CE - Sentencia 11001031500020250568700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: MARÍA HELENA UYASAN RIAÑO

Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RESPUESTA DE PETICIÓN – No existe prueba de que la parte accionante presentó una petición el 24 de febrero de

2025. No se puede endilgar responsabilidad de la autoridad accionada y el tercero vinculado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por la señora María Helena Uyasan Riaño, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 d e 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 10 de septiembre de 2025, la señora María Helena Uyasan Riaño presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.

Hechos relevantes

2. Una vez revisado la solicitud de amparo y los demás documentos anexos se

encontró los siguiente:

protección de su derecho fundamental de petición.

Hechos relevantes

2. Una vez revisado la solicitud de amparo y los demás documentos anexos se

encontró los siguiente:

3. El 27 de noviembre de 2024, la señora María Helena Uyasan Riaño presentó una petición a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, específicamente al correo electrónico medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co.

4. El 20 de enero de 2025, la señora María Helena Uyasan Riaño reiteró la petición al correo electrónico medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co. Allí informaba que, desde el 27 de noviembre de 2024, presentó una petición, pero que a la fecha no había

1 Que ingresó para fallo el 24 de septiembre de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2 recibido ninguna respuesta. La solicitud buscaba liberar los embargos y cautelas sobre las acciones de Ecopetrol. Por lo que esperaba que la administración respondiera sus postulaciones, de conformidad con la Ley 1755 de 2015.

5. El 21 de enero de 2025, la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (SIGOBIUS) mediante correo

medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co reenvió el correo electrónico de la señ ora Uyasan Riaño a la Mesa de Entrada DESAJ Bogotá – SIGOBIUS – Atención al usuario medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co. Este fue remitido por competencia para su respectivo trámite.

Uyasan Riaño a la Mesa de Entrada DESAJ Bogotá – SIGOBIUS – Atención al usuario medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co. Este fue remitido por competencia para su respectivo trámite.

6. Según lo informado por la parte accionante, el 24 de febrero de 2025 presentó otra petición dirigida al Consejo Superior de la Judicatura. A su juicio, la solicitud tiene relación con la liberación de las acciones de Ecopetrol.

Pretensiones

7. La accionante solicitó lo siguiente:

“1. Tutelar mi derecho fundamental de petición, el cual fue vulnerado por la inacción del Consejo Superior de la Judicatura.

2. Ordenar a la entidad accionada que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, emita respuesta de fondo, clara, completa y oportuna al derecho de petición presentado el día 10 de Septiembre del 2025.

3.Emitir cualquier otra orden que el despacho considere pertinente para proteger mis derechos fundamentales”2 (negrita dentro del texto).

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La accionante alegó que no ha recibido ninguna respuesta de la petición presentada el 24 de febrero de 2025 (sic) al Consejo Superior de la Judicatura, en la cual solicitaba la liberación de las acciones de Ecopetrol. Lo anterior constituye una vulneración a su derecho fundamental de petición y le genera una indefensión “frente a los asuntos que motivaron ”3. Sumado a que transcurrió el término legal establecido en la Ley 1755 de 2015 y no se obtuvo ninguna respuesta.

Trámite en primera instancia

“frente a los asuntos que motivaron ”3. Sumado a que transcurrió el término legal establecido en la Ley 1755 de 2015 y no se obtuvo ninguna respuesta.

Trámite en primera instancia

9. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura como accionado y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central de Bogotá, como tercero con interés, para que ejercieran su derecho

2 Ver página 2 del escrito de tutela. 3 Ver página 1 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3 de defensa; requirió a la accionante para que allegara el o las peticiones objeto de la acción de tutela.

