CE - Sentencia 11001031500020250634300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y Juzgado

Tercero Administrativo de San Gil Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia . Relevancia constitucional. Inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez en contra del Tribunal Administrativo de Santander y del Juzgado Tercero Administrativo de San Gil.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez, en nombre propio, presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil con ocasión de los autos dictados el 2 y 29 de junio, el 31 de agosto y el 10 de octubre de 2023, así como por el Tribunal

el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil con ocasión de los autos dictados el 2 y 29 de junio, el 31 de agosto y el 10 de octubre de 2023, así como por el Tribunal Administrativo de Santander con el proveído el 9 de abril de 2025. Esto, en el marco del proceso de reparación directa identificado con el radicado número 68679-33-33003-2022-00005-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. Mediante auto del 20 de enero de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil admitió la demanda de reparación directa promovida por María Paula

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico : https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=68679333300320220000501680 0123.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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Santamaría Traslaviña y Saul Díaz Pardo2 en contra de la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri y la E.S.E. Hospital Regional de Vélez.

2.2. En el marco de dicho trámite , con auto del 10 de mayo de 2022 se admitió el llamamiento en garantía que formuló el Hospital Regional de Vélez en contra de la Asociación de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Ambiental, en adelante Darsalud AT

2.3. A su vez, Darsalud AT presentó escrito de llamamiento en garantía en contra

Asociación de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Ambiental, en adelante Darsalud AT

2.3. A su vez, Darsalud AT presentó escrito de llamamiento en garantía en contra de Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez, que fue admitido el 14 de septiembre de

2022. Sin embargo, la notificación de la decisión se envió el 10 de octubre de 2022 al correo mse18@gmail.com que no pertenecía a la llamada , lo que derivó en una indebida notificación conforme al artículo 199 del CPACA.

2.4. Tras advertir la irregularidad, la aquí accionante constituyó apoderado, quien el 30 de marzo de 2023 presentó solicitud de nulidad por indebida notificación, la cual fue resuelta favorablemente mediante auto del 2 de junio de 2023 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil. En tal sentido se declaró la nulidad de la notificación de la accionante. No obstante, el juzgado se abstuvo de ordenar una nueva notificación, sino que tuvo a la aquí accionante como notificada por conducta concluyente bajo el inciso segundo del artículo 301 del CGP, pese a que, a juicio de la actora, su situación particular se regía por el inciso tercero de dicha norma.

2.5. El 7 de junio de 2023 la accionante solicitó aclaración del auto del 2 de junio de 2023 y pidió acceso al expediente . No obstante, afirmó que el enlace web solo fue remitido ese mismo día.

A través de auto del 29 de junio de 2023 el despacho resolvió desfavorablemente la petición y mantuvo la notificación por conducta concluyente.

remitido ese mismo día.

A través de auto del 29 de junio de 2023 el despacho resolvió desfavorablemente la petición y mantuvo la notificación por conducta concluyente.

2.6. El 31 de agosto de 2023 el juzgado dictó auto en el que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la tutelante en contra del auto del 2 de junio de 2023, en el sentido de rechazarlo por improcedente.

2.7. Asimismo, e l 28 de junio de 2023 la accionante presentó la contestación al llamamiento en garantía a su vez propuso un nuevo llamamiento. No obstante, el Juzgado accionado, mediante auto del 10 de octubre de 2023 estableció que dichas actuaciones fueron extemporáneas.

2.8. Inconforme con dicha decisión, la actora interpuso reposición y en subsidio apelación para lo cual alegó que la nulidad producía efectos favorables y que debía reconocerse la oportunidad de las contestaciones. Con auto del 14 de diciembre de 2023 el juzgado negó la reposición y rechazó por improcedente la apelación.

2 Quien actuó en nombre propio en y en representación de la menor LVDS.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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2.9. El 15 de diciembre de 2023 la accionante presentó reposición y en subsidio queja para controvertir el rechazo del recurso de apelación. Para ello, invocó , jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3 que admite la

queja para controvertir el rechazo del recurso de apelación. Para ello, invocó , jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3 que admite la apelación contra el auto que rechaza la contestación de la demanda mediante integración del artículo 243 del CPACA con el artículo 321 del CGP.

2.10. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil dictó auto el 15 de febrero de 2024, a través del cual negó la reposición y concedió la queja.

