CE - Sentencia 11001031500020250531000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C, 4 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

Demandantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional Demandados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto procedimentalRelevancia constitucional| Defecto sustantivo – Normas sobre delegación administrativa – reconocimiento de personería – representación judicial – Ampara

Síntesis del caso: La parte accionante cuestionó las providencias que declararon no contestada la demanda y la decisión que confirmó la improcedencia del recurso de apelación contra dicho auto.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional , contra el Tribunal Administrativo de Tolima y el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados. 1.3. Trámite relevante en primera instancia.

1.1. Posición de la parte actora

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados. 1.3. Trámite relevante en primera instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 27 de agosto de 2025, la Nación – Ministerio de Educación Nacional, mediante apoderada judicial, presentó una acción de tutela contra Tribunal Administrativo de Tolima y el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué , por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , con ocasión de los Autos de 7 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo y 29 de julio de 2025, proferidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 73001-33-33-001-2024-0023300/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se

trascribe):

“Primera. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a la doble instancia de la

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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2 de 14 NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, que fueron desconocidos

Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y ampara ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 14 NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, que fueron desconocidos por las decisiones adoptadas por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA dentro del proceso identificado con radicado No. 73001333300120240023300.

Segundo. Dejar sin efectos el auto del siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025), mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda, así como las decisiones posteriores que negaron la reposición, la apelación y la queja, por desconocer la vigencia y efic acia de la Resolución 20980 de 2014 y con ello impedir la válida representación judicial del MEN.

Tercero. Ordenar al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué que reconozca la personería de la apoderada judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, otorgada en virtud del poder expedido por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica con fundamento en la Resolución 20980 de 2014 y, en consecuencia, que tenga por contestada la demanda dentro del término legal.

Cuarto. Disponer las demás medidas necesarias para restablecer el goce efectivo de los derechos fundamentales vulnerados a la entidad accionante y evitar que en adelante se desconozca la representación judicial conferida mediante la Resolución 20980 de 2014, mient ras dicho acto administrativo no sea revocado o suspendido”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

mediante la Resolución 20980 de 2014, mient ras dicho acto administrativo no sea revocado o suspendido”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) El 20 de agosto de 2024, Carlos Alfonso Herrera Serna presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación y el municipio de Ibagué, relacionada con la asignación salarial correspondiente a su categoría laboral.

5. 2) La abogada Rocío Ballesteros contestó la demanda en representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional. No obstante, el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué mediante providencia de 31 de enero de 2025 determinó que el poder presentad o por la abogada no cumplía con los artículos 159 y 160 del CPACA, porque no fue otorgado por el representante legal del organismo. Encontró que el poder lo concedió el jefe de la oficina jurídica del ministerio, pero sin aportar el documento “a través del cual el actual ministro le delegó la representación legal de la entidad. Es decir, el acto administrativo con el que se pretenda acreditar la delegación de la representación judicial debe estar suscritos por quien actualmente detenta la representación legal de la entidad y quien es la única persona que podría delegarla debidamente, en los términos de los artículos 159 y 160 de la Ley 1437 de 2011. Además, no se acredita la calidad de abogada inscrita de quien acepta el poder” . Por lo tanto, requirió a la abogada para que allegara los documentos idóneos que acreditaban que

artículos 159 y 160 de la Ley 1437 de 2011. Además, no se acredita la calidad de abogada inscrita de quien acepta el poder” . Por lo tanto, requirió a la abogada para que allegara los documentos idóneos que acreditaban que William Felipe Hurtado Quintero ostenta ba la representación legal del ministerio so pena de entender no contestada la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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3 de 14 6. 3) La abogada, mediante memorial, explicó que William Felipe Hurtado Quintero suscribió el poder actuando como representante judicial del Ministerio de Educación Nacional , en su calidad de jefe de la oficina asesora jurídica, según la Resolución 13345 de 12 de agosto de 2024 , por la cual se hac ía un nombramiento ordinario como jefe y en ejercicio de la delegación de funciones que hizo la ministra de la época al empleo de jefe de oficina jurídica a través de la Resolución 20980 de 10 de diciembre de

2014. Por lo tanto, aportó un nuevo poder con sus anexos.

7. 4) El 7 de marzo de 2025, el juzgado concluyó que el ministerio no comparecía a través de su representante legal actual, José Daniel Rojas Medellín, sino mediante el jefe de la oficina jurídica. Determinó que la Resolución 20980 de 2014 había perdido eficacia y, por tanto, se abstuvo de reconocer personería y tuvo por no contestada la demanda. Consideró que

Medellín, sino mediante el jefe de la oficina jurídica. Determinó que la Resolución 20980 de 2014 había perdido eficacia y, por tanto, se abstuvo de reconocer personería y tuvo por no contestada la demanda. Consideró que el acto de delegación suscrito por una exministra en 2014 no p odía interpretarse como expresión de la voluntad del ministro actual al otorgar el poder especial.

