CE - Sentencia 11001031500020250568401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-05684-011

Accionante : Yolima Palechor Alarcón

Accionado : Tribunal Administrativo del Cauca Vinculados : Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán y otros2

Acción : Tutela (impugnación) Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el fallo de 28 de octubre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 3, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

La accionante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,

constitucional.

1.2 La demanda de tutela

La accionante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, y debido proceso , presuntamente vulnerado s por el Tribunal Administrativo de l Cauca.

1 Expediente electrónico disponible en Samai. 2 Gobernador del Departamento del Cauca, representante legal o quien haga sus veces del Consejo Regional Indígena del Cauca, representante legal o quien haga sus veces de la Institución Prestadora de Salud IPS CRIC y los señores Aura Alarcón Palechor, Yamileth Palechor Alarcón, Patricia Palechor Alarcón y Alveiro Palechor Alarcón. 3 C. P. Fredy Ibarra Martínez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

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Por consiguiente, solicitó ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca que dicte sentencia de reemplazo, en donde se tenga en cuenta, analice y estudie en su integridad el dictamen pericial «rendido por el médico gastroenterólogo Dr. FREDY HERNAN CALAMBAS y los demás medios suasorios que reposan en el plexo principal del medio de control reparación directa» [sic].

1.3 Hechos4

De lo relatado por la accionante y conforme a las pruebas allegadas con la acción , se puede destacar que la señora Yolima Palechor Alarcón, junto a otros familiares, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el Departamento del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca

se puede destacar que la señora Yolima Palechor Alarcón, junto a otros familiares, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el Departamento del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), por la muerte del señor Marco Fidel Palechor Alarcón , aparentemente por «[…] omisión en los actos médicos y hospitalarios, mala praxis, además de incuria, imprudencia, impericia y negligencia en la atención y diagnóstico médico […]».

La referida demanda se tramitó con el radicado 19001333300620160024900/01, en primera instancia fue resuelta por el Juzgado Sexto (6º) Administrativo del Circuito de Popayán mediante sentencia del 10 de noviembre de 2021, en la que se negaron las pretensiones. Inconformes con tal decisión, los demandantes presentaron recurso de apelación , que fue desatado el 6 de marzo de 2025, por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de decisión 001.

La accionante cuestiona la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por haber incurrido en error de hecho en la apreciación de los medios probatorios obrantes en el proceso, configurando con ello, un «defecto fáctico en dimensión positiva » por falta de valoración p robatoria. Enfatizó que la autoridad accionada apreció erróneamente la experticia del galeno gastroenterólogo Dr. Fredy Hernán Calamb ás, ya que, este en la audiencia de pruebas , llevada a cabo el 17 de febrero de 2020, fue muy específico en su relato profesional, el cual,

Dr. Fredy Hernán Calamb ás, ya que, este en la audiencia de pruebas , llevada a cabo el 17 de febrero de 2020, fue muy específico en su relato profesional, el cual, transcribe en apartes desde el minuto 16:57 hasta el 47:36. Destaca de aquel que el señor Marco Palechor requer ía monitoreo continuo, además que, «[…] no está

4 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

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consignado en la historia el momento en que el paciente se pone más crítico y que realiza paro cardio respiratorio […]», lo que lo lleva a pensar «[…] que no hubo monitoría en ese paciente […]».

Adujo que , contrario a lo anterior, el tribunal accionado aseguró que el perito especialista en gastroenterología, en la audiencia de pruebas , aseguró que la atención médico asistencial en la IPS del Consejo Regional Indígena del Cauca, fue adecuada, acorde con los diagnósticos por los cuales se manejó el paciente y, conformes al nivel I de complejidad de la institución; pasando por alto que , en la misma diligencia del 17 de febrero de 2020, el perito, sin lugar a dubitaciones expone que el señor Marco Palechor «[…] hubiera tenido un 90% de posibilidades de salir adelante si hubiese sido remitido en termino oportuno a un centro hospitalario de mayor nivel y complejidad […]».

Así entonces, aseguró que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en vía de

adelante si hubiese sido remitido en termino oportuno a un centro hospitalario de mayor nivel y complejidad […]».

