CE - Sentencia 11001031500020250529601 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 27 de noviembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05296-01

Demandante: GERMAY ORLAY GUEVARA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela. Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Germay Orlay Guevara contra la sentencia del 18 de septiembre de 2025, dictada por Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que decidió:

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Gemay Orlay Guevara, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 26 de agosto de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el señor Germay Orlay Guevara pidió la protección de sus derechos fundamentales al

1. Solicitud de amparo

El 26 de agosto de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el señor Germay Orlay Guevara pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, al trabajo, al mínimo vital, al principio de favorabilidad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 20 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-017-2017-00042-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Tutelar, de manera inmediata los derechos constitucionales fundamentales ya enunciados de mi poderdante y los que como juez constitucional encuentre vulnerados por la sentencia de fecha 20 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso 76001-33-33-017-2017-00042 01, llevado en contra de la Policía Nacional, por el retiro

discrecional del Ex Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia referida y ordenarle al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dicte en su remplazo una sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que existió una fal ta de valoración probatoria que implicó un daño antijurídico que debe ser reparado.

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dicte en su remplazo una sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que existió una fal ta de valoración probatoria que implicó un daño antijurídico que debe ser reparado.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:Radicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El señor Gemay Orlay Guevara ingresó a la Policía Nacional el 2 de mayo de 2006 en el grado de patrullero cargo en el que se desempeñó hasta el 23 de agosto de 2016, fecha a partir de la cual fue retirado del servicio activo.

El 16 de agosto de 2016, el señor Germay Oralay Guevara fue capturado por agentes de la Policía Metropolitana de Cali y puesto a disposición de la Fiscalía 20 Especializada que le imputó cargos por el delito de «cohecho propio».

Con base en el informe de investigación CICOR 4 del 11 de agosto de 2016, con radicado No. S2016 -0696838/AICOR-GREDO, la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de Cali, mediante Acta no. 085 COMAN -SUBCO-2.35 recomendó el retiro discrecional por voluntad de la Dirección General del patrullero Gemay Orlay Guevara , por pérdida de confianza institucional.

mediante Acta no. 085 COMAN -SUBCO-2.35 recomendó el retiro discrecional por voluntad de la Dirección General del patrullero Gemay Orlay Guevara , por pérdida de confianza institucional.

Por Resolución No. 0433 de 23 de agosto de 2016, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali en uso de sus facultades legales que le confiere el artículo 2º numeral 5º y el parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 857 del 26 de diciembre de 2003, lo retiró del servicio.

El señor Germay Orlay Guevara presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 0433 de 23 de agosto de 2016, que ordenó su retiro del servicio por voluntad discrecional. A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro a la institución al cargo que ocupa ba antes de su desvinculación o a uno de superior jerarquía y al pago de la asignación básica y demás factores salariales y prestacionales dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta el momento en que se diera su reintegro efectivo, sin solución de continuidad.

La demanda se adelantó bajo el radicado No. 76001-33-33-017-2017-00042-00 y correspondió al Juzgado 17 Administrativo de Cali , que, por sentencia del 16 de agosto de 2023, denegó las pretensiones al estimar que de conformidad con lo previsto en los artículos 55, numeral 6 y 62 del Decreto 1791 de 2000, procedía el retiro por voluntad del

de 2023, denegó las pretensiones al estimar que de conformidad con lo previsto en los artículos 55, numeral 6 y 62 del Decreto 1791 de 2000, procedía el retiro por voluntad del Ministerio de Defensa o de la Dirección General de la Policía Nacional por delegación para el Nivel Ejecutivo.

Señaló que el artículo 4 de la Ley 857 de 2003, dispone que los comandantes de la Policía Metropolitana podrían ejercer el retiro para el personal de Nivel Ejecutivo y agentes a su mando, por lo que el acto de retiro fue legalmente expedido sin que fuera necesaria una condición especial para su imposición y se fundó en la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales.

