CE - Sentencia 11001031500020250642601

Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cinco [5] de febrero de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

Demandante: CARLOS AUGUSTO AGUILAR RODAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción de tutela frente al derecho de petición y la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las demás garantías constitucionales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 10 de octubre de 2025, el señor Carlos Augusto Aguilar Rodas promovió acción

constitucionales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 10 de octubre de 2025, el señor Carlos Augusto Aguilar Rodas promovió acción de tutela con tra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con la finalidad de lograr el amparo de sus derechos fundamentales de petición , de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.

Dichas garantías constitucionales las consideró transgredid as con ocasión de la respuesta proporcionada por el referido tribunal a la solicitud radicada por medios electrónicos el 24 de septiembre de 2025 , consistente en que se le entregara una «copia del derecho de petición presentado por mi apoderado dentro del proceso identificado con radicado No. 25000232500020020761201, así como la informaciónDemandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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sobre si el Ejército Nacional dio respuesta o no a l mismo »1, y si dicha entidad contestó la demanda del mencionado proceso judicial.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Que se tutele mi derecho fundamental de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. Que se ORDENE al Tribunal para que, en lo sucesivo, habilite medios electrónicos

1. Que se tutele mi derecho fundamental de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. Que se ORDENE al Tribunal para que, en lo sucesivo, habilite medios electrónicos y procedimientos que permitan el acceso efectivo a documentos archivados para personas con limitaciones económicas, evitando imponer cargas desproporcionadas.

3. Que se PREVENGA al Tribunal para que, en lo sucesivo, habilite medios electrónicos y procedimientos que permitan el acceso efectivo a documentos archivados para personas con limitaciones econó micas, evitando imponer cargas desproporcionadas.

4. Que se condene en costas si la conducta del accionado se configura como actuación arbitraria y contraria a derecho2.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La parte actora informó que el 15 de septiembre de 2025 remitió a través de la empresa de mensajería «Interrapidísimo» una petición ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A con el fin de que le fuera expedida una copia «del derecho de petición presentado por mi apoderado dentro del proceso identificado con radicado No. 25000232500020020761201, así como la información sobre si el Ejército Nacional dio respuesta al mismo», y si dicho ente castrense había contestado la demanda.

Indicó que el sobre le fue devuelto por la mencionada entidad con la indicación «de que la recepción debía realizarse por medios electrónicos», razón por la cual envió la solicitud el 24 de septiembre de 2025 al correo electrónico

Indicó que el sobre le fue devuelto por la mencionada entidad con la indicación «de que la recepción debía realizarse por medios electrónicos», razón por la cual envió la solicitud el 24 de septiembre de 2025 al correo electrónico «reltadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co»3.

1 Cita del texto original con posibles errores. 2 Cita del texto original con posibles errores. 3 Esta dirección electrónica corresponde a la Relatoría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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Afirmó que el 29 de septiembre de 2025 recibió un correo en el cual se le indicó que el expediente se encontraba archivado, además, que debía despla zarse personalmente a la oficina de Gestión Documental para tener acceso al expediente.

Informó que, mediante oficio el «TAC-D08-AJQG-032-25» de 24 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , suscrito por el magistrado Andrés José Quintero Gnecco , se le indicó al señor

Aguilar Rojas que:

(i) Luego de revisar el expediente identificado con el radicado 25000-23-25-0002002-07612-01 «no encontró evidencia o soporte de alguna solicitud presentada [...]» por él o su apoderado.

(i) Luego de revisar el expediente identificado con el radicado 25000-23-25-0002002-07612-01 «no encontró evidencia o soporte de alguna solicitud presentada [...]» por él o su apoderado.

(ii) Por lo anterior, le precisó que, al no encontrarse lo pedido debido a la falta de conocimiento de la fecha de radicación, número consecutivo o contenido del documento, resultaba «imposible certificar si el Ejército Nacional o el Ministerio de Defensa Nacional respondieron el requerimiento aludido».

(iii) Finalmente, le informó que el Ejército Nacional no contestó la demanda y le puso de presente el link por el cual puede acceder al expediente digital. Esta comunicación le fue enviada al tutelante mediante correo electrónico de 24 de octubre de 2025.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial demandada, en atención a que, exigirle la comparecencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca constituye una barrera desproporcionada ante el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior, con sustento en que manifestó no contar c on los recursos económicos necesarios para desplazarse hasta la ciudad de Bogotá y procurar su sostenimiento durante su estancia.