Así entonces, aseguró que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en vía de hecho por desconocimiento de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia, al pasar por alto las consideraciones expuestas por el perito experto en gastroenterología. Ademá s, acusó la actuación de estar incursa en defecto sustantivo en sentido estricto, por no hacer una interpretación razonable del artículo 90 ibidem, del artículo 176 del «estatuto procesal adjetivo» y los artículos 2341, 2342, 2343 y 2344 del Código Civil, lo que desencadenó , en los errores de hecho en la apreciación del caudal probatorio que reposa en el medio de control de reparación directa.

Concluyó que, «[…] la mala praxis médica y el desconocimiento de la lex artis en el manejo del paciente MARCO FIDEL PALECHOR posterior a la presencia de signos francos de obstrucción intestinal, en el punto de atención de urgencias IPS RIOBLANCO, sí permite advertir la comis ión de errores de hecho en las apreciaciones probatorias del Tribunal accionado, cuando descartó culpa o negligencia de la parte demandada, ausencia de nexo causal y por ende la responsabilidad civil y administrativa invocada, al señalar que no hay prueba (i) de la demora de la atención, (ii) de un actuar omisivo de los médicos, y (iii) del abandono de la paciente.».

1.4 Contestaciones de la acción

1.4.1 El Tribunal Administrativo del Cauca 5 adujo que , hizo un análisis

omisivo de los médicos, y (iii) del abandono de la paciente.».

1.4 Contestaciones de la acción

1.4.1 El Tribunal Administrativo del Cauca 5 adujo que , hizo un análisis pormenorizado de las razones que sustentaron la decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia del 6 de marzo de 2025, sin que evidenciara una indebida

5 Índice 00009 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

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valoración de las pruebas, o la configuración de una vía de hecho, en la medida que se ajusta a las normas y jurisprudencia aplicables al caso. Por lo anterior, consideró que no se ha violado ningún derecho fundamental a la accionante.

1.4.2 La Gobernación del Cauca 6 luego de presentar un resumen de las actuaciones adelantadas por la Secretaría de Salud Departamental, dentro del proceso de reparación directa, precisó que, fue indebidamente vinculada como parte accionada, pues, en el medio de control se estableció que no existía ningún tipo de relación funcional, contractual no legal entre la entidad y los profesionales de la salud que atendieron al señor Marco Fidel Palech or Alarcón, pues estos, pertenecían al Consejo Regional Indígena del Cauca – Programa de Salud IPS CRIC. Por tal motivo solicitó su desvinculación al advertir la falta de legitimación en la causa por pasiva.

De otra parte, las demás entidades y sujetos vinculados, guardaron silencio.

1.5 Providencia impugnada7

CRIC. Por tal motivo solicitó su desvinculación al advertir la falta de legitimación en la causa por pasiva.

De otra parte, las demás entidades y sujetos vinculados, guardaron silencio.

1.5 Providencia impugnada7

Mediante sentencia de 28 de octubre de 202 5, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que, si bien, la accionante pretende darle alcance de defecto a la valoración probatoria realizada en el fallo objeto de reproche, «[…] es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el marco del proceso de reparación directa e inclusive en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos de manera razonable por el Tribunal Administrativo de Sucre aquí accionado […] », lo que devela la falta de relevanci a constitucional del asunto y el interés de la parte actora «[…] de someter su pleito -una vez mása una instancia adicional».

1.6 La impugnación8

Inconforme con esa determinación, la tutelante la impugn ó, asegurando que la presente acción de amparo no pretende volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento del medio de control de reparación directa, pues, por el contrario, se fundamenta en «la violación directa de la Constitución, en la que incurrieron los accionados, sin que ello signifique el desconocimiento de la autonomía e independencia de las

6 Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia. 7 Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.

accionados, sin que ello signifique el desconocimiento de la autonomía e independencia de las

6 Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia. 7 Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia. 8 Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

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actuaciones judiciales». Por tal motivo, en el escrito de tutela plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, desde su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y vulneró su derecho fundamental al debido proceso, explicando razonablemente los motivos por los que considera que sus derechos fundamentales fueron transgredidos.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912 expedido por la sala plena del Consejo de Estado , esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos

de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 6 de marzo de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 1 , confirmó la providencia de 10 de noviembre de 20 21, en la que, el Juzgado Sexto (6°) Administrativo de Popayán negó las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa, promovida por la señora Yolima Palechor

9 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente». 10 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 11 «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 12 Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

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Alarcón y otros, contra el Departamento del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca, Institución Prestadora de Servicios de Salud, [expediente 19001-33-33006-2016-00249-01]; y, en caso afirmativo, si se ha n vulnerado l os derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, invocados en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela

forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez care ce de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están lasRadicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

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Accionante: Yolima Palechor Alarcón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

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sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuá ndo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera

cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margenRadicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

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del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la

del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 13, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201214, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos

improcedente para controvertir decisiones judiciales 13, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201214, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.

