CE - Sentencia 11001031500020250577401

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05774-01

Accionante: Mauricio Parodi Díaz

Accionados: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de reparación directa1

Decisión: Confirmar la decisión de negar el amparo porque no se demostraron los defectos endilgados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 14 de octubre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la cual negó la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Los señores Mauricio Parodi Díaz y José Ignacio Mesa Betancur se inscribieron como candidatos a la Cámara de Representantes po r el partido Cambio Radical en el departamento de Antioquia para el período 2018-2022.

2. Los señores Mauricio Parodi Díaz y José Ignacio Mesa Betancur se inscribieron como candidatos a la Cámara de Representantes po r el partido Cambio Radical en el departamento de Antioquia para el período 2018-2022.

3. Manifestó el accionante que en el desarrollo de los escrutinios se presentaron irregularidades en el diligenciamiento y cómputo de los formularios E -14, E-24 y E-26CA. Sin embargo, el 19 de marzo de 2018, la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia, integrada por delegados del Consejo Nacional Electoral, declaró la elección de los representantes a la Cámara por ese departamento mediante el formulario E-26CA, razón por la que correspondió una curul al partido Cambio Radical, la cual fue asignada al se ñor José Ignacio Mesa Betancur, con un total de 28.575 votos y, en segundo lugar, resultó el señor Mauricio Parodi Díaz con 28.538 votos, con una diferencia de 37 sufragios.

4. Con ocasión de lo anterior, el señor Parodi Díaz promovió el medio de control de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección señor José Ignacio Mesa

1 Acción de tutela presentada el 16 de septiembre de 2025Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

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2 Betancur, contenido en el formulario E -26CA del 19 de marzo de 2018 expedido

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2 Betancur, contenido en el formulario E -26CA del 19 de marzo de 2018 expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia.

5. El proceso correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que mediante sentencia del 9 de mayo de 2019 declaró la nulidad de la elección del señor José Ignacio Mesa Betancur porque la Organización Electoral le había asignado sin justificación 227 votos y, simultáneamente, había sustraído de forma irregular 234 votos al señor Mauricio Parodi Díaz

6. El 30 de mayo de 2019, le fue expedida la credencial que acreditaba al señor Mauricio Parodi Díaz como Representante a la Cámara por Antioquia , razón por la que, el 4 de junio de 2019, tomó posesión del cargo.

7. Con fundamento en lo anterior, el señor Mauricio Parodi Díaz presentó una demanda de reparación directa en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, para que se declararan patrimonialmente responsables por el daño antijuridico causados con la actuación administrativa que terminó con la expedición del acto que declaró la elección de Representantes a la Cámara por Antioquia (2018 -2022) y el formulario E-26CA del 19 de marzo de 2018, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia.

8. El proceso correspondió al Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, donde se profirió sentencia del 30 de marzo de 2023

de 2018, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia.

8. El proceso correspondió al Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, donde se profirió sentencia del 30 de marzo de 2023 accediendo a las pretensiones, al considerar que era evidente la falla en el servicio por las irregularidades presentadas en el proceso electoral.

9. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia del 28 de abril de 2025 resolvió revocar la decisión para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda porque no se acreditó que el daño alegado fuera antijuridico, en la medida que el señor Parodi Díaz no tenía un derecho adquirido sino un mera expectativa de acceder al cargo, lo que no podía equipararse a un daño indemnizable, pues, el derecho de ocupar la cural nació con la sentencia del Consejo de Estado del 9 de mayo.

2.2. Fundamento jurídico

10. La parte actora , indicó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo porque fundamentó su decisión en las sentencias del 20 de junio de 2023 y del 28 de octubre de 2024 proferidas por el Consejo de Estado, providencias que no eran aplicables al asunto bajo estudio, en la medida que quedaron demostradas las irregularidades en los formularios E -14 y E -24 que modificaron sustancialmente los resultados de la elección.

11. Así como también, alegó un defecto fáctico por indebida valoración de la declaratoria de nulidad de la elección de Representantes a la Cámara por

los resultados de la elección.

11. Así como también, alegó un defecto fáctico por indebida valoración de la declaratoria de nulidad de la elección de Representantes a la Cámara por Antioquia, la cancelación de la credencial expedi da al señor José Ignacio Mesa Betancur, la declaratoria de elección del señor Mauricio Parodi, y la expedición de la credencial de este último el 30 de mayo de 2019 , material probatorio relevante para acreditar el daño antijurídico.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

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12. Asimismo, señaló que la decisión cuestionada adolece de un desconocimiento de precedente contenido en auto del 25 de julio de 20072 y en las sentencias del 3 de mayo de 2013 y del 14 de septiembre de 2016 3, providencias según las cuales el medio de control de reparación directa procede para reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de un acto declarado ilegal.

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) 1.Amparar los derechos fundamentales a los salarios dejados de percibir (lucro cesante), la representación política, al debido proceso, al acceso a la administración justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho al precedente judicial vinculante.

2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia p roferida por el

(lucro cesante), la representación política, al debido proceso, al acceso a la administración justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho al precedente judicial vinculante.

2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia p roferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso 11001-33-43058-2020-00046-01.

3. Mantener en firme la sentencia de primera instancia del Juzgado 58

Administrativo de Bogotá, que declaró responsables a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral y condenó al pago de indemnización por concepto de lucro cesante a favor del señor Mauricio Parodi Díaz.» (Sic)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 18 de septiembre de 2025 en el que ordenó notificar al Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo como accionado y, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y al Juzgado Cincuenta y ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como terceros interesados en el resultado del proceso.

15. El Tribunal Administrativo de Cund inamarca, Sección Tercera, Subsección B manifestó que realizó un análisis del acervo probatorio con fundamento en precedente aplicable al asunto en cuestión.

16. De otra parte, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende es reabrir nuevamente un asunto zanjado por su juez natural.

17. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare improcedente la acción

relevancia constitucional porque lo que pretende es reabrir nuevamente un asunto zanjado por su juez natural.

17. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende es reabrir un debate resuelto en el marco de un proceso ordinario. Máxime cuando no es factible utilizar el mecanismo constitucional para controvertir decisiones judiciales adoptadas conforme al ordenamiento jurídico.

18. De manera subsidiaria pidió que se niegue el amparo, toda vez que la decisión

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 33.013 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 5000-23-26-000-2003-0031302 (39546).Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

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4 cuestionada no adolece de ningún defecto.

19. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva.

20. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

21. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia del 14 de octubre de 2025 resolvió negar la solicitud de desvinculación elevada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el amparo deprecado al no encontrar

21. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia del 14 de octubre de 2025 resolvió negar la solicitud de desvinculación elevada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el amparo deprecado al no encontrar acreditados los defectos endilgados.

22. Al respecto, señaló que no se incurrió en un defecto sust antivo, en la medida que en la decisión cuestionada indicó que aun en eventos de nulidad electoral, los efectos ex tunc de la anulación no comportan, por sí mismos, el nacimiento de un derecho cierto e indemnizable para el candidato que luego resulta electo, puesto que el daño alegado carece de certeza durante el tiempo en que el acto de elección permaneció vigente y desplegó efectos jurídicos.

23. De modo que, concluyó que el Tribunal no se apartó del precedente aplicable ni desconoció la jurisprudencia vinculante, sino que aplicó la línea jurisprudencial vigente y reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

24. En cuanto al defecto fáctico indicó que la autoridad judicial accionada abordó de manera suficiente la existencia del daño antijurídico reclamado y analizó los documentos y actuaciones que acreditaban la nulidad de la elección de un candidato y la posterior declaratoria en favor del accionante, para concluir —con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado — que dicho fenómen o no configuraba un daño cierto indemnizable durante el lapso previo a la declaratoria de elección y la posesión.

25. Finalmente, no desconoció los precedentes de 2007, 2013 o 2016, pues en

configuraba un daño cierto indemnizable durante el lapso previo a la declaratoria de elección y la posesión.

25. Finalmente, no desconoció los precedentes de 2007, 2013 o 2016, pues en ningún momento descartó la idoneidad del medio de control; por el con trario, lo que hizo fue delimitar sus alcances conforme a la línea jurisprudencial vigente, que distingue entre la procedencia formal de la acción y la necesidad de demostrar, caso por caso, la configuración de un daño cierto y resarcible.

2.6. Impugnación

26. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en consecuencia , se amparen los derechos fundamentales invocados en protección.

III. CONSIDERACIONES

3.1. CompetenciaAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

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27. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.3. Problema jurídico

28. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de l Cundinamarca, Sección Tercera,

3.3. Problema jurídico

28. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de l Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la sentencia del 28 de abril de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , al incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente y fáctico.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

29. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de

2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fu ndamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

30. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa

decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

31. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y r esidual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

32. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

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6 (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de a mparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plena mente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plena mente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 28 de abril de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 16 de septiembre de 2025.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurri r en los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente y fáctico.

33. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 4, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

35. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por

4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

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7 parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

36. Respecto del precedente vertical 5, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

37. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a reso lver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.

asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.

38. Por consiguiente, si el ju ez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por ta nto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación7.

39. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

40. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los

siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto su stantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la

contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto su stantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.

41. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de

5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 8 Corte Constitucional, sentencia T -1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

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8 juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables

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8 juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionad a), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»9.

42. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas

se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»9.

42. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.7. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

43. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particul ar la Corte

9 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05774-01

Accionante: Mauricio Parodi Díaz

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9 Constitucional10 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa11, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara

a. Una dimensión negativa11, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las indebidas valo raciones probatorias determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva 12, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

44. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de

carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»13.

45. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez q