CE - Sentencia 11001031500020250544200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Acción popular - Órdenes del juez popular | Defecto sustantivo – Prohibición normativa – Ampara | Defecto sustantivo – Imprecisión normativa – Niega

Síntesis del caso: El accionante enjuici ó el fallo de segunda instancia que confirmó la vulneración de los derechos colectivos y revocó la orden impartida en primera instancia de modificación del POT, la cual fue sustituida por otras medidas.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Jesús Alberto Cabrera Zambrano contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados. 1.3. Trámite relevante en primera instancia.

1.1. Posición de la parte actora

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados. 1.3. Trámite relevante en primera instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 1 de septiembre de 2025, Jesús Alberto Cabrera Zambrano presentó, en nombre propio, una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 20 de mayo de 2025, proferida en el proceso de acción popular Rad. 52001-23-33-000-2022-00166-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se

trascribe):

“1. Que se declare la vía de hecho en que incurrió el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del Fallo de segunda instancia de la Acción Popular No. 520013333009 – 2022 – 00166-01.

2. Como consecuencia de lo anterior, tutelar el derecho al debido proceso y se ordene al T ribunal Administrativo de Nariño , que, dentro del término prudencial, se ordene al Tribunal dejar sin efectos dicha sentencia y, en su lugar

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Ampara – niega ______________________________________________________________________________________________________________

Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Ampara – niega ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 15 profiera una nueva sentencia donde se estudie el amparo de derechos colectivos de los accionantes, aplicando la legislación vigente; que incluya las normas urbanísticas de uso de suelo, salubridad, seguridad y de no afectación a la convivencia ciudadana”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) El 12 de enero de 2022, algunos residentes de los barrios Las Cuadras y Parque Infantil, entre ellos Jesús Alberto Cabrera, Carlos Santamaría, Raúl González y Alfonso Agreda Putumayo, interpusieron una acción popular contra el municipio de Pasto para la protección de los derechos e intereses colectivos al ambiente sano, al espacio público, a la tranquilidad y a la seguridad. Solicitaron la suspensión de permisos para discotecas, bares, gastrobares y demás establecimientos con fuentes sonoras que perturbaran el sector comprendido entre las calles 18 y 20 y las carreras 29 y 31C, así como el control de vendedores ambulantes, la recuperación del espacio público y el cumplimiento de las normas del Código de Policía.

5. Afirmaron que el conflicto se originó en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), al permitir el uso mixto del suelo residencial para actividades comerciales. Indicaron que, tras el cierre de los establecimientos, los asistentes permanec ían en la vía pública , donde ingerían licor y drogas,

Territorial (POT), al permitir el uso mixto del suelo residencial para actividades comerciales. Indicaron que, tras el cierre de los establecimientos, los asistentes permanec ían en la vía pública , donde ingerían licor y drogas, generaban ruido, desechos y alteraciones al orden público, pese a las múltiples quejas y requerimientos presentados.

6. 2) El 21 de septiembre de 2023, el Juzgado 9 Administrativo de Pasto declaró vulnerados los derechos colectivos al ambiente sano, al espacio público y al desarrollo urbano ordenado, al considerar que la mezcla de usos aprobada por el POT resultaba incompatible con la actividad comercial de expendio y consumo de licor. Sin embargo, decidió adoptar medidas distintas a las solicitadas para equilibrar los derechos de los habitantes y los de los comerciantes y trabajadores informales.

7. El juzgado concluyó que la coexistencia de bares, discotecas y ventas informales de bebidas alcohólicas había generado ocupación indebida del espacio público, contaminación auditiva, residuos, inseguridad y afectaciones a la salud y tranquilidad de los residentes. Determinó, además, que los establecimientos incumplían los requisitos de funcionamiento y licencias urbanísticas previstos en la Ley 1801 de 2016 y en el POT, y que la administración municipal no había ejercido un control efectivo. Por esta razón, ordenó la realización de un estudio técnico sobre las zonas aptas para el expendio de bebidas alcohólicas y la posterior modificación del POT en un plazo de 9 meses. También dispuso medidas transitorias de control, capacitación a los comerciantes, priorización de procesos administrativos,Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

un plazo de 9 meses. También dispuso medidas transitorias de control, capacitación a los comerciantes, priorización de procesos administrativos,Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Ampara – niega ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 15 aplicación del Decreto 298 de 2020 para trabajadores informales y campañas de cultura ciudadana.

