CE - Sentencia 11001031500020250574601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05746-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: ALONSO DE JESÚS GARCÍA VINASCO

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE

TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL

DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO DE LEGALIDAD

RESUELTO POR EL JUEZ ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO

VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida en primera instancia por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I.– ANTECEDENTES

1 En adelante SECCIÓN QUINTA.2

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Actor: ALONSO DE JESÚS GARCÍA VINASCO

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Actor: ALONSO DE JESÚS GARCÍA VINASCO

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I.1.- La Solicitud

El señor ALONSO DE JESÚS GARCÍA VINASCO, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA 2, al haber proferido la sentencia de 3 de junio de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00177-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el 17 de noviembre de 1973 contrajo matrimonio con la señora OLGA ALZATE RAMÍREZ , cuyo vínculo matrimonial fue continuo e ininterrumpido durante 48 años.

Anotó que, producto de su matrimonio, nacieron sus dos hijos que a

2 En adelante TRIBUNAL.3

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la fecha son mayor es de edad, los señores PABLO ANDRÉS y

MAURICIO ALBERTO GARCÍA ALZATE.

Afirmó que desde el año 2019 la relación con su esposa se empezó a ver afectada y truncada debido a problemas que empezó a tener con su hijo PABLO ANDRÉS , lo que trajo como consecuencia que , mediante auto de 13 de octubre de 2020, el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE CARTAGO (VALLE DEL CAUCA ), autorizara la residencia separada con la señora OLGA ALZATE, con el fin de que aquella viviera con su hijo.

Manifestó que, con el objeto de recuperar la vida en común que tenía con su esposa, instauró una acción de tutela la cual fue identificada con el número de radicación 2021-00306-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CARTAGO que, mediante sentencia de 9 de julio de 2021, declaró improcedente el amparo por no cumplir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

Señaló que debido a las acciones judiciales promovidas por su hijo PABLO ANDRÉS existió una separación con su esposa que les impidió seguir viviendo bajo el mismo techo hasta el 6 de febrero de4

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PABLO ANDRÉS existió una separación con su esposa que les impidió seguir viviendo bajo el mismo techo hasta el 6 de febrero de4

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2022, fecha en la que falleció la señora OLGA ALZATE RAMÍREZ (q.e.p.d.)

Sostuvo que le solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARTAGO la sustitución pensional de jubilación, la cual le fue negada a través de las resoluciones núms. 0651 de 13 de junio y 0839 de 26 de julio de 2022.

Señaló que, debido a lo anterior, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el cual fue identificado con el número único de radicación 2022-00177-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO3 que, a través de sentencia de 29 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no existió una convivencia real con la causante.

Precisó que interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 3 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo.

3 En adelante JUZGADO.5

Precisó que interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 3 de junio de 2025, confirmó la decisión del a quo.

3 En adelante JUZGADO.5

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que el TRIBUNAL al proferir la sentencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en los defectos fáctico sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Agregó que la autoridad judicial accionada desconoció sin justificación alguna el precedente de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia que han establecido que no se debe exigir al cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente la convivencia irrestricta e inmodificable de 5 años anteriores al deceso de la causante, máxime cuando existen razones que no obedecen a la voluntad de las partes, como ocurrió en el presente caso en el que no pudo seguir conviviendo con su esposa por razones de fuerza mayor.

Asimismo, sostuvo que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico, toda vez que omitió valorar algunas pruebas esenciales com o el memorial de 2008 mediante el cual la causante manifestó su voluntad expresa de transferirle la pensión y la providencia judicial

toda vez que omitió valorar algunas pruebas esenciales com o el memorial de 2008 mediante el cual la causante manifestó su voluntad expresa de transferirle la pensión y la providencia judicial de 2020 que ordenó la residencia separada con aquella por razones6

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de fuerza mayor , lo que descarta la ruptura voluntaria del vínculo conyugal.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 3.1. PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y acceso a la administración de justicia, así como cualquier otro derecho fundamental que se considere vulnerado –extrapetitapor el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión al contenido de la decisión número 126 proferida en segunda instancia el pasado tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificada el día 27 de junio de dicha anualidad, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76147-33-33-004-2022 00177-01 promovido por Alonso De Jesús García Vinasco.

3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia número 126 de fecha

De Jesús García Vinasco.

3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia número 126 de fecha tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificada el día 27 de junio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76147 -33-33-0042022 00177-01 promovido por Alonso De Jesús García Vinasco.

3.3. TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera sentencia de reemplazo, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva del fallo de tutela […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional, por cuanto la misma no puede utilizarse como una instancia adicional para replantear el debate jurídico y probatorio7

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ya concluido por el juez natural.

Señaló que la sentencia cuestionada acató de manera completa los postulados normativos y jurisprudenciales sobre la materia y realizó la valoración del material probatorio aplicando los criterios hermenéuticos y de sana crítica.

Insistió en que el hecho de que la decisión judicial cuestionada haya

postulados normativos y jurisprudenciales sobre la materia y realizó la valoración del material probatorio aplicando los criterios hermenéuticos y de sana crítica.

Insistió en que el hecho de que la decisión judicial cuestionada haya sido desfavorable a las pretensiones del actor no significa que esta incurriera en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria o se hayan vulnerado sus derechos fundamentales.

I.5.2.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL sostuvo que no es el llamado a responder por las pretensiones del actor , razón por la que solicitó ser desvinculado de la presente acci ón constitucional por falta de legitimación en la casusa por pasiva.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, mediante sentencia de 23 de octubre de 2025 denegó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el8

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por carecer del requisito general de relevancia constitucional.

Para tal efecto, precisó que la controversia planteada por el actor ya fue estudiada y definida por la autoridad judicial accionada, quien hizo un análisis ponderado de la norma tiva aplicable y las prueb as

de relevancia constitucional.

Para tal efecto, precisó que la controversia planteada por el actor ya fue estudiada y definida por la autoridad judicial accionada, quien hizo un análisis ponderado de la norma tiva aplicable y las prueb as obrantes en el plenario, sin que sea válido reabrir el debate ya zanjado por el juez natural.

Señaló que los argumentos expuestos por el accionante frente a la indebida valoración probatoria están encaminados a controvertir las conclusiones a las que arribó el TRIBUNAL accionado, por cuanto, a juicio de aquel, debió dársele preponderancia al oficio en el que la señora OLGA ÁLZATE RAMÍREZ (q.e.p.d.), expresó su voluntad de transferirle la pensión de jubilación.

Sostuvo que lo pretendido por el actor es imponer su criterio sobre el de la autoridad judicial accionada, lo cual no resulta procedente a través de la acción de tutela, pues la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones.9

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Por último, reiteró que: “[…] el juez constitucional no está instituido como órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos, los cuales se adelantaron

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Por último, reiteró que: “[…] el juez constitucional no está instituido como órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia con el fin de que se revoque y, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.

Resaltó que la autoridad judicial accionada desconoció de manera injustificada el precedente establecido por las Altas Cortes que establece que la convivencia exigida para el cónyuge supérstite puede acreditarse en cualquier momento y, además, la separación de hecho por fuerza mayor no extingue el derecho pensional.

Comentó que dicha inobservancia conllevó a la negación de una prestación esencial a un adulto mayor de 76 años, cuyo sustento depende de ese ingreso, razón por la que se produjo un perjuicio irremediable, directo y actual que habilita la intervención10

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constitucional.

Insistió en que el TRIBUNAL omitió valorar pruebas determinantes

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constitucional.

Insistió en que el TRIBUNAL omitió valorar pruebas determinantes como el Oficio de 18 de abril de 2008, mediante el cual la causante manifestó expresamente su voluntad de que, en caso de su fallecimiento, la pensión le fuera transferida, así como la decisión del JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE CARTAGO que autorizó la residencia separada por razones de fuerza mayor.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales11

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de der echos constitucionales fundamentales, debiéndos e observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de12

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de12

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tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.13

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por

no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.14

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10]

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 3 de junio de 2025 , proferida por el TRIBUNAL,15

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mediante la cual confirmó la decisión a través de la cual fueron denegadas las pretensiones que formuló dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00177-01.

Los disensos del actor radican en que la providencia cuestionada desconoció la jurisprudencia de las Altas Cortes que establece que no se debe exigir al cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente la convivencia irrestricta e inmodificable de 5 años anteriores al deceso de la causante, máxime cuando existen razones que no obedecen a la voluntad de las partes.

Adicionalmente, sostuvo que también se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, por cuanto omitió valorar pruebas esenciales como el memorial de 2008 mediante el cual la causante manifestó su voluntad expresa de transferirle su pensión y la providencia judicial de 2020 que ordenó la residencia separada con aquella por razones de fuerza mayor, lo que descarta la ruptura voluntaria del vínculo conyugal.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que16

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En el curso de la primera instancia la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que16

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carecía del requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que la controversia planteada por el actor ya fue estudiada y definida por la autoridad judicial accionada y lo que pretende es reabrir el debate ya zanjado por el juez natural.

En la impugnación el actor insistió en que se incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial y, además, sostuvo que dicha inobservancia conllevó a la negación de una prestación esencial a un adulto mayor de 76 años, cuyo sustento depende de ese ingreso, razón por la que se le produjo un perjuicio irremediable, directo y actual que habilita la intervención constitucional.

Por lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo cual, en primer lugar, se debe estudiar si el caso cumpl e con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos invocados, al haber proferido la sentencia de 3 de junio de 2025, cuestionada.

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos invocados, al haber proferido la sentencia de 3 de junio de 2025, cuestionada.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los17

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requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.18

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Actor: ALONSO DE JESÚS GARCÍA VINASCO

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el

requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tien