2.11. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Santander, en decisión del 9 de abril de 2025, estimó bien denegado el recurso de apelación.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“Primero-: Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales fueron vulnerados por el Juzgado 3 Administrativo de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del proceso de reparación directa tramitado bajo el radicado No. 68679333300320220000500/01. Dicha vulneración se produjo al rechazarse, por considerarlas erróneamente extemporáneas, mis contestaciones a la demanda y al llamamiento en garantía formulado en mi contra por Darsalud A.T., y al no darle trámite a mi solicitud de llamamiento en garantía, con fundamento en una aplicación inadecuada del artículo 301 del C.G.P. Esta decisión, pese a ser apelable conforme a lo señalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, no fue estudiada de fondo por el Tribunal Administrativo de Santander, corporación que, aplicándome

inadecuada del artículo 301 del C.G.P. Esta decisión, pese a ser apelable conforme a lo señalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, no fue estudiada de fondo por el Tribunal Administrativo de Santander, corporación que, aplicándome un trato desigual, omitió resolver de fondo la situación a pesar de ser competente para hacerlo.

Segundo-: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente lo siguiente:

1. Se corrija lo resuelto por el Juzgado 3 Administrativo de San Gil mediante autos del 2 de junio de 2023 y del 29 de junio de 2023, en lo relacionado con la decisión de considerarme notificada por conducta concluyente bajo la hipótesis del inciso segundo del artículo 301 del C.G.P. y no conforme al inciso tercero de la misma disposición. Ello, por cuanto en este caso se decretó la nulidad por indebida notificación, situación en la cual la norma especial del inciso tercero del artículo 301 del C.G.P. dispo ne que la notificación debe entenderse surtida por conducta concluyente el día en que se solicitó la nulidad, pero que el término de traslado solo comienza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria del auto que la decreta.

2. En consecuencia, se dejen sin valor ni efecto los autos del 10 de octubre de 2023 y del 31 de agosto de 2023 –este último, adicionado mediante el primero–, en cuanto tuvieron por extemporáneas mis contestaciones a la demanda principal y al llamamiento en garantía formulado por Darsalud A.T.; y, en su lugar:

2.1. Se tengan como presentadas oportunamente el 28 de junio de 2023, fecha en

tuvieron por extemporáneas mis contestaciones a la demanda principal y al llamamiento en garantía formulado por Darsalud A.T.; y, en su lugar:

2.1. Se tengan como presentadas oportunamente el 28 de junio de 2023, fecha en la cual me encontraba en el día quince (15) contado a partir de la notificación por estado del auto que declaró a mi favor la nulidad por indebida notificación, y se les imparta el trámite correspondiente. 2.2. Así mismo, se efectúe el estudio de admisión de la solicitud de llamamiento en garantía presentada por mi apoderado respecto de los profesionales de la salud Wilmer Fabián Rangel Carvajal, Nidia Yaneth Orjuela Leguizamón y Katherine Sepúlveda Santodomingo.

3 Providencia del 21 de septiembre de 2023 dictada en el marco del proceso identificado con en el número interno 70213.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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Lo anterior, por cuanto en este caso se decretó la nulidad por indebida notificación, razón por la cual resulta aplicable la norma especial del inciso tercero del artículo 301 del C.G.P., y no el inciso segundo, como erróneamente consideró el juzgado accionado.

3. En defecto de lo anterior, solicito se deje sin valor ni efecto lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 9 de abril de 2025, notificado por estado el 11 de abril del mismo año, en el cual se estimó bien denegado el recurso de apelación interpuesto por mi apoderado contra el auto del

Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 9 de abril de 2025, notificado por estado el 11 de abril del mismo año, en el cual se estimó bien denegado el recurso de apelación interpuesto por mi apoderado contra el auto del 10 de octubre de 2023 proferido por el Juzgado 3 Administrativo de San Gil, que consideró extemporáneas mis contestaciones a la demanda y al llamamiento en garantía y, en su lugar, se le dé tr ámite y se resuelva de fondo dicho recurso de apelación.

Lo anterior en consideración a que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 21 de septiembre del 2023, exp. 44 -001-23-40-000-2021-00072-01 (70213), C.P. María Adriana Marín, concluyó que luego de la modificación de la Ley 2080 del 2021 no se restringió la posibilidad de integrar el artículo 243 del C.P.A.C.A. con normas complementarias, como el artículo 321 del C.G.P. Por consiguiente, tratándose del rechazo de la contestación de la demanda –como ocurrió en mi caso, al considerarse erróneamente extemporáneas–, y para evitar un trato desigual entre las partes demandante y demandada, resulta procedente integrar el numeral 1 del artículo 243 del C.P.A.C.A. con el numeral 1 del artículo 321 del C.G.P., a fin de llenar el vacío normativo de la primera disposición y concluir que, en la jurisdicción contenciosa administrativa, también procede la apelación contra el auto que rechaza la contestación de la demanda, tal como sucede en la jurisdicción ordinaria”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela , la accionante planteó los siguientes argumentos:

contra el auto que rechaza la contestación de la demanda, tal como sucede en la jurisdicción ordinaria”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela , la accionante planteó los siguientes argumentos:

3.2.1. En relación con las actuaciones del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil, indicó que se aplicó incorrectamente el artículo 301 del C.G.P, pues pese a que se decretó la nulidad por indebida notificación mediante auto del 2 de junio de 2023 se desconoció que el término debía contarse desde la ejecutoria de dicha decisión, conforme al inciso tercero de la norma.

En punto de lo anterior , la actora considera la existencia de un defecto procedimental absoluto atribuible a dicho despacho, en tanto avaló la notificación por conducta concluyente con fundamento en el inciso segundo del artículo 301 del C.G.P., y no conforme al inciso tercero de la misma disposición, pese a que accedió a declarar la nulidad por indebida notificación.

Lo anterior condujo a que el despacho accionado rechazara las contestaciones presentadas por la accionante frente a la demanda y al llamamiento en garantía formulado por Darsalud AT, pese a haber sido radicadas oportunamente y a haber solicitado sus propios llamamientos en garantía en forma adecuada. Al considerar extemporáneas dichas actuaciones, el juzgado incidió de manera directa en su derecho de defensa dentro del proceso.

Sostuvo que, aunque el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil reconoció personería a su apoderado mediante auto del 27 de abril de 2023, en ese momento aún no se había resuelto la solicitud de nulidad, pues únicamente se había

Sostuvo que, aunque el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil reconoció personería a su apoderado mediante auto del 27 de abril de 2023, en ese momento aún no se había resuelto la solicitud de nulidad, pues únicamente se había ordenado correr traslado a las demás partes. En consecuencia, continuaba vigenteRadicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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la notificación cuya validez se encontraba en debate, circunstancia que generaba incertidumbre sobre la eventual declaratoria de la nulidad.

Por ello, a su juicio, no era jurídicamente viable iniciar el cómputo de términos ni presentar contestación, llamamientos, solicitudes probatorias o vinculaciones adicionales en esa etapa procesal.

En línea con lo expuesto, considera que , tras declararse la nulidad por indebida notificación mediante auto del 2 de junio de 2023, todo lo actuado desde la notificación irregular del llamamiento en garantía quedó invalidado y debía rehacerse conforme al inciso tercero del artículo 301 del C.G.P., que fija el inicio de los términos desde la ejecutoria del auto que decreta la nulidad. Sin embargo, el juzgado aplicó indebidamente el inciso segundo de esa norma y afirmó que la notificación se surtió por conducta concluyente en contravía el régimen especial previsto para estos eventos. Esta decisión alteró sin justificación los efectos procesales de la nulidad y modificó de manera arbitraria el cómputo de los términos, afectando el ejercicio del derecho de defensa.

De igual forma, precisó que en el marco del proceso ordinario quedó acreditado que

procesales de la nulidad y modificó de manera arbitraria el cómputo de los términos, afectando el ejercicio del derecho de defensa.

De igual forma, precisó que en el marco del proceso ordinario quedó acreditado que el cómputo del término de traslado para contestar el llamamiento en garantía no podía iniciarse desde la notificación del auto que reconoció personería al apoderado, pues el legislador estableció una regla específica para las nulidades por indebida notificación en el inciso tercero del artículo 301 del C.G.P. Por ende, afirmó que e l juzgado se apartó de esa disposición sin justificación y aplicó el inciso segundo, que no resultaba pertinente.

3.2.2. Respecto del Tribunal Administrativo de Santander, señaló que al estimar bien denegado el recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 10 de octubre de 2023 mediante el cual el juzgado tuvo por extemporánea la contestación al llamamiento en garantía, se apartó del auto del 21 de septiembre de 20234 dictado por la Sección Tercera del Consejo Estado, en el que se concluyó que i) la decisión que rechaza la contestación a la demanda es susceptible de ser recurrida a través del referido recurso y; ii) la extemporaneidad de la contestación equivale al rechazo.