8. 3) El municipio de Pasto apeló la decisión al considerar que desconoció la presunción de legalidad del POT y atribuyó la causa del problema a su contenido normativo, sin contar con sustento técnico. Alegó que la incompatibilidad provenía de una deficiente imp lementación y no del plan, y que la orden de modificar el POT excedía la competencia judicial. Asimismo, estimó irrazonable el plazo de 9 meses para su modificación y sostuvo que la solución debía centrarse en reforzar las medidas de control y mitigación, no en una reforma normativa. Este recurso fue coadyuvado por el Ministerio Público.

9. 4) El 20 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la vulneración de los derechos e intereses colectivos, pero revocó la orden de realizar un estudio técnico y modificar el POT en 9 meses. En su lugar, ordenó al municipio verificar, en el término de 1 mes, que los establecimientos de comercio contaran con licencias de funcionamiento, uso del suelo y certificados de intensidad auditiva, además de implementar sistemas adecuados de insonorización conforme con la Ley 232 de 1995 y el

establecimientos de comercio contaran con licencias de funcionamiento, uso del suelo y certificados de intensidad auditiva, además de implementar sistemas adecuados de insonorización conforme con la Ley 232 de 1995 y el Decreto 1 879 de 2008. Dispuso estudios técnicos adicionales en los casos donde se evidenciar an sistemas ineficaces de insonorización y activación de medidas policivas en caso de incumplimiento. La Policía Nacional debía efectuar controles quincenales de ruido, horario de cierre y ocupación del espacio público. A los propietarios les ordenó suspend er el uso de cabinas, torres y bafles de sonido hasta que la administración definiera las adecuaciones estructurales necesarias. Las demás órdenes fueron confirmadas.

10. El Tribunal limitó su competencia al examen del punto apelado, sin revisar la existencia de la vulneración. Concluyó que, si bien el POT permitió el uso mixto del suelo, no regló adecuadamente las actividades comerciales y sus impactos sobre el suelo residencial; por ello, resultaba razonable actualizarlo, aunque no era viable ordenar su modificación en un plazo de 9 meses debido a la complejidad del proceso. Asimismo, señaló que el juez popular no podía anular disposiciones del POT conforme con el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, pues ello implicaría un juicio de legalidad reservado a la autoridad competente. Recordó que el POT admitía la coexistencia de usos residenciales y c omerciales, pero los propietarios deb ían cumplir normas urbanísticas, ambientales y de control del ruido. En consecuencia, ordenó a las autoridades verificar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento, incluidos los certificados de intensidad auditiva y los

normas urbanísticas, ambientales y de control del ruido. En consecuencia, ordenó a las autoridades verificar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento, incluidos los certificados de intensidad auditiva y los sistemas de insonorización.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

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4 de 15 11. 5) El 12 de junio de 2025, la Procuraduría General de la Nación solicitó aclaración del fallo al advertir que la referencia a la licencia de funcionamiento y a la Ley 232 de 1995 resultaba imprecisa, pues el Decreto Ley 2150 de 1995 suprimió dicho requisito y la Ley 232 fue derogada por la Ley 1801 de 2016. Solicitó que se precisara la orden conforme con la normativa vigente para evitar dificultades de cumplimiento.

12. 6) El 1 de julio de 2025, el Tribunal negó la aclaración por extemporánea. Posteriormente, el 16 de julio de 2025, la Procuraduría pidió modular los efectos del fallo con fundamento en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, a fin de ajustar las órdenes a la s disposiciones vigentes de la Ley 1801 de 2016 (arts. 84, 86 y 87). La Defensoría del Pueblo y el ac tor popular también solicitaron la aclaración del fallo por argumentos similares.

13. 7) El 1 de agosto de 2025, el Tribunal negó nuevamente las solicitudes

también solicitaron la aclaración del fallo por argumentos similares.

13. 7) El 1 de agosto de 2025, el Tribunal negó nuevamente las solicitudes por extemporáneas. Respecto de la modulación de la sentencia enjuiciada determinó que el comité de verificación y la jueza de primera instancia podían ajustar las órdenes a las circunstancias del cumplimiento, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Finalmente, el Tribunal consideró que la imprecisión normativa no impedía la ejecución del fallo, dado que las órdenes debían interpretarse conforme con los hechos, las razones jurídicas y la normativa vigente. Indicó que cualquier dificultad en la ejecución podría tramitarse mediante incidente de desacato o solicitud de modulación posterior.

14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora señaló que la Sentencia de 20 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, incurrió en un defecto sustantivo al basar su decisión en normas derogadas, lo que impedía el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas para conjurar la vulneración de los derechos colectivos.