Finalmente, adujo que no requirió el desarchivo de todo el expediente , sino un a «copia puntual de documentos y la confirmación sobre la eventual respuesta del Ejército Nacional, trámites que pueden y deben ejecutarse por medios electrónicos cuando el peticionario carece de recursos para desplazarse».Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Ejército Nacional, trámites que pueden y deben ejecutarse por medios electrónicos cuando el peticionario carece de recursos para desplazarse».Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante providencia de 17 d e octubre de 2025, el magistrado ponente del primer grado admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó notificar en calidad de demandado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y dispuso la vinculación como tercero con interés a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

1.6. Intervenciones

Librados los oficios y efectuadas las notificaciones correspondientes, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

A través del magistrado titular del despacho 008, precisó que el referido expediente se encontraba archivado desde el 2 de julio de 2008 y que el último movimiento ocurrió entre el 4 de septiembre de 2014 y el 5 de agosto de 2015, periodo durante el cual fue remitido en préstamo al Consejo de Estado y reg resó en devolución al área de archivo, en consecuencia, las diligencias dejaron de estar bajo la custodia

el cual fue remitido en préstamo al Consejo de Estado y reg resó en devolución al área de archivo, en consecuencia, las diligencias dejaron de estar bajo la custodia del despacho. Así, adujo que lo anterior implicaba que se adelantara el trámite correspondiente para desarchivar el informativo con el objeto de identificar las piezas de interés, digitalizarlas y disponer su remisión al actor, por ello, aclaró que, en su momento, la Secretaría de la Subsección le indicó al señor Aguilar Rodas que debía tramitar el referido desarchivo.

Finalmente, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado en el caso de la referencia luego de señalar que con el oficio «TAC-D08-AJQG-03225» de 24 de octubre de 2025 se dio respuesta de fondo a la solicitud elevada por el señor Aguilar Rodas, en tanto le informó al accionante que luego de revisar uno a uno los folios del expediente 25000-23-25-000-2002-07612-01, no se logró ubicar el documento requerido.

1.6.2. Carlos Augusto Aguilar Rodas

En memorial radicado electrónicamente el 29 de octubre de 2025, el accionante se pronunció sobre el informe rendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el sentido de indicar que, si bien el 25 de octubre de 2025 recibió por parte de la mencionada autoridad el oficio «TAC-D08-Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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AJQG-032-25» en el que se le indicó que no fue posible hallar la petición requerida, lo cierto es que en «la página 8 del archivo digital remitido por el mi smo tribunal, aparece el sello de recibido del Ejército Nacional, fechado 27 de febrero de 2002, suscrito por la Cabo Primero Liliana, lo cual desvirtúa la afirmación del Tribunal».

En consecuencia, afirmó que el tribunal omitió el deber de examinar integralmente la solicitud y dio una respuesta evasiva, incompleta e inexacta con la que transgrede sus derechos de petición y de acceso a la administración de justicia.

1.7. Fallo impugnado4

Mediante providencia de 7 de noviembre de 20255, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró: (i) la improcedencia de la acción de tutela frente al derecho de petición por cuanto consideró que lo pretendido respecto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A corresponde a actuaciones judiciales, para lo cual, existen mecanismos que el accionante puede promover dentro del proceso ordinario identificado co n el radicado 25000 -23-25-000-200207612-01; y (ii) la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de l derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al concluir que

dentro del proceso ordinario identificado co n el radicado 25000 -23-25-000-200207612-01; y (ii) la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de l derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al concluir que lo requ erido por el señor Aguilar Rodas fue satisfecho con el oficio «TAC-D08AJQG-032-25» de 24 de octubre de 2025, notificado en la misma fecha, en ese orden, res altó que el tribunal adelantó las actuaciones procesales respectivas «remitiéndole copia total del expediente para su revisión».

1.8. Impugnación

Con memorial allegado oportunamente el 19 de noviembre de 2025, el señor Carlos Augusto Aguilar Rodas solicitó que se revoque la decisión de primer grado, para, en su lugar, acceder a la solicitud de amparo de su derecho fundamental de petición.

Lo anterior, con sustento en que el tribunal accionando: (i) se limitó a señalar que no encontró evidencia de la petición sobre la cual pidió una copia, «pero no expidió certificación [...]»; (ii) respondió que no podía certificar si el Ejército Nacional o el Ministerio de Defensa Nacional respondieron la referida petición porque no encontró esa pieza documental, pero, no expidió la certificación; e (iii) indicó que el Ejército Nacional no contestó la demanda y tampoco expidió la certificación respectiva.

Así, resaltó que la omisión del tribunal es una violación directa del artículo 23 de la Constitución Política y de la Ley 1755 de 2015, lo cual impide el acceso a la

4 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 8 de agosto de 2024.

Constitución Política y de la Ley 1755 de 2015, lo cual impide el acceso a la

4 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 8 de agosto de 2024. 5 Providencia notificada el 14 de noviembre de 2025.Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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información y a la verdad del proceso, ejercer futuras acciones judiciales y «perpetúa irregularidades del proceso 2002-2008».

1.9. Actuaciones en segunda instancia

1.9.1. Con auto de 13 de enero de 2026, el despacho ponente puso en conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Oficina de Gestión Documental, la nulidad de carácter saneable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133-8, 136 y 137 del Código General del Proceso. Esta actuación fue notificada por la Secretaría General del Consejo de Estado a la DEAJ (deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co) y a la Seccional Cundinamarca –Amazonas (dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co), como se puede apreciar en el índice 8 del expediente digital obrante en el sistema de gestión judicial Samai.

