. la Unión Temporal Metrovías Corredores pidió al juez constitucional que se nieguen las pretensiones impetradas por los accionantes. Sostuvo que en el asunto

pretensiones de amparo.

4.9. la Unión Temporal Metrovías Corredores pidió al juez constitucional que se nieguen las pretensiones impetradas por los accionantes. Sostuvo que en el asunto no se encontraba acreditada la vía de hecho alegada en la solicitud de amparo, pues la autoridad judicial consideró que al no haber sido excluidos de la acción de grupo, no podían ejercer acciones individuales, por lo que respecto a ellos se configuraba la cosa juzgada.

De otra parte, advirtió que fue exonerado de responsabilidad en el proceso de reparación directa, por lo cual no habría lugar a que se declarara en sede de tutela la responsabilidad alguno de los integrantes de la unión temporal.

4.10. El abogado del extremo activo allegó los respectivos poderes otorgados por las señoras María Consuelo y Yenny Milena Tamaniza Guaurabe , con el fin de que ejerciera su representación en la presente acción de tutela.

4.11. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó remitió el expediente digital de la acción de grupo número 27001-33-33-002-2019-00214-00 y aclaró que, en principio, esta se le había asignado por reparto al Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó bajo el número radicado 27001-31-03-001-2009-00225-00.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la c