10. Una vez la acción de tutela se encontraba al despacho para fallo, el 6 de octubre de 2025, el magistrado ponente profirió un auto en el cual (i) vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Asimismo le otorgó 2 días contados a partir de la comunicación de esta decisión para que rindiera informe. En primer lugar, respecto de los hechos objeto de debate relacionados con la presunta falta de respuesta a una petición radicada el 24 de febrero de 2025 y en segundo lugar, sobre la trazabilidad de la respuesta brindada a la accionante, respecto de la petición remitida el 21 de enero de 2025 a las 12:14 pm por parte de

segundo lugar, sobre la trazabilidad de la respuesta brindada a la accionante, respecto de la petición remitida el 21 de enero de 2025 a las 12:14 pm por parte de la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. De otra parte (ii) requirió por segunda vez a la señora María Helena Uyasan Riaño para que allegara el o los derechos de petición objeto de la acción de tutela.

Intervenciones

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial consideró que carecía de legitimidad en la causa por pasiva en el presente proceso. En esta lógica, expresó que el interesado debe indicar cuál es la autoridad u organismo que debe soportar las peticiones de la acción que instaura, pero en caso de no hacer lo, el juez constitucional debe determinar la legitimación por pasiva de acuerdo con los argumentos consignados o las pruebas allegadas.

12. Por otro lado, advirtió que la solicitud que se reclama como no contestada fue radicada ante el Consejo Superior de l a Judicatura. Además, que la Mesa de Entrada de la DEAJ el 17 de septiembre de 2025 informó que una vez revisado el correo electrónico del MEDEAJ, durante el presente año, no se encuentran los registros de comunicación como derechos de petición interpuesto s por la señora

María Helena Uyasan Riaño.

13. Precisó que dicha petición fue radicada directamente ante el Consejo Superior de la Judicatura y no ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo tanto se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva. Del mismo modo, hizo claridad que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispone de un canal digital oficial para recepcionar la totalidad de correspondencia que se

tanto se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva. Del mismo modo, hizo claridad que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispone de un canal digital oficial para recepcionar la totalidad de correspondencia que se encuentra en la página web de la Rama Judicial, por tanto el correo electrónico es el medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co.

14. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura argumentó que la Corte Constitucional 4 ha señalado que el Juez tiene el deber de corroborar los hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, por lo que tiene facultades para constatar la veracidad de las afirmaciones. Sumado a que no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba concreta que

4 Sentencia T-760 de 2008.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4 determina la vulneración de un derecho 5. Por otro lado, en la sentencia T -131 de 20076 se hace referencia al principio “onus probandi incumbit actori”, la carga de la prueba incumbe al actor. Por ello, debe demostrar los hechos en los que funda su pretensión. También mencionó la sentencia STC424-2003 del 25 de enero de 20237 y STP12052-20238 sobre la falta de prueba de un accionante para acudir a la acción de tutela.

15. Sostuvo que no era viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura porque la parte accionante no allegó ninguna prueba que determine que radicó una petición ante los canales de comunicación de la Corporación. Pues

de tutela.

15. Sostuvo que no era viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura porque la parte accionante no allegó ninguna prueba que determine que radicó una petición ante los canales de comunicación de la Corporación. Pues en las pruebas allegadas, únicamente se encontró una petición que fue radicada a los correos electrónicos medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y

medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co. Por tal motivo, no ha tenido conocimiento de la señalada petición y no puede ser atribuible al Consejo Superior de la Judicatura.

16. Luego de que se profiri ó el auto de vinculación del 6 de octubre de 2025, la

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Coordinador Grupo Depósitos Judiciales) dentro de su contestación informó que (i) el grupo de depósitos judiciales pertenece al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, el cual se encarga de los pagos por consignación y prestaciones laborales de los despachos judiciales de la jurisdicción laboral de Bogotá. Por tanto allí se expiden las órdenes de pago, si así lo dispone el juez competente. De igual modo, explicó que ese grupo gestiona las solicitudes de administración de usuario ante el Banco Agrario en las cuentas judiciales de los despachos a cargo de esa Seccional9.