8. 5) El 12 de marzo de 2025, la apoderada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Alegó indebida aplicación de la norma y errónea valoración de la prueba. Sostuvo que la delegación continuaba vigente, porque no estaba sujeta a plazo y no había sido revocada. Afirmó que la “delegación se otorga en función del cargo y no de la persona que lo ocupa, por lo que sigue siendo oponible y obligatoria hasta que un acto administrativo la sustituya o anule expresamente”.

9. Indicó que en más de 2.500 procesos se ha reconocido la personería, con fundamento en la Resolución 20980 de 2014. Señaló que el Decreto 2269 de 2023, por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Educación Nacional, en su artículo 7, reafirmó que la Oficina Asesora Jurídica tiene la función de representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio . Además, aportó la certificación expedida por la secretaria general del Ministerio, que confirmó la vigencia de la delegación realizada mediante la Reso lución 20980 de 2014. Por lo tanto, “al desconocer esta realidad normativa, administrativa y la prueba allegada al plenario, el Juzgado incurre en un

confirmó la vigencia de la delegación realizada mediante la Reso lución 20980 de 2014. Por lo tanto, “al desconocer esta realidad normativa, administrativa y la prueba allegada al plenario, el Juzgado incurre en un error que afecta el derecho de defensa del Ministerio de Educación Nacional”.

10. 6) El 25 de abril de 2025, el juzgado negó la reposición y rechazó la apelación por improcedente. Consideró que la delegación debía provenir del representante legal en ejercicio y que el Decreto 2269 de 2023 debía interpretarse en armonía con su artículo 5, el cual atribuye la representación legal al ministro. En consecuencia, el acto de delegación debía provenir delRadicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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4 de 14 ministro actual. Advirtió que dicha deficiencia se puso de presente a la abogada, pero no fue subsanada y no cumplió co n el requerimiento solicitado. Por otra parte, negó el recurso de apelación al no estar previsto en el artículo 243 del CPACA.

11. 7) El 30 de abril de 2025, la apoderada presentó recurso de reposición y queja contra la providencia anterior. Sostuvo que el auto que declaró no contestada la demanda constituía una decisión interlocutoria con la misma relevancia que el auto que rechaza la demanda, por lo que debía recibir igual tratamiento frente a la apelación. Afirmó que era necesario realizar

contestada la demanda constituía una decisión interlocutoria con la misma relevancia que el auto que rechaza la demanda, por lo que debía recibir igual tratamiento frente a la apelación. Afirmó que era necesario realizar una integración normativa con el CGP, que sí contempla la apelación de los autos que rechazan la contestación de la demanda, al tratarse de decisiones que comprometen directamente el derecho de defensa. Consideró que impedir la revisión de dicha actuación implica ba una limitación desproporcionada e incompatible con los principios de acceso a la administración de justicia, doble instancia y contradicción.

12. 8) El 3 0 de mayo de 2025, el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué mediante providencia decidió no reponer la determinación cuestionada, pero concedió el recurso de queja al haberse interpuesto en tiempo. Señaló que no procedía realizar una integración con el CGP, dado que el CPACA regulaba expresamente las decisiones apelables y no inclu ía el auto que declaraba no contestada la demanda.

13. 9) El 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Tolima declaró bien denegado el recurso de apelación. Concluyó que el artículo 243 del CPACA no preveía entre sus supuestos la posibilidad de apelar el auto que tenía por no contestada la demanda, por lo que fue acertada la negativa del recurso. Además, precisó que no resultaba procedente acudir al CGP, pues el CPACA establec ía de manera restrictiva y taxativa los casos en los que procedía la apelación2.

14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada afectó su derecho a la defensa

pues el CPACA establec ía de manera restrictiva y taxativa los casos en los que procedía la apelación2.

14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada afectó su derecho a la defensa técnica, al acceso a la administración de justicia y a la doble instancia, al negarse el recurso de apelación con base en un razonamiento restrictivo e injustificado. Señ aló que esta decisión impidió el control del superior jerárquico y desconoció el principio de integración normativa aplicable al

