CE - Sentencia 11001031500020250551200 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

Demandante: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MH SAS

Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

PROFERIDA EN EL MARCO DE UNA ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO. SUPRESIÓN MASIVA DE

DETERMINADAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS

SISTEMAS INFORMÁTICOS.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandad a vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo que declaró improcedente la acción de cumplimiento, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y violación directa de la Constitución . La Sala negará el amparo invocado, porque no se demostraron los defectos alegados.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela 1 presentado por la sociedad INGENIERIA & CONSTRUCCIONES MH SAS 2 en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia , consagrados en los artículos 29 y 229

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES MH SAS 2 en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia , consagrados en los artículos 29 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 14 de agosto de 2025 proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 29 de noviembre de 2024, la sociedad INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES MH SAS presentó una petición ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

1 La acción de tutela fue presentada el 3 de septiembre de 2025, índice 2 Samai. 2 La señora Yuly Smith Hurtado Poveda en su condición de representante legal, índice 3 Samai.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

Demandante: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MH SAS Acción de tutela

de Bucaramanga, mediante la cual solicitó la supresión de las deudas a su cargo y la actualización de los registros correspondientes en las bases de datos en las que figurara como deudor de dichas obligaciones, en virtud del artículo 334 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se adicionó el parágrafo transitorio 2 al artículo 820 del Estatuto Tributario, norma que facultó a la autoridad tributaria para realizar esas supresiones.

mediante la cual se adicionó el parágrafo transitorio 2 al artículo 820 del Estatuto Tributario, norma que facultó a la autoridad tributaria para realizar esas supresiones.

1. Mediante el Oficio no. 104272555 -13347 17 de diciembre de 2024, la DIAN de Bucaramanga negó la solicitud, decisión que fue confirmada por medio del Oficio no. 104-272-555-00176, en atención a que no era procedente proferir un acto administrativo que suprimiera la remisión de las obligaciones, por no ser aplicable la figura de la

“remisibilidad”.

1. La sociedad presentó demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra de la DIAN de Bucaramanga, con el fin de que se le ordenara dar cumplimiento a la supresión masiva de determinadas obligaciones tributarias de sus sistemas informáticos, conforme con los parámetros establecidos en la legislación tributaria vigente.

1. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Santander 3 quien, mediante sentencia de 9 de julio de 2025 , “negó por improcedente ” las pretensiones de la demanda, en la medida que el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 334 de la Ley 2294 de 2023, no impone a la DIAN un deber legal susceptible de cumplimiento mediante la acción constitucional, sino que consagra una facultad discrecional.

1. La sociedad presentó recurso de apelación, en el cual indicó que el tribunal no valoró las pruebas que acreditaban el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario, tales como la antigüedad

1. La sociedad presentó recurso de apelación, en el cual indicó que el tribunal no valoró las pruebas que acreditaban el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario, tales como la antigüedad de las deudas, la inexistencia de respaldo económico y el adelantamiento de las diligencias de cobro ; además, desconoció que esa norma no contiene una facultad discrecional, sino una competencia reglada, cuya consecuencia es la “remisibilidad” de la deuda mediante un acto administrativo.

1. El 14 de agosto de 20254, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de cumplimiento por

3 Proceso con radicación no. 68001-23-33-000-2025-00338-00/01. 4 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 19 de agosto de 2025.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

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no encontrar superado el requisito de subsidiariedad , en la medida que la demandante, más allá del obedecimiento del artículo invocado en la demanda, propuso un debate que se dirigía a controvertir el proceso de cobro coactivo que adelanta ba la DIAN en su contra, discusión que se debía plantear a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión

restablecimiento del derecho.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia proferida el 14 de agosto de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto procedimental afirmó que la autoridad judicial demandada no se limitó a corregir un error del fallo de primera instancia en su argumentación, sino que, de facto, instauró una nueva causal de improcedencia y actuó como si fuera un juez que inicia un nuevo análisis de procedibilidad.

Cuando revocó la sentencia de primera instancia para declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento, el Consejo de Estado desbordó los límites de su competencia en segunda instancia y falló sobre una cuestión que no fue sometida a su consideración en los términos del recurso de apelación.

Frente al defecto sustantivo, sostuvo que la Sección Quinta incurrió en una contradicción entre sus fundamentos y la parte resolutiva del fallo, puesto que declaró improcedente la acción de cumplimiento con base en que procedía el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , tras considerar la pretensión como un ataque al proceso coactivo, pese a que con la demanda no se pretendían anular actos de cobro, sino hacer eficaz una norma legal vigente y reglamentada por la DIAN, que obliga a depurar de los sistemas de la autoridad tributaria las deudas sin respaldo cuando se acrediten sus supuestos.

El Plan Nacional de Desarrollo es una ley en sentido formal y material, y su cumplimiento

sistemas de la autoridad tributaria las deudas sin respaldo cuando se acrediten sus supuestos.

El Plan Nacional de Desarrollo es una ley en sentido formal y material, y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de la administración o supeditado a la impugnación de cada acto administrativo, máxime cuando la pretensión no es la anulación de un acto, sino la garantía de su observancia.4

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Por último, señaló que se violó de forma directa la Constitución , en la medida que, a pesar de que existe una norma legal vigente que obliga a depurar de los sistemas institucionales y, las deudas sin respaldo cuando se acreditan sus presupuestos, el fallo antepone el trámite de cobro coactivo como barrera para no cumplirla.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“PRIMERO. TUTELAR, los derechos fundamentales de la accionante INGENIERIA & CONSTRUCCIONES MH SAS., identificada con NIT. NIT 900810507, al debido proceso (congruencia, defensa y contradicción), acceso a la administración de justicia, petición, legalidad y buena administraci ón, y supremacía constitucional.

SEGUNDO. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 14 de AGOSTO de 2025, proferida por la SECCIÓN QUINTA DE

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE

SEGUNDO. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 14 de AGOSTO de 2025, proferida por la SECCIÓN QUINTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, por configurar defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo y violación directa de la Const itución. En su lugar, que se ordene a la Sala de Decisión del Consejo de Estado (Sala, Sección o Subsección que corresponda según reglamento) proferir sentencia sustitutiva dentro de un término razonable, con fun damento en los agravios de la apelación, con motivación suficiente y respeto del principio de congruencia.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 2mayúsculas y negrillas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 5 de septiembre de 20255 se admitió el proceso de acción de tutela y se ordenó la notificación del presidente y los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander y al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado 6 manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que la

5 Índice 4, Samai. 6 Índice 8, Samai.5

acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que la

5 Índice 4, Samai. 6 Índice 8, Samai.5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

Demandante: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MH SAS Acción de tutela

parte actora pretende es la reapertura de un debate de estricta legalidad culminado en sede judicial de segunda instancia, por el órgano de cierre especializado en asuntos tributarios.

Asimismo, sostuvo que no se cumple con el requisito de sub sidiariedad, en atención a que la actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones de cobro y las excepciones dentro del proceso coactivo.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)7, afirmó que el actor pretende utilizar la acción de tutela para discutir asuntos meramente legales y económicos, por lo cual el mecanismo constitucional es improcedente.

No es cierto que se obligue a la DIAN a la depuración de los sistemas de las deudas sin respaldo económico cuando se acreditan los presupuestos contenidos en el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto tributario, como lo manifiesta la demanda nte, es una potestad para las Direcciones Seccionales decidir si realizan o no la supresión.

Las demás autoridades guardaron silencio en esta oportunidad , pese a haber sido notificadas en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que

Las demás autoridades guardaron silencio en esta oportunidad , pese a haber sido notificadas en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

7 Índice 11, Samai.6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

Demandante: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MH SAS Acción de tutela

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se proteja n sus derechos fundamentales antes referidos presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 , por cuanto , a su juicio , incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y violación directa de la Constitución.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción de tutela se alegaron los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución , lo cierto es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que esos reparos, en realidad, tienen relación directa con la presunta contradicción del Consejo de Estado por declarar improcedente la acción de cumplimiento con fundamento en que la acción procedente para el fin perseguido era la de nulidad y restableci miento del derecho, pese a que con la demanda no se pretendían anular actos de cobro ; por consiguiente, se procederá a realizar el análisis únicamente frente al primero de los defectos mencionados pues los argumentos relacionados con el segundo también constituyen un defecto sustantivo, por lo que se valorarán desde esa óptica.