17. También informó que en temas de prescripción, cumple con la función de consolidar y enviar las solicitudes recibidas por los despachos judiciales del circuito judicial de Bogotá dentro del término indicado en el cronograma semestral de

17. También informó que en temas de prescripción, cumple con la función de consolidar y enviar las solicitudes recibidas por los despachos judiciales del circuito judicial de Bogotá dentro del término indicado en el cronograma semestral de prescripción definido por la DEAJ a nivel central. Sin embargo, advirtió que no tiene injerencia en la solicitud de amparo dado que no ha conocido de ninguna solicitud por parte de la accionante. Motivo por el cual no ha vulnerado ningún derecho, por lo que solicitó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. La parte accionante allegó (i) el mismo correo enviado el 20 de enero de 2025, a través del cual informaba que había presentado una petición el 27 de noviembre de 2024 y (ii) una petición dirigida a la Dirección Ej ecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca – Cobro coactivo, la cual tiene relación con un expediente identificado con el No. 20160309800 en la cual solicitaba

5 Sentencia T-702 de 2000. 6 Corte Constitucional. 7 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. 8 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 9 Esto, de acuerdo con el acuerdo PCSJA21-11731 de 2021.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

5 la prescripción de una multa impuesta en una providencia el 25 de agosto de 2016 por el “Juzgado de Paz” de la localidad de Kennedy – Bogotá10.

Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

5 la prescripción de una multa impuesta en una providencia el 25 de agosto de 2016 por el “Juzgado de Paz” de la localidad de Kennedy – Bogotá10.

19. De manera posterior al registro de samai “a la sala para sentencia”, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Grupo de Apoyo Acciones Constitucionales) allegó una contestación en la cual solicitaba declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior bajo el argumento de que la solicitud tenía relación con la liberación de las acciones de Ecopetrol, sin que se anexaran los derechos de petición, ni que se refiriera a un proceso específico. Asimismo, expuso que las funciones otorgadas a esta entidad no se relacionan con lo solicitado por la accionante. Por último, citó algunas partes de las sentencias T -005 de 2022 y T-278 de 2018 relacionadas con la falta de legitimación en la causa por pasiva.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

21. Le corresponde a la Sala determinar, la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal. En caso de superar el anterior examen, esta Corporación debe determinar, en primer lugar, si la petición formulada

21. Le corresponde a la Sala determinar, la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal. En caso de superar el anterior examen, esta Corporación debe determinar, en primer lugar, si la petición formulada el 27 de noviembre de 2024 -reiterada el 20 de enero de 2025-, por la señora María Helena Uyasan Riaño fue resuelta de manera oportuna, clara, precisa y congruente por el Consejo Superior de la Judicatura, sin menoscabar su derecho fundamental de petición. En segundo lugar, debe establecer si se encuentra prueba alguna de la petición presentada el 24 de febrero de 2025 11, por la parte accionante en la cual atribuye la vulneración de su derecho fundamental de petición vulnerado por la falta de respuesta del Consejo Superior de la Judicatura.

22. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela; y (ii) se resolverá el caso concreto conforme a los documentos que obran en el expediente para determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá vulnera ron el derecho fundamental de petición de la señora María Helena Uyasan Riaño respecto de las

10 Se advierte que tal petición no contiene una fecha específica a través de la cual se presentó la misma. 11 La cual, según informó la parte accionante se relaciona con la liberación de las acciones de Ecopetrol.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño

misma. 11 La cual, según informó la parte accionante se relaciona con la liberación de las acciones de Ecopetrol.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

6 peticiones presentadas el 27 de noviembre de 2024 -reiterado el 20 de enero de 2025y el 24 de febrero de 2025.

Procedibilidad formal de la acción de tutela

23. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad formal de la acción de tutela.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

24. La señora María Helena Uyasan Riaño cuenta con legitimación en la causa por activa para formular la acción de tutela, puesto que es la titular del derecho de petición que alega como vulnerado. En los soportes allegados al proceso, se advierte que la tutelante radicó una solicitud el 2 7 de noviembre de 2024 en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual reiteró el 20 enero del presente año. Además, la actora informó que presentó una petición el 24 de febrero de 2025 en la que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura la liberación de las acciones de Ecopetrol.

