CE - Sentencia 11001031500020250636000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06360-00

Accionante: Olivo Bernardo Mejía Mejía Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela 1 presentada por Olivo Bernardo Mejía Mejía , a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 8 de octubre de 2025 2 la parte actora interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de su s derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, debido a que, mediante sentencia de segunda instancia del 19 de agosto de 2025, revocó la providencia del 22 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 680013333002-2019-00235-00/01.

parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 680013333002-2019-00235-00/01.

2. Hechos

2.1. El actor manifiesta que se inscribió a la convocatoria 436 de 2017 para la provisión en carrera administrativa de los cargos ofertados por el Servicio Nacional de Aprendizaje , específicamente a l empleo denominado instructor, código 3010,

1 Índice 2 de SAMAI, certificado 237FEC2D01C72D34 0648649D04604ADC 2CAB9F71C8A9B309 A123CE1AD0AE7D58. 2 Índice 3 de SAMAI, certificado D3FA0BBD3AF078DA 2B82713AB473348C C00A456ECD8DA4FE 7A743D4C4ACCAC35.2

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grado I (instructor de joyería) , sin embargo, ocupó el s egundo lugar en la lista de elegibles.

2.2. A raíz de ello, el señor Mejía Mejía presentó demanda 3 contra la Comisión Nacional del Servicio Civil , el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad de Medellín , con el fin de que se declarara la nulidad de la s Resoluciones 20182120192975 del 24 de diciembre de 2018 y 680096 del 29 de

Universidad de Medellín , con el fin de que se declarara la nulidad de la s Resoluciones 20182120192975 del 24 de diciembre de 2018 y 680096 del 29 de enero de 2019 , y de l a respuesta a la reclamación sobre la prueba técnico pedagógica y su respectiva evaluación de la Convocatoria 436 de 2017.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras cosas i) realizar una nueva prueba técnico pedagógica a los concursantes habilitados en la OPEC 61013, garantizando el derecho de contradicción y de def ensa mediante la grabación en video, en condiciones de una prueba de ejecución, esto es, con un ambiente de aprendizaje, con los elementos, herramientas e insumos necesarios para ejecutar la prueba; ii) nombrarlo en período de prueba en el empleo de instructor de joyería, código 3010, grado 1, identificado con la OPEC 61013 en la dependencia del Centro Industrial del Diseño y la manufactura del municipio de Floridablanca, Regional Santander del SENA o a otro de similar o igual categoría ; y iii) pagarle los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el 2 de abril de 2019, los perjuicios c ausados por daño a la vida en relación y morales en el equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes.

2.3. El Juzgado T ercero Administrativo Oral de Bucaramanga por medio de sentencia del 22 de noviembre de 2024,4 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró la nulidad de las Resoluciones 20182120192975 de 2018 y 680096 de 201 9, y a título de restablecimiento del

de la demanda. En ese sentido, declaró la nulidad de las Resoluciones 20182120192975 de 2018 y 680096 de 201 9, y a título de restablecimiento del derecho condenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad de

Medellín a lo siguiente:

“[…] en el marco de la Convocatoria 436 de 2017 – SENA REHAGAN la fase de aplicación de la Prueba Técnico -Pedagógica a los aspirantes al cargo de Instructor de Joyería Código 3010, Grado 1 identificado con la OPEC 61013 que de acuerdo con los resultados obtenidos les asista el derecho de aplicar la referida Prueba, garantizándoles que la evaluación —especialmente del componente técnico de la prueba— se desarrolle

3 Archivos denominados “1_Expediente digital_01 Demanda [...]” y “13_Expediente Digital [...]”, carpeta “Cuaderno principal primera instancia” visible a índice 12 de SAMAI, certificado AC010E6D3F85814B A54EF9DBE982A186 F4277106F4BB94DD 169C84041CBFB4BD. 4 Archivo denominado “ 158 Sentencia de pr [...]”, carpeta “Cuaderno principal” visible a índice 1 2 de SAMAI, certificado

AC010E6D3F85814B A54EF9DBE982A186 F4277106F4BB94DD 169C84041CBFB4BD.3

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mediante una sesión de formación en donde se observará el desempeño del evaluado

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mediante una sesión de formación en donde se observará el desempeño del evaluado incluyendo el m anejo de herramientas, materiales, insumos y demás elementos relacionados con la especialidad del cargo, y cumpliendo los demás parámetros de la prueba fijados en las normas que rigen ese proceso de selección. Una vez realizada la nueva calificación, se co ntinuará respecto a la mencionada OPEC con las etapas del concurso subsiguientes previstas en el Acuerdo de convocatoria No. 436 de 2017SENA. […]”5

2.4. Mediante providencia del 19 de marzo de 20256, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de segunda instancia en la que revocó la decisión apelada para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad accionada desconoció que los actos administrativos demandados se encontraban incursos en la causal de nulidad de infracción de las normas en que debían fundarse, comoquiera que se requería demostrar las habilidades técnicas (prueba de ejecución) de los concursantes que llegaron hasta dicha etapa, en el marco del concurso de méritos mediante el cual se ofertó el empleo de instructor de joyería, código 3010, grado 1, identificado con la OPEC 61013 de la Convocatoria 436 de 2017 – SENA.

3.2. El Tribunal Administrativo de Santander no tuvo en cuenta la necesidad de haber grabado la prueba técnico pedagógica. En su concepto, el tribunal debió

436 de 2017 – SENA.

3.2. El Tribunal Administrativo de Santander no tuvo en cuenta la necesidad de haber grabado la prueba técnico pedagógica. En su concepto, el tribunal debió confirmar la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar realizar la prueba técnico pedagógica para observar el desempeño técnico y manual de todos los concursantes a través de la grabación de su ejecución, sin embargo, aquella no se realizó pese a que sí se estableció dentro del procedimiento y reglas del concurso de méritos. Erró el tribunal al sostener qu e una clase formal , sin demostrar las habilidades técnicas, era suficiente para ser competente como instructor de joyería.

3.3. El Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto fáctico al no decretar de oficio la prueba de las grabaciones de la s sesiones de la prueba técnico pedagógica, con lo cual podría haber llegado a la verdad procesal.

5 Archivo denominado “158 Sentencia de pr [...]”,de la carpeta “Cuaderno principal” visible a índice 12 de SAMAI, certificado AC010E6D3F85814B A54EF9DBE982A186 F4277106F4BB94DD 169C84041CBFB4B. 6 Índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander , certificado 952D41FEEFB18D7F 07D1DD7455CC487C 599F516684C9178C D2BCDE64DD74CD34, radicado 68001333300220190023501.4

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Asimismo, señala que el tribunal no valoró la totalidad de indicios que indicaban de manera clara y contundente la inexistencia de la aplicación de la parte práctica de la prueba técnico pedagógica a los concursantes, pues conforme a las reglas de la convocatoria debían grabarse las sesiones. En ese sentido, en su concepto, la no grabación de dicha parte práctica acarreó su inexistencia.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“TUTELAR; los derechos fundamentales al Debido Proceso Judicial, al de Acceso a la Administración de Justicia, y la vulneración de los principios Constitucionales denominados: Lealtad procesal y, confianza legítima y los que el despacho considere

DEJAR, sin efectos la Sentencia del diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025) proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER mediante la cual REVOCA la sentencia declarada el 22 de noviembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga por defecto factico y violación directa de la Constitución por indebida valoración probatoria, a fin de que se proteja el acceso a la Justicia de OLIVO BERNARDO MEJIA MEJIA.

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER, que dicte una decisión de reemplazo, en la cual tenga en cuenta las pruebas aportadas junto a los

acceso a la Justicia de OLIVO BERNARDO MEJIA MEJIA.

