CE - Sentencia 11001031500020250624400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

áBogot D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06244-00

Accionante: ALFONSO ORTEGA LUNA

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acci ón de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Pretensiones netamente económicas.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Alfonso Ortega Luna, en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 3 de octubre de 2025, el señor Alfonso Ortega Luna , actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela con la pretensión de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana , que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , al haber proferido la providencia del 27 de marzo de 2025.

Mediante ese fallo, se modificó la decisión de primera instancia del Tribunal

vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , al haber proferido la providencia del 27 de marzo de 2025.

Mediante ese fallo, se modificó la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones en la demanda de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (en adelante DPS), bajo el radicado 5200123-33-000-2015-00747-00/01.2

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Accionante: Fundación Alfonso Ortega Luna Asunto: Acción de tutela

En el escrito de la acción de tutela el accionante solicitó:

«1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana del señor ALFONSO ORTEGA LUNA, los cuales fueron desconocidos por la providencia del 27 de marzo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2. Que en decisión de fondo se declare configurada la “vía de hecho judicial” respecto de la providencia referida y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia de 27de marzo de 2025, ordenando a la autoridad judicial accionada emitir nueva decisión motivada que valore integralmente el acervo probatorio (testimonios, documental y pericial) y aplique los precedentes vinculantes en materia de contrato realidad (primacía de la realidad, valor probatorio de la prueba testimonial e indiciaria), garantizando la primacía de la realidad sobre las formas, restableciendo los derechos fundamentales del accionante.

precedentes vinculantes en materia de contrato realidad (primacía de la realidad, valor probatorio de la prueba testimonial e indiciaria), garantizando la primacía de la realidad sobre las formas, restableciendo los derechos fundamentales del accionante.

3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada que, en el nuevo fallo, se reconozca la existencia de la relación laboral entre el señor ALFONSO ORTEGA LUNA y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con todas las consecuencias laboral es y prestacionales derivadas de dicho reconocimiento, incluyendo aportes a seguridad social en salud y pensión.

4. Que, en todo caso, se ordenen las medidas necesarias para asegurar el efectivo restablecimiento de los derechos vulnerados (debido proceso, igualdad, trabajo digno, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana), conforme a la valoración probatoria q ue, de lugar a reconocer la relación laboral y prestaciones causadas, o la corrección de la decisión en la forma que legalmente proceda»

2. Hechos

Desde el 2 de mayo de 2007 y hasta el 9 de abril de 2012 e l señor Alfonso Ortega Luna prestó sus servicios al DPS (en ese entonces Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ) en la unidad territorial del departamento de Nariño. Los servicios se prestaron de manera continua e ininterrumpida mediante la firma de diferentes contratos de prestación de servicios.

En desarrollo de sus labores realizó actividades de fortalecimiento institucional del programa de Familias en acción , ejecutadas en las instalaciones de l DPS y con elementos de propiedad de la entidad.

A cambio de sus servicios recibió como contraprestación honorarios de manera mensual, que el demandante consideró su salario.

programa de Familias en acción , ejecutadas en las instalaciones de l DPS y con elementos de propiedad de la entidad.

A cambio de sus servicios recibió como contraprestación honorarios de manera mensual, que el demandante consideró su salario.

De acuerdo con los contratos suscritos, las actividades se desarrollaron de manera personal, sin la posibilidad de subcontratar. Realizaba labores por órdenes de3

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quienes consideraba sus superiores o sus jefes, que no eran propias del objeto de los contratos.

A pesar de ser un contrato de prestación de servicios debía cumplir horario, solicitar autorización para no asistir a la oficina, tenía control de asistencia al lugar de trabajo, debía rendir informes, entre otras labores.

El 9 de abril de 2015 solicitó al DPS el reconocimiento de una relación laboral entre las partes y, en consecuencia, el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones.

El 29 de abril de 2015 el DPS dio respuesta negativa mediante oficio

20156100415041. Esa decisión fue recurrida vía apelación y en subsidio reposición.

Como no procedía la apelación, el 25 de mayo de 2015 el DPS tramitó el recurso de reposición y determinó que no estaba llamado a prosperar.