25. Respecto de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura también cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues es la entidad de quien la accionante predica que ha incurrido en la omisión en resolver el derecho de petición radicado inicialmente y frente al cual no hay respuesta completa, clara y concisa.

cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues es la entidad de quien la accionante predica que ha incurrido en la omisión en resolver el derecho de petición radicado inicialmente y frente al cual no hay respuesta completa, clara y concisa. En lo que se refiere a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuenta con legitimación en la causa por pasiva dado que una vez revisados los anexos allegados por la parte accionante, da cuenta que es la autoridad a la cual presentó la petición del 27 de noviembre de 2024. Lo mismo ocurre con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues se refiere a la entidad que le fue remitido por competencia la petición presentada por la señora Uyasan Riaño, el 21 de enero de 2025. Este último reconocimiento se extiende al Grupo de Archivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en tanto forma parte de la estructura orgánica de la entidad vinculada, que ostenta el centro de imputación jurídica y la personería institucional para responder por la presunta vulneración del derecho fundamental alegado. Por ende, no es procedente la desvinculación de una dependencia del órgano cuestionado por vulnerar derechos fundamentales.

Inmediatez

26. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la parte accionante satisfizo el requisito, pues la petición se formuló el 24 de febrero de 2025, y tal como lo indicó en la solicitud de amparo, a la fecha de la presentación de esta acción no había sido resuelta, por lo cual la vulneración alegada era actual.

En efecto, se supera el requisito de inmediatez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

de esta acción no había sido resuelta, por lo cual la vulneración alegada era actual. En efecto, se supera el requisito de inmediatez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 Subsidiariedad

27. En relación con e l requisito de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 indica que la persona que acuda ante el juez de tutela deberá agotar los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su disposición.

28. En el presente caso, la Sala advierte que la señora María Helena Uyasan Riaño no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección del derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, razón por la cual procederá al estudio de fondo del caso. Además, la jurisprud encia constitucional advierte que la tutela es el medio adecuado e idóneo para asegurar el derecho fundamental de petición7.

29. Por consiguiente, la acción es procedente y la Sala realizará el estudio de la vulneración del derecho de petición de la actora.

Del derecho fundamental de petición

30. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular, con el fin de obtener una pronta resolución. Con base en esta norma y la regulación estatutaria en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición12

regulación estatutaria en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición12 Elementos del derecho fundamental de petición

Formulación El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley, solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pue den negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho deben recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.

Pronta resolución El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud de información o documentos o a 30 días en las consultas.

Respuesta de fondo La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe

materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe

12 Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

8 darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.

Notificación La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación genera pa ra la administración la responsabilidad de actuar con diligencia para que su respuesta sea conocida.

31. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo adecuada o idónea. Igualmen te, el hecho de que se brinde una respuesta, no implica la aceptación de lo requerido. Además, el término y la obligación para responder una solicitud opera para una entidad con independencia de que dentro

adecuada o idónea. Igualmen te, el hecho de que se brinde una respuesta, no implica la aceptación de lo requerido. Además, el término y la obligación para responder una solicitud opera para una entidad con independencia de que dentro de esta deba someterse a diferentes trámites o eta pas13. Esto sin perjuicio de que cuando no sea posible resolver la petición en el plazo legal, la autoridad deberá informar al interesado, antes de su vencimiento, los motivos de la demora y el nuevo término razonable para responder, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto10.

Análisis del caso concreto

De la petición del 27 de noviembre de 2024

32. La señora María Helena Uyasan Riaño interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que dicha autoridad vulneró su derecho fundamental de petición, al no brindar una respuesta integral a la consulta elevada el 24 de febrero de 2025 y no la del 27 de noviembre de 2024 -reiterada el 20 de enero del presente año-.

