CE - Sentencia 11001031500020250631700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 9 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en un asunto de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discutía una reliquidación pensional .

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Rafael Humberto Lara Otálora en contra del Juzgado 7 Administrativo de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 7 de octubre de 2025 2, Rafael Humberto Lara Otálora a través de apoderado judicial , presentó una acción de tutela en contra de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la aparente vulneración de su s derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y a la protección a la tercera edad , con ocasión de la sentencia proferida por esa autoridad judicial, el 20 de agosto de 2025 3, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-007-2024-00053-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se

trascribe):

“1. Tutelar LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD, A LA SEGURIDAD

SOCIAL Y LA PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 Índice 1 de SAMAI. 3 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 8 de septiembre de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

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2. Dejar sin efectos las sentencias del 3 de abril de 2.025 proferida por el Juzgado

Séptimo (07) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. y del 20 de agosto de 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “F”, dictadas dentro del proceso 2024-00053.

3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “F”, proferir nuevo fallo en los términos del precedente jurisprudencial de Unificación aquí mencionado, dentro del proceso 2024-00053, en el que es demandante el señor RAFAEL HUMBERTO LARA OTÁLORA.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

4. 1) Rafael Humberto Lara Otálora trabajó en el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS desde el 17 de julio de 1987 hasta el 30 de octubre de 2011, y mediante Resolución No. 21531 del 26 de octubre de 2010 la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL le reconoció una pensión con el 75% de los factores devengados en el último año de servicios, esto es, la asignación básica y bonificación por servicios prestados.

5. 2) El accionante solicitó la reliquidación de su pensión de vejez ante

con el 75% de los factores devengados en el último año de servicios, esto es, la asignación básica y bonificación por servicios prestados.

5. 2) El accionante solicitó la reliquidación de su pensión de vejez ante la U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP (Sucesor procesal de Cajanal) , con el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios. Esa autoridad negó la reliquidación solicitada a través de las Resoluciones No. RDP 32021 y RDP 37185 de 2013.

6. 3) En virtud de la decisión anterior, Rafael Humberto Lara Otálora promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la reliquidación pensional, y, en consecuencia, se accediera a la reliquidación con la inclusión de todos los factores salariales que devengadas durante el último año de servicios , es decir, además de la asignación básica y de la bonificación por servicios, la prima de vacaciones, de servicios, de navidad, subsidio de alimentación, subsidio de transp orte y prima de riesgo.

7. 4) El asunto fue conocido en primera instancia por el Juzgado 20

Administrativo de Bogotá 4 que, mediante Sentencia de 25 de marzo de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda . Sin embargo, dicha decisión fue revocada en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a través de la Sentencia de 14 de febrero de 2018, decidió negar las pretensiones.

decisión fue revocada en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a través de la Sentencia de 14 de febrero de 2018, decidió negar las pretensiones.

4 Se le asignó el radicado No. Rad. No.11001-33-35-020-2014-00260-00Radicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 10 8. 5) La Sección Segunda del Consejo de Estado expidió una Sentencia de Unificación el 28 de julio de 2022 , en el proceso radicado con el No. 201302380-01 (2656-2014), en la cual dispuso que el factor denominado “prima de riesgo ” deb ía tenerse en cuenta como factor salarial para liquidar la pensión de jubilación de los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo en el DAS, cuando les son aplicables los regímenes de transición contenidos en los decretos 2646 de 1994, 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003.

9. 6) Con fundamento en dicha Sentencia, el accionante nuevamente solicitó, ante la UGPP, la reliquidación de su pensión con el fin de que se incluyera la prima de riesgo que indicó que fue devengada entre el 1 de noviembre de 2001 y el 30 de octubre de 2.011 conforme con lo ordenado

solicitó, ante la UGPP, la reliquidación de su pensión con el fin de que se incluyera la prima de riesgo que indicó que fue devengada entre el 1 de noviembre de 2001 y el 30 de octubre de 2.011 conforme con lo ordenado dentro de la referida Sentencia de Unificación.

10. 7) Mediante la Resolución No. RDP 13881 del 30 de mayo de 2023, la UGPP reliquidó la pensión del actor teniendo en cuenta lo devengado por concepto de asignación básica mensual y bonificación por servicios prestados, pero durante los últimos 10 años de servicio. Sin embargo, negó la inclusión de la prima de riesgo en dicha reliquidación . Esa decisión fue confirmada mediante Resolución No. RDP 20018 del 8 de agosto de 2023, proferida por la misma autoridad administrativa.

