CE - Sentencia 11001031500020250691400 de 2025

Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., once [11] de diciembre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06914-00

Demandantes: JONY ALEXANDER RAMÍREZ DURAN Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por privación injusta de la libertad – declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 4 de noviembre de 2025, el señor Jony Alexander Ramírez Duran y otros1 por intermedio de abogado, presentaron acción de tutela con el fin de que se le s

1.1. La petición de amparo

El 4 de noviembre de 2025, el señor Jony Alexander Ramírez Duran y otros1 por intermedio de abogado, presentaron acción de tutela con el fin de que se le s ampare su s derechos fundamentales « al Debido Proce so, Lib re Acceso a la Administración de Justicia, a la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento y Cumplimiento del Precedente Jurisprudencial, Reparación Integral de las Víctimas y otros, consagrados en la Constitución Nacional».

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander al proferir la providencia de 2 de mayo de 2025, que confirmó la decisión de 30 de septiembre de 2024 del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cúcuta, que negó a las pretensiones del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 54001-33-33-007-201900063-01.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El señor Jony Alexander Ramírez Duran y otros 2 presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración

1 Ninfa Duran, Teodoro Ramírez Ropero, María Paulina Ramírez Urrego, Helder Ramírez Urrego, Silvia Katerine Duran y Rosa Eurídice García Duran. 2 Ídem referencia 1.Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander

Silvia Katerine Duran y Rosa Eurídice García Duran. 2 Ídem referencia 1.Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Judicial [en adelante Rama Judicial ] y la Fiscalía General de la Nación, por la presunta privación injusta de la libertad que padeci ó el señor Jony Alexander Ramírez Durán con ocasión de un proceso penal adelantado por el delito de homicidio agravado, cuya libertad se dio por absolución en aplicación del principio in dubio pro reo.

• El 30 de septiembre de 20 24, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta negó las pretensiones del medio de control al considerar que la medida restrictiva «cumplió con los requisitos previstos en el artículo 355, 3 56 y 357 de l a Ley 600 d el 2000, pues dentro del material probatorio recopilado por el ente investigador obran al menos dos indicios 3 para inferir razonablemente la posible participación del actor dentro de la ejecución de la conducta punible, […]».

• Esta decisión fue objeto de apelación por la parte desfavorecida.

• El 2 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, luego de hacer alusión a la jurisprudencia aplicable, particularmente a las sentencias C037 de 1966, SU -072 de 2018 y SU -363 de 2021, confirmó el fallo del a quo, al

de hacer alusión a la jurisprudencia aplicable, particularmente a las sentencias C037 de 1966, SU -072 de 2018 y SU -363 de 2021, confirmó el fallo del a quo, al exponer que la medida pre ventiva fue razonable, proporcional y en cumplimiento de los presupuestos legales para el efecto.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 8 de mayo de 202 5 y la acción de tutela de la referencia fue radicada el 4 de noviembre de 2025.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

1. Sírvase tutelar el derecho fundamental a dignidad humana, a la igualdad, Debido proceso, acceso a la administrac ión de justic ia o tutela judicial efectiva. que, como consecuencia del fallo de segunda instancia, resultan siendo violados y afectando a mis mandantes.

2. Como consecuencia de lo anterior, sírvase dejar sin efectos la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Magistrado Ponente Dr. MARIA JOSEFINA IBARRA RODRIGUEZ, de fecha 05 de mayo de 2025 y notificado el día 08 de mayo de la misma anualidad; y, se ordene por consiguiente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander prof erir un nuevo fallo en el que se acceda a las pretensiones y condenas de la demanda, confirmando lo manifestado por el juzgado Noveno Administrativo de Cúcuta, en su sentencia de fecha 16 de octubre de 2019, por encontrarse dicho fallo ajustado a derecho.

3. En consec uencia, ord énese dejar en firme la sentencia de primera instancia,

juzgado Noveno Administrativo de Cúcuta, en su sentencia de fecha 16 de octubre de 2019, por encontrarse dicho fallo ajustado a derecho.

3. En consec uencia, ord énese dejar en firme la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Cúcuta, de fecha 16 de octubre de 2019, por encontrarse dicho fallo ajustado a derecho.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Los tutelantes consideraron que la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos: fáctico , procedimental absoluto , violación directa de la constitución y desconocimiento del precedente.

3 «[…] a saber, las declaraciones de Ana Mercedes Molina y José del Carmen Ortega Molina, padres de la víctima Luis Francisco Ortega, en donde reconocen al procesado como parte del grupo de paramilitares que acabó con la humanidad de su hijo el día 03 de abril de 2004, […]».Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señalaron que la sentencia controvertida solo tuvo en cuenta unos testimonios 4 que no tenían la entidad de absolver a las demandadas del proceso contencioso, pero dejó de valorar : indagatoria rendida el día 06 de enero de 2010, por Gilmar Mena Cabrera, alias Balsudito 5; declaración rendida el día 12 de enero de 20 12,

pero dejó de valorar : indagatoria rendida el día 06 de enero de 2010, por Gilmar Mena Cabrera, alias Balsudito 5; declaración rendida el día 12 de enero de 20 12, por Gilmar Mena Cabrera, alias Balsudito 6; indagatoria rendida el día 06 de enero de 2010, por el señor Edilfredo Esquivel Ruíz, alias el Osito 7; declaración rendida, el día 01 de julio de 2014, por el señor Edilfredo Esquivel Ruíz, alias el Osito 8; indagatoria rendida el día 23 de diciembre de 2010, por Juan Galán Trespalacios, alias Moncholo ; indagatoria rendida el 29 de julio de 2013, por Harold Enrique Arce Graciano, alias Chilapo; declaración de Harold Enrique Arce Graciano 9, y documento de solicitud de pruebas por parte del agente del Ministerio Publico.

En cuanto al yerro de índole procedimental absoluto, alegaron que se configuró este defecto al « no tratar los elementos estructurales de la responsabilidad de estado, limitándose solo al estudio de la antijuricidad del daño». Agregaron que, el tribunal erró al considerar como indicios de responsabilidad penal y como sustento de la medida, los testimonios de las personas que situaron en el lugar de los hechos al señor Ramírez Durán.

Destacaron que las sentencias que el tribunal usó como precedente , esto es, C037 de 1996 y SU -072 de 2018, solo tienen efectos inter partes , pues la Corte Constitucional no hizo explícita su aplicación inter cómunis, «si bien es cierto, en materia de responsabilidad del estado por privac ión injusta de la libertad, esta

Constitucional no hizo explícita su aplicación inter cómunis, «si bien es cierto, en materia de responsabilidad del estado por privac ión injusta de la libertad, esta sentencia es una reiteración de la sentencia de unificación SU 072 DE 2018 [sic], la cual debió citarse por tener fuerza vinculante, […]».

Precisaron que «incurre la segunda instancia en una violaci ón directa de la constitución, to da vez que había una decisió n de fondo en la cual se había incurrido en la cual había presunción de inocencia, dejándose ver la obligación de reparar a través de los regímenes objetivos de responsabilidad, se mal interpretó

4 «se juzgó a Jony Alexander Ramírez Durán como determinador del delito de homicid io, así confundiendo el juez administrativo los términos: determinador, autor y coaut or, f undamenta el error en los testimonios de: José Del Carmen Ortega Molina, Ana Mercedes Molina, los cuales fueron desvirtuados por no tener fuerza probatoria, y Edilfre do Esquivel Ruiz, solo demuestran indiciariamente que una persona con un parche en un ojo estuvo en el lugar de los hechos, más, no demuestra la participac ión en el delito y tampoco que esa persona haya sido Jony Alexander Ramírez». 5 «quien confesó, que junto con Edilfredo Esquivel Ruíz alias el osito y Jarol Enrique Arce Graciano alias Chilapo, habían asesinado a Luis Francisco Ortega Molina». 6 «Quien confirma lo confesado en indagatoria: …PREGUNTADO. Por favor dígale al despacho si recuerda quien disparó al joven LUIS FRANCISCO ORTEGA MOLINA. CONTESTO: Si, el OSITO,

6 «Quien confirma lo confesado en indagatoria: …PREGUNTADO. Por favor dígale al despacho si recuerda quien disparó al joven LUIS FRANCISCO ORTEGA MOLINA. CONTESTO: Si, el OSITO, se utilizó una pisto la 9 m.m. PREGUNTADO: En la indagatoria vertida en este despacho por EDILFREDO ESQUIVEL RUIZ, "EL OSITO" Manifiesta que aunque no participaron en el Homicidio en el sector se encontraban ALIAS EL BURRO Y EL PIRATA, que también eran miembros de las autodefensas. Que conocimiento tiene al respecto. CONTESTO: Pues si sé que ell os eran miembros de las autodefensas y ellos permanecían cerca al sector donde se le dio muerte a est a persona, pero ese día no recuerdo haberlos visto». 7 «quien manifestó bajo la grave dad de juramento que él había participado en la muerte del señor Luis Francisco Ortega junto con alias Balzudito, quien es Gilmar Mena Cabrera, y la orden la ha bía dado los superiores el comandante Chamba que está muerto y el comandante Chilapo». 8 «quien manifestó la inocencia de Jony Alexander Ramírez por no estar presente el día de los hechos». 9 «quien manifestó conocer a Jony Alexander Ramírez Durán, quien no participó en la muerte de Luis Francisco Ortega Molina».Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la presunción de inocencia y el fallo se inmiscuyó en la pruebas del proceso penal y la culpa se utilizó en contra de acá tutelante».