33. No obstante, al revisar las pruebas allegadas por la parte accionante, se encontró que allegó una trazabilidad de (i) una petición presentada inicialmente el 27 de noviembre de 2024 a la M esa de Entrada Dirección Ejecutiva de Administración Judicial SIGOBIUS; (ii) un correo reiterando la petición del 20 de enero de 2025 a la misma dirección electrónica de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y (iii) un correo electrónico en el que la Mesa de Entrada Dirección Ejecutiva de Administración Judicial remite por competencia a la Dirección Seccional de Bogotá la petición, para que realizara el respectivo trámite. Esto se

Administración Judicial y (iii) un correo electrónico en el que la Mesa de Entrada Dirección Ejecutiva de Administración Judicial remite por competencia a la Dirección Seccional de Bogotá la petición, para que realizara el respectivo trámite. Esto se realizó el 21 de enero de 2025.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9

34. En atención al informe rendido t anto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como el de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá se indica que no se encuentra ninguna petición presentada por la señora María Helena Uyasan Riaño, porque, a su juic io, no han conocido de ninguna solicitud por parte de esta. Incluso la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que dispone de un canal digital oficial para recepcionar la totalidad de correspondencia el cual se encontraba determinado en la p ágina web de la Rama Judicial. Por tanto, el correo electrónico es

medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co.

35. En la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se indicó:

“(…) Adicionalmente, y con el propósito de ejercer acciones afirmativas en el marco de la presente acción constitucional, la mesa de entrada de la DEAJ, mediante correo de 17 de septiembre de 2025, informó que “teniendo en cuenta su requerimiento y revisando la bandeja de entrada de la cuenta de correo MEDEAJ, durante este año no se encuentra registros de comunicación como derechos de petición de la señora María

17 de septiembre de 2025, informó que “teniendo en cuenta su requerimiento y revisando la bandeja de entrada de la cuenta de correo MEDEAJ, durante este año no se encuentra registros de comunicación como derechos de petición de la señora María Elena Usayan Riaño”.

Bajo ese contexto, se tiene que la aludida petición fue radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura y no ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, razón por la cual, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de mi representada para soportar la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante, máxime cuando el interés sustancial en el presente asunto está encaminada a obtener respuesta frente a la petición de 24 de febrero de 2025 radicada en el Consejo Superior de la Judicatura.

Bajo ese hilo argumentativo, es pertinente señalar que la Dirección Ejecutiva de Administración judicial dispone de un canal digital oficial para recepcionar la totalidad de correspondencia, el cual se encuentra determinado en la página web de la Rama Judicial14, así:

“El Consejo superior de la Judicatura, los Consejos Seccionales de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales reciben la correspondencia administrativa a través de las siguientes cuentas de correo: (…)” Dirección Ejecutiva De Administración Judicial medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co

Con todo lo anterior, se advierte entonces que la aludida petición no ha sido radicada a esta entidad, de allí que la DEAJ no tiene legitimación en la causa por pasiva para soportar la presunta amenaza o vulneración al derecho fundamental invocado. (…)” 15.

Con todo lo anterior, se advierte entonces que la aludida petición no ha sido radicada a esta entidad, de allí que la DEAJ no tiene legitimación en la causa por pasiva para soportar la presunta amenaza o vulneración al derecho fundamental invocado. (…)” 15.

36. En cuanto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Bogotá informó lo siguiente:

“ (…) En el caso que nos ocupa el grupo de depósitos judiciales no tiene injerencia alguna en este asunto, y esta oficina no ha conocio (sic) ninguna solicitud por parate (sic) de la accionante.

En virtud de lo anterior se tiene que este grupo no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante , el trámite requerido no es de nuestra competencia, por lo que se

14 Cita original del texto: “10 Correos mesa de entrada - Centro de Documentación Judicial (ramajudicial.gov.co)” 15 Ver pág. 4 de la contestación de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05687-00

Accionante: María Helena Uyasan Riaño Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

10 solicita la desvinculación de la Oficina de Depósitos Judiciales de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá; por falta de legitimidad en la causa por pasiva. (…)”16.

37. Sin embargo, al revisar los anexos allegados por la parte accionante, se encontró una petición presentada el 27 de noviembre de 2024 por parte