Asimismo, se estudiará el defecto procedimental invocado por la sociedad demandante.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

Asimismo, se estudiará el defecto procedimental invocado por la sociedad demandante.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia , la Sala negará el amparo invocado, por las razones que pasan a explicarse:7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

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El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional en cuanto a este cargo en específico, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada 8; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con la sentencia de segunda instancia, pues declaró improcedente la

una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con la sentencia de segunda instancia, pues declaró improcedente la acción de cumplimiento por no configurarse el presupuesto de subsidiariedad , argumentos que no constituyen una reiteración de lo discutido en la primera instancia de la acción e cumplimiento.

Superado dicho análisis pasa la Sala a resolver los defectos procedimental y sustantivo alegados por la parte demandante.

2.1 Generalidades del defecto procedimental

Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 228 de la Constitución, los cuales consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobr e el procesal9.

En términos generales esta causal específica y propia de acciones de tutela contra providencias judiciales se configura cuando el juez actúa completamente por fuera del procedimiento establecido por el legislador, bien sea porque i) desconoce abiertamente o se aparta por completo del procedimiento, ora ii) cuando el goce efectivo de los

8 La sentencia fue notificada el 19 de agosto de 2025 y la demanda fue presentada el 3 de septiembre mismo año. 9 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

Demandante: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MH SAS Acción de tutela

derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

Demandante: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MH SAS Acción de tutela

derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

En el primer caso estamos en presencia de la modalidad que la jurisprudencia ha denominado “ defecto procedimental absoluto ” y en el segundo en un “ exceso ritual manifiesto”.

La jurisprudencia constitucional ha establecido al respecto que “(a) el defecto procedimental absoluto ocurre cuando se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. (b) El defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad judicial (…) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia; es decir, el funcionario judicial incurre en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales10”.

probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales10”.

De igual manera, no cualquier irregularidad, vicio o falencia constituye un defecto procedimental en cualquiera de sus modalidades, sino que el defecto requiere, principalmente, que se trate de un yerro de procedimiento protuberante, grave y con incidencia en la decisión final, esto es, que influya en la decisión de fondo, y, además, que la anomalía no pueda de ninguna manera imputarse directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso11.

10 Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018. 11 Corte Constitucional, sentencia T-SU-537 de 2017.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

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2.2 Análisis del presunto defecto procedimental en el caso concreto

1. La parte demandante puso de presente que la autoridad judicial demandada no se limitó a corregir un error del fallo de primera instancia, sino que, de facto, instauró una nueva causal de improcedencia y actuó como si fuera un juez que inicia un nuevo análisis de procedibilidad.

1. Afirmó que el Consejo de Estado desbordó los límites de su competencia en segunda instancia y falló sobre una cuestión que no fue sometida a su consideración en los términos del recurso de apelación.

1. No obstante, para la Sala resulta diáfano que en este caso no se configura un defecto

instancia y falló sobre una cuestión que no fue sometida a su consideración en los términos del recurso de apelación.

1. No obstante, para la Sala resulta diáfano que en este caso no se configura un defecto procedimental porque el Consejo de Estado actuó dentro de los límites de su competencia cuando revisó la procedencia de la acción de cumplimiento , pues, e n el marco del recurso de apelación, la segunda instancia no est aba restringida a los argumentos expuestos por el tribunal, sino que podía realizar un examen integral de los presupuestos procesales y de procedibilidad de la acción, entre los cuales se encuentra el requisito de subsidiariedad.

1. En este sentido, el hecho de que el tribunal hubiera declarado la improcedencia por una razón diferente (la ausencia de un deber claro e imperativo en la norma) no impedía que el Consejo de Estado examinara otros aspectos relacionados con la viabilidad procesal de la acción.

1. Lejos de introducir un tema extraño al debate, lo que hizo la Sección Quinta fue confirmar la improcedencia desde una perspectiva adicional, para lo cual valoró que la sociedad, en realidad , tenía a su disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos expedidos en el marco del proceso de cobro.

