CE - Sentencia 11001031500020250567501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

Demandados: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Cosa juzgada Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Francisco Javier García Londoño , en contra de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Ernesto Galvis Gómez promovió solicitud de tutela1 con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, acceso a cargos públicos y trabajo, así como a los principios de favorabilidad y pro homine los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

y pro homine los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-25-000-2012-00372-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo se refirió lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 2, con la finalidad de que se le declararan nulas las resoluciones 8300060-2009-001 del 30 de abril, 06027 del 24 de mayo, 07319 del 21 de junio de 2007 , por medio de los cuales fue declarada su responsabilidad disciplinaria e impuesta la sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar funciones públicas por 12 años.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_DemandaObtenerArchiv(.pdf) NroActua 2» . 2 En adelante DIAN.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

2.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 8 de marzo de 2019 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, de manera que, al tratarse de un proceso de única instancia, el demandante presentó una acción de tutela contra esta decisión.

la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, de manera que, al tratarse de un proceso de única instancia, el demandante presentó una acción de tutela contra esta decisión.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 1 7 de octubre de 20 25 declaró improcedente el amparo constitucional, por encontrar configurada la cosa juzgada constitucional y la temeridad, ordenó «por tercera vez» al demandante abstenerse de presentar más acciones de tutela con identidad de partes, objeto y causa «valiéndose de artificios y de formalidades para denotar la existencia de hechos nuevos inexistentes» y remitió copia de esa decisión a los despachos que integran la Sala Pl ena de los Contencioso Administrativo de esa Corporación, para que «ante acciones de tutela futuras con identidad de partes, objeto y causa, valoren la posibilidad de rechazar de plano, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991».

1.1.1. Pretensiones

3.Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS […] i) Derecho al debido proceso y al juez natural ii) Derecho a la igualdad iii) Derecho a ejercer cargo público en carrera administrativa iv) Derecho al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva […] 1) Que en caso de que la sección segunda – subsección B del Consejo de Estado no rinda el informe, lo rinda extemporáneamente o lo rinda de manera formal y no de fondo, se de aplicación a lo señalado en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

el informe, lo rinda extemporáneamente o lo rinda de manera formal y no de fondo, se de aplicación a lo señalado en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 2) Que se amparen mis derechos fundamentales violados por la sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001032500020120037200 de fecha 28 de marzo de 2019. 2) Que, como consecuencia del amparo de mis derechos fundamentales invocados, se me reintegre a mi cargo de carrera administrativa en la DIAN sin solución de continuidad para todos los efectos laborales y legales» (sic).

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 3 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico -procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, solicitó que se negara la petición de amparo por cuanto no satisfizo el requisito general de relevancia constitucional , puesto que no fue acreditada la carga argumentativa para habilitar la intervención del juez constitucional , toda vez que sus planteamientos reiteraron lo expuesto en el proceso ordinario . Además, al transcurrir más de 6 meses entre la notificación de la sentencia acusada y la presentación de la demanda, sin que mediara justificación alguna, fue incumplido el presupuesto de la inmediatez.

3 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado « 8CONTESTACIONDE_Informedetutela20250(.pdf) NroActua 8».3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

NroActua 8».3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

5. Finalmente, el accionante ha promovido varias solitudes de tutela contra la providencia que es objeto de reproche en el presente asunto.

6. La DIAN4 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo por temeridad, ya que correspondió a la vigésima segunda tutela interpuesta sobre los mismos hechos, asuntos, materia, presuntos derechos vulnerados y pretensiones. La última solicitud relacionada con este asunto se tramitó bajo el radicado 110010315000202500118001, conocida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta en la que, mediante sentencia del 12 de junio de 2025 confirmó la temeridad al corroborar que Francisco Javier García Londoño había presentado al menos 11 solicitudes de tutela, con fundamento en que no había sido estudiado de fondo y la vulneración de los derechos fundamentales persistía.