11. 8) Rafael Humberto Lara Otálora, promovió nuevamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. RDP 13881 y RDP 20018 de 2023 y, en consecuencia, que se le reliquidara su pensión con la inclusión proporcional de la prima de riesgo devengada dentro de sus últimos 10 años de servicio , conforme con lo dispuesto en la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

12. 9) Mediante Sentencia del 3 de abril de 2025 , el Juzgado 7

Administrativo de Bogotá declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada, porque encontró que el actor ya había promovido, en 2014 una demanda de nulidad y restablecimiento contra la UGPP , con el fin de

Administrativo de Bogotá declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada, porque encontró que el actor ya había promovido, en 2014 una demanda de nulidad y restablecimiento contra la UGPP , con el fin de obtener la reliquidación de la misma pensión, también con inclusión de la prima de riesgo, y ese litigio ya había sido decidido de fondo por el Juzgado 20 Administrativo y luego por el Tribunal de Cundinamarca.

13. El Juzgado concluyó que en el nuevo proceso concurrieron identidad de partes, de objeto (de reliquidar la misma pensión incluyendo la prima de riesgo) y de causa petendi (la omisión de ese factor salarial). Indicó que no era válido argumentar un cambio jurisprudencial para que se accediera a las pretensiones de la demanda, más aún, cuando la Sentencia de Unificación referida por la parte actora dispuso la aplicación de efectosRadicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

4 de 10 retrospectivos únicamente en los asuntos pendientes de decisión tanto en sede administrativa como judicial, lo cual no era aplicable al caso en concreto, pues, para la época de emisión de la citada providencia, no se encontraba pendiente de decisión la reclamación del actor.

14. 10) La anterior decisión fue apelada5 por la parte actora y confirmada en segunda instancia por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Sentencia del 20 de agosto de

14. 10) La anterior decisión fue apelada5 por la parte actora y confirmada en segunda instancia por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Sentencia del 20 de agosto de

2025. La autoridad judicial indicó que se había configurado la cosa juzgada toda vez que se encontraba acreditado que el accionante ya había promovido una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la cual había sido conocida bajo el radicado N. 11001-33-35020-2014-00260-00 y en la que, al igual que el proceso de la referencia, solicitó la reliquidación de su pensión con la inclusión del factor denominado “prima de riesgo”, por lo que no resultaba procedente reabrir un debate ya surtido sin que tuviese relevancia el hecho de que la solicitud vers ara sobre una prestación cuyo reconocimiento había sido objeto de variación jurisprudencial, al constituirse el caso del demandante en una situación consolidada, por lo que correspondía confirmar la decisión de primer grado.

15. Como fundamento de la vulneración, del escrito de la tutela, se logra inferir que lo alegado por el demandante fue que las decisiones judiciales cuestionadas se apartan del precedente jurisprudencial respecto del reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial y no se tuvo en cuenta la evolución de dicha jurisprudencia.

16. Afirmó que las sentencias del Juzgado 7 Administrativo de Bogotá y de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negaron su derecho pensional e impidieron su acceso a la administración de justicia para exigir el reconocimiento de sus derechos,

de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negaron su derecho pensional e impidieron su acceso a la administración de justicia para exigir el reconocimiento de sus derechos, Agregó que se vulneró su derecho a la igualdad, al declarar probada la cosa juzgada sin considerar la existencia de un hecho nuevo.

17. Señaló que, con posterioridad a las sentencias que negaron la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en su último año de servicio, se han causado nuevas mesadas pensionales que, a su juicio, no pueden considerarse cobijadas por la cosa j uzgada, máxime tratándose de un derecho pensional que goza ba de especial protección constitucional y de una persona de la tercera edad.

5 Indicó que no se configuraban los elementos de la cosa juzgada. Sostuvo que en el proceso decidido en 2018 por el Tribunal de Cundinamarca no se debatió el régimen pensional aplicable ni se analizó la inclusión de la prima de riesgo, pues la litis se centró en la fo rma de establecer el ingreso base de liquidación con los factores del Decreto 1158 de 1994. Además, argumentó que la nueva Sentencia de Unificación del Consejo de Estado amplió la protección al incluir expresamente a los conductores como beneficiarios de la prima de riesgo, de modo que el cambio jurisprudencial permitía reabrir la discusión. Finalmente, afirmó que la cosa juzgada no p odía utilizarse para desconocer nuevos derechos derivados de esa evolución jurisprudencial en materia de prestaciones

periódicas y que la decisión apelada desconoce el artículo 53 de la Constitución, por lo que debía ser revocada.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

5 de 10 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados6

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca7 contestó la acción de tutela e indicó que no estaban llamadas a prosperar las pretensiones del actor y explicó que en la Sentencia cuestionada la Sala había analizado expresamente el precedente jurisprudencial, en particular la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado del 28 de julio de 2022 No. 2013 -02380-01 (2656 -2014), por lo que el cambio de criterio allí fijado no constituía un hecho nuevo que permitiera reabrir procesos que ya había hecho tránsito a cosa juzgada, ni siquiera tratándose de prestaciones periódicas, pues lo contrario quebrantaría el principio de seguridad jurídica.