Que, si bien , en la hoja de vida del señor Guevara había registros positivos de su desempeño en la institución, el Consejo de Estado 1 determinó que la buena conducta, felicitaciones y ausencia de sanciones no generan estabilidad laboral en el servicio policial y no inhibe el ejercicio de la potestad discrecional de retiro del servicio por ser autónoma.

Inconforme, el señor Germay Orlay Guevara apeló. Sostuvo que la sentencia de primera instancia no valoró de manera adecuada las pruebas que, a su juicio, demostraban que el retiro discrecional dispuesto mediante la Resolución 0433 de 2016 se sustentó en hechos falsos. Afirmó que las declaraciones rendidas en el proceso penal acreditaron que nunca tuvo contacto con el CD que originó la investigación, que la actuación disciplinaria fue archivada a su favor y que su hoja de vida reflejaba un desempeño satisfactorio.

nunca tuvo contacto con el CD que originó la investigación, que la actuación disciplinaria fue archivada a su favor y que su hoja de vida reflejaba un desempeño satisfactorio.

Que, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 1791 de 2000, la Policía Nacional

1 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de octubre de 2014, CP. Luis Rafael Vergara Quintero, radicación: 19001-23-31-000-2002-01433-01.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debió suspender del servicio al actor y luego, proceder a levantar la medida y retornarlo a sus funciones, por lo que al expedir la Resolución No. 0433 de 23 de agosto de 2016 desconoció los principios de proporcionalidad, razonabilidad y motivación exigidos para la facultad discrecional, lo que configuró la desviación de poder y falsa motivación. Que tampoco, tuvo en cuenta los criterios fijados en la Sentencia de unificación SUJ26-S2 del 7 de abril de 2022, precedente obligatorio en los casos de retiro por voluntad de la Dirección General.

En sentencia del 20 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del confirmó la decisión de primera instancia. Básicamente por las mismas razones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la demanda cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la demanda cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico, que dividió en dos dimensiones:

Positiva porque la autoridad judicial demandada arribó a conclusiones indebidas al valorar el resultado del proceso disciplinario y la ausencia de condena penal que, a su juicio, demostraron su falta de responsabilidad, que, además, su hoja de vida durante el tiempo de servicios acreditaba su buen desempeño en la Policía Nacional.

Negativa pues la autoridad judicial demandada omitió valorar pruebas determinantes como su trayectoria dentro de la institución , el archivo del proceso disciplinario en su contra, las declaraciones de la Fiscalía y demás medios que confirmaron su inocencia. Que esa omisión impidió un análisis integral del expediente y derivó en una decisión sin fundamento probatorio.

Violación directa de la Constitución sostuvo que la decisión judicial cuestionada vulneró los artículos 1°, 2, 5, 13, 29 y 86 de la Constitución Política, pues en su opinión, la omisión en el estudio de las pruebas relevantes y la negativa respecto a la protección inmediata desconocieron la dignidad humana, la igualdad material, el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia.

5. Intervenciones

La Policía Nacional solicitó se declarara la improcedencia de la acción de tutela, ya que el debate fue previamente decidido en el proceso ordinario y la parte actora no acreditó

el derecho de acceso a la administración de justicia.

5. Intervenciones

La Policía Nacional solicitó se declarara la improcedencia de la acción de tutela, ya que el debate fue previamente decidido en el proceso ordinario y la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente que requiera medidas urgentes de protección.

Señaló que la desvinculación por parte de esa institución estuvo fundamentada en la pérdida de confianza y mejoramiento del servicio de conformidad con la facultad discrecional establecida en los artículos 55 y 62 del Decreto Ley 1791 de 2000, por lo que su decisión no fue arbitraria ni vulneró los derechos fundamentales de la parte demandante y estuvo debidamente fundamentada con base en la recomendación de la la Junta de Evaluación y la investigación penal que se inició en su contra, lo que derivó en la pérdida de credibilidad del funcionario como servidor público.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 17 Administrativo de Cali remitieron el enlace para acceder al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-017-2017-00042-00/01, pero nada dijeron sobre el fondo del asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 18 de

www.consejodeestado.gov.co

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025, denegó las pretensiones de la demanda. Concluyó que la sentencia distada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca no incurrió en defecto fáctico, ya que valoro íntegramente todas las pruebas, incluida la hoja de vida, antecedentes positivos y negativos, la resolución de retiro, el acta de la Junta y los informes judiciales. Que la investigación penal y la orden de captura vigente justificaban la pérdida de confianza institucional, aunque el proceso no hubiera culminado en condena.

