CE - Sentencia 11001031500020250536401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05364-01

Accionante: MAGNOLIA WAGNER GÓNGORA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia constitucional / improcedencia – La tutelante acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el recurso de impugnación interpuesto por Magnolia Wagner Góngora contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 28 de agosto de 2025 1, la señora Magnolia Wagner Góngora, quien actúa a nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social y a los

Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social y a los “derechos adquiridos”, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado bajo el radicado 76001-33-33-010-2023-00175-00/01.

Hechos relevantes

2. La parte actora manifestó que tiene 66 años y trabajó en la Alcaldía de Santiago de Cali desde 1992 hasta 2019, año en que se pensionó.

3. El Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991, expedido por el alcalde de Santiago de Cali, otorgó prestaciones sociales y beneficios extralegales a los empleados públicos del municipio.

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 28 de agosto de 2025 con secuencia: 8636 - Cuad.:1”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

Accionante: Magnolia Wagner Góngora Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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4. En el año 2000, la administración municipal suspendió unilateralmente los efectos del decreto y cesó el pago de las primas extralegales allí reconocidas.

5. Entre 1991 y 2000, la demandante recibió dichas primas, como consta en los tabulados de pago anexos.

6. En el año 2010, el Ministerio de Educación Nacional promovió demanda de

5. Entre 1991 y 2000, la demandante recibió dichas primas, como consta en los tabulados de pago anexos.

6. En el año 2010, el Ministerio de Educación Nacional promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio. Mediante Sentencia del 20 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del Decreto 0216 de 1991.

7. Por medio de providencia del 8 de agosto de 2019 2, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la nulidad del Decreto 0216 de 1991, al concluir que el alcalde de Santiago de Cali carecía de competencia para expedir actos administrativos que crearan factores salariales o prestaciones sociales a favor de los servidores públicos del municipio. Sin embargo, precisó que, aunque la nulidad tendría efectos ex tunc, se respetarían los efectos producidos que causó mientras el decreto estuvo vigente, en tanto se consolidaron situaciones jurídicas y derechos adquiridos de buena fe.

8. El 6 de septiembre de 2022, la actora solicitó a la Alcaldía de Santiago de Cali el reconocimiento y pago de las primas extralegales dejadas de percibir desde el año 2000 hasta la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado, esto es, el 23 de octubre de 2020.

9. La administración respondió que ninguna de las sentencias dictadas en los procesos de nulidad del Decreto 0216 de 1991 ordenó reconocimiento individual a favor de persona natural alguna, por lo que exigió a la peticionaria acreditar justo título en los términos del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

procesos de nulidad del Decreto 0216 de 1991 ordenó reconocimiento individual a favor de persona natural alguna, por lo que exigió a la peticionaria acreditar justo título en los términos del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

10. Ante la negativa, el 9 de mayo de 2023, la actora interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, mediante la cual reclamó el pago retroactivo de las prestaciones extralegales reconocidas en el Decreto 0216 de 1991, por un valor de $484.493.716 de pesos.

11. A través de providencia del 31 de octubre de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Cali 3 negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la actora se vinculó a la Contraloría de Santiag o de Cali bajo la vigencia del Decreto 0216 de 1991 y percibió sus beneficios hasta 2001. Indicó que con la expedición del Decreto 0731 de 1999, se fijó el régimen salarial conforme a la ley, lo cual derogó tácitamente el Decreto 0216 de 1991, por lo que d esde 2002 dejó de percibir las prestaciones extralegales. Concluyó que al momento de la sentencia del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2019, la demandante no contaba con un derecho adquirido ni una situación jurídica consolidada, por lo que debía solic itar el reconocimiento y pago de tales beneficios en sede administrativa o judicial. En

2 Identificada bajo el radicado: 76001-23-31-000-2010-01485-01.

adquirido ni una situación jurídica consolidada, por lo que debía solic itar el reconocimiento y pago de tales beneficios en sede administrativa o judicial. En

2 Identificada bajo el radicado: 76001-23-31-000-2010-01485-01. 3 Proceso identificado bajo el radicado: 76001-33-33-010-2023-00175-00/01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

Accionante: Magnolia Wagner Góngora Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3 consecuencia, consideró que los efectos de la nulidad del decreto eran ex tunc, y que no procedía el reconocimiento de las sumas reclamadas.

12. La accionante apeló la decisión, y mediante Sentencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia.

Pretensiones

13. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual que los principios de legalidad, confianza legitima, interpretación de normas procesales, buena fe, y todos aq uellos que llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito. SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 27 de marzo de 20025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior

vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito. SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 27 de marzo de 20025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-006-2023-00175-01”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La peticionaria sostuvo que la acción de amparo cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela contra pr ovidencias judiciales. Afirmó que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico, al valorar de manera arbitraria los desprendibles de nómina y la sentencia del Consejo de Estado identificada con radicado 76001-23-31-000-2010-01485-01, pruebas determinantes para resolver el caso.

15. Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió apreciar adecuadamente dichas pruebas, las cuales demostraban que la actora tenía un derecho adquirido, pues había cumplido con los requisitos del Decreto 0216 de 1991 y los beneficios económicos derivados del mismo ya hacían parte de su patrimonio.

En consecuencia, su situación jurídica se encontraba consolidada y debía respetarse hasta tanto el Decreto 0216 no fuera anulado.

16. Agregó que también se presentó un defecto fáctico en sentido negativo, porque tanto el juez de primera instancia como el Tribunal omitieron aplicar el concepto de derecho adquirido, expresamente reconocido por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de agosto de 2019, al advertir que debían respetarse los efectos producidos por el Decreto 0216 mientras estuvo vigente. Esta omisión probatoria

derecho adquirido, expresamente reconocido por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de agosto de 2019, al advertir que debían respetarse los efectos producidos por el Decreto 0216 mientras estuvo vigente. Esta omisión probatoria resultó determinante para la decisión adoptada.

17. La parte accionante afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo y en desconocimiento d el precedente judicial, al apartarse sin justificación del criterio fijado por el Consejo de Estado respecto de los

4 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

Accionante: Magnolia Wagner Góngora Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

4 efectos de la nulidad del Decreto 0216 de 1991. Dicho precedente ordenó respetar las situaciones jurídicas consolidadas y los derechos adqui ridos, de modo que su observancia era obligatoria. En su criterio, el Tribunal erró al sostener que la configuración de una situación jurídica consolidada exigía una sentencia con efectos de cosa juzgada, interpretación contraria a la Corte Constitucional, que ha precisado que basta el cumplimiento de las condiciones legales para reconocer un derecho adquirido. En el caso concreto, la actora cumplió los requisitos previstos en los artículos 1 y 23 del Decreto 0216 de 1991, por lo que su derecho debía ser respetado conforme al precedente vigente.

18. Finalmente, la tutelante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del

artículos 1 y 23 del Decreto 0216 de 1991, por lo que su derecho debía ser respetado conforme al precedente vigente.

18. Finalmente, la tutelante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una violación directa de la Constitución, al omitir la aplicación del concepto de derecho adquirido en la sentencia de segunda instancia, lo cual desconoció los mandatos sobre la irretroactividad de la ley. Esta omisión, a su juicio, vulneró el debido proceso, la seguridad jurídica y la confianza legítima, en tanto la jurisprudencia constitucional sobre estos principios es de obligatorio cumplimiento.

Asimismo, señaló la afectación de los derechos a la seguridad social (arts. 48 y 49 C.P.), a los derechos adquiridos (art. 58), al debido proceso (art. 29), al acceso a la justicia (art. 229), al trabajo (arts. 25 y 53), así como la protección especial de las personas mayores y el bloque de constitucionalidad (art. 93).

Trámite en primera instancia

19. Mediante Auto del 3 de septiembre de 2025 5, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada, al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, al Distrito Especial de Santiago de Ca li y a todos los demás vinculados al proceso referido como terceros interesados en el resultado del proceso, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado.

Intervenciones

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6 solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, al considerar que la accionante pretende utilizar este

Estado.

Intervenciones

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6 solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, al considerar que la accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia judicial. Asimismo, señaló que no se cumple el requisito de inmediatez, dado que la sentencia cuestionada fue proferida el 27 de marzo de 2025 y notificada el 28 del mismo mes, mientras que la demanda de tutela fue radicada el 28 de agosto de 2025, es decir, cinco meses después de haberse notificado la providencia. En su criterio, dicho lapso desvirtúa la urgencia y necesidad que fundamentan la procedencia del amparo.