CGP.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación de 12 de septiembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-00857-00. Además, citó un precedente en el que se concluyó que la providencia que declara no contestada la demanda no es susceptible de apelación Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de octubre de 2017, Radicado 25000-23-41-000201501415-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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15. Afirmó que “al desconocer lo dispuesto en el Decreto 2269 de 2023 sobre la estructura y funciones del Ministerio de Educación Nacional, los jueces accionados incurrieron en una inobservancia manifiesta del principio de legalidad. Esta omisión llevó a negar injustificadamente la representación

sobre la estructura y funciones del Ministerio de Educación Nacional, los jueces accionados incurrieron en una inobservancia manifiesta del principio de legalidad. Esta omisión llevó a negar injustificadamente la representación judicial de la entidad, pese a estar expresamente atribuida a la Oficina Asesora Jurídica, lo que derivó en la vulneración directa de los derechos fundamentales del MEN al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia ”. Agregó que “existe un precedente uniforme y pacífico en múltiples procesos judiciales donde se ha reconocido la personería de la apoderada del MEN con base en la Resolución 20980 de 2014, lo que evidencia que la decisión cuestionada fue aislada, restrictiva y contraria a los principios de seguridad jurídica y unidad de jurisprudencia”.

16. Finalmente, argumentó que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifestó3 al privilegiar una interpretación formalista de las reglas procesales sobre la vigencia del acto administrativo de delegación, lo que sacrificó los derechos sustanciales de la entidad demandada. Indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al desconocer la validez del poder otorgado con fundamento en la Resolución 20980 de 2014, la cual permanecía vigente y eficaz.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4

17. El Juzgado 1 Administrativo de Ibagué 5 señaló que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, la delegación tiene carácter transitorio. Indicó que correspond ía al nuevo titular decidir si asum ía directamente las funciones o si las delega ba nuevamente. Añadió que

jurisprudencia del Consejo de Estado, la delegación tiene carácter transitorio. Indicó que correspond ía al nuevo titular decidir si asum ía directamente las funciones o si las delega ba nuevamente. Añadió que otorgó a la apoderada la oportunidad de subsanar la deficiencia advertida, pero esta no atendió el requerimiento pese a haber sido informada de las consecuencias jurídicas. Sobre la negativa del recurso de apelación, afirmó que su decisión se fundamentó en jurisprudencia unificada y razonable, por lo que la tutela buscaba generar una tercera instancia.

18. El municipio de Ibagué 6 alegó la falta de legitimación pasiva en la causa, al considerar que la supuesta vulneración se deriva ba del ejercicio de la función judicial.

3 Citó a la Corte Constitucional, Sentencia SU-061 de 2018. 4Mediante Auto de 1 de septiembre de 2025, el despacho ponente: 1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandado al Tribunal Administrativo de Tolima y al Juzgado Administrativo 1 de Ibagué, 3) vinculó a Carlos Alfonso Herrera Serna y al municipio de Ibagué como terceros con interés en el asunto, y 4) requirió a la abogada y al Ministerio de Educación Nacional para que allegaran el poder especial respectivo y advirtió que en caso de no subsanarse se entendería que la acción de tutela fue presentada por la abogada a nombre propio. 5 Índice 11 de Samai. 6 Índice 12 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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5 Índice 11 de Samai. 6 Índice 12 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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19. La Fiduprevisora S.A.7 sostuvo que la parte accionante no explicó con claridad los requisitos de procedibilidad, no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable y no demostró la vulneración de un derecho fundamental. Solicitó su desvinculación del trámite.

20. Pese a que Carlos Alfonso Herrera Serna fue debidamente notificado8, guardó silencio.

1.2. Trámite relevante en primera instancia

21. En cumplimiento del Auto de 1 de septiembre de 2025, que requirió a la parte accionante para aportar el poder especial conferido por el Ministerio de Educación Nacional a la abogada Rocío Ballesteros Pinzón, el 2 de septiembre de 2025 se allegó el documento correspondiente 9. En consecuencia, se reconocerá personería jurídica a la abogada y se tendrá presentada la acción de tutela por parte del Ministerio de Educación

Nacional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de los defectos alegados. 2.2. Solicitudes de desvinculación. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales .

2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales . 2.6. Conclusiones.

2.1. Identificación de los defectos alegados

22. Aunque la acción de tutela no alude de forma expresa a un defecto sustantivo, la Sala considera que la argumentación relacionada con el desconocimiento del Decreto 2269 de 2023 y de la Resolución 20980 de 2014 se enmarca en dicha causal, ya que se reprocha la inobservancia de normas jurídicas que debían tenerse en cuenta para resolver el caso.

Además, se advierte que el accionante alegó la existencia de un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto frente a la delegación administrativa contenida en la Resolución 20980 de 2014; sin embargo, dicho argumento corresponde , en realidad , a un defecto sustantivo, pues cuestiona la indebida aplicación y vigencia temporal de l acto administrativo al momento de ser interpretada por el juez de la legalidad.

23. Por otra parte, el accionante sostuvo que se configuró un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto al haberse declarado bien denegado el recurso de apelación con base en una interpretación

7 Índice 14 de Samai. 8 Índice 7 y 13 de Samai. 9 Índice 9 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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7 de 14 restrictiva y formalista. Indicó que ello impidió que la providencia que tuvo por no contestada la demanda fuera conocida por el superior jerárquico y que se aplicaran las disposiciones del CGP, que sí permit ían la interposición de recurso de apelación contra esa clase de decisiones.