4. Trámite de tutela e intervenciones.

4.1. Mediante auto del 10 de octubre de 2025 5 se admitió la acción de tutela . Asimismo, se ordenó vincular como terceros con interés a las siguientes personas que intervinieron en el proceso de reparación directa: i) los demandantes, Mar ía

Asimismo, se ordenó vincular como terceros con interés a las siguientes personas que intervinieron en el proceso de reparación directa: i) los demandantes, Mar ía Paula Santamaría Traslaviña y Saúl Díaz Pardo; ii) los demandados, la ESE Hospital Integrado de Landázuri y la Ese Hospital Regional de Vélez; iii) los llamados en garantía, ASPMÉDICA AP, la Asociación de Trabajadores del Sistema General de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Ambiental – DARSALUD AT,

4 Radicado 44-001-23-40-000-2021-00072-01 (70213) Consejera Ponente María Adriana Marín 5 Índice 00005 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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La Previsora S.A., Seguros del Estado S.A., Katerine Sepúlveda Santodomingo, Wilmer Fabián Rangel Carvajal y Nidia Yabeth Orjuela Leguizamón

4.2. Wilmer Fabián Rangel Carvajal 6 manifestó su apoyo a la prosperidad de las pretensiones de la accionante, al considerar que las decisiones judiciales se apartaron del debido proceso y que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil incurrió en defecto procedimental por aplicación errónea del artículo 301 del Código General del Proceso.

4.3. El Tribunal Administrativo de Santander 7 remitió el enlace web del proceso ordinario y solicitó negar el amparo deprecado. Para ello, indicó que la decisión cuestionada se fundamentó en lo reglado en el artículo 243 del CPACA y que la

4.3. El Tribunal Administrativo de Santander 7 remitió el enlace web del proceso ordinario y solicitó negar el amparo deprecado. Para ello, indicó que la decisión cuestionada se fundamentó en lo reglado en el artículo 243 del CPACA y que la interpretación que propone la parte accionante no es constitucionalmente admisible.

4.4. Nidia Yaneth Orjuela Leguizamón y Katherine Sepúlveda Santodomingo 8 señalaron que del análisis del auto que declaró la nulidad y de la providencia que tuvo por no contestada la demanda se observa que el juzgado accionado aplicó de manera errada la regla especial del artículo 301 del Código General del Proceso, pues, a su juicio, confundió actuaciones previas con el punto de partida para computar el término de traslado en casos de indebida notificación.

Agregaron que dicha equ ivocación generó una indebida declaración de extemporaneidad y restringió el derecho de defensa de la accionante. En tal sentido, consideraron que las pretensiones de la acción están llamadas a prosperar.

4.5. La Previsora S.A. Compañía de Seguros 9 puso de presente que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos que habilitan el uso del mecanismo para cuestionar decisiones judiciales. Asegur ó que el asunto no revist e la relevancia suficiente que se amerite la intervención del juez constitucional.

4.6. La ESE Hospital Regional de Vélez10 manifestó que “no hace oposición alguna y se sujeta a lo que resuelva el juez constitucional”.

4.7. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil y los demás vinculados guardaron silencio en esta etapa.

y se sujeta a lo que resuelva el juez constitucional”.

4.7. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil y los demás vinculados guardaron silencio en esta etapa.

6 Índice 00009 del aplicativo SAMAI , certificado F9905F04259F61DE 87E0863404FB1C05 4A01F42CD6328825 48912B6C94465C97. Reiterado en el índice 00013. 7 Índice 000 10 del aplicativo SAMAI , certificado CD48AA60F79BC4CE 0043B5B181244663 D4842D5059F3499D 17FA0A15580B1E87. 8 Índice 000 12 del aplicativo SAMAI , certificado 4F30EAAD28F1CAD7 5BE9C6ABC9D30DA6 DB8132395062AC3A 40FD5321A0A0B840. 9 Índice 0001 6 del aplicativo SAMAI , certificado 608C2B46961B07F3 7DB47A4BA138D672 D817D09324D7A8A7 C03331F1F8B86BF1. 10 Índice 0001 7 del aplicativo SAMAI , certificado F4AB71380ABDD2ED 4AEE3C1DF9A5C4B6 74EAD235C41A4028 E3E32C9E2BCF6923.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez al ser titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que fue vinculada en calidad de llamada en garantía en el trámite del medio de control de reparación directa adelantado bajo el radicado número 68679-33-33-003-2022-00005-00/01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil y del Tribunal Administrativo de Santander, por cuanto actuaron como juez de primera y de segunda instancia, respectivamente, dentro del proceso mencionado y son sus decisiones a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar

argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 2005 11 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Inmediatez

cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 15, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios

12 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales esp ecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisi ón que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación

g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 15 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar q ue la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales

afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T - 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06343-00

Accionante: Jenniffer Tatiana Gutiérrez Martínez

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que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 16, al punto que la Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses17.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes variables de análisis, las cuales habi