Por lo que, consideró que la valoración probatoria fue razonable y que la inconformidad del accionante correspondía a un desacuerdo con la interpretación judicial, lo que no representa la existencia de un defecto fáctico ni habilita la intervención del jue z constitucional.

Además, señaló que no se configuró una violación a la Constitución pues el tribunal había actuado dentro de su competencia y se garantizó el debido proceso de la parte actora. Consideró el retiro discrecional se ajustó a los artículos 55 y 62 del Decreto Ley 1791 de

2000. Señaló que esta facultad no es arbitraria cuando se fundamenta en hechos objetivos y no implica una declaración de culpabilidad penal, por lo que no afecta la presunción de inocencia.

Que la decisión administrativa se basó en el concepto técnico de la Junta de Evaluación, en informes judiciales y en la vinculación del actor a una investigación penal por hechos

presunción de inocencia.

Que la decisión administrativa se basó en el concepto técnico de la Junta de Evaluación, en informes judiciales y en la vinculación del actor a una investigación penal por hechos graves, lo que justificaba la pérdida de confianza. Además, aunque la hoja de vid a del patrullero era destacada, ello no impedía su retiro ante circunstancias que comprometían la imagen institucional de la Policía Nacional.

7. Impugnación

La parte accionante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia para, en su lugar, dejar sin efectos la sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Sostuvo que el tribunal vulneró el debido proceso, la igualdad y el acceso a la justicia porque la autoridad judicial valoró las pruebas de manera incompleta, omitió analizar testimonios y actuaciones penales y disciplinarias que favorecían al actor y avaló el retiro discrecional sin verificar razones objetivas, proporcionalidad ni razonabilidad.

Afirmó que el tribunal aplicó de forma restrictiva la normativa que regula el retiro por facultad discrecional y desconoció precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, sin identificar a cuáles se refería, que exigían motivación suficiente y una ponderación integral del acervo probatorio. Que la sentencia se limitó a reproducir la motivación del acto administrativo, sin analizar hechos relevantes como el archivo del proceso disciplinario, la ausencia de condena penal, el buen desempeño la boral en la institución ni el impacto del retiro en su mínimo vital.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

proceso disciplinario, la ausencia de condena penal, el buen desempeño la boral en la institución ni el impacto del retiro en su mínimo vital.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, revocar o modificar la decisión tomada en primera instancia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que denegó la solicitud de amparo presentada por el señor Germay Orlay Guevara.

En este punto, la Sala precisa que no se pronunciará sobre el argumento relacionado con el desconocimiento del precedente sobre tutela en casos de afectación del mínimo vital ,Radicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ya que se trata de un argumento nuevo que fue incluido en la impugnación y no fue decidido por el a quo.

Por otro lado, la Sala anticipa que revocará el fallo impugnado, y en su lugar, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, pues la tutela no cumple con la exigencia de relevancia constitucional. El demandante insiste en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto, y emplea el mecanismo constitucional como una instancia adicional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) relevancia constitucional y, finalmente, (iii) el

mecanismo constitucional como una instancia adicional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) relevancia constitucional y, finalmente, (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001 -03-15000-2020-05131-002, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de de rechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta

razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

Con ocasión al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-017-2017-00042-01.

