CE - Sentencia 11001031500020250581501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01 (11648)

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia. Subtema 2: terminación y archivo definitivo. Subtema 3: defectos fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación interpuesta por el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra contra la sentencia de primera instancia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera de esta corporación.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ocasión del auto de segunda instancia del 16 de julio de 2025 proferido dentro del proceso con radicado núm. 13001-25-02-000-2024-00659-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

segunda instancia del 16 de julio de 2025 proferido dentro del proceso con radicado núm. 13001-25-02-000-2024-00659-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional1, la Sala considera como relevantes los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05815-00, índice 12, certificado núm. CB68A2BE5094A404

D82F7B748D7CAB90 3B5BDB82B6FCE4D7 05AFC2F2D4F3A848.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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2. El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra presentó queja disciplinaria en contra del señor Camilo Torres Periñán, en su condición de auxiliar de la justicia, toda vez que consideró que incumplió sus deberes de custodia y cuidado de un vehículo sobre el cual el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Cartagena había ordenado su secuestro dentro del proceso con radicado 2013-00713.

3. El asunto correspondió a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, autoridad que, a través de la magistrada ponente, emitió auto el 21 de septiembre de 2018 en el que ordenó la apertura de la investigación.

Posteriormente, en auto del 20 de septiembre de 2022, otro magistrado dictó auto

el 21 de septiembre de 2018 en el que ordenó la apertura de la investigación. Posteriormente, en auto del 20 de septiembre de 2022, otro magistrado dictó auto en el que declaró la falta de competencia de esa entidad para adelantar la investigación y la remitió a la Procuraduría General de la Nación.

4. La Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar profirió auto el 6 de junio de 2023 en el que devolvió el asunto a la comisión seccional de origen. Adelantado el trámite, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en auto del 28 de junio de 2024, decretó la terminación del procedimiento y el consecuente archivo definitivo. En concreto, sostuvo lo siguiente:

Lo anterior, teniendo en cuenta que al tenor literal del inciso segundo del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la prescripción se comenzaba a contar desde el auto de apertura y en el caso sub-examine, la auto condición del cual se reseñó se profirió el día 21 de septiembre de 2018, por lo cual la acción disciplinaria bajo esta normatividad prescribió el 23 de agosto de 2023.

5. La anterior decisión fue apelada por el quejoso, bajo el argumento de que la prescripción no opera cuando se trata de una falta disciplinaria de carácter permanente, toda vez que el investigado sigue incumpliendo sus deberes legales a pesar de haber sido separado de su cargo de secuestre.

6. En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la terminación y archivo de la investigación disciplinaria, en auto del 16 de julio de 20252, con fundamento en que, efectivamente, en el presente asunto operó la

6. En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la terminación y archivo de la investigación disciplinaria, en auto del 16 de julio de 20252, con fundamento en que, efectivamente, en el presente asunto operó la prescripción porque el auto que dio apertura se profirió el 21 de septiembre de 2018, de manera que los cinco años previstos en el artículo 30 del Código General Disciplinario vencieron el 21 de septiembre de 2023.

7. El alto tribunal destacó la importancia y diferencias de las instituciones jurídicas de caducidad y prescripción y, explicó lo siguiente:

En el asunto objeto de estudio, al revisar la actuación adelantada por el auxiliar de la justicia en el asunto de autos, se advierte que se configuró la extinción de la acción disciplinaria al haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción, por cuan to el auto de apertura de la investigación se profirió el 21 de septiembre de 2018, es decir, que el fenómeno jurídico de la prescripción ocurrió el 21 de septiembre de 2023 , fecha en la que aún no se había dictado sentencia.

2 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05815-00, índice 13, certificado núm. 638FE2E0806C8ECF 8FE8540A6F95DC34 35EB3A4532559583 14A3798DD68D06F3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

3 Aunque el quejoso argumentó que el disciplinable continuaba incurriendo en la falta

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

3 Aunque el quejoso argumentó que el disciplinable continuaba incurriendo en la falta disciplinaria, lo cierto es que el AUXILIAR DE LA JUSTICIA, fue relevado del cargo el 19 de enero de 2018 según el dicho del apelante y confirmado por el documento anexado por este, por lo que, desde esta perspectiva también habría acaecido la prescripción de la acción disciplinaria al haber transcurrido más de 5 años desde su comisión.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. El señor José Ascanio Iván Peñas Guerra formuló en el escrito de tutela3, como consecuencia de la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, que el juez constitucional deje sin efecto la «sentencia» del 16 de julio de 2025 y ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dicte una nueva decisión en la que valore integralmente las pruebas del expediente y aplique el término de prescripción teniendo en cuenta que la falta cometida por el disciplinado es actual y permanente.

9. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora refirió algunas de las actuaciones surtidas en el proceso con radicado núm. 2013 -00713-00 adelantado ante el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Cartagena y en el proceso disciplinario seguido contra el auxiliar de la justicia Camilo Torres Periñán, y la s razones por las cuales fue investigado.

10. Adujo que la autoridad accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo con la providencia que declaró la prescripción, a pesar de que la mora no le era

razones por las cuales fue investigado.

10. Adujo que la autoridad accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo con la providencia que declaró la prescripción, a pesar de que la mora no le era imputable, porque la falta atribuida al señor Camilo Torres Periñán era de carácter permanente y no instantánea como erróneamente se consideró en la providencia objeto de tutela. Citó los artículos 30 y 65 de la Ley 734 de 2002 y afirmó que la conducta investigada estaba probada dentro del proceso con radicado núm. 201300713-00.

11. Indicó que el auxiliar de la justicia tenía el deber de cuidar y custodiar el vehículo encargado, tal y como le fue entregado y consta en el acta de inventario, sin embargo, el bien fue «desvalijado» y dejado en un estado «lamentable», motivos por los cuales el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Cartagena compulsó copias ante «la seccional» y la fiscalía, elementos que a la presente fecha no ha devuelto, lo que implica que la falta continúa sucediendo en el tiempo.

12. Alegó que de acuerdo con la sentencia del 7 de febrero de 2019 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4, el término de prescripción previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 comienza de manera distinta si la falta es instantánea o sucesiva, como en el presente caso . Agregó lo

siguiente:

4.- Es sano destacar que lo que se evidencia dentro del proceso civil de ejecución es que el secuestre señor CAMILO TORRES PERIÑAN, según se recuerda, no renunció,

siguiente:

4.- Es sano destacar que lo que se evidencia dentro del proceso civil de ejecución es que el secuestre señor CAMILO TORRES PERIÑAN, según se recuerda, no renunció, como lo afirma el fallo tutelado, antes de que el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Cartagena se percatara del incumplimiento de sus deberes y lo relevara del cargo.

3 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05815-00, índice 2, certificado núm. 870120685BDF5010 6769B22A1FF9C939 AB83E4E825159AA2 169748CF04B60561. 4 Expediente radicado núm. 7000123-33-000-2013-00283-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

4 Es más, aunque hubiera renunciado a su cargo este hecho no lo relevaba de entregar el vehículo a quien lo sustituyera en las mismas condiciones en que probadamente según las Actas aportadas le fue entregado, y no recuerdo que exista, ni existe constancia en el proceso civil que la devolución del automotor la hubiera hecho el Secuestre TORRES PERIÑAN y mucho menos que se hubiera probado en el proceso civil que lo hubiera hecho por cuanto jamás lo hizo, por tanto incumplió evidentemente con su obligación, com o custodio oficial que era del mismo. El secuestre TORRES PERIÑAN no devolvió el vehículo que tuvo que ser entregado por una autoridad de policía y se constató el deterioro y la falta de elementos del mismo al momento de la

con su obligación, com o custodio oficial que era del mismo. El secuestre TORRES PERIÑAN no devolvió el vehículo que tuvo que ser entregado por una autoridad de policía y se constató el deterioro y la falta de elementos del mismo al momento de la entrega como reiteradamente lo h e señalado y consta en la actuación civil y disciplinaria anunciadas, situación que hasta ahora perdura.

5.- El Juez plural accionado, en su providencia de fecha 16 de julio de 2025, materia de tutela, al resolver el proceso disciplinario afirmó, contrario a la evidencia, que no existía falta disciplinaria porque el secuestre CAMILO TORRES PERIÑAN había renunciado y que la falta, de existir, era instantánea y, por tanto, al momento de tomar la decisión ya había prescrito por haber transcurrido más de 5 años que es el tiempo que la Ley disciplinaria señala para las Faltas Instantáneas5.

2.3. Trámite Procesal

13. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a través del despacho ponente, profirió auto el 23 de septiembre de 2025 en el que admitió la acción; vinculó al señor Camilo Torres Periñán y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar; tuvo como pruebas los documentos aportados y requirió el expediente disciplinario6.