2.2. Solicitudes de desvinculación

24. En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiduprevisora y el municipio de Ibagué, la Sala las resolverá de manera desfavorable, ya que, aunque no se alega vulneración de derechos fundamentales respecto de dichas entidades, las de cisiones que eventualmente se adopten podrían afectarles por su relación con los hechos del proceso ordinario.

2.3. Fijación de la controversia

25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Tolima, al resolver el recurso de queja, vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al interpretar de forma restrictiva y formalista los supuestos de procedencia del recurso de apelación. Si dicho reparo no prospera, deberá resolverse si el Juzgado 1 Administrativo de Ibagué, al no reponer la decisión de tener por no contestada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, al valorar de forma incorrecta la normativa aplicable sobre delegación

de nulidad y restablecimiento del derecho, vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, al valorar de forma incorrecta la normativa aplicable sobre delegación administrativa y restringir el ejercicio de la defensa técnica de la entidad demandada en el proceso judicial.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto del defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto , por falta de relevancia constitucional10, por por las siguientes razones:

10 Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional) encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesida d de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal . En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fun damentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional (Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022). Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o arbitraria de un derecho fundamental (También puede

judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o arbitraria de un derecho fundamental (También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024). Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instanciaRadicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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27. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el accionante pretendió reabrir un debate que ya fue objeto de decisión por el juez natural. En particular, reiteró que no debía negarse el recurso de apelación contra el auto de dio por no contestada la demanda, pues era procedente una integración normativa con el CGP, que sí prevé dicha posibilidad.

28. La Sala considera que el accionante utiliz ó la acción de tutela como un mecanismo adicional de defensa para que se revaluara la interpretación de las normas procesales adoptada por el juez de la causa respecto de la

28. La Sala considera que el accionante utiliz ó la acción de tutela como un mecanismo adicional de defensa para que se revaluara la interpretación de las normas procesales adoptada por el juez de la causa respecto de la procedencia del recurso de apelación contra el auto que declaró no contestada la demanda. Sin embargo, estos argumentos ya fueron analizados por las instancias ordinarias, que concluyeron que el artículo 243 del CPACA no contempla ba esa posibilidad y que no proced ía acudir al CGP, dado que el CPACA reglaba expresamente la materia.

29. La Sala advierte que la argumentación presentada en la acción de tutela coincide con la expuesta en los recursos de reposición y queja, al insistir en la necesidad de una integración normativa con el CGP para permitir la apelación del auto que declaró no contestada la demanda.

30. En consecuencia, el accionante plantea una interpretación distinta a la del juez natural sobre el alcance del artículo 243 del CPACA y la posible aplicación complementaria del CGP, aspecto que ya fue abordado en el Auto de 29 de julio de 2025 que declaró bien denegado el recurso de apelación porque el artículo aludido no preveía entre sus supuestos la posibilidad de apelar el auto que tenía por no contestada la demanda y que, precisamente, por la existencia de dicha disposición no resultaba procedente acudir al CGP.

31. Por lo tanto, no se justifica la intervención del juez de tutela en asuntos ya decididos por el juez ordinario, frente a los cuales el accionante conocía la posición sobre la improcedencia del recurso de apelación, pero insistió en reiterar los mismos argumentos para cuestionar la interpretación adoptada

ya decididos por el juez ordinario, frente a los cuales el accionante conocía la posición sobre la improcedencia del recurso de apelación, pero insistió en reiterar los mismos argumentos para cuestionar la interpretación adoptada por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho.

32. Respecto del defecto sustantivo, la Sala encuentra que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar el reparo planteo vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.

adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05310-00

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33. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la última actuación del proceso ( 30/7/25)11 y la interposición de la presente acción de tutela (27/8/25). La Sala advierte que el accionante conoció con certeza que no se estudiarían de fondo los argumentos sobre la delegación administrativa en el momento en que se resolvió el recurso de queja que confirmó la negativa al recurso de apelación contra la decisión que tuvo por no contestada la demanda. En ese sentido, el plazo razonable para interponer la acción de tutela no podía contarse de manera separada, pues

confirmó la negativa al recurso de apelación contra la decisión que tuvo por no contestada la demanda. En ese sentido, el plazo razonable para interponer la acción de tutela no podía contarse de manera separada, pues el objeto del litigio abarca dos discusiones que fueron conocidas simultáneamente y que guardan una relación directa entre sí.

34. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con las providencias dictadas en el marco de una acción popular. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

35. Por último, se destaca que la controversia tiene relevancia constitucional al tratarse de la presunta afectación de l