Básicamente, tanto en la acción de tutela de la referencia como en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, el accionante insistió en que se debió declarar la

2 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

2 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad de la Resolución No. 0433 de 23 de agosto de 2016 , con el que fue retirado del servicio por voluntad discrecional de la Policía Nacional, porque a su juicio, las pruebas aportadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en particular, su hoja de servicios, el archivo del proceso disciplinario y la ausencia de condena penal, demostraron que no participó en los hechos delictivos que motivaron su retiro de la institución.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de agosto de 2023, dictada por el Juzgado 17 Administrativo de Cali en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-017-201700042-01, se lee lo siguiente:

«Honorable A-quem, aunado a lo anterior, se tiene que fue la misma Policía Nacional, mediante decisión tomada por el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, de la Policía Metropolitana de Cali, resolvió Archivar la investigación Disciplinaria a favor de mi representado, por quedar demostrado que el señor Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, no cometió la conducta que se le endilga, fallo que también fue aportado dentro del presente proceso y así lo reconoce el Juez Administrativo de Primera Instancia.

el señor Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, no cometió la conducta que se le endilga, fallo que también fue aportado dentro del presente proceso y así lo reconoce el Juez Administrativo de Primera Instancia.

Son estas pruebas las que nos indican de la inocencia de mi representado, de la apresurada y arbitraria decisión que tomó la Policía Nacional, en proferir un acto administrativo de retiro a la ligera, sin verificar la ocurrencia de los hechos, vulnerando un debido proceso, teniendo herramientas para haber aplicado la suspensión provisional. […]

Si bien es cierto, el retiro del servicio activo por Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, es una modalidad de desvinculación adoptada por el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, mediante resolución, implicando que el Policial cesa su obligación de prestar sus servicios a la institución, no es menos cierto, que dicha actuación debe estar revestida de los requisitos exigidos en la citada norma, es decir: “El retiro debe someterse al Concepto Previo de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de Cali, de acuerdo al estudio objetivo de la hoja de vida, cosa que en el presente caso no existió, el Honorable Juez A-quo no analizó la trayectoria policial del Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, quien fue retirado por unas falsas acusaciones, sin tener en cuenta que había sido un excelente policial, quien gozaba de una alta transparencia institucional y efectiva credibilidad ente sus superiores.

Es más que evidente que, el retiro de mi representado se da por una sola causa y no es más que por la

gozaba de una alta transparencia institucional y efectiva credibilidad ente sus superiores.

Es más que evidente que, el retiro de mi representado se da por una sola causa y no es más que por la investigación penal que cursa, por los hechos donde al parecer se extravió un CD con evidencia y señalan al señor Ex Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, de ex traerlo del almacén de evidencia; también lo señalan de ir hasta la casa del señor IDAGORRY y solicitar una copia y entregárselo a la banda delincuencial a cambio de dinero, hechos que ya fueron desvirtuados por los mismos afectados y la Fiscal que lleva la investigación.

Honorable Juez de Segunda instancia, con todo respeto obsérvese la hoja de vida de mi poderdante, obrante a folios (18) de la demanda, en la cual le figuran (9) felicitaciones; (3) condecoraciones y no le registran sanciones, demostrando con ello el buen d esempeño laboral durante el tiempo que presto su servicio en la Policía Nacional; De igual forma se demuestra que la Junta de Evaluación y clasificación de la Policía Metropolitana de Cali, no tuvo en cuenta estos aspectos tan importantes, ciñéndose solo por el proceso penal que cursa en su contra, el cual se encuentra en la actualidad para dictar sentencia y por el cual ya goza de su libertad. […]

La Norma transcrita evidencia, que la autoridad administrativa, en éste caso, el Director General de la Policía Nacional, primero debía utilizar sus facultades para emitir una Resolución pero Suspendiendo en el ejercicio de funciones y atribuciones al seño r Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, Acto

Policía Nacional, primero debía utilizar sus facultades para emitir una Resolución pero Suspendiendo en el ejercicio de funciones y atribuciones al seño r Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, Acto Administrativo que era procedente en este caso, y contra el cual no habría objeción alguna, toda vez que se encontraban satisfechos los requisitos que exige o dispone la norma para proceder a la Suspensión de funciones, toda vez porque existía una orden de captura y una medida de aseguramiento en contra del citado señor Patrullero, pero la Policía Nacional arbitrariamente actuó de manera apresurada y procedió a retirarlo del servicio activo sin previo análisis de lo qu e ocurría en las respectivas investigaciones penales y disciplinarias, donde ya se estaba dando a conocer lo que realmente sucedió con el CD que contenía los videos del hurto de la casa al señor IDAGORRY. […]