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER, que dicte una decisión de reemplazo, en la cual tenga en cuenta las pruebas aportadas junto a los indicios y el precedente en la materia, tal como lo hizo el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga.”7 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 14 de octubre de 202 58 el despacho ponente admitió la acción de tutela, vinculó al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a la Universidad de Medellín, a la Universidad de Pamplona, a Denis Senith Cabrera Anaya y a las personas que integran la lista de elegibles del cargo denominado instructor de joyería, código 3010, grado 1, identificado con la OPEC 61013 del SENA, contenida en la Resolución CNSC – 20182120192975 del 24 de diciembre de

2018. También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

7 Índice 2 de SAMAI, certificado 237FEC2D01C72D34 0648649D04604ADC 2CAB9F71C8A9B309 A123CE1AD0AE7D58, folios 1 y 2. 8 Índice 5 de SAMAI, certificado 18F9F0972849B6D6 04D645E75A8CB7D6 C45017078512C776 3F74918F9E4ECFC5.5

folios 1 y 2. 8 Índice 5 de SAMAI, certificado 18F9F0972849B6D6 04D645E75A8CB7D6 C45017078512C776 3F74918F9E4ECFC5.5

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5.2. El Servicio Nacional de Apre ndizaje (SENA)9 afirmó que el accionante no demostró la configuración de un perjuicio irremediable, aunado al hecho de qu e dicha entidad no realizó actuación alguna referente a la realización y calificación de la prueba de ejecución, pues fue competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del operador que designó para realizar esta tarea. Finalmente, sostuvo que el Tribunal Adminis trativo de Santander respetó las garantías procesales del demandante y profirió la sentencia conforme a la normatividad aplicable al caso concreto y teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente.

5.3. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de B ucaramanga10 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Santander.

5.4. La Universidad de Medellín11 señaló que ni en la Convocatoria 436 de 2017 del SENA, el contrato 119 de 2018 suscrito entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medellín, ni en la Licitación Pública CNSC-LP-003 de 2018, existió

SENA, el contrato 119 de 2018 suscrito entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medellín, ni en la Licitación Pública CNSC-LP-003 de 2018, existió obligación alguna de grabar las sesiones de la prueba técnico pedagógica aplicada a los aspirantes a los cargos de nivel instructor de la Convocatoria 436 de 2017. Agregó que la CNSC mediante el oficio de respuesta a reclamaciones del 17 de mayo de 2018 y su respectiva modificación al anexo técnico 1 – Especificaciones y Requerimientos Técnicos, suprimió la obligación de grabar las pruebas, sustituyéndola por la instrucción de levantar actas o formatos de sesión por cada aspirante, debidamente firmadas por los jueces evaluadores.

Insistió en que las actuaciones administrativas y contractuales adelantadas en el marco de la Convocatoria 436 de 2017 se ajustaron plenamente al ordenamiento jurídico, a las disposiciones del Acuerdo 201710000001 16 del 24 de julio de 2017 expedido por la CNSC y a las instrucciones impartidas por dicha entidad durante la ejecución del contrato de prestación de servicios 119 de 2018.

Finalmente, afirmó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasi va de dicha entidad.

9 Índices 10 y 11 de SAMAI, certificado 119ED91E4796CB0D 48B1413B6671498D 8B98FACF7418DBC2 60201503125E42FB. 10 Índice 12 de SAMAI, certificado FCBBC6231A418882 23FE59C3DA9ECC76 C33AF1E4FA88F83C CE176E1D21170530.

60201503125E42FB. 10 Índice 12 de SAMAI, certificado FCBBC6231A418882 23FE59C3DA9ECC76 C33AF1E4FA88F83C CE176E1D21170530. 11 Índices 13, 18 y 19 de SAMAI, certificado EAE28ABD512E46CA 48A8ED3441D0FF40 6D9B9D1D18AB347D

AFF14AA7092F331F.6

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5.5. Denis Senith Cabrera Anaya12 afirmó que la decisión del Tribunal Administrativo de Santander fue producto de una valoración razonada, ajustada a la legalidad y respetuosa de la autonomía judicial, sin que se evidencie vulneració n alguna de la Constitución ni de los derechos fundamentales alegados. Invocar la acción de tutela para desconocer o suspender los efectos de la lista de elegibles implica subvertir el orden de mérito y vulnerar la igualdad de oportunidades de quienes confiaron legítimamente en la validez del proceso.

Finalmente, advierte que el actor no acreditó un perjuicio irremediable ni la configuración de los defectos fáctico, sustantivo o procedimental en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional.