También se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para que se pronunciara sobre la manifestación del señor Aguilar

el índice 8 del expediente digital obrante en el sistema de gestión judicial Samai.

También se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para que se pronunciara sobre la manifestación del señor Aguilar Rodas en el memorial de 29 de octubre de 2025 , consistente en que, si bien el 25 de octubre de 2025 recibió por parte de la mencionada autoridad el oficio «TACD08-AJQG-032-25» en el que se le indicó que no fue posible hallar la petición requerida, lo cierto es que en «la página 8 del archivo digital remitido por el mismo tribunal, aparece el sello de recibido del Ejército Nacional, fechado 27 de febrero de 2002, suscrito por la Cabo Primero Liliana, lo cual desvirtúa la afirmación del Tribunal».

1.9.2. En respuesta a la vinculación ordenada, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas allegó un informe el 19 de enero de 2026 en el cual precisó que no es de su competencia lo relacionado con el objeto de la tutela, razón por la cual solicitó su desvinculación ante la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado , de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, elDemandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

En relación con la solicitud de desvinculación elevada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas, la Sala anuncia que será despachada negativamente en atención a que el llamamiento a integrar este trámite constitucional versó sobre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no la referida Seccional, en ese orden, carece de legitimación para plantear dicha pretensión.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela frente al derecho de petición y la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las demás garantías constitucionales.

Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; (iii) de las peticiones en actuaciones judiciales; y (iv) el caso concreto.

2.4. La naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autor idades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable6.

6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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2.5. El derecho de petición En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la posibilidad que tienen todas las personas de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, en el sentido de indicar que: «[…] reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido». También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición. Frente a la oportunidad, por regla general, la Ley 1755 de 2015 establece los términos para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el momento en el cual

términos para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el momento en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del tiempo será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada». Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que: i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la

excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo. 2.6. De las peticiones en actuaciones judiciales

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica al señalar que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia:

(i) Aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley.

(ii) Las generales que no tienen incidencia en el proceso judicial y que están reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011.

Esta Sección, en sentencia del 25 de enero de 2018, señaló que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han reiterado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferenciado q ue implica limitaciones. Por tanto, resaltó esta Sala que es necesario diferenciar las siguientes dos clases de solicitudes que se eleven ante los

que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferenciado q ue implica limitaciones. Por tanto, resaltó esta Sala que es necesario diferenciar las siguientes dos clases de solicitudes que se eleven ante los jueces:Demandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales , que por tal razón se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por tanto, en la providencia en cita se indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia referenciada, el derecho de petición no procede para solicitar a un funcionario judicial que cumpla con sus funciones jurisdiccionales, debido a que esta es una actuación que está sometida a la ley procesal.

2.7. Caso concreto

2.7.1. En este estado del análisis del caso de la referencia, la Sala precisa que, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, en este evento la solicitud

2.7. Caso concreto

2.7.1. En este estado del análisis del caso de la referencia, la Sala precisa que, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, en este evento la solicitud elevada por el señor Carlos Augusto Aguilar Rodas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A no gira en torno a actuaciones estrictamente judiciales, puesto que el accionante se limitó a pedir una copia de una pieza documental y cierta información que no tiene incidencia en el impulso del proceso, y no exige el cumplimiento de funciones jurisdiccionales del directo r de la causa.

A juicio de esta Sección, lo pedido por el señor Aguilar Rodas se encuadra en el segundo supuesto establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esto es, que la petición es general por ser de aquellas ajenas al contenido de la litis que se surtió en la causa ordinaria, la cual finalizó varios años atrás, tanto así, que el expediente identificado con el radicado 25000 -23-25-0002002-07612-01 se encontraba archivado, razón adicional para entender que no se pretende tener un efecto sustancial o procesal dentro de un asunto concluido en el que el actor ya no cuenta con los mecanismos judiciales ordinarios propios de ese proceso para satisfacer lo pretendido.

En ese orden de ideas, en esta instancia el objeto de la tutela se analizará desde la perspectiva de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del señor Carlos Augusto Aguilar Rodas.

2.7.2. Aclarado lo anterior, es menester iniciar por señalar que , en el asunto de la

perspectiva de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del señor Carlos Augusto Aguilar Rodas.

2.7.2. Aclarado lo anterior, es menester iniciar por señalar que , en el asunto de la referencia, el señor Carlos Augusto Aguilar Rodas interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , con la finalidad de lograr el amparo de sus derechos fundamentales de petición, deDemandante: Carlos Augusto Aguilar Rodas Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06426-01

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acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad , los cuales consideró transgredidos con ocasión de la respuesta dada a la petición de 24 de septiembre de 2025, la cual se elevó en los siguientes términos:

a) Se me expida copia auténtica del derecho de petición radicado por mi apoderado dentro del expediente 2002-7612.

b) Se me certifique si el Ejército Nacional de Colombia o el Ministerio de Defensa dieron respuesta a dicho derecho de petición y se allegue copia de la misma, en caso de existir.

c) Se me certifique si la parte demandada (Ejército Nacional / Ministerio