1.5. Trámite procesal de la acción

El 7 de noviembre de 2025 el ponente de la decisión de primera instancia admitió la acción y ordenó la notif icación d e los tutelantes y de la autoridad judicial accionada. Además, requirió al abogado José Edilberto Ariza para que aportara los poderes que lo facult aban para representar a la totalidad de las personas que se relacionan como demandantes.

Por su par te v inculó como terceros con interés en las resultas del proceso a al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cúcuta, a la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, así como las demás partes, person as y /o enti dades que hayan participado en el proceso ordinario con radicado 54001 -33-33-007-2019-00063-01, para que , si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.

El 28 de noviembre d e 2025, se reconoció personería al abogado José Edilberto Ariza, portador de la tarjeta profesional n. º 271.934 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de los señores Jony Alexander Ramírez Duran, Ninfa

Ariza, portador de la tarjeta profesional n. º 271.934 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de los señores Jony Alexander Ramírez Duran, Ninfa Duran, Teodoro Ramírez Ropero, María Paulina Ramírez Urrego, Helder Ramírez Urrego y Silvia Katerine Duran, y se ordenó dar cumplimiento al numeral tercero del auto admisorio, en el sentido de vincular como tercero a la señora Rosa Eurídice García Duran, quien para ese momento no aportó poder.

El 2 de dicie mbre de 2025 el abogado apo rtó el poder que l o faculta para representar a la señora García Durán, e informó la dirección de notificación de este sujeto procesal.

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo, no obstante, el 10 de diciembre de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal . Sin embargo , el 11 de diciembre de 2025 la Sala lo declaró infundado.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes contestaciones:

1.6.1. El Tribunal Administ rativo de Norte de Santander solicitó declarar la improcedencia del mecanismo, al considerar que no se acredit aron los requisitos generales y específicos para su procedencia , máxime cuando la decis ión fue proferida con sustento en el material probatorio aportado al proceso.

1.6.2. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta precisó que durante el trámite del proceso contencioso administrativo se

proferida con sustento en el material probatorio aportado al proceso.

1.6.2. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta precisó que durante el trámite del proceso contencioso administrativo se respetaron sus garantías procesales y consti tucionales, garantizándose s u derecho de acce so a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso.Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.3. La Rama Judicial, solicitó su desvinculación, en atención a que no participó en el proceso de reparación directa promov ido por lo s actores, en tanto que la autoridad judicial que ejerció la representación de la Rama Judicial dentro del proceso de reparación directa fue Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta - Norte de Santander, razón por la cual, la interve nción de dicho despacho en el presente proceso resulta acertada en las presentes diligencias.

1.6.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta pidió negar las pretensiones de la tutela, máxime cuando no existe un argu mento que identifique claramente el hecho y el derecho violado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela

que identifique claramente el hecho y el derecho violado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor Jony Alexander Ramírez Durán y otros , de confo rmidad con lo establecido en lo s Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Se recuerda que la Rama Judicial pidió su desvinculació n, sin embargo, esta colegiatura no accederá a este requerimiento, comoquiera que su vinculación obedece al interés que puede tener en las resultas del proceso, en atención a que integró la parte pasiva del proceso ordinario.

2.2.2. Comoquiera que se aportó el poder para representar a la señora Rosa Eurídice García Duran, se reconocerá personería al abogado José Edilberto Ariza, portador de la tarjeta profesional n. º 271.934 del Consejo Superior de la Judicatura, como su apoderado.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala deter minar si, en el caso concreto, se p resenta un a vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferi da en segunda instancia el 2 de mayo de 2025.

Para el efec to se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad ,

mayo de 2025.

Para el efec to se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad , y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicialDemandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las d istintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para de clarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplem ente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Consti tucional en la sentencia C -590 de 2005 para deter minar la

Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Consti tucional en la sentencia C -590 de 2005 para deter minar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y pr eviene que la tutela se convierta en una instanci a o recurso adicional p ara reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: ( i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razo nablemente una afectación desproporcionada a dere chos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

desproporcionada a dere chos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la re levancia constitucional debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional

10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref. : Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Co ntencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 1100 1-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la sentencia C -590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, que en concreto se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en un a instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no par a discutir la discrepancia que el actor tenga fre nte a la decisión judic ial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuic ian y un a vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia15.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En pri mera medida , se recuerda que, en el escrito de tutela se indicó que la providencia controvertida valoró indebidamente el material probatorio aportado al expediente, del cual es posible colegir que las demandadas no contaban con

En pri mera medida , se recuerda que, en el escrito de tutela se indicó que la providencia controvertida valoró indebidamente el material probatorio aportado al expediente, del cual es posible colegir que las demandadas no contaban con indicios para imponer la medida restrictiva, ni mucho menos para declarar la culpa exclusiva de la víctima.