19. Indicó que se verificó la identidad de partes, objeto y causa entre el proceso 11001-33-35-007-2024-00053-01 y el radicado 11001 -33-35-020-201400260-01, en el cual ya se había debatido y decidido la reliquidación de la pensión del actor con inclusión de la prima de riesgo, de modo que la nueva demanda y la tutela solo pretendían reabrir una controversia ya zanjada. En

00260-01, en el cual ya se había debatido y decidido la reliquidación de la pensión del actor con inclusión de la prima de riesgo, de modo que la nueva demanda y la tutela solo pretendían reabrir una controversia ya zanjada. En esa medida, afirmó que no hubo desconocimiento del precedente , ni violación directa de la Constitución, y que las decisiones cuestionadas fueron proferidas dentro del marco de la autonomía judicial, con observancia del debido proceso y de la jurisprudencia sobre cosa juzgada.

20. El Juzgado 7 Administrativo de Bogotá8 indicó que las decisiones y actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001 -33-35-007-2024-00053-00 se habían ajustado a los preceptos constitucionales y legales, ya que fueron adoptadas conforme con el estudio fáctico, jurídico y probatorio que realizó el despacho, en el marco del cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada, se concedió el recurso de apelación y se acataron las determinaciones del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

21. Sostuvo que no podía endilgarse al juzgado conducta alguna que afectara o vulnerara los derechos fundamentales invocados por el actor, máxime cuando en el asunto se habían agotado las instancias ordinarias y la decisión había sido confirmada por el superio r, de manera que no se configuraba causal alguna que habilitara el amparo constitucional .

22. La Unidad Administrativa Especial de gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP9, a través de

configuraba causal alguna que habilitara el amparo constitucional .

22. La Unidad Administrativa Especial de gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP9, a través de

6 Mediante Auto de 9 de octubre de 2025, el despacho ponente resolvió: (1) admitir la solicitud de amparo; (2) tener como accionados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado 7 Administrativo de Bogotá y; (3) vincular la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPPcomo terceros con interés en el proceso. 7 Índice 13 de SAMAI 8 Índice 9 y 12 de SAMAI. 9 Índice 12, 13 y 14 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

6 de 10 memorial presentado por la Subdirectora de Defensa Judicial Pensional 10, contestó la acción de tutela en la que solicitó la desvinculación de la entidad y que se declarara la improcedencia bajo el argumento de que la acción de tutela no era la vía idónea para reclamar prestaciones de carácter laboral ni para cuestionar decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, máxime cuando ya existía un pronunciamiento judicial sobre el asunto.

23. Así mismo, la sociedad Arellano Jaramillo & Abogados SAS , como

carácter laboral ni para cuestionar decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, máxime cuando ya existía un pronunciamiento judicial sobre el asunto.

23. Así mismo, la sociedad Arellano Jaramillo & Abogados SAS , como apoderada general de la UGPP11, allegó escrito de contestación de la acción de tutela y solicitó declarar su improcedencia y negar el amparo, al considerar que el actor pretendió reabrir, por vía de tutela un litigio ya resuelto por el juez natural y convertir este mecanismo en una instancia adicional. Sostuvo que las providencias cuestionadas aplicaron correctamente la normativa y la jurisprude ncia sobre cosa juzgada y prima de riesgo y que, en consecuencia, la decisión adoptada por los despachos demandados fue acertada y ajustada al ordenamiento legal, sin que se hubiera configurado defecto material o sustantivo alguno.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1 Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Solicitud de desvinculación

24. En relación con la solicitud de desvinculación de la UGPP, la Sala la negará porque su vinculación en la presente acción se hizo en calidad de tercero, dado el interés que le podía llegar a asistir por haber sido demandado en el proceso ordinario.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala declara improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

demandado en el proceso ordinario.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala declara improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

26. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional) encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesida d de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.