Agotada la vía gubernativa, el señor Ortega Luna presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del DPS, en la que solicitó la nulidad de los oficios 20156100415041 de 29 de abril de 2015 y 20156100616221 de 25 de mayo

restablecimiento del derecho en contra del DPS, en la que solicitó la nulidad de los oficios 20156100415041 de 29 de abril de 2015 y 20156100616221 de 25 de mayo de 2015, mediante los cuales negó la petición de reconocimiento de una relación laboral entre las partes y el pago de las prestaciones sociales, así como el recurso de reposición respectivo.

A título de restablecimiento del derecho solicitó qu e declarara la existencia de una relación laboral encubierta entre las partes desde el 2 de mayo de 2007 hasta el 9 de abril de 2012 y el pago de las prestaciones sociales, indemnización por no pago de las cesantías, aportes a pensión y salud que realizó con recursos propios, el pago de vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, bonificación por recreación y deporte, indemnización por no pago de cesantías, indemnización por mora en el pago de las prestaciones sociales, pago por aportes a seguridad social a pensión y salud y los otros derechos derivados de la relación laboral que pudieran existir.

En primera instancia, el 1 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones . Sin4

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embargo, aclaró que no había condena en mora, pues esta era la primera vez que el demandado era requerido para hacer el pago. En consecuencia , la condena en costas al DPS fue en un 80%, que debían ser liquidadas por secretaría.

embargo, aclaró que no había condena en mora, pues esta era la primera vez que el demandado era requerido para hacer el pago. En consecuencia , la condena en costas al DPS fue en un 80%, que debían ser liquidadas por secretaría.

El DPS presentó recurso de apelación en contra del fallo . El 27 de marzo de 2025 , la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió sentencia de segunda instancia en la que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño. Consideró que, aunque se acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, no se probó el elemento esencial de subordinación. En consecuencia, concluyó que no hubo relación laboral encubierta.

3.Fundamentos de la acción de tutela

En primer lugar , el accionante hace una revisión de los hechos y de las pruebas, relacionando cada una con los hechos que él considera probados dentro del trámite ordinario.

Luego, hizo una mención al precedente judicial y los fallos de la Corte Constitucional que indican cuándo procede. A paso seguido se refirió a los siguientes procesos, que en su conocimiento eran similares de parte demandada, pretensiones y hechos, solo que en esos casos el Consejo de Estado sí les dio razón a los demandantes:

• Demandante: SEGUNDO AULO DIAZ JARAMILLO. En el proceso de Rad. no.52001-23-33-000-2015-00828-01. - Demandante: LUIS ANTONIO GONZÁLEZ TULCÁN . En el proceso de Rad. no. 52001-23-33-000-2015-00728-01.

no.52001-23-33-000-2015-00828-01. - Demandante: LUIS ANTONIO GONZÁLEZ TULCÁN . En el proceso de Rad. no. 52001-23-33-000-2015-00728-01. - Demandante: LUIS FELIPE ORDOÑEZ ARMERO. En el proceso de Rad. no. 52001-23-33-000-2015-00654-01. - FLOR BIBIANA MONTERO CASTILLO. En el proceso de Rad. no. 52001-2333-000-2015-00797-01. - ALEXANDRA ANYELI HERNANDEZ TARAPUEZ. En el proceso de Rad. no. 52001-23-33-000-2015-00388-01.

Luego hizo un recuento de la jurisprudencia que en un principio no permitía interponer acciones de tutela en contra de decisiones judiciales, y cómo luego,5

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cambió para acoger la teoría de las vías de hecho y cómo se configuran a través de defectos u otros yerros.

También hizo un repaso de otros fallos y de los prerrequisitos que debe cumplir cualquier acción de tutela para que pase a ser estudiada de fondo. De ese recuento pasa a hacer un análisis de porqué este caso cumple con todos esos prerrequisitos, concluyendo que cumple con todos.

De esa manera pasa a formular los siguientes cargos:

• Defecto fáctico por inadecuada valoración de las pruebas.

En este cargo el demandante indica que, en la providencia atacada, el ad quem tuvo

De esa manera pasa a formular los siguientes cargos:

• Defecto fáctico por inadecuada valoración de las pruebas.