1. Así, el Consejo de Estado no sustituyó la causa del fallo de primera instancia por un argumento arbitrario, sino que ejerció , legítimamente, su facultad de verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales de la acción, sin los cuales no es posible emitir una decisión de fondo, en virtud de la potestad con la que cuentan los jueces e incluso la obligación de examinar de manera oficiosa dichos requisitos, pues, se trata de

cumplimiento de los presupuestos procesales de la acción, sin los cuales no es posible emitir una decisión de fondo, en virtud de la potestad con la que cuentan los jueces e incluso la obligación de examinar de manera oficiosa dichos requisitos, pues, se trata de elementos de orden público que no dependen de la voluntad de las partes ni de la argumentación inicial del juez de primera instancia.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-05512-00

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1. En esa medida, no se puede sostener que el Consejo de Estado haya incurrido en un exceso de su competencia o en un defecto procedimental; por el contrario, su actuación se ajusta a la función de garante de la correcta utilización de las acciones judiciales, con el fin de evitar que la acción de cumplimiento se desnaturalice y se convierta en un mecanismo paralelo de control de legalidad de actos administrativos.

1. Por consiguiente , la actuación del Consejo de Estado no configuró un defecto procedimental, en atención a que no desconoció las reglas propias de la segunda instancia ni desbordó su competencia, lo que hizo fue aplicar correctamente el principio de subsidiariedad y revisar de oficio los requisitos de procedencia, lo cual conllevó a que confirmara la improcedencia de la acción de cumplimiento con fundamento en razones objetivas y plenamente respaldadas por el marco normativo y jurisprudencial.

2.2 Caracterización del defecto sustantivo

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas

2.2 Caracterización del defecto sustantivo

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.” 12.

La Corte Constitucional estableció 13 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de las partes por la erróne a elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem - o claram ente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o verticalsin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre

desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o verticalsin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre

12 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.11

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que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso14.”.

2.2.1 El análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

1. La demandante señaló que la Sección Quinta incurrió en una contradicción entre sus fundamentos y la parte resolutiva del fallo, debido a que declaró improcedente la acción de cumplimiento con base en que procedía el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tras considerar la pretensión como un ataque al proceso coactivo, pese a que con la demanda no pretendía anular actos de cobro , sino hacer eficaz una norma legal vigente y reglamentada por la DIAN, que obliga ba a depurar de los sistemas de la autoridad tributaria las deudas sin respaldo.

1. Así pues, es necesario determinar cuáles fueron los fundamentos que se esbozaron en la demanda de acción de cumplimiento y las consideraciones que tuvo la demandada para declararla improcedente, con el fin de establecer si la Sección Quinta realizó una valoración legítima sobre la naturaleza de las pretensiones y de las reglas procesales sobre la procedencia de ese medio de control.

para declararla improcedente, con el fin de establecer si la Sección Quinta realizó una valoración legítima sobre la naturaleza de las pretensiones y de las reglas procesales sobre la procedencia de ese medio de control.

1. La parte actora en su demanda alegó que la DIAN incurrió en los cargos de falsa motivación, violación directa de la ley, desviación y exceso de poder y violación del debido proceso, en la medida que negó la aplicación del artículo 334 de la Ley 2294 de 2023, sin exponer razones jurídicas suficientes ; omitió aplicar el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario , que faculta la supresión de deudas en las condiciones acreditadas; además, interpretó como discrecional y de oficio la norma, pese

a que tiene fuerza obligatoria, así:

“10. Mediante respuesta del 29 de enero de 2025, que se adjunta como prueba al presente documento, la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE BUCARAMANGA argumentó que, en atención a la declaración de la “Renuencia a la autoridad”, la renuencia se entiende como la rebeldía de una autoridad o de un particular que ejerce funciones públicas, en cumplir una norma con fuerza de ley o un acto administrativo que consagra en su cabeza el deber claro, imperativo e inobjetable que se le pide atender, contenido en una norma (Ley en sentido material) o en un acto administrativo. Añadió que lo anterior no puede interpretarse en contra de los funcionarios de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE BUCARAMANGA, dado que el cumplimiento objetivo que le corresponde y para el cual el Estado le ha facultado, le concede la