En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido

10 KAREN HOLLY CASTRO CASTRO, en calidad de Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, como consta en la Resolución 0754 del 7 de julio de 2025 y en la Resolución No. 018 de 12 de enero de 2021. 11 según consta en Escritura Pública No. 1754 del 25 de agosto de 2025 otorgada por la Notaría Cincuenta y Cinco (55) del Círculo Notarial de BogotáRadicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 10 identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a

Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 10 identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional12.

27. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accio nante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto 13; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario14 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad15.

28. La Corte Constitucional, en Sentencia SU -295 de 2023 16, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

29. Bajo este entendido, la Sala advierte que es claro que los fundamentos y pretensiones se dirigen, de manera exclusiva, a discutir argumentos que fueron debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el No.

fundamentos y pretensiones se dirigen, de manera exclusiva, a discutir argumentos que fueron debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el No. 2024-00053-00/01, ya que la parte actora reiteró en esta acción los mismos fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron sus pretensiones en dicho proceso, relacionados con la no configuración de los supuestos que dan lugar a la cosa juzgada y la aplicación de la Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado Rad. No. 2013-02380-01 (2656-2014), al caso concreto.

30. Dichos argumentos fueron expuestos en el recurso de apelación que el señor Lara Otálora formuló contra la Sentencia de 3 de abril de 2025 del

Juzgado 7 Administrativo de Bogotá17 y, a su vez, estos fueron analizados y

12 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 13 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundam entales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es men os cierto que el actor tiene la carga de

providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es men os cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.” 14 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.” 15 Ídem. “ La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.” 16 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024. 17 Índice 37 de SAMAI en el expediente de esta tutela en primera instanciaRadicación: 11001-03-15-000-2025-06317-00

Demandante: Rafael Humberto Lara Otálora Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

8 de 10 resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los siguientes términos (se trascribe):

“La Sala considera que en el presente asunto se configuró el fenómeno de cosa

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8 de 10 resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los siguientes términos (se trascribe):

“La Sala considera que en el presente asunto se configuró el fenómeno de cosa juzgada toda vez que se encuentra acreditado que el accionante ya había promovido demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la cual fue conocida bajo el radica do N. 11001 -33-35-020-2014-00260-00 y en la que, al igual que el proceso de la referencia, solicitó la reliquidación de sus asignación pensional con la inclusión del emolumento denominado “prima de riesgo” , por lo que no resulta procedente reabrir un deb ate ya surtido, sin que tenga relevancia el hecho de que la solicitud verse sobre una prestación cuyo reconocimiento fue objeto de variación jurisprudencial, al constituirse la caso del demandante en una situació n consolidada por virtud del fallo de 2018 proferida por este Tribunal, por lo que corresponde confirmar la decisión de primer grado.

(…)Así las cosas, es claro para la Sala que aun tratándose de asuntos en los que se controvierten prestaciones periódicas, atendiendo a la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ni siquiera los casos de cambios jurisprudenciales permiten reabrir un debate ya surtido en una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada, pues ello daría lu gar a quebrantar el principio de seguridad jurídica.(…)

(…) La Sala procede a valorar si en el presente asunto se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, así:

• Identidad de partes: se advierte que tanto el expediente 11001-33-35-020-2014jurídica.(…)

(…) La Sala procede a valorar si en el presente asunto se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, así:

• Identidad de partes: se advierte que tanto el expediente 11001-33-35-020-201400260-00 conocido por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá como el proceso de la referencia, fueron promovidos por el señor Rafael Humberto Lara Otálora, mie ntras que la parte demandada corresponde a la

UGPP.

• Identidad de objeto: la Sala compara el alcance de lo pretendido dentro de los procesos en mención, así (…)

Al respecto, se tiene que, aunque los actos administrativos acusados son distintos en cada controversia es claro que los procesos guardan identidad de objeto, toda vez que lo pretendido por el accionante en ambos casos es la reliquidación de su asignación pensional, teniendo en cuenta entre otras cosas, el emolumento denominado “prima de riesgo”.

Por tanto, la Sala concluye que el objeto pretendido en la presente oportunidad ya fue materia de pronunciamiento judicial dentro del expediente Rad. 1100133-35-020-2014-00260-00, adelantado en primera instancia ante el Juzgado Veinte Administrativo del C ircuito de Bogotá que en principio accedió a las pretensiones de la demanda. Decisión que a su vez fue revocada por el Tribunal administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en sentencia del 14 de febrero de 2018, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: (…)

(…) En ese sentido, no le es dable al accionante requerir otro pronunciamiento

sentencia del 14 de febrero de 2018, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: (…)

(…) En ese sentido, no le es dable al acci