15. Manifestó que “en el fallo se hace alusión al concepto de <licencias de funcionamiento >; se cita en la orden que se imparte, cumplir de conformidad con la <Ley 232 de1995, reglamentada por el Decreto 1879 de 2008>, se considera que son elementos que dificultan la comprensión del alcance de la orden y por tanto de su cumplimiento, puesto que el concepto de licencias de funcionamiento se suprimió mediante el artículo 46 del Decreto Ley 2150 de 1995”.

2008>, se considera que son elementos que dificultan la comprensión del alcance de la orden y por tanto de su cumplimiento, puesto que el concepto de licencias de funcionamiento se suprimió mediante el artículo 46 del Decreto Ley 2150 de 1995”.

16. Sostuvo que la decisión se basó en normas que no estaban vigentes, porque se impartió la orden “con observancia de la Ley 232 de 1995, la cual fue derogada por la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Lo anterior no permiteRadicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

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5 de 15 dar claridad para el cumplimiento del mismo a los accionados y accionantes”. En consecuencia, el fallo enjuiciado sustentó su decisión en normas inexistentes, por lo que la parte resolutiva debe ser “ precisada de acuerdo con la normativa vigente, pues de lo contrario ofrece dificultad fehaciente para su cumplimiento ”. Por último , cuestionó que el operador jurídico no hubiera tenido en cuenta el instrumento de planificación para adoptar las órdenes impartidas. Por último, insistió en la “aclaración de dicho fallo”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

17. El Tribunal Administrativo de Nariño 3 sostuvo que la acción de tutela no se dirigía contra la sentencia de primera instancia, sino que buscaba convertirse en una tercera instancia. Señaló que el accionante formuló

17. El Tribunal Administrativo de Nariño 3 sostuvo que la acción de tutela no se dirigía contra la sentencia de primera instancia, sino que buscaba convertirse en una tercera instancia. Señaló que el accionante formuló conjeturas sobre posibles dificultades en la ejecución del fallo, sin demostrar un incumplimiento real y actual. Afirmó que no existían razones válidas para considerar que la imprecisión normativa de la parte resolutiva afect aba el cumplimiento de las órdenes, pues la eficacia del fallo se enc ontraba garantizada por los hechos y fundamentos jurídicos que lo sustenta ban.

Además, indicó que la solicitud de aclaración fue presentada dentro del término legal.

18. Agregó que la referencia a normas derogadas no limitaba el alcance ni la obligatoriedad del fallo, ya que lo exigible e ra el cumplimiento de las órdenes contenidas en la parte resolutiva. Precisó que una cita normativa imprecisa no desnaturaliza ba las medidas adoptadas, las cuales conservaban plena eficacia. Recordó que, conforme con la jurisprudencia constitucional, si se presentaba un incumplimiento real y probado, el juez de la acción popular p odía modular las órdenes para adecuarlas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y así garantizar la efectividad de los derechos colectivos reconocidos.

2 Mediante Auto de 3 de septiembre de 2025, el despacho ponente 1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandado al Tribunal Administrativo de Nariño y, (3) vinculó al Juzgado 9 Administrativo de Pasto y el Municipio de Pasto, como terceros con interés en el asunto. Posteriormente, mediante Auto de 9 de octubre de 2025 también

demandado al Tribunal Administrativo de Nariño y, (3) vinculó al Juzgado 9 Administrativo de Pasto y el Municipio de Pasto, como terceros con interés en el asunto. Posteriormente, mediante Auto de 9 de octubre de 2025 también fueron vinculados las siguientes personas: Procuraduría General de la Nación, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Personería Delegada para lo policivo del municipio de Pasto, a Asodisbarc (Asociación de Discotecas, Bares, Restaurantes y Clubes), a Nubia d el Carmen Rojas de Noguera, Marco Fidel Noguera Narváez, María Antonia Noguera Rojas, Ángela Karina Noguera, Holmes Iván Noguera Rojas, Sandra Delgado Orejuela, Samantha Santander Delgado, Juan José Santander Delgado, Mary Sotelo Domínguez, Nelson Eduardo Peña Caicedo, Magaly del Carmen Peña Caicedo, Alba Patricia Peña Caicedo, María Fernanda Figueroa Peña, Marcela Figueroa, Juan Manuel Peña Fajardo, Zenaida Santander Buriticá, Libardo Eraso Hidalgo, Jaime Santander España, Angélica Santander Yepes, Mercede s Esperanza Yépez Moncayo, Sofía Santander Yepes, María Eugenia Mesías Benavides, Yolanda Mesías Benavides, Alba Lucia Mesías Benavides y Efraín Santander España, Carmen del Rosario Ortega Guerrero, Ciro Alejandro Pupiales Chávez, Diana Milena Muñoz Madroñero, Dayana Valentina Ortega Cabrera, y Janneth Stella Botina Noguera, Sandra Isabel Valenzuela Santacruz, Luis Eduardo España Riascos, Maria Fanny Botina, Sonia Hernández Prada, Francisco Javier Pizara