2.5 Caso concreto

13 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.

P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-0319401, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 14 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 15 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-0077900, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009 -00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 200901268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010 -00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 201000540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado

Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012 -00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

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Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado , contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que , la providencia atacada quedó ejecutoriada el 26 de marzo de 202516 y la solicitud de amparo se presentó el 11 de septiembre siguiente, es decir, dentro de los 6 meses ; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto; no obstante, se advierte que, si bien la accionante argumentó la

sentencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto; no obstante, se advierte que, si bien la accionante argumentó la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, así como el desconocimiento de la Constitución Política, lo cierto es que, las inconformidades manifestadas se subsumen únicamente en el defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas, debido a ello, se hará el estudio del reclamo constitucional, desde la perspectiva de aquel.

2.5.1 Defecto fáctico

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17.

La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su par te, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra18.

16 Actuaciones de Samai, índice 00013, del expediente con radicado 19001-33-33-006-2016-00249-01.

probatorio que lo demuestra18.

16 Actuaciones de Samai, índice 00013, del expediente con radicado 19001-33-33-006-2016-00249-01. 17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 18 Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05684-01

Accionante: Yolima Palechor Alarcón

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

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En el presente caso la demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en «defecto fáctico en dimensión positiva» , porque «[…] pretermitió analizar en su integridad el dictamen pericial rendido por el Dr. CALAMBAS en audiencia de pruebas […]» [sic], el cual fue muy específico en su relato profesional, al punto de concluir, sin lugar a duda que el señor Marco Palechor «[…] hubiera tenido un 90% de posibilidades de salir adelante si hubiese sido remitido en termino oportuno a un centro hospitalario de mayor nivel y complejidad […]». No obstante, el tribunal accionado, aseguró que el perito especialista en gastroenterología, en la audiencia de pruebas, aseguró que la atención médico asistencial en la IPS del Consejo Regional Indígena del Cauca, fue adecuada, acorde con los diagnósticos por los cuales se manejó el pacient e y, conformes al nivel I de complejidad de la institución.

Respecto a tales argumentos, sea lo primero advertir que, contrario a lo asegurado por la accionante, el defecto fáctico invocado no se enmarca en la dimensión

nivel I de complejidad de la institución.

Respecto a tales argumentos, sea lo primero advertir que, contrario a lo asegurado por la accionante, el defecto fáctico invocado no se enmarca en la dimensión positiva, sino en la negativa, pues lo que se discute es la valoración dada a la prueba pericial. Ello teniendo en cuenta que, el dictamen pericial de un experto en la materia objeto del litigio, para el caso particular, un médico gastroenterólogo , sí es una prueba apta para esclarecer , en el trámite del medio de control de reparación directa, la eventual falla en el servicio médico prestado al señor Marco Fidel Palechor Alarcón.

Aclarado lo anterior, la Sala advierte que en la sentencia objeto de reproche, el Tribunal Administrativo del Cauca , en el acápite de «4.- LO PROBADO EN EL PROCESO», relacionó los elementos materiales probatorios que consideró relevantes para el fondo del asunto, de los cuales, en esta oportunidad , se destacan los siguientes: (i) copia del registro civil de defunción, según el cual, el señor Marco Fidel Palechor falleció e n «Sotará (Cauca), el 15 de mayo de 2014 »; (ii) registro médicos del precitado, desde el 6 de noviembre de 2012, en los que hace un recuento cronológico de los servicios de salud prestados al señor Palechor, en la IPS – CRIC, con detalle de cada una de ell os, desde esa fecha , hasta el 14 de mayo de 2014; (iii) documento suscrito el 23 de mayo de 2014, por el médico Yovany Alejandro Araújo López, dirigido a la coordinadora de la IPS CRIC, en el que detalla lo ocurrido

(iii) documento suscrito el 23 de mayo de 2014, por el médico Yovany Alejandro Araújo López, dirigido a la coo