CE - Sentencia 11001031500020250717700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07177-00

Accionante: Pedro Ildefonso Arias Aragón

Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Mora judicial

Decisión: Declarar carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela instaurada por el señor Pedro Ildefonso Arias Aragón, quien actúa en nombre propio en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justic ia, con ocasión de una presunta mora judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado de origen 1100103-25-000-2019-00102-00, actualmente 76001-23-33-000-202500796-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Los señores Olmedo Hoyos Botero, Raquel Urquiza Morales, Roosenverth

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Los señores Olmedo Hoyos Botero, Raquel Urquiza Morales, Roosenverth Rodríguez Pedroza, Víctor Manuel Esquivel Lozano, Víctor Manuel Hernández Cruz, Pedro Ildefonso Arias Aragón y Soraya Yamil Lamir, actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho interpusieron demanda contra la Nación – Rama

Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

3. El proceso correspondió por reparto a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante sentencia del 6 de agosto de 2025 adecuó la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró s u falta de competencia para conocer en única instancia del proceso y lo remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

4. Sin embargo, la parte accionante argumentó que, a la fecha de interposición de la acción de tutela de referencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no había admitido la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en cuestión.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07177-00

Accionante: Pedro Ildefonso Arias Aragón

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2 2.2. Fundamento jurídico

5. La parte accionante argumentó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la

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2 2.2. Fundamento jurídico

5. La parte accionante argumentó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de la justicia, con ocasión de una mora judicial injustificada derivada de la dilación en el trámite de la admisión de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2025-0079600.

2.3. Pretensiones

6. Con fundamento en lo anterior, indicó:

«Sol[i]cito me sean tutelados mis derechos fundamentales a: El DEBIDO PROCESO, el ACCESO AL JUSTICIA, y se me garantice el cumplimento del BLOQUE CONSTITUCIONAL por parte de [la] rama judicial.

En consecuencia, se disponga correspondiente reparto, y se admita, inadmita o rechace y se de impulso a la misma». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

7. La acción de tutela de referencia fue admitida mediante auto del 14 de noviembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionado, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a los señores Olmedo Hoyos Botero, Raquel Urquiza Morales, Roosenverth Rodríguez Pedroza, Víctor Manuel Esquivel L ozano, Víctor Manuel Hernández Cruz, Pedro Ildefonso Arias Aragón y Soraya Yamil Lamir como terceros interesados en el proceso.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tras la remisión del proceso a

Manuel Hernández Cruz, Pedro Ildefonso Arias Aragón y Soraya Yamil Lamir como terceros interesados en el proceso.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tras la remisión del proceso a la oficina de apoyo para el reparto, solicitó información sobre el mismo, sin obtener respuesta. Luego, recibió el expediente físico y lo radicó el 20 de noviembre de 2025 con el radicado 76001-23-33-000-202500796-00. En consecuencia, afirmó que no ha incurrido en la mora judicial alegada.

9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva y que se declare improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad, en la medida en que no se agostó la vigilancia administrativa por la presunta mora judicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

10. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07177-00

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3 3.2. Cuestión previa

11. Si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, lo cierto es que sí

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3 3.2. Cuestión previa

11. Si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, lo cierto es que sí cuenta con interés en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, toda vez que funge como parte demandada. En consecuencia, se negará su petición.

3.3. Problema jurídico

12. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una mora judicial al no resolver sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-202500796-00.

3.4. Mora judicial injustificada

13. La Corte Constitucional ha señalado que la mora judicial puede transgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia cuando la dilación en el trámite no se origina en la complejidad del asunto ni en problemas estructurales de congestión o exceso de carga laboral, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de los deberes por parte de los funcionarios1.

14. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la

cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

15. Adicionalmente, se ha explicado que la posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo es excepcional, ya que el ordenamiento jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas salvedades reconocidas por el legislador2.

16. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos perjuicios se tornen irreparables.

17. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la Corte Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está

1 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 2 Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07177-00

Accionante: Pedro Ildefonso Arias Aragón

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07177-00

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4 en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.

3.5. De la carencia actual de objeto por hecho superado

18. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes

términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pú blica o al particular que con sus acciones han

mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pú blica o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»4.

19. Así las cosas, se tiene que el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado opera cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y al momento de proferir la decisión judicial, desaparece la situación que genera la presunta conculcación de los derechos fundamentales invocados , situación que le impide al juez de tutela adoptar cualquier medida dirigida a proteger las garantías constitucionales del accionante, pues nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes a la del juez constitucional.

20. Sin embargo, aunque las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que, en apariencia, el hecho generador de la acción ha sido superado, resulta imperativo que el juez de tutela examine si en el fondo persisten circunstancias que

20. Sin embargo, aunque las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que, en apariencia, el hecho generador de la acción ha sido superado, resulta imperativo que el juez de tutela examine si en el fondo persisten circunstancias que ocasionen la vulner ación de los derechos fundamentales, de acuerdo con la interpretación en derecho del caso concreto y su posible superación.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07177-00

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5 3.5.1. Análisis de la presunta mora judicial

21. La parte accionante considera que se presentó una mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , pues a la fecha de presentación de la acción de tutela no se había resuelto sobre la admisión de la demanda.

22. Según la información consignada en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI, se observa que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho ha surtido el siguiente trámite:

23. Los señores Olmedo Hoyos Botero, Raquel Urquiza Morales, Roosenverth Rodríguez Pedroza, Víctor Manuel Esquivel Lozano, Víctor Manuel Hernández Cruz, Pedro Ildefonso Arias Aragón y Soraya Yamil Lamir, actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho interpusieron demanda contra la Nación – Rama

Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho interpusieron demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

24. El proceso correspondió por reparto a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante providencia del 6 de agosto de 2025 adecuó la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró su falta de competencia para conocer en única instancia del proceso y lo remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

25. El 20 de noviembre de 2025 se radicó el proceso con radicado 76001 -23-33000-2025-00796-00, se asignó al despacho del magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz y se envió el expediente. Luego, el 25 de noviembre de esta anualidad, pasó de Secretaría al despacho correspondiente.

26. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del auto del 2 de diciembre de 2025 admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó surtir las notificaciones correspondientes.

27. Así las cosas, se tiene que , entre la interposición de la acción de tutela y el momento en que se analiza el caso concreto para proferir la decisión judicial en primera instancia, se satisfizo la pretensión del señor Pedro Ildefonso Arias Aragón, pues, como se expuso previamente, la au toridad judicial accionada ya admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

28. Aunado a lo anterior, no se observa que persistan circunstancias que ocasionen la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

28. Aunado a lo anterior, no se observa que persistan circunstancias que ocasionen la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia del accionante. En consecuencia, la Sala advierte que se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

29. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07177-00

Accionante: Pedro Ildefonso Arias Aragón

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6 FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo a los motivos expuestos previamente.

SEGUNDO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.