Madroñero, Dayana Valentina Ortega Cabrera, y Janneth Stella Botina Noguera, Sandra Isabel Valenzuela Santacruz, Luis Eduardo España Riascos, Maria Fanny Botina, Sonia Hernández Prada, Francisco Javier Pizara Salcedo, María Consuelo Benavides Valencia, Laureano Ramón Salas Enríquez, Hernando Mario Betancourth Palacios, Mischelee Melina Revelo Benavides, Clara Elisa Pizara Salcedo, Oscar Giovanni Moreno Cruz, Claudio Álvaro España Riascos, María Rubiela Castro, José Arturo Pizara Salcedo, Carlos Santamaría, Raúl Gonzales y Alfonso Agreda Putumayo, Mario Perafán Cabrera y Franco Romo Lucero como terceros con interés en el asunto. 3 Índice 12 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

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19. El Juzgado 9 Administrativo de Pasto4 indicó que no se acreditó ningún defecto.

20. El municipio de Pasto 5 manifestó que la acción de tutela pretendía usarse como una tercera instancia, al solicitar que se ordenara al juez popular reexaminar la vulneración de los derechos colectivos conforme con la legislación vigente en materia urbanística, de salubridad, seguridad y convivencia ciudadana.

21. La Personería de Pasto 6 solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso del accionante, con el fin de que se aplicara la normativa vigente y el fallo pudiera ejecutarse materialmente.

convivencia ciudadana.

21. La Personería de Pasto 6 solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso del accionante, con el fin de que se aplicara la normativa vigente y el fallo pudiera ejecutarse materialmente.

22. La Policía Nacional 7 pidió ser desvinculada, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, pues la situación se derivaba de una providencia judicial.

23. La Procuraduría General de la Nación 8 advirtió que mantener la providencia judicial con fundamento en normas derogadas podría generar su incumplimiento, lo cual mantendría la vulneración de los derechos colectivos. Asimismo, indicó que, en el ejercicio de sus funciones, no vulneró los derechos invocados.

24. El Ministerio de Defensa9, la Defensoría del Pueblo10, Asodisbarc11 y las demás personas vinculadas 12 guardaron silencio, a pesar de haber sido debidamente notificadas.

1.3. Trámite relevante en primera instancia

25. El 18 de noviembre de 2025, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su impedimento para conocer el asunto, con fundamento en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 13, y bajo los

siguientes argumentos (se trascribe):

4 Índice 11 de Samai. 5 Índice 10 de Samai. 6 Índice 20 de Samai. 7 Índice 21 de Samai. 8 Índices 22, 26 y 27 de Samai. 9Índice 18 de Samai. 10Índice 18 de Samai. 11Índice 18 de Samai.

7 Índice 21 de Samai. 8 Índices 22, 26 y 27 de Samai. 9Índice 18 de Samai. 10Índice 18 de Samai. 11Índice 18 de Samai. 12 El accionante, mediante memorial del 20 de octubre de 2025, informó que los demás terceros vinculados podían ser notificados en la dirección” Calle 18 No. 30-44, Edificio Torre Central, Pasto (Nariño)” y en el correo electrónico “viajeroscultural@gmail.com” (índice 25 de Samai). En consecuencia, el 27 de octubre se notificó el auto admisorio y se corrió traslado de la acción de tutela con sus anexos a los terceros interesados que aún no conocían el trámite, a través del correo electrónico indicado y mediante oficio físico el 11 de noviembre de 2025 remitido por la empresa de servicios postales 472. Quedó registrado el envío de correo electrónico, la trazabilidad y entrega de los oficios físicos, según consta en los índices 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de Samai. 13 “Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (...) 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

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7 de 15 “En este caso, la parte actora cuestiona la Sentencia del 20 de mayo de 2025

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7 de 15 “En este caso, la parte actora cuestiona la Sentencia del 20 de mayo de 2025 emitida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño en el expediente de acción popular no. 52001 -23-33-000-2022-00166-01, providencia judicial que fue sus crita, entre otros, por el doctor José Gabriel Santacruz Miranda, en su condición de magistrado integrante de dicha Sala (…)

Lo anterior, toda vez que desde hace varios años mantengo una relación de amistad íntima con el doctor José Gabriel Santacruz Miranda, quien, además también fue magistrado auxiliar del despacho que actualmente dirijo; en consecuencia, dado que la acción de tutela se promovió precisamente en contra de una providencia judicial en la que el doctor Santacruz Miranda participó y suscribió como integrante de dicha Sala de Decisión, considero que me encuentro impedido para conocer del asunto de la referencia.