La facultad discrecional debe ser utilizada racionalmente y su objetivo primordial es el mejoramiento del servicio, sin embargo, la demandada no probó el argumento del mejoramiento del servicio, y a contrario sensu, la parte actora ha demostrado con sufici encia a través de los testimonios, que éste era un excelente funcionario que gozaba de la confianza de sus superiores y el hecho que puso en tela de juicio su dignidad, buen nombre y honor policial, fue un hecho de conocimiento de todos sus superiores, donde solicitó apoyo de los investigadores, civiles, Fiscales, superiores, para esclarecer las acusaciones de las que fue objeto, pero extrañamente para el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, leRadicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

de las que fue objeto, pero extrañamente para el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, leRadicado: 11001-03-15-000-2024-05296-01

Demandante: Gemay Orlay Guevara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otorgó total credibilidad y sin verificar esas difamaciones, contando con todos los medios a su disposición, optó por retirarlo del servicio de manera discrecional, en una medida a todas luces desproporcionada y arbitraria.»

Por su parte, en la acción de tutela, el accionante reiteró estos mismos planteamientos al señalar que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 incurrió en defecto fáctico y violación directa a la Constitución, porque (i) aplicó de forma incorrecta la norma del retiro discrecional al no valorar principios como razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente; (ii) omitió apreciar pruebas relevantes como el archivo disciplinario, ausencia de condena penal y hoja d e vida con felicitaciones, que desvirtuaban la pérdida de confianza; (iii) vulneró garantías constitucionales al negar protección pese a la evidencia que aportó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así lo dijo el demandante en la solicitud de amparo:

«Es evidente que el Acto Administrativo acusado, solo se fundamentó en la investigación penal que se adelantaba en contra de señor Ex Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, dado que no tiene anotaciones

«Es evidente que el Acto Administrativo acusado, solo se fundamentó en la investigación penal que se adelantaba en contra de señor Ex Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, dado que no tiene anotaciones negativas, ni afectaciones, ni llamados de atención en el For mulario de seguimiento, tampoco registra sanciones disciplinarias, ni condenas, la única investigación disciplinaria que le registraba era la iniciada por estos mismos hechos y fue archivada a su favor.

Honorable Juez de Tutela, el señor GEMAY ORLAY GUEVARA, fue un excelente Policial, eso se acredita del estudio de la hoja de vida, fue un Funcionario sin una sola afectación del Formulario de seguimiento, es decir fue un policial excepcional y esto se acre dita con las solicitudes que ha radicado ante el Juez de Conocimiento de la Acción penal, donde le solicita se pronuncie sobre su caso y le defina su situación, esto lo hace porque tiene la convicción de su inocencia como quedo demostrado a lo largo del pr oceso penal, disciplinario y se ratificó con las pruebas aportadas al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. […]

La sentencia atacada incurre en este vicio toda vez que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, analiza de manera errónea los hechos y las pruebas obrantes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Tribunal no podía llegar a la conclusión a la que arribó partiendo de las pruebas obrantes en el expediente, el Juez Administrativo en su sabio raciocinio desconoce en este asunto las reglas de la sana critica, incurre en un error de apreciación de los hechos y de las pruebas, toda vez que se logra

expediente, el Juez Administrativo en su sabio raciocinio desconoce en este asunto las reglas de la sana critica, incurre en un error de apreciación de los hechos y de las pruebas, toda vez que se logra evidenciar que el retiro discrecional del señor ex Patrullero GEMAY ORLAY GUEVARA, se presenta por una sola causa y es la investigación penal que se inició por unos hechos que el hoy actor no cometió, los cual es fueron causados por otro policial como quedo acreditado en el proceso penal y en la investigación disciplinaria que se archivó a favor y en el Medio de Control de Nulidad y restablecimiento del Derecho. […]

Cuando manifiesto que