Sobre el punto, se itera que , en materia de tutelas contra providencias judiciales , le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa . Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por l a parte actora dentro del trámite de tu tela, toda vez que, si se analizaran solo los argumentos de los accionantes, si n el debido contraste frente a un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial , se atentaría contra el principio de autonomía judicial y, así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

En este orden de i deas, para esta Sala, el argumento que se refier e a la indebida valoración probatoria, el cual, a su vez, se cimentó en los defectos procedimental absoluto, violac ión directa de la Constitución Política y desconocimient o del precedente, no cuenta con la carga argumentativ a necesaria para ser estudiado en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque , además de ser una reiteración de lo ya resuelto e n sede ordinaria, no desvirtúa , prima facie , el análisis realizado por el tribunal en el marco de una decisión desproporc ionada o irrazonable.

una reiteración de lo ya resuelto e n sede ordinaria, no desvirtúa , prima facie , el análisis realizado por el tribunal en el marco de una decisión desproporc ionada o irrazonable.

Al respecto, se destaca que el tribunal sustentó la negativa de las pretensiones al exponer que la medida preven tiva fue razonabl e, proporcional y en cumplimiento de los presupuestos legales para el efecto, comoquiera que, para el mom ento de

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001 -03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 15 Énfasis de la sala.Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-6914-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la restricción de la libertad, existían serios indicios frente de la participación en el hecho punible, argumento que , valga l a pena precisar, no corresponde a la declaratoria del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, sino a un análisis en el marco de las reglas jurisprudenciales que dispone la Corte Constitucional en la SU-072 de 2018.

Ahora, la sala tampoco encuentra carga argumentativa, desde el punto de vis ta constitucional, al cargo que se susten tó en que el tribunal er ró al no realizar el estudio de todos los elementos de la responsabilidad estatal , cuando no encontró

Ahora, la sala tampoco encuentra carga argumentativa, desde el punto de vis ta constitucional, al cargo que se susten tó en que el tribunal er ró al no realizar el estudio de todos los elementos de la responsabilidad estatal , cuando no encontró acreditado el presupuesto del daño antijurídico, ya que carece de toda lógica jurídica ab ordar los demás elementos que ha considerado la jurisprudencia cuando es claro que, según el tribunal, si bien el señor Jony padeció un daño, éste estaba en la obligación de soportar lo ante la ex istencia de indicios que, en palabras del autoridad judicial accionada, implicaron que la medida restric tiva era razonable y proporcional en el marco de la investigación penal.

En este orden de ideas, se advierte que los tutelantes pretenden reabrir el debate legal y buscan que el juez de tutela imponga una interpretación distinta a la que asumió el juez natural de la causa , el c ual estableció que, bajo los criterios de la SU-072 de 2018, la limitación de la libertad fue razonable y con sustento legal, providencia que, valga la pena destacar , sí es aplicable a todo s los casos que se refieran al título de imputación de privación injusta de la libertad.

Al respecto, esta sala advierte que , el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a un caso en específico16, como por ejemplo en los asuntos en donde juez debe establecer, con fundamento en la norma, si los indicios usados al interior del trámite penal justificab an la razonabilidad de la medida restrictiva, y no le corresponde al jue z constitucional señalar cuál de tales posibil idades es la

debe establecer, con fundamento en la norma, si los indicios usados al interior del trámite penal justificab an la razonabilidad de la medida restrictiva, y no le corresponde al jue z constitucional señalar cuál de tales posibil idades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y aut onomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe destacar que de hacerlo, esta Sección se convertiría en una tercera instancia.

En consecuencia, se considera que no se acreditaro n los criterios fijados por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión d e las garantías constitucionales de l os tutelantes, sino que , por el contrario, se advierten argumentos dirigidos a intentar acreditar el daño antijurídico expuesto en la demanda por la presunta privación injusta de la libertad, para, a su vez, disent ir del análisis probatorio y legal efectuado por la autoridad judicial de segundo grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia planteada por l os accionantes, la Sala advierte que esta no se encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de na turaleza constitucional, máxime cuando sus argumentos fueron resue ltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente.

16 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.Demandantes: Jony Alexander Ramírez Durán y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del