2.4. Intervenciones

14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial contestó7 que la tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad, lo que la hace improcedente, pues el asunto ya fue resuelto por el juez natural. Aseguró que, en todo caso, la

14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial contestó7 que la tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad, lo que la hace improcedente, pues el asunto ya fue resuelto por el juez natural. Aseguró que, en todo caso, la solicitud de amparo debe ser negada, ya que la decisión cuestionada atendió todas las normas de orden procesal y sustancial que rigen la materia y fue el resultado del análisis de las pruebas aportadas al expediente, para lo cual sintetizó los argumentos que sustentaron el auto del 16 de julio de 2025.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

15. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia, el 17 de octubre de 20258, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que lo pretendido por el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra no tiene relevancia constitucional, porque el debate no se realizó desde una óptica constitucional y el accionante pretende utilizar este medio de defensa judicial

5 Se transcribe incluso con errores de texto. 6 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 5, certificado 2A50B0B5ED8C27A8 83B2E3850721FF6A 01F7B90DC1EA627A 32142EEA648C1A56. 7 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 1 3, certificado 918E497117786A64

71AE250C150EE357 AD16EE322C857061 B8F430C654F09B54.

7 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 1 3, certificado 918E497117786A64 71AE250C150EE357 AD16EE322C857061 B8F430C654F09B54. 8 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 15, certificado 692C8A9F9691F8A6

A297C68ACEFAE18C A09145997485A873 A62C9721C071CF29.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial 5 como una tercera instancia para reabrir el litigio. En este sentido, citó las consideraciones del auto del 16 de julio de 2025.

2.6. Impugnación

16. El accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 17 de octubre de 20259, para lo cual argumentó que la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional. Además, reiteró los cargos del escrito de amparo.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante , en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 199110.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

18. La legitimación en la causa por activa del señor José Ascanio Iván Peñas Guerra

en el artículo 32 del Decreto 2591 de 199110.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

18. La legitimación en la causa por activa del señor José Ascanio Iván Peñas Guerra se encuentra acreditada, por cuanto fue el quejoso en la investigación que finalizó con el auto del 16 de julio de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.

19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , por ser la autoridad que profiri ó la anterior providencia, la cual, según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

20. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional12.

21. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.

9 Samai. exp. Núm. 11001-03-15-000-2025-05815-00, índice 19, certificado A0CAA5A26403A4EE

4D1978B1FD4EF1DD 8F9AED8B594A9E1D 78218DC9172B523E. 10 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial 6 iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 13 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

23. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

24. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional15 ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, sobre las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia16.

25. Distinto a lo que consideró el juez de tutela de primera instancia, esta Sala encuentra que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, por cuanto el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra no solo adujo la vulneración de sus derechos fundamentales, sino que explicó las razones por las que, en su concepto, el auto del 16 de julio de 2025 incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. En concreto, aseveró que se desconocieron las pruebas que daban cuenta que la conducta disciplinaria era de carácter permanente.

el auto del 16 de julio de 2025 incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. En concreto, aseveró que se desconocieron las pruebas que daban cuenta que la conducta disciplinaria era de carácter permanente.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 14 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetari o que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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26. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad electoral en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

27. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto de reproches fue proferida por la Comisión Nacional del Disciplina Judicial el 16 de julio de 2025, y la demanda de tutela se presentó el 17 de septiembre siguiente, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

28. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos fundamentales y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

29. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

30. La Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del 17 de octubre de 2025. Para ello, se deberá establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, al proferir el auto del

30. La Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del 17 de octubre de 2025. Para ello, se deberá establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, al proferir el auto del 16 de julio de 2025, que confirmó la decisión de primera instancia que decretó la terminación del proceso y archivó las diligencias en el trámite.

3.4.1. Generalidades del defecto fáctico

31. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión»20 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

32. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”» 21. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de

17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 19 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022. 21 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial 8 oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»22.

33. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino

claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatori os que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso23.

34. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»25.

35. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en cada caso:

El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta – siguiendo las reglas de la lógica – a la que se desprende del contenido de los materiales probatorios. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad.

materiales probatorios. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en prueba s [impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 23 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011. 24 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019. 25 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022. 26 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05815-01

Accionante: José Ascanio Iván Peñas Guerra

Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial 9 3.4.2. Defecto sustantivo

36. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su ap licación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado27.

porque su ap licación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado27.

37. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

38. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos

(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)28.

3.5. Caso concreto

39. En el asunto bajo estudio, el señor José Ascanio Iván Peñas Guerra presentó queja disciplinaria contra el señor Camilo Torres Periñán en su condición de auxiliar de la justicia. En primera instancia, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de