Por consiguiente, en orden a preservar de manera integral la absoluta independencia, objetividad y transparencia en la resolución de esta actuación judicial, solicito respetuosamente que se me separe del conocimiento del caso”.

26. En atención a lo expuesto, se considera que, en efecto, se configura la causal de impedimento invocada, toda vez que el asunto que se discute en la presente acción de tutela tiene relación con una providencia enjuiciada que fue suscrita por el magistrado José Gabriel Santacruz Miranda, como integrante de la autoridad judicial accionada y quien mantiene desde hace años un vínculo de amistad íntima con el magistrado

enjuiciada que fue suscrita por el magistrado José Gabriel Santacruz Miranda, como integrante de la autoridad judicial accionada y quien mantiene desde hace años un vínculo de amistad íntima con el magistrado Fredy Ibarra Martínez. Este vínculo de amistad afectaría la debida imparcialidad y objetividad que debe observar el juez al conocer el asunto. En ese orden, se declarará fundado el aludido impedimento y se le separará del conocimiento del asunto.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2. 1. Fijación de la controversia. 2.2. Solicitud de desvinculación. 2.3.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.

2.1. Fijación de la controversia

27. Corresponde determinar, una vez verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró el derecho al debido proceso del actor popular e incurrió en un defecto sustantivo al sustentar las órdenes del fallo de segunda instancia del proceso de acción popular en normas derogadas.

2.2. Solicitud de desvinculación

28. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la Policía Nacional , la Sala la resolverá de manera desfavorable, ya que,Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

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8 de 15 aunque no se alega una presunta vulneración de derechos fundamentales respecto de dicha entidad, la s decisiones que eventualmente se adopten podrían resultarle de interés, por haber intervenido en el proceso ordinario. Por esta razón, fue vinculada desde el Auto de 9 de octubre de 2025.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La Sala encuentra que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de l derecho presuntamente vulnerado.

30. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la Sentencia de 2 0 de mayo de 2025 ( 29/5/2025)14 y la interposición de la presente acción de tutela (1/9/2025)15. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de acción popular. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

31. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de una providencia judicial cuyo debate central gira en torno a un defecto sustantivo, argumento que

31. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de una providencia judicial cuyo debate central gira en torno a un defecto sustantivo, argumento que no pudo plantearse en el curso del proceso ordinario de acción popular.

Esto cobra mayor relevancia si se considera que la providencia enjuiciada revocó la orden de modificar el POT del municipio de Pasto por otras medidas para conjurar la vulneración de los derechos colectivos, por lo que dichas órdenes no pudieron ser objeto de apelación, y, en consecuencia, no se pretende someter la controversia a una nueva instancia.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales

32. La Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso del accionante al encontrarse acreditado un defecto sustantivo , pero únicamente respecto de la orden relacionada con la verificación de las licencias de funcionamiento. Respecto de las demás órdenes, no se advierte la configuración del defecto sustantivo, por las razones que se explican a

continuación:

14 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI, el mensaje de datos fue enviado el 27 de mayo de 2025. 15 Según acta Individual de reparto.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00

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33. La jurisprudencia constitucional ha establecido que se configura un defecto sustantivo cuando la decisión judicial carece por completo de

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33. La jurisprudencia constitucional ha establecido que se configura un defecto sustantivo cuando la decisión judicial carece por completo de fundamento jurídico o se apoya en una norma no pertinente, es decir, cuando esta no está vigente, es inexistente o, au n estando vigente, su aplicación resulta inadecuada para el caso concreto16.

34. En el presente asunto, el juez popular, al resolver la apelación, confirmó la vulneración de los derechos e intereses colectivos, por no haber sido objeto de impugnación, y se concentró en definir el alcance de las órdenes adoptadas. En consecuencia, revocó parcialmente la medida que ordenaba modificar el POT y la reemplazó por las siguientes medidas (se trascribe): “PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de 21 de noviembre de 2023, conforme lo considerado y, en su lugar, adoptar las siguientes medidas

de protección definitivas:

SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Pasto realizar