5 Índice electrónico 04 de SAMAI. 6Autoqueadmite_AUTOADMIT_20250536400MagnoliaW(.pdf) NroActua 4. 6 Índice electrónico 011 de SAMAI. 20RECIBEPRUEBAS_Memorial_RespuestaTutela20250(.pdf) NroActua 11.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

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21. La Alcaldía de Santiago de Cali 7 pidió declarar improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, en su criterio la accionante pretende reabrir un debate ya resuelto dentro del proceso ordinario, así mismo señaló que no vulneró los derechos fundamentales de la actora.

Sentencia de primera instancia

22. Mediante providencia del 25 de septiembre de 2025 8, la Subsección A de la

vulneró los derechos fundamentales de la actora.

Sentencia de primera instancia

22. Mediante providencia del 25 de septiembre de 2025 8, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales de la señora Magnolia Wagner Góngora. Al respecto, manifestó que no se encuentra configurado el defecto fáctico, en la medida en que el análisis que le corresponde realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es de corrección sino de validez, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso.

23. La Sala advirtió que la discrepancia de la parte actora con la interpretación judicial del precedente no configura una vulneración de derechos fundamentales, pues los artículos 228 y 230 de la Constitución consagran la autonomía judicial, que permite al juez aplicar la ley conforme a su criterio razonado. En ese sentido, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró el precedente y concluyó que no era aplicable al caso por falta de justo título jurídico. En consecuencia, no se acreditó el defecto alegado, ya que la decisión cuestionada responde a un criterio interpretativo legítimo y no a un actuar arbitrario o caprichoso.

24. Por último, indicó que tampoco se encuentra acreditada la violación directa de la Constitución, la autoridad judicial accionada analizó el concepto de derechos adquiridos, pero concluyó que no se configuraban, al no existir un título jurídico válido que respaldara la pretensión. Esta interpretación se ajustó al principio de

la Constitución, la autoridad judicial accionada analizó el concepto de derechos adquiridos, pero concluyó que no se configuraban, al no existir un título jurídico válido que respaldara la pretensión. Esta interpretación se ajustó al principio de legalidad y al artículo 58 de la Constitución. La Sala advirtió que no se vulneró el debido proceso, pues la accionante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento en ambas instancias, presentó pruebas, apeló la decisión y contó con garantías procesales. Tampoco se afectó el acceso a la justicia ni el derecho a la seguridad social, toda vez que la pensión fue reconocida conforme al régimen legal y los beneficios del Decreto 0216 no hacen parte del sistema constitucional de seguridad social. Finalmente, precisó que la protección reforzada al adulto mayor no implica el reconocimiento de derechos no consolidados. En consecuencia, no se configuró violación directa de la Constitución, pues la decisión judicial fue motivada y ajustada al orden jurídico vigente.

7Índice el ectrónico 012 de SAMAI.20_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda202505364CONTESTAC(.pdf) NroActua 12. 8 Índice electrónico 015 de SAMAI. 23Sentencia_SENTENCIA_0220250536400Magnoli(.pdf) NroActua 15.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

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6 Impugnación9

25. La parte actora sostuvo que se configuró un defecto fáctico, pues el Tribunal

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

6 Impugnación9

25. La parte actora sostuvo que se configuró un defecto fáctico, pues el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió y valoró indebidamente pruebas esenciales, entre ellas los desprendibles de pago que acreditaban derechos adquiridos conforme al Decreto 0216 de 1991. Señaló que la decisión desconoció el precedente del Consejo de Estado, en particular el proceso identificado con el radicado 76001 -23-31-000-2010-01485-01, que reconoció la validez de tales derechos para los servidores de la Alcaldía de Cali.

26. Afirmó además que el Tribunal se apartó injustificadamente del precedente al supeditar dichos derechos a la licitud del decreto, en contravía de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Sentencia T-102 de 2014 de la Corte Constitucional, la cual establece que basta el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para consolidar el derecho adquirido.

27. Finalmente, respecto de la violación directa de la constitución, la tutelante indicó que se configura la vulneración del artículo 58 de la Constitución y el desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los derechos adquiridos por la accionante se consolidaron válidamente durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991, bajo la presunción de legalidad que lo amparaba. Negar sus efectos retroactivamente desconoce la seguridad jurídica y la confianza legítima, pues no puede trasladarse al administrado la consecuencia de un error cometido por la

Administración.

CONSIDERACIONES

Competencia

retroactivamente desconoce la seguridad jurídica y la confianza legítima, pues no puede trasladarse al administrado la consecuencia de un error cometido por la Administración.

CONSIDERACIONES

Competencia

28. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de

201910.

Problema jurídico y metodología de la decisión

29. En primer lugar, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela satisface el requisito general de relevancia constitucional, previsto en la jurisprudencia para su admisión. Ello resulta necesario, en tanto la actora ya contó con la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que permite advertir que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el juez natural de la controversia.

9 Índice electrónico 019 de SAMAI. 25_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONMAGNOLIA(.pdf) NroActua 19. 10 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

Accionante: Magnolia Wagner Góngora Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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30. Superado el examen de procedencia formal, corresponderá abordar el estudio de fondo para determinar si las decisiones proferidas por el Juzgado Décimo

Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

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30. Superado el examen de procedencia formal, corresponderá abordar el estudio de fondo para determinar si las decisiones proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los días 31 de octubre de 2 024 y 27 de marzo de 2025, respectivamente, incurrieron en alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, particularmente por defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

31. Lo anterior, dado que el problema jurídico se orienta a establecer si la peticionaria era titular de un derecho adquirido derivado del Decreto 0216 de 1991, en la medida en que —según afirma — cumplió los requisitos pre vistos en dicha normativa y los beneficios económicos reconocidos ya se habían incorporado a su patrimonio jurídico. En tal sentido, a su juicio, su situación jurídica se habría consolidado, de modo que los efectos del decreto debían respetarse mientras es te no fuera anulado por la jurisdicción competente.

32. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) el requisito de relevancia constitucional, análisis del caso concreto.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

33. Conforme el precedente constitucional fijado en la C -590 de 2005 11, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

33. Conforme el precedente constitucional fijado en la C -590 de 2005 11, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argum entativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

34. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 14 o el Consejo de Estado 15, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los

11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. A l respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

Accionante: Magnolia Wagner Góngora Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

8 hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consum ación de un perjuicio irremediable 17 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la

sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

35. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

36. La Corte Constitucional indicó 18 que la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.

37. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el eventos en que se pretende reabrir el debate 19: (i) el debate debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, al cance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el

asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, al cance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

38. Así, no basta invoca r genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.

17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021. 20 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05364-01

Accionante: Magnolia Wagner Góngora Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

9 Análisis del caso concreto

39. Magnolia Wagner Góngora promovió acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar que las sentencias del 31 de octubre de 2024 y 27 de marzo d e 2025,

Administrativo Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar que las sentencias del 31 de octubre de 2024 y 27 de marzo d e 2025, respectivamente, incurrieron en un defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución, con lo cual vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social y a los “derechos adquiridos”.

40. Mediante providencia del 31 de octubre de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Cali negó las pretensiones al estimar que la actora, vinculada a la Contraloría de Santiago de Cali bajo la vigencia del Decreto 0216 de 1991, percibió sus beneficios hasta 2001, pero que con el Decreto 0731 de 1999 se estableció un nuevo régimen salarial conforme a la ley, de manera que se derogó tácitamente el anterior. Sostuvo que la demandante debía gesti onar el reconocimiento de las prestaciones en sede administrativa o judicial, por lo que no contaba con un derecho adquirido ni con una situación jurídica consolidada, razón por la cual los efectos de la nulidad del Decreto 0216 eran ex tunc.

41. A través de Sentencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle confirmó la decisión de primera instancia.

42. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo lugar, verificará el cumplimiento de las causales generales de procedencia de tutela contra sentencia, en particular el requisito de relevancia constitucional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

43. En primer lugar, Magnolia Wagner Góngora cuenta con legitimación en la causa

contra sentencia, en particular el requisito de relevancia constitucional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

43. En primer lugar, Magnolia Wagner Góngora cuenta con legitimación en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamenta