CE - Sentencia 11001031500020250722400 de 2025

Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07224-00

Demandante: JAIDER MIGUEL CUELLO VILLADIEGO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Jaider Miguel Cuello Villadiego, en nombre propio, presentó acción de tutela1 en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la

tutela1 en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de los autos de 25 de abril y 30 de julio de 2025, por medio de los cuales las autoridades judiciales rechazaron la demanda de reparación directa con radicado 95001-33-33-002-2024-0011900/01, que promovió el actor contra el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la Igualdad.

1 Samai, índice 1. Mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2025.Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el auto emitido por el JUZGADO SEGUNDO ADMINITRATIVO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE que rechazo la demanda de fecha 25 de abril del año 2025 emitido en el accionado.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la decisión del Tribunal Administrativo del Meta de fecha 30 de julio del año 2025 que confirmó el auto que rechazó la demanda.

fecha 25 de abril del año 2025 emitido en el accionado.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la decisión del Tribunal Administrativo del Meta de fecha 30 de julio del año 2025 que confirmó el auto que rechazó la demanda.

CUARTO: Que no se vuelva a repetir alguna vulneración a derechos fundamentales.

QUINTO: Las demás que usted señor Juez Constitucional considere pertinente en su facultad Ultra Petita.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

El accionante indicó que, como soldado profesional en retiro, el 9 de julio de 2017, en desarrollo de una operación de seguridad y defensa en San José de Guaviare perdió el cien por ciento de su visión. Además, manifestó que el 19 de agosto de 2021, le notificaron personalmente el dictamen de junta médica laboral.

Narró que el 17 de agosto de 2023, radicó la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación y que esta se desarrolló el 9 de octubre de ese mismo año, sin ánimo conciliatorio.

Sostuvo que presentó una demanda de Reparación Directa en contra del Ejército Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, en el año 2024, por los daños causados que se identificó con el radicado 9500-33-33-002-2024-00119-00.

Explicó que el conocimiento de dicho medio de control le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare, pero que el 25 de abril de 2025 decidió rechazar la demanda por extemporánea,

Explicó que el conocimiento de dicho medio de control le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare, pero que el 25 de abril de 2025 decidió rechazar la demanda por extemporánea, porque el término de caducidad debía contarse desde la fecha en que ocurrió el hecho que le causó el daño y no desde la fecha en que se le notificó el Acta de la Junta Médico Laboral.

Expresó que el 30 de julio de esta vigencia, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó el auto que rechazó la demanda, por lo que aseguró que esta situación amenaza con causar un perjuicio irremediable porque con su pérdida de visión debe ser reparada integralmente.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, las autoridades cuestionadas incurrieron en el grave yerro de rechazar la demanda bajo el argumento que el término de caducidad de la demanda de reparación directa debía contarse desde la fecha en que ocurrió el hecho, porque solo conoció el perjuicio causado hasta que le notificaron y

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 dieron lectura del Acta de Junta Médica.

Aseguró que por su condición no puede tratarse de igual forma que las demás

www.consejodeestado.gov.co 3 dieron lectura del Acta de Junta Médica.

Aseguró que por su condición no puede tratarse de igual forma que las demás personas y reiteró que solamente se enteró de la pérdida de la totalidad de su visión hasta el 19 de agosto de 2021, por lo que es a partir de esa fecha que empieza a contar el término de caducidad.

Afirmó que no puede la administración de justicia negarle el derecho de acceder a esta, con argumentos procesales, sin tener en cuenta su condición especial, sin aplicar el enfoque diferencial y sin darle un trato diferente y positivo al de las personas que no ostentan esa misma discapacida d, por lo que su situación era la excepción a la regla general de caducidad.

Expresó que su familia también se ha visto muy afectada y perjudicada y que anhelaban la reparación integral por el daño causado, por ser personas de escasos recursos y campesino s, razón por la cual, esa situación amenaza con causar un perjuicio irremediable debido a que necesita de otros ingresos y otras condiciones de vida. Afirmó que, por su discapacidad tiene que vivir situaciones que una persona que no la tenga podría hacer sin ningún problema.

Citó la sentencia T-432 de 1992, relacionada con el principio de la justa igualdad que exige el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, dimensiones que en justicia deben ser relevantes para el derecho. También, mencionó la C -221 de 1992 en la que se dispuso que el principio de igualdad era objetivo y no formal por lo que

hombres en lo biológico, económico, social, cultural, dimensiones que en justicia deben ser relevantes para el derecho. También, mencionó la C -221 de 1992 en la que se dispuso que el principio de igualdad era objetivo y no formal por lo que se predicaba de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales.

Por último, mencionó la sentencia C -410 de 1996 que establece la igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades y lo enmarca como un derecho constitucional fundamental.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 21 de noviembre de 2025 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Meta y al juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San José del Guaviare

Aseguró que el accionante pretende convertir la acción de tutela en una tercera instancia del proceso de reparación directa y señaló que lo cierto es que no existe un problema de vulneración de derechos fundamentales, sino una inconformidadDemandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 con decisiones judiciales que ya analizaron el caso del demandante y encontraron acreditada la caducidad del citado medio de control.

Afirmó que en las providencias que rechazaron la demanda de reparación directa se aplicó el artículo 164 del CPACA, que fija una caducidad de dos años, contados desde que el interesado conoce o debió conocer el hecho dañoso.

En esa medida, indicó que el juez y el tribunal de instancia concluyeron que el señor Cuello Villadiego conoció prima facie el hecho dañoso desde el momento de la pérdida de su visión, tal como él mismo afirmó en el relato de hechos de la demanda de reparación directa.

Reiteró que las providencias cuestionadas están ajustadas al precedente unificado en la sentencia del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Te rcera del Consejo de Estado (radicado 68001 -23-31-000-201200219-01) y que este es claro en indicar que la caducidad inicia cuando la persona conoce los hechos que generan el daño, no cuando se emite el dictamen médico administrativo.

Sostuvo que a pesar de la lastimosa lesión que padece el actor, esta circunstancia no relativiza el inicio del conteo del término de caducidad , pues asumir lo contrario derivaría en el desconocimiento de la norma que la regula (artículo 164 del CPACA) y del precedente unificado.

Insistió en que, desde el mismo momento de la ocurrencia del daño, el

asumir lo contrario derivaría en el desconocimiento de la norma que la regula (artículo 164 del CPACA) y del precedente unificado.

Insistió en que, desde el mismo momento de la ocurrencia del daño, el demandante lo conoció y tuvo lo elementos suficientes para hacer una atribución de responsabilidad preliminar y aclaró que el hecho de tener una discapacidad visual no modific a, ni puede modificar, los criterios legales de caducidad, cuya aplicación objetiva es parte esencial del debido proceso. Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la tutela de referencia.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Meta

Señaló que advirtió que la pretensión indemnizatoria se fundamentó en secuelas derivadas de un ataque con artefacto explosivo ocurrido el 9 de julio de 2017, durante el ejercicio de funciones como soldado profesional, por lo que indicó que, desde ese mismo instante, el demandante sufrió lesiones graves, entre ellas la pérdida total de la visión.

Puso de presente que el expediente incluía el Acta de la Junta Médico Laboral No. 117423 del 31 de julio de 2020 , que describía traumas craneales, fracturas faciales, lesiones auditivas y la necesidad de enucleación bilateral. No obstante, para la sala, dicho dictamen no constituía un hecho novedoso ni acreditaba un daño de aparición progresiva, sino que confirmaba una condición física severa y visible desde el momento mismo del ataque.

Sostuvo que conforme con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, cuando el daño es inmediato, ostensible e inmodificable, como ocurre con lesiones físicas graves, el término de caducidad se cuenta desde el día

Sostuvo que conforme con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, cuando el daño es inmediato, ostensible e inmodificable, como ocurre con lesiones físicas graves, el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente al hecho. Por ello, la fecha de notificación del dictamen médico noDemandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 determinaba el inicio del término, puesto que la pérdida de capacidad laboral no define el conocimiento del daño sino únicamente su magnitud.

Por lo anterior, la sala concluyó que el daño era conocido desde el 9 de julio de 2017, el término de caducidad inició el 10 de julio de esa vigencia y venció el 10 de julio de 2019, tal como lo había definió el juzgado de primera instancia.

Advirtió que la acción de tutela presentada por el señor Cuello Villadiego no reúne los presupuestos generales de procedencia establecidos por la Corte Constitucional para controvertir decisiones judiciales.

Consideró que la parte accionante pretende reabrir el debate jurídico ya resuelto en las providencias de primera y segunda instancia, sin demostrar la configuración de un defecto fáctico, sustantivo, orgánico o procedimental. Asimismo, agregó que tampoco acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues se limitó a señalar que, por su condición de

configuración de un defecto fáctico, sustantivo, orgánico o procedimental. Asimismo, agregó que tampoco acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues se limitó a señalar que, por su condición de salud, el tribunal debía concederle un trato diferenciado.

Sin embargo, afirmó que el accionante tuvo pleno acceso a la administración de justicia, intervino en el proceso y sus argumentos fueron analizados conforme al precedente y a la normativa aplicable.

Precisó que la providencia cuestionada valoró de manera integral las pruebas, aplicó el precedente de unificación vigente y resolvió dentro de los parámetros del debido proceso, sin que se hubiese omitido etapa procesal alguna o desconocido el acceso a la justicia. Afirmó que la tutela, se dirigía exclusivamente contra la decisión adoptada y no contra una vulneración autónoma de derechos fundamentales, circunstancia que la tornaba improcedente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

De la revisión del escrito de tutela, se advierte que la solicitu d va dirigida contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, con ocasión de los autos que, en primera y segunda instancia, respectivamente, rechazaron la demanda de

el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, con ocasión de los autos que, en primera y segunda instancia, respectivamente, rechazaron la demanda de reparación directa presentada por el accionante.

Al respecto, se precisa que el análisis se centrará únicamente respecto de la providencia emitida por el referido tribunal, por tratar se de la decisión que puso fin a la controversia.Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, del señor Jaider Miguel Cuello Villadiego , por confirmar el rechazo de la demanda de reparación directa que promovió contra el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración3

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración3

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a di cha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio d e fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados

el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la tran sgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que

interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional c ontra una decisión judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional consider ó que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, lasDemandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales » y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulner ación arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Según lo expuesto, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional, pues al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede concluir que la parte actora pretende reabrir el debate zanjado por el Tribunal Administrativo del Meta, relacionado con el rechazo de la demanda del medio de control de reparación directa identificado con el número 95001-33-33-002-2024-00119-00/01, que prom ovió el actor contra el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

rechazo de la demanda del medio de control de reparación directa identificado con el número 95001-33-33-002-2024-00119-00/01, que prom ovió el actor contra el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

En el asunto que ocupa a la Sala, el tutelante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , con ocasión de los autos de 25 de abril y 30 de julio de 2025, dictados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente.

En este caso, el señor Cuello Villadiego presentó una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional que le correspondió conocer al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San José del Guaviare.

Además, el tribunal precisó que debido a que no era necesario un diagnóstico posterior para percibir la lesión, pues se trató de un daño físico derivado de una explosión, cuyas consecuencias fueron notorias y ostensibles desde el instante mismo en que ocurrió el hecho dañoso.

En esa medida, el juzgado contó el término de caducidad en los siguientes términos:

(i) el hecho dañoso ocurrió y fue conocido el 9 de julio de 2017; (ii) el término para interponer la correspondiente demanda feneció el jueves 10 de julio de 2019; (iii) la solicitud de conciliación fue radicada el 17 de agosto de 2023, y (iv) la demanda fue presentada el 30 de julio de 2024. En definitiva, ocurrió la caducidad porque la

la solicitud de conciliación fue radicada el 17 de agosto de 2023, y (iv) la demanda fue presentada el 30 de julio de 2024. En definitiva, ocurrió la caducidad porque la solicitud de conciliación y la demanda fueron radicados por fuera del término legalmente previsto (2 años).Demandante: Jaider Miguel Cuello Villadiego Demandados: Tribunal Administrativo del Meta y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07224-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Frente a esta decisión, el señor Cuello Villadiego interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta, autoridad judicial que confirmó la providencia, porque de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del CPACA y la interpretación que de dicha norma ha efectuado de forma reiterada la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el señor Cuello Villadiego fundamentó su pretensión de reparación directa en las secuelas derivadas de un ataque con artefacto explosivo ocurrido el 9 de julio de 2017, mientras cumplía funcion es como soldado profesional del Ejército Nacional, situación directa por la que el demandante sufrió graves lesiones, entre ellas la pérdida total de la visión.

Según el tribunal, el dictamen no constituye un hecho novedoso que revele un daño hasta entonc es desconocido, ni acredita una afectación de aparición progresiva, como pretende el demandante. Por el contrario, da cuenta de una condición física severa, evidente e irreparable que se produjo de manera directa

daño hasta entonc es desconocido, ni acredita una afectación de aparición progresiva, como pretende el demandante. Por el contrario, da cuenta de una condición física severa, evidente e irreparable que se produjo de manera directa e inmediata con ocasión del hecho lesivo.

Por lo expuesto, indicó que cuando el daño era visible, ostensible y se manifiesta con inmediatez, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho, sin necesidad de esperar valoraciones médicas posteriores que ratifiquen una condición ya conocida por el afectado, por lo que la notificación del dictamen médico, ocurrida el 19 de agosto de 2021, carece de relevancia para efectos del cómputo del término de caducidad, pues no introduce un nuevo elemento que modifique el conocimiento del daño.

La corporación enjuiciada, también aclaró que frente al alegato de la parte actora según el cual el juez de primera instancia habría aplicado de forma restrictiva el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, el rechazo de la demanda no se sustentó en la falta de dicho trámite, sino en la verificación de que el medio de control fue ejercido de manera extemporánea, es decir, por fuera del término legal de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA y concluyó que el juzgado consideró acertadamente los términos.

Ahora bien, el señor Cuello Villadiego, en su escrito de tutela sostuvo que su condición no puede tratarse de igual forma que las demás personas y que solamente se enteró de la pérdida de la totalidad de su visión hasta el 19 de agosto de 2021, por lo que es a partir de esa fecha que emp ezaría a contar el

condición no puede tratarse de igual forma que las demás personas y que solamente se enteró de la pérdida de la totalidad de su visión hasta el 19 de agosto de 2021, por lo que es a partir de esa fecha que emp ezaría a contar el término de caducidad.

Además, de afirmar que la administración de justicia no puede negarle el derecho de acceder a esta, con argumentos procesales, por su condición especial, por lo que su situación era la excepción a la regla general de caducidad. Además, de citar las decisiones T-432 y C-221 de 1992 y C-410 de 1996 relacionadas con el derecho fundamental a la igualdad.

Con base en lo anterior, para la Sala estos defectos coinciden en una misma inconformidad que se relaciona con el desacuerdo del señor Jaider Miguel Cuello Villadiego por haberse rechazado la demanda, con sustento en que el término de caducidad para presentar el medio de control de reparación directa empieza a contarse desde que el af