5.6. La CNSC13 aseveró que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad. En todo caso, afirmó que las presuntas inconsistencias e

establecidos por la jurisprudencia constitucional.

5.6. La CNSC13 aseveró que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad. En todo caso, afirmó que las presuntas inconsistencias e irregularidades del accionante carecen de sustento f áctico y jurídico, ya que la prueba técnico pedagógica fue realizada a la luz de las reglas y condiciones establecidas en el acuerdo de convocatoria, las cuales fueron aceptadas por el accionante al momento de la inscripción en el concurso de méritos.

Por su parte, dijo que para el empleo 61013, para el cual se presentó el actor, se expidió el 24 de diciembre de 2018 la lista de elegibles por medio de Resolución CNSC – 20182120192975, publicada el 4 de enero de 2019 y adquirió firmeza el día 15 de enero siguiente, en la cual el accionante figura en la segunda posición, con un puntaje de 82.85 puntos . Así, u na vez en firme una lista de elegibles, esta es inmodificable y surge para los concursantes que ocupan un lugar de elegibilidad dentro del concurso de méritos, el derecho a ser nombrados en el cargo para el cual participaron.

Entonces, no es posible volver a una etapa anterior dentro del proceso de selección, como lo es la prueba técnico pedagógica, la cual quedó superada, y por tanto una decisión que ordenara adelantar actuación alguna relacionada con dicha prueba iría en perjuicio de quienes ocuparon posiciones de elegibilidad en la lista antes referida.

como lo es la prueba técnico pedagógica, la cual quedó superada, y por tanto una decisión que ordenara adelantar actuación alguna relacionada con dicha prueba iría en perjuicio de quienes ocuparon posiciones de elegibilidad en la lista antes referida.

12 Índice 22 de SAMAI, certificado 97CA9A562D2BE0C6 188D719E9C2F66A9 4D982A40E360F9FC F7F328CD1962FEC7. 13 Índice 23 de SAMAI, certificado 382098FF21D3F3ED 5D7ACA1E57030965 DE34C5B73004F0A6 6CA6F2CF6592A8D5.7

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5.7. El Tribunal Administrativo de Santander, la Universidad de Pamplona y las personas que integran la lista de elegibles del cargo denominado instructor de joyería, código 3010, grado 1, identificado con la OPEC 61013 del SENA, contenida en la Resolución CNSC – 20182120192975 del 24 de diciembre de 2018 , no se pronunciaron14.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Olivo Bernardo Mejía Mejía en contra del Tribunal Administrativo de Santander , de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C -590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad 15 y de procedencia 16 con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

14 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo de Santander, la Universidad de Pamplona y las personas que integran la lista de elegibles del cargo denominado instructor de joyería, código 3010, grado 1, identificado con la OPEC 61013 del SENA, contenida en la Resolución CNSC – 20182120192975 de 2018, hubieran rendido informe, pese a haber sido notificados por la Secretaría General de esta corporación, visible a índices 8 y 29 de SAMAI. 15 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;

siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez ; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 16 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.8

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4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el jue z de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.17

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario

definir a otras jurisdicciones”.17

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber18: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulnera ción de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecani smo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU -215 de 202219, frente al requisito de relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, el señor Mejía Mejía cuestiona, en esencia, que el Tribunal

fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, el señor Mejía Mejía cuestiona, en esencia, que el Tribunal Administrativo de Santander a. erróneamente no tuvo en cuenta la necesidad de haber grabado la prueba técnico pedagógica, de manera que debió confirmar la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar realizar la prueba técnico

17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005. 18 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101. 19 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.9

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pedagógica para observar el desempeño técnico y manual de todos los concursantes a través de la grabación de su ejecución; y b. incurrió en defecto fáctico al no decretar de oficio la prueba de las grabaciones de las sesiones de la prueba técnico pedagógica, con lo cual podría haber llegado a la verdad procesal, además de que no valoró la totalidad de indicios que mostraban de manera clara y contundente la inexistencia de la aplicación de la parte práctica de dicha prueba a los concursantes, pues conforme a las reglas de la convocatoria debían grabarse las sesiones. En ese sentido, en su concepto, la no grabación de dicha parte práctica acarreó su inexistencia.

los concursantes, pues conforme a las reglas de la convocatoria debían grabarse las sesiones. En ese sentido, en su concepto, la no grabación de dicha parte práctica acarreó su inexistencia.