1.3 . Sentencia de primera instancia

7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 17 de octubre de 20255 declaró improcedente el amparo solicitado, por encontrarse acreditada la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de l os cargos formulados contra las providencias proferidas el 19 de mayo de 20 25, por esa subsección, oportunidad en la cual fue constatado que el accionante había acudido al juez de tutela en 6 ocasiones, con fundamento en la vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de la emisión de la sentencia del 28 de marzo de 2019 suscrita por los magistrados de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo

juez de tutela en 6 ocasiones, con fundamento en la vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de la emisión de la sentencia del 28 de marzo de 2019 suscrita por los magistrados de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado , expediente 11001 -03-25-000-2012-00372-00 «Incluso, en algunas ocasiones, de manera simultánea, sin exponer alguna razón válida que justificara su proceder […] En esta ocasión, para justificar la interposición de una nueva demanda, alegó que: (i) la vulneración alegada es permanente, continua y actual; (ii) el operador judicial que decidió la primera acción no resolvió de fondo el problema jurídico […] y (iii) han surgido nuevos hechos que ameritan un nuevo pronunciamiento por parte del juez constitucional».

7.1. No obstante, en los anteriores procesos llevados a cabo en la Corporación ya habían sido objeto de estudio en acciones de tutela en oportunidades previas, sin que mediara justificación alguna para reabrir el debate, asimismo, la afirmación de existir hechos nuevos carecía de fundamento.

7.2. En este sentido, fue alegado como hecho nuevo la promulgación del fallo del 20 de marzo de 2025, por esta Corporación, Sección Segunda, Subsección A; sin embargo, esa providencia no fue proferida con anterioridad a la sentencia emitida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , no tiene efectos erga omnes y no corresponde a unificación jurisprudencial.

4 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado « 14_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaENVIOFRANCISCOJAVI(.pdf) NroActua 12».

no corresponde a unificación jurisprudencial.

4 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado « 14_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaENVIOFRANCISCOJAVI(.pdf) NroActua 12». 5 Ver índice 57 de Samai. Archivo denominado « 86Sentencia_FALLO20240468100pdf(.pdf) NroActua 57».4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño 7.3. Rechazó por temeridad la solicitud y ordenó al demandante «por tercera vez» que en lo sucesivo, se abstuviera de presentar más solicitudes de amparo sin justificación por los mismos hechos y argumentos, so pena de la imposición de medidas sancionatorias.

1.4. Escrito de impugnación

8. Francisco Javier García Londoño6 impugnó la decisión del a quo al considerar que fue desconocido el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda y el constitucional con efecto erga omnes , respecto de lo manifestado del régimen jurídico de vinculación de los supernumerarios de la DIAN y las actividades transitorias para las cuales es posible su contratación, donde refirió que, «es totalmente contrario a la ley y a la Constitución, que un auxiliar de la administración como lo es un supernumerario, el cual solamente puede desarrollar actividades de carácter netamente transitorio o para suplir las vacancias temporales de los emplead os públicos en caso de licencias o vacaciones, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades transitorias, y para vincular personas a procesos de selección dentro

transitorio o para suplir las vacancias temporales de los emplead os públicos en caso de licencias o vacaciones, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades transitorias, y para vincular personas a procesos de selección dentro de los concursos abiertos cuando estos se realicen bajo la modalidad de concurso-curso».

8.1. El a quo omitió aplicar la normatividad y el desarrollo jurisprudencial correspondientes al caso objeto de estudio, puesto que «los magistrados […] debían aplicar las normas y jurisprudencia correcta al caso, sin importar las sentencias judiciales o normas que la parte accionante haya invocado o incluso sino ha invocado ninguna. Las partes no están obligadas a probas el derecho aplicable, solo deben probar los hechos», lo anterior es así, en tanto que desconoció que entre los años 2006 y 2025 la jurisprudencia ha sido pacífica al afirmar que los supernumerarios de la DIAN solo pueden vincularse para desarrollar ciertas actividades, según los decretos ley 1042 de 1978 y 1072 de 1999, contrario a las funciones previstas en las leyes 200 de 1995, 734 de 2002, 1952 de 2019 y 2094 de 2021 de control disciplinario.

8.2. Asimismo, como una de las excepciones al presupuesto de la inmediatez corresponde al estado de permanencia de la vulneración es decir que con el paso del tiempo es continua y real, como ocurre en el presente asunto.

8.3. Finalmente, aunque la sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado no tiene efecto erga omnes, lo cierto es que aquella estuvo fundamentada

tiempo es continua y real, como ocurre en el presente asunto.

8.3. Finalmente, aunque la sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado no tiene efecto erga omnes, lo cierto es que aquella estuvo fundamentada en sentencias proferidas por la Corte Constitucional como C -401 de 1998, C -725 de 2000 y C-422 de 2012.

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el

6 Ver índice 20 de Samai. Archivo denominado «21RECIBEMEMORIAL_IMPUGNACIONFALLODETU(.pdf) NroActua 20».5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra actos administrativos; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 7 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 8, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida

por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucion ales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosocorresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede

7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001 -03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos

Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional 12 ha señalado que la solicitud de amparo debe

Demandante: Francisco Javier García Londoño presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional 12 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 13, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por Francisco Javier García Londoño configura cosa juzgada o comporta una actuación temeraria al haber acudido ante el juez constitucional en oportunidades anteriores, presuntamente, bajo idénticos supuestos de hecho y causa petendi?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. La cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria

18. En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del o rdenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica»15.

12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 15 C-100 de 20197

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 15 C-100 de 20197

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

19. La solicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, se caracteriza por ser un procedimiento sumario, garante del debido proceso, cuya instancia final corresponde a la Corte Constitucional ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en todo caso, les imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada constitucional.

20. La Corte Constitucional en sentencia T-089 de 201916, respecto de la cosa juzgada

consideró:

«[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutel a. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia 17. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que

anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia 17. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico”18.

Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.

Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”19. […]».

21. En concordancia con lo anterior, se tiene que el uso de la solicitud de tutela debe ser racionalizado y atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos supuestos y con idénticas pretensiones y partes - ante otra autoridad, pues ello implicaría el quebrantamiento del principio de la cosa juzgada constitucional e, inclusive, se podría incurrir en un actuación temeraria, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de

1992 que regula:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se

1992 que regula:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al

16 MP. Alberto Rojas Ríos. 17 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. 18 Sentencia T-001 de 2016. 19 Sentencia C-622 de 2007.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]».

22. Como se observa, al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo supuestos similares deberán ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin embargo, hay que tener en cuenta que para que se configure una actuación temeraria, además, deben concurrir l os requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, tales

como:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en

indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona juríd ica a través de cualquiera de sus representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi , o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicit ud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]»20

23. Es decir, los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es suficiente con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario examinar las razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están plenamente justificados, para determinar la existencia o no de una actuación temeraria.

2.4.2. Sobre el caso concreto

24. De acuerdo con lo analizado por la Sala, existe la solicitud de tutela identificada

justificados, para determinar la existencia o no de una actuación temeraria.

2.4.2. Sobre el caso concreto

24. De acuerdo con lo analizado por la Sala, existe la solicitud de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2025-05675-00, la cual presuntamente se fundamentó bajo supuestos fácticos, jurídicos y probatorios similares a los traídos en esta oportunidad.

25. Para mayor claridad del asunto, al revisar ambos asuntos constitucionales se tiene

que:

Radicado 11001-03-15-000-2025-05675-0021 11001031500020240692001

Partes Demandante: Francisco Javier

García Londoño

Demandante: Francisco Javier García

Londoño

20 Corte Constitucional, Sentencia T-507 de 2011 M.P. Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio. 21 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «13RECIBEPRUEBAS_11001032500020120037(.zip) NroActua 9».9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05675-01

Demandante: Francisco Javier García Londoño

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección A

Demandados: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección A Causa petendi Se alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la igualdad, a ejercer cargo público en carrera administrativa, al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva y como consecuencia, se reintegre al cargo de carrera administrativa en la DIAN sin solución de continuidad para

a ejercer cargo público en carrera administrativa, al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva y como consecuencia, se reintegre al cargo de carrera administrativa en la DIAN sin solución de continuidad para todos los efectos laborales y legales Se alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al desempeño de cargos y funciones públicas, a la libre escogencia de profesión u oficio y a la igualdad y como consecuencia, se reintegre al cargo de carrera administrativa en la DIAN sin solución de continuidad para todos los efectos laborales y legales. Objeto Lograr el amparo de los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia proferida, en única instancia, el 28 de marzo de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 1100103-25-000-2012-00372-00 y, en su lugar, se profiriera una decisión en atención a la normativa aplicable al caso. Lograr el amparo de los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia proferida, en única instancia, el 28 de marzo de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 11001-0325-000-2012-00372-00 y, en su lugar, se profiriera una decisión en atención

Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 11001-0325-000-2012-00372-00 y, en su lugar, se profiriera una decisión en atención a la normativa aplicable al caso.

26. A juicio de la Sala, es evidente la existencia de identidad de partes, causa petendi y objeto, configurándose cosa juzgada en la solicitud de tutela bajo estudio; no obstante, no por esto puede hablarse de la existencia de una actuación temeraria, pues, para ello, se requiere que haya una actuación dolosa o de mala