En este cargo el demandante indica que, en la providencia atacada, el ad quem tuvo pruebas documentales, testimoniales, interrogatorio de parte y un peritaje que no fueron debidamente valoradas en conjunto para probar la subordinación.

Alegó que las pruebas documentales probaron que el accionante no fue contratado ocasionalmente, sino que su contratación fue a través de varios contratos, pero continuos, en el periodo señalado entre 2007 y 2012.

Respecto del lugar de trabajo y de las herramientas de trabajo indicó que el contrato se desarrollaría en la ciudad de Pasto , pero sin especificar un lugar en concreto, frente a las herramientas no decía cuáles ni quién debe proveerlas. En la práctica el accionado fue requerido para que trabajara en la sede del DPS en Pasto con elementos de oficina proveídos por el DPS.

Acerca de los testimonios manifestó que estos probaron que el señor Ortega Luna tenía un horario que era supervisado por sus jefes y en especial Luis Felipe Ordoñez, quien en alguna ocasión le llamó la atención por llegar tarde. También había otras personas que verificaban el control del horario como la señora Rita Combariza, que luego fue reemplazada por Martha Monroy.

Además de lo anterior el demandante afirmó que también estuvo presente en las auditorías internas y externas del sistema de gestión de calidad.6

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Accionante: Fundación Alfonso Ortega Luna Asunto: Acción de tutela

auditorías internas y externas del sistema de gestión de calidad.6

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Accionante: Fundación Alfonso Ortega Luna Asunto: Acción de tutela

Ahora bien, tratándose de las órdenes que recibía el señor Ortega Luna, eran impartidas por la señora Combariza, el señor Ricardo Cabera y la señora Gloria Chacón.

Recibía órdenes de trabajar en periodos donde no se había legalizado el nuevo contrato, órdenes para salir en comisión a otros municipios, y órdenes para rendir informes más allá del informe mensual que debía elaborar como soporte para el pago de su salario.

Para mantener la acreditación en materia de gestión de calidad, él, a pesar de no ser empleado, debía cumplirlas. Así mismo debía usar las herramientas informáticas de ORFEO y SIFA, que eran reservadas para los empleados de la entidad a quiénes además se les exigía mantener la confidencialidad de la información a la que pudieran tener acceso.

También había una organización jerárquica de la cual el demandante hacía parte con distintos superiores. Respecto de los manuales de funciones, que estaban elaborados para que fueran atendidos por el personal de planta, los superiores del señor Ortega Luna le exigieron que también debía cumplir con tales.

Respecto de cada una de estas situaciones , el demandante relaciona las pruebas con las cuales él considera que se prueban cada uno de los elementos de la relación laboral encubierta, y en especial, la subordinación . Sin embargo, el demandante indica que ese elemento no fue considerado así por la Sección Segunda, Subsección

con las cuales él considera que se prueban cada uno de los elementos de la relación laboral encubierta, y en especial, la subordinación . Sin embargo, el demandante indica que ese elemento no fue considerado así por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, pues no las valoró adecuadamente al afirmar que no había suficientes pruebas documentales que probaran ese elemento en el día a día.

• Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Como ya se había mencionado atrás, para el demandante el fallo atacado se aparta de la jurisprudencia horizontal.

Como primera medida menciona tres fallos de la Corte Constitucional y uno del Consejo de Estado en relación con el precedente y su obligatoriedad. Luego, pasa a afirmar que, de los siguientes casos, citados por el nombre de la persona natural7

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Accionante: Fundación Alfonso Ortega Luna Asunto: Acción de tutela

«(…) SEGUNDO AULO DIAZ JARAMILLO, LUIS ANTONIO GONZÁLEZ TULCÁN, LUIS FELIPE ORDOÑEZ ARMERO, FLOR BIBIANA MONTERO CASTILLO, ALEXANDRA ANYELI HERNANDEZ TARAPUEZ, a quienes el suscrito también representó (…) » tuvieron identidad de partes, hechos, pruebas y sólo cambió el resultado en el caso del señor Ortega Luna , por lo tanto debía aplicarse esa jurisprudencia horizontal.

• Defecto sustantivo por interpretación irrazonable del elemento subordinación

El cargo se formula alrededor de la interpretación que el ad quem le dio al término

jurisprudencia horizontal.

• Defecto sustantivo por interpretación irrazonable del elemento subordinación

El cargo se formula alrededor de la interpretación que el ad quem le dio al término subordinación. Para el accionante el fallo trató de manera irracional e inconstitucional las normas que establecen el contrato realidad y el elemento de subordinación:

«En el caso concreto, la Sala de segunda instancia reconoció la prestación personal del servicio y la remuneración, pero negó la subordinación porque —según sostuvo— no existían documentos escritos que probaran órdenes concretas.»

Para el accionante esa decisión vulnera el artículo 53 de la Constitución Política y artículo 7 del Decreto 1950 de 1973, así como la jurisprudencia mencionada que permite probar la subordinación con testimonios, indicios y “contextuales” (SIC).

4. Trámite de la acción de tutela, antecedentes y fundamento de la oposición

El 14 de octu bre de 2025, mediante auto se admitió la acción de tutela. S e ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada; así como al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS, en calidad de tercero.

El 20 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado contestó la acción de tutela. Para esta entidad, el trabajo que se hizo como segunda instancia de la demanda instaurada por Alfonso Ortega Luna fue detallar cada uno de los elementos estructurales de la relación laboral “encubierta” con la valoración de todo el acervo probatorio, tenie ndo en cuenta las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable, para llegar a la conclusión que llegó.

de los elementos estructurales de la relación laboral “encubierta” con la valoración de todo el acervo probatorio, tenie ndo en cuenta las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable, para llegar a la conclusión que llegó.

Respecto de la acción de tutela, opinó que no se configuró ninguna de las causales de procedibilidad, y que tampoco se probó la vulneración de un derecho fundamental8

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o la existencia de un perjuicio irremediable. Frente a los argumentos de la acción de tutela, manifestó son similares a aquellos contenidos en la demanda ordinaria. Por esa razón consider ó que no se cumple con el prerrequisito de relevancia constitucional. En consecuencia, solicitó que se declare improcedente el amparo.

El 24 d octubre de 2025, el DPS se pronunció indicando que en primer lugar la acción de tutela no le atribuye a la entidad la responsabilidad de los hechos objeto de tutela y mucho menos la condena a esa entidad, en la medida que se está demandando a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia, solicitó que se declare la falta de legitimación en el trámite de tutela.

Señaló que la acción de tutela no cumplió los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez. Respecto de la inmediatez señala que el fallo del Consejo de Estado fue del 27 de marzo y por lo tanto transcurrieron más de 6 meses hasta la radicación de la solicitud de tutela. En relación con la subsidiariedad, indica que el demandante

inmediatez. Respecto de la inmediatez señala que el fallo del Consejo de Estado fue del 27 de marzo y por lo tanto transcurrieron más de 6 meses hasta la radicación de la solicitud de tutela. En relación con la subsidiariedad, indica que el demandante debió haber agotado el recurso de revisión antes de demandar el mencionado fallo ante un juez constitucional.

También manifestó que la acción de tutela no encaja en ninguno de las causales de estudio de fondo y por lo tanto no debe prosperar.

Para el DPS el accionante no sufrió un perjuicio irremediable. Indic ó que la acción de tutela no puede prestarse para ordenar el pago de sumas de dinero. También consideró que lo alegado por el demandante pertenece a un trámite propio de un juez natural y que no puede usarse al juez constitucional para que haga esas labores.

II CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Tratándose de la acción de tutela, le compete a esta Sala en primer lugar constatar si cumple con los requisitos de procedencia o no.9

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En caso afirmativo se hará el estudio de fondo del escrito de tutela en contra fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado el pasado 27 de marzo de 2025.

6. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Ortega Luna en contra de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo

27 de marzo de 2025.

6. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Ortega Luna en contra de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

4.- Análisis de del fallo de la acción de tutela

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es competente para la acción de tutela con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa jud icial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que l a solicitud señale

1. que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que l a solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.

