CE - Sentencia 11001031500020250724700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07247-00

Accionante: Jhon Arnold Manotas Medina y otros

Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Lesión de conscripto.

Indebida valoración probatoria. AMPARA PARCIALMENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Jhon Arnold Manotas Medina; Lorena Medina, en nombre propio y representación de Stafany Berrocal Medina; Yulieth Patricia Medina y Jeimy Julieth Manotas Medina en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, por la expedición de la sentencia del 12 de noviembre de 2025 en el medio de control de reparación directa , al que le fue asignado el radicado 05001-33-33-012-201600755-01.

ANTECEDENTES

Los accionantes pretenden que se proteja n sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

HECHOS

00755-01.

ANTECEDENTES

Los accionantes pretenden que se proteja n sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

La parte accionante narra que mientras el señor Jhon Arnold Manotas Medina sufrió unas lesiones, consistentes en fractura del segundo metatarsiano del pie izquierdo e hipoacusia moderada del oído derecho, cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio , la s cuales le generaron secuelas, según consta en la historia médica de Sanidad Militar.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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Que por lo anterior, junto con sus familiares instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, en la que solicitó el reconocimiento de los perjuicios morales para el afectado directo y su progenitora por la suma de 100 SMMLV y para las hermandas por el monto de 50 SMMLV, Igualmente solicitó perjuicios por daño a la salud y lucro cesante.

Que el 28 de agosto de 2019 el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín declaró la responsabilidad de la parte demandada por acreditarse el daño antijurídico sufrido durante su conscripción, por lo cual esta última interpuso recurso de apelación.

Medellín declaró la responsabilidad de la parte demandada por acreditarse el daño antijurídico sufrido durante su conscripción, por lo cual esta última interpuso recurso de apelación.

Que el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, revocó la sentencia y, en su lugar, negó las pretensiones porque no se incorporó el dictamen pericial como una prueba documental.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia i) incurrió en defecto fáctico porque valoró indebidamente la historia clínica y la prueba documental del médico laborista; ii) aplicó indebidamente el régimen de responsabilidad objetivo porque concluyó que la ausencia de un dictamen pericial conllevaba la denegación de las pretensiones, a pesar de que prob ó los elementos propios del daño especial, esto es, el daño causado, la carga excepcional que se le impuso de prestar el servicio y el nexo causal , desconociendo la posibilidad de proferir un fallo en abstracto , de valorar la prueba document al que daba cuenta de la pérdida de capacidad laboral sufrida o de decidir con base en parámetros de equidad; y iii) no tuvo en cuenta los pronunciamientos proferidos en sede de tutela por el Consejo de Estado 1, en los que se ha diferenciado el elemento del daño de la prueba de los perjuicios, así como la sentencia del 14 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado (rad. 11001 -03-15-000-2024-06337-01), en la que se afirmó que el Estado tiene una obligación de resultado respecto a los conscriptos.

PRETENSIONES

Tercera del Consejo de Estado (rad. 11001 -03-15-000-2024-06337-01), en la que se afirmó que el Estado tiene una obligación de resultado respecto a los conscriptos.

PRETENSIONES

Solicitó que se deje sin efectos la sentencia discutida y, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, proferir una nueva decisión con sujeción a las pruebas aportadas, con fundamento en el precedente jurisprudencial y con la aplicación correcta de los daños moral, a la salud y lucro cesante.

ACTUACIÓN PROCESAL

1 Sentencias del 11 de abril de 2025 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del 25 de junio de 2025 de la Subsección B de la Sección Segunda (rad. 11001-03-15-000-2025-01601-00/01); del 31 de octubre de 2025 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2025-04554-01); del 5 de junio de 2025 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (rad. 11001 -03-15-0002025-02737-001); del 5 de junio de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado (rad. 11001 -03-15-0002025-02705-00); y del 18 de septiembre de 2025 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de

Estado (rad. 11001-03-15-000-2025-01951-01).Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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El 20 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, afirmó que la sentencia discutida se profirió en derecho y de conformidad con las pruebas ; además, señaló que el caso analizado tiene aspectos particulares que no pueden encajarse en las providencias que el actor indica como similares.

Que, si bien la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha permitido valorar un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por un particular, esa situación es procedente cuando la incorporación se efectúa directamente como dictamen pericial y siempre y cuando frente a este s e hubiera efectuado la respectiva contradicción, mediante la citación del perito a la audiencia de pruebas, oportunidad en la que la contraparte puede ejercer su derecho de defensa.

Manifestó que los fundamentos expuestos por la parte actora reflejan una inconformidad con la decisión adoptada, que más que alegar una vía de hecho constituyen una reiteración de los argumentos de la demanda, los cuales fueron estudiados y decididos de fondo en las dos instancias. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

constituyen una reiteración de los argumentos de la demanda, los cuales fueron estudiados y decididos de fondo en las dos instancias. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Defensa expuso que la parte accionante contó con todas las garantías procesales durante el proceso y la sentencia discutida estuvo soportada en pruebas aportadas, por lo cual no se presentó una arbitrariedad que permita entender configurado el defecto fáctico alegado ni una vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, pidió negar las súplicas.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstosRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

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se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se

partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 3 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la

enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada5.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela7»

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-074 de 2022. 7 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es d eterminante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde verificar inicialmente si se superan los requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la incursión en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial alegados por la actora; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues el 14 de noviembre de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la sentencia discutida en esta sede y esta acción fue instaurada el 19 de ese mes y año; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; v) no se trata de una sentencia de tutela; y vi) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo cual no hay lugar a exigir el cumplimiento de ese requisito. En consecuencia, se procederá al estudio