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda instancia del 1 9 de agosto de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, se observa el siguiente análisis textual:

“[…] • ¿ La Universidad de Medellín y la CNSC incumplieron las reglas de la convocatoria (Acuerdo 436 de 2017) al presuntamente no garantizar la ejecución práctica de la prueba técnico -pedagógica con insumos y ambientes adecuados para evaluar el componente técnico del cargo?

[…] Ahora bien, de acuerdo con la norma reguladora del concurso, el proceso de selección se agotaría por etapas y, en los artículo 28 y 31, dispuso que los aspirantes al cargo de instructor con mayor puntaje acumulado debían presentar una prueba clasificatoria denominada técnico – pedagógica, la cual tiene como finalidad “apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades de un empleo”. La valoración de estos estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros plenamente establecidos.

[…]

Conforme a lo anterior, de scendiendo al caso en concreto, observa esta instancia que en la guía de presentación de la prueba técnico -pedagógica la UNIVERSIDAD DE

[…]

Conforme a lo anterior, de scendiendo al caso en concreto, observa esta instancia que en la guía de presentación de la prueba técnico -pedagógica la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN dispuso que la misma estaría dividida en dos bloques para el aspirante. El primer bloque, debía ser utilizado por el aspirante para la preparación de su microclase (30 minutos) y el segundo bloque era de ejecución, en donde el aspirante realizaría en la microclase delante de los jueces en el ambiente de aprendizaje correspondiente, en el cual se debía demostrar su dominio pedagógico.

[…] En efecto, se observa que la parte demandante aporta todos los documentos que sustentan la actuación administrativa que derivó de la Convocatoria No. 436 de 2017 – SENA-. No obstante, no incorpora las pruebas idóneas y necesarias pa ra que esta autoridad judicial pueda analizar si en efecto se surtió a cabalidad la prueba técnico – pedagógica conforme a las habilidades propias que requiere un aspirante a instructor de joyería, ello según las competencias y habilidades previamente enlistadas en la presente providencia, siendo insuficiente el recaudo probatorio visible en el líbelo, lo que impide a esta Sala adoptar alguna decisión sólo con el decir de las partes, o incluso con la declaración misma de la señora ALEYDA MURILLO GRANADOS, recaudada en el curso del presente trámite judicial, pues sus conclusiones no permiten que se pueda establecer de manera clara y concisa las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se surtió esta10

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Accionante: Olivo Bernardo Mejía Mejía

Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

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Accionante: Olivo Bernardo Mejía Mejía Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

parte de la calificación integral de los aspirantes al empleo identificado con la OPEC No. 61013, nivel instructor, código 3010.

Aunado a lo anterior, observa esta instancia judicial que, la decisión de la administración (lista de elegibles para proveer el cargo de instructor de joyería) no se advierte arbitraria o caprichosa, sino que devino de la aplicación de las reglas del procedimiento y los términos que las entidades involucradas manejan para la realización y ejecución de las etapas del concurso, observando que todas las reclamaciones presentadas por el ahora demandante fueron resueltas oportunamente lo que, sumado a la falta de pruebas de los resultados obtenidos por el demandante, la demandada y los demás participantes de la mencionada OPEC impiden que esta instancia considere que los resultados de la valoración de las diferentes etapas del concurso (competencias básicas, funcional y comportamental) arrojaría un puntaje diferente respecto del aquí demandante y de cada uno de los aspirantes, pues además no se aportó el formato de calificación necesario respecto de todos los que cumplieron con el puntaje mínimo exigido para su continuidad en la convocatoria.

En esos términos considera esta instancia que, con el material probatorio aportado, no es posible determinar la interrogante inicialmente formulada, esto es, si se incumplieron las reglas de la convocatoria 436 de 2017, al presuntam