1 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 2 Ibidem.10

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Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez; trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falt a de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

Desde el año 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional3: i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales de rechos, cuya

argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales de rechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que: «[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específi ca finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos

tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos

3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).11

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adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El accionante interpuso acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que profirió sentencia de segunda instancia en la que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño. Consideró que, aunque se acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, no se probó el elemento esencial de subordinación. En consecuencia, concluyó que no hubo relación laboral encubierta. Argumentó que la sentencia incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración de las pruebas , en defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial y en defecto sustantivo por interpretación irrazonable del elemento subordinación.

La Sala advierte que los argumentos presentados por la parte solicitante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que pretenden reabrir el debate jurídico ya surtido en el proceso ordinario. Se observa

elemento subordinación.

La Sala advierte que los argumentos presentados por la parte solicitante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que pretenden reabrir el debate jurídico ya surtido en el proceso ordinario. Se observa que la tutela presenta la inconformidad con un asunto netamente legal respecto de la valoración de las pruebas del proceso ordinario.

Así, es claro que el Tribunal accionado en el fallo reprochado presentó argumentos razonables para justificar su decisión. Estimó que no se probó la subordinación al analizar lo siguiente:

«La Sala considera, en línea con lo sustentado por la entidad en su recurso, que en el expediente no obran pruebas que demuestren que el demandante estuvo sujeto a órdenes que afectaran su autonomía en la ejecución de los contratos.

94. Como primera medida, de la prueba testimonial se extrae que, si bien los declarantes coincidieron en que el actor recibió órdenes y directrices de la entidad, sus dichos fueron generales y no explicaron de manera detallada por qué las instrucciones que afirman recibió el actor se extralimitaron en los límites de coordinación.

95. En particular, Luis Antonio González cuando se le interrogó sobre quién emitía las órdenes y sobre qué trataban, expuso lo siguiente:

«Pregunta: Especifíquenos en qué consistían esas órdenes y de quiénes las recibían. Contestó: Nosotros las recibíamos de varias personas, iniciando de la directora nacional, en ese momento la señora Marta Monroy, que fue después la coordinadora. Pregunta: ¿Cómo recibían las órdenes teniendo en cuenta que ellas12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06244-00

directora nacional, en ese momento la señora Marta Monroy, que fue después la coordinadora. Pregunta: ¿Cómo recibían las órdenes teniendo en cuenta que ellas12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06244-00

Accionante: Fundación Alfonso Ortega Luna Asunto: Acción de tutela

no trabajaban aquí? Contestó: Nosotros las recibíamos por correo electrónico siempre, en algunas ocasiones por llamadas . Pregunta: ¿En qué consistían esas órdenes? Contestó: Cómo teníamos que realizar las actividades acá, solicitando la programación de nuestras actividades, cuándo teníamos que asistir a las reuniones, qué información teníamos que enviar a nivel nacional, cómo teníamos que desarrollar nuestro trabajo con las guías operativas que nos enviaban, con los manuales, nos enviaban correos, por ejemplo, diciéndonos si ya hemos ejecutado algunas reuniones, cómo vamos con el trabajo de las familias que son beneficiarias del programa, qué dificultades ha tenido, que enviamos informes si hay de pronto cosas que haya que corregir. Pregunta: ¿Estas órdenes también las recibía el señor demandante? Contestó: Sí. Pregunta: ¿Cómo lo sabe usted? Contestó: Por correo electrónico nos llegaban a veces correos en conjunto, por el grupo de trabajo, o otras que conozco porque pues digamos el tema es tan cercano del puesto laboral y pues la relación digamos de trabajo me permitía conocer los correos (…) Pregunta: ¿Usted observó alguna vez que la coordinadora del Programa de Familias en Acción le impartiera órdenes directas o indirectas al señor Alfonso Ortega Luna? Contestó: Sí. Pregunta: Coméntenos, por favor. Contestó: (…) teníamos

Familias en Acción le impartiera órdenes directas o indirectas al señor Alfonso Ortega Luna? Contestó: Sí. Pregunta: Coméntenos, por favor. Contestó: (…) teníamos los encuentros nacionales (…) en esas reuniones a nivel nacional ya se tenía estructurado un plan de trabajo anual de cómo se iba a desarrollar el programa, las actividades que se tenían que realizar, cómo las teníamos que realizar, quién las tenía que realizar en el territorio. Y en el caso de Alfonso ya tenía también una e