CE - Sentencia 11001031500020250630400 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

Tema: Tutela contra providencia judicial , nulidad y restablecimiento del derecho – pensión compartida . Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta , mediante apoderado judicial , por Liz Yaneth Valencia Quiceno contra la sentencia del 18 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«De acuerdo con lo narrado en el acápite de hechos, y a las consideraciones que se expondrán más adelante, de manera muy respetuosa solicito al Honorable CONSEJO DE ESTADO -Sala de lo Contencioso Administrativo, CONCEDER el resguardo a los

«De acuerdo con lo narrado en el acápite de hechos, y a las consideraciones que se expondrán más adelante, de manera muy respetuosa solicito al Honorable CONSEJO DE ESTADO -Sala de lo Contencioso Administrativo, CONCEDER el resguardo a los derechos fundamentales de la accionante al real y efectivo acceso a la administración de justicia, debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, disponer lo siguiente:

1. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META que, tras dejar sin efecto la Sentencia en segunda instancia del 18 de junio del 2025 dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del (sic) Proceso con radicado 50001-33-33-001-2016-0040300, dentro de un tiempo perentorio, luego de haber recibido el correspondiente expediente, profiera una nueva providencia en la que se condene a La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), a reconocer y pagar a mi prohijada señora LIZ YANETH VALENCIA QUICENO, la sustitución de asignación en retiro, como beneficiaria del fallecido señor Manuel Enrique Gaviria Grisales, a partir del 28 de mayo de 2014, de manera indexada y en el porcentaje que le corresponda.

2. ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, remitir en un tiempo perentorio, el expediente del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del (sic) Proceso con radicado 50001-33-33-001-2016-0040300, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, con miras al cumplimiento del punto anterior».

ANTECEDENTES

1. Hechos

00, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, con miras al cumplimiento del punto anterior».

ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Hechos que dieron origen al medio de control

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR reconoció a favor del señor Manuel Enrique Gaviria Grisales una asignación de retiro equivalente al 70% del sueldo y las partidas legalmente computables, a partir del 8 de junio de 2008.

El señor Manuel Enrique Gaviria Grisales falleció el 28 de mayo de 2014.

El 4 de junio de 2014, la señora Lina Marcela Ramírez Ríos solicitó ante la CASUR el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro , en calidad de compañera permanente del causante.

Consecutivamente, la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno, mediante petición del 4 de agosto de 2014, también solicitó a la CASUR el reconocimiento y pago de la asignación de retiro en calidad de compañera permanente del causante.

Mediante la Resolución 11067 del 28 de noviembre de 2014, la CASUR suspendió el trámite de la sustitución de asignación mensual de retiro hasta que se resolviera ante

asignación de retiro en calidad de compañera permanente del causante.

Mediante la Resolución 11067 del 28 de noviembre de 2014, la CASUR suspendió el trámite de la sustitución de asignación mensual de retiro hasta que se resolviera ante la jurisdicción sobre los beneficiarios de la prestación solicitada y únicamente reconoció el 50% de la prestación devengada por el ex agente a favor de su hija Manuela Gaviria Valencia.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición. Sin embargo, el director General de la CASUR, mediante R esolución 1020 del 25 de febrero de 2015, lo resolvió de manera negativa y confirmó en todas sus partes la resolución anterior.

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Lina Marcela Ramírez Ríos promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de la Policía Nacional – CASUR y la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno , con el fin de obtener la nulidad de los anteriores actos administrativos y, como consecuencia: «i) se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la sustitución mensual de retiro, equivalente en un 50% de la asignación devengada por el señor Manuel Enrique Gaviria Grisales, condena que deberá ser debidamente indexada desde la fecha del fallecimiento del Agente y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso».

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia del 26 de junio de 2020, declaró la nulidad parcial de la Resolución 11067 del 28 de noviembre

de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso».

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia del 26 de junio de 2020, declaró la nulidad parcial de la Resolución 11067 del 28 de noviembre de 2014 y la nulidad total de la Resolución 1020 del 25 de febrero de 2015, y condenó a la CASUR al reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro a favor de la señora Lina Marcela Ramírez Ríos, pues logró acreditar una convivencia igual o superior a los cinco (5) años anteriores a la muerte del agente . Por otra parte, consideró que las pruebas aportadas no daban cuenta de la convivencia del causante con la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno.

La señora Valencia Quiceno interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al considerar que las pruebas obrantes en el expediente sí acreditaban la convivencia permanente con el causante, refiriéndose a los testimonios , la sentencia de declaración de unión marital de hecho , las declaraciones rendidas por los hijos del señor Gaviria Grisales (†), la prueba documental de la relación matrimonial entre el señor José Daimer Acevedo Quiceno y la señora Lina Marcela Ramírez Ríos, durante el tiempo de presunta convivencia con el causante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 18 de junio de 2025, confirmó el fallo de primera instancia, al encontrar demostrada la convivencia efectiva y continua de la demandante para con el señor Manuel Enrique Gaviria Grisales (†) durante los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento , razón por la cual determinó que era beneficiaria de la sustitución pensional.

2. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria

Señaló que la autoridad judicial accionada no valoró en debida forma el contenido de la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá que declaró unión marital de hecho entre el causante y la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno desde el mes de octubre de 1998 y hasta el 28 de mayo de 2014, proceso en el cual tuvo acreditar la convivencia notoria, permanente y singular. Decisión que no fue recurrida y goza de presunción de legalidad.

Indicó que la autoridad judicial accionada trajo a colación un precedente jurisprudencial que no es aplicable a su caso, referente a que el derecho para acceder a la sustitución pensional va más allá de la acreditación de la situación jurídica del estado civil, pues lo relevante es probar los cinco años de convivencia anteriores al

jurisprudencial que no es aplicable a su caso, referente a que el derecho para acceder a la sustitución pensional va más allá de la acreditación de la situación jurídica del estado civil, pues lo relevante es probar los cinco años de convivencia anteriores al fallecimiento, pero en el caso concreto, la unión marital de hecho fue iniciado y culminado después del fallecimiento del compañero, de lo que se desprende, que, en efecto el juez de familia encontró demostrada la convivencia dentro de las datas allí declaradas.

Que el Tribunal adujo carencia probatoria para acreditar la convivencia entre la señora Valencia Quiceno y el causante, sin tener en cuenta que se trasladaron las pruebas que obraban en el expediente declarativo de la unión marital de hecho, «(…)destacando las declaraciones extrajuicio de los señores James Pineda, María Claudia Burutica Cortés, Yamilet Buritica Cortés, Luz Maide Marquez Urrea, quienes declararon sobre la existencia de convivencia continua e ininterrumpida compartiendo el mismo tec ho, lecho y mesa, entre mi representada y el causante hasta el día de su muerte».

Indicó que la autoridad judicial accionada , ante las dudas que manifestó tener sobre los testimonios, debió actuar de manera oficiosa y decretar la ratificación de estos en audiencia.

Precisó que con la presente acción de tutela no pretende constituir una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino poner en evidencia la configuración de los defectos advertidos en la sentencia acusada , que negó el reconocimiento pensional a favor de la tutelante, por presuntamente no haber acreditado el requisito de convivencia, cuando en casos semejantes, la jurisprudencia

evidencia la configuración de los defectos advertidos en la sentencia acusada , que negó el reconocimiento pensional a favor de la tutelante, por presuntamente no haber acreditado el requisito de convivencia, cuando en casos semejantes, la jurisprudencia ha determinado que puede darse el caso de convivencia simultánea entre compañeras permanentes.

Que la indebida valoración probatoria conllevó a que se desconociera el precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre convivencia simultánea de las dos compañeras permanentes con el ca usante y los derechos que les asiste para efectos de la sustitución pensional.

Además, refirió que la falta de valoración adecuada de las pruebas también conllevó a una violación directa de la Constitución, pues la negativa en el reconocimiento de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

sustitución pensional conlleva la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, protección a la familia y al debido proceso.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 10 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, en calidad de demandados, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –

tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, en calidad de demandados, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, y a la señora Lina Marcela Ramírez Ríos, en condición de terceros con interés.

4. La respuesta de los demandados

El Tribunal Administrativo del Meta pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, para el efecto, señaló que se atenía a los argumentos expuestos en la sentencia cuestionada. Aunado a ello, señaló que ha cumplido con los deberes descritos en los artículos 13, 24 y 29 de la Constitución Política y las garantías superiores que imponen el deber de resolver los asuntos sometidos a su consideración, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio remitió copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 500013333001201600403 00/01, sin pronunciarse sobre los supuestos fácticos que dieron origen al presente recurso de amparo.

5. Intervenciones de los terceros vinculados

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque las pretensiones están orientadas a constituir una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque las pretensiones están orientadas a constituir una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Aseguró que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora y la sentencia cuestionada no incurrió en el defecto fáctico alegado, pues valoró la s pruebas aportadas al proceso y justificó de manera clara y razonada la decisión adoptada.

La señora Lina Marcela Ramírez Ríos pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no se acreditó la configuración de los defectos alegados, ni existe alguna circunstancia que conlleve al amparo de los derechos invocados.

Que la totalidad de las pruebas aportadas fueron valoradas de manera objetiva, analizando los hechos tal como fueron presentados y demostrados durante el proceso, las cuales sirvieron de sustento a las decisiones adoptadas.

Aseguró que se efectuó un juicio de valor claro, donde se expusieron las razones por las cuales se aceptan o rechazan ciertas pruebas , lo cual está sustentado en la normativa aplicable y la jurisprudencia relevante frente al tema, lo que demuestra que se realizó un ejercicio de ponderación adecuado y fundamentado, cumpliendo así con los requisitos de motivación exigidos por el ordenamiento jurídico.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que los jueces de primera y segunda instancia sí valoraron la sentencia del

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que los jueces de primera y segunda instancia sí valoraron la sentencia del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá , pero concluyeron que la declaratoria de unión marital de hecho no basta para acreditar la convivencia real, permanente y el apoyo mutuo exigidos por la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4430 de 2004 para la sustitución pensional. Que, e l Juzgado se apoyó en la jurisprudencia constitucional que indica que el vínculo jurídico es irrelevante para este derecho, siendo determinante la existencia de apoyo afectivo y comprensión mutua al momento del fallecimiento, por su parte el Tribunal priorizó la valoración integral de testimonios que confirmaron la convivencia estable entre Lina Marcela y el causante, reiterando que la ley protege la comunidad de vida efectiva y no solo la existencia de un vínculo legal, lo cual fue verificado con las pruebas analizadas en conjunto por los jueces.

Que, de admitirse como prueba la sentencia aportada, esta carece de valor porque se indujo en error al juez, ocultando que existía una demanda anterior desistida, lo que configuraba cosa juzgada y llevó a una decisión basada en pruebas falsas.

Respecto a los testimonios de Jhyson y Juan David Gaviria Salazar, los jueces concluyeron que eran contradictorios: inicialmente afirmaron que Lina Marcela Ramírez era la compañera permanente del causante, pero luego señalaron a Liz Yaneth Valencia. Esta inconsistencia, sumada al allanamient o a las pretensiones en

concluyeron que eran contradictorios: inicialmente afirmaron que Lina Marcela Ramírez era la compañera permanente del causante, pero luego señalaron a Liz Yaneth Valencia. Esta inconsistencia, sumada al allanamient o a las pretensiones en el proceso de unión marital de hecho, le restó credibilidad, razón por la cual se les restó valor probatorio y se otorgó mayor peso a otros testimonios analizados en conjunto por los operadores judiciales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualqui er autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción de tutela contra

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción de tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los

mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales invocados por incurrir en defecto fáctico, al ordenar a la Caja de Retiro de la Policía Nacional - CASUR el reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro del causante Manuel Enrique Gaviria Grisales (†),a favor de la señora Lina Marcela Ramírez Ríos, presuntamente desconociendo los derechos que le asisten a la tutelante.

La Sala anticipa que declarar á improcedente la acción de tutela de la referencia porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que las pretensiones de la parte actora están orientados a constituir una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia cuestionada.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la

las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tut ela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad

extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales .

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de

para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. (se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La señora Liz Yaneth Valencia Quiceno interpuso la presente acción de tutela, con el fin de que se deje sin efecto la sentencia del 18 de junio de 2025, media nte la cual el Tribunal Administrativo del Meta ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional del causante Manuel Enrique Gaviria Grisales (†), a favor de la señora Lina Marcela Ramírez Ríos, porque considera que incurrió en un defecto fáctico, toda vez que no se valoraron en debida forma las pruebas aportadas al proceso, con las cuales acreditaba que ella era la beneficiaria de la sustitución pensional.

A juicio de la parte actora existió una indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso, con las cuales se acreditaba la convivencia permanente de los últimos cinco (5) años entre la causante y la señora Quiceno Valencia. En especial, adujo que no se valoró la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá que declaró unión marital de hecho , entre las partes interesadas.

Al respecto, se advierte que la señora Lina Marcela Ramírez Ríos promovió demanda

Promiscuo de Familia de Tuluá que declaró unión marital de hecho , entre las partes interesadas.

Al respecto, se advierte que la señora Lina Marcela Ramírez Ríos promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de Sueldos de la Policía Nacional – CASUR y la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno, con el fin de que se dejara sin efectos los actos administrativos que suspendieron el reconocimiento de la sustitución pensional del causante Manuel Enrique Gaviria Grisales (†), y como consecuencia, se determinara que ella era la beneficiaria de la prestación por su condición de compañera permanente.

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia del 26 de junio de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, porque acreditó una convivencia igual o superior a los cinco (5) años anteriores a la muerte del causante. En cuanto a la convivencia con la tutelante, concluyó que no se probó tal condición.

5 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06304-00

Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la providencia se hizo un lista do de las pruebas materia de debate y resaltó que tanto la señora Lina Marcela Ramírez Ríos como la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno, allegaron declaraciones extraprocesales dando fe de la unión marital de hecho de cada una con el señor Manuel Enrique Gaviria Grisales, por un periodo

tanto la señora Lina Marcela Ramírez Ríos como la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno, allegaron declaraciones extraprocesales dando fe de la unión marital de hecho de cada una con el señor Manuel Enrique Gaviria Grisales, por un periodo superior a 5 años antes de s u fallecimiento . Además, señaló que dentro de la audiencia de pruebas se practicaron los testimonios de Beatriz Eugenia Valencia, Juan David Gaviria Salazar, Jhyson Gaviria Salazar, Blanca Adiela Grisales de Gaviria, Martha Cecilia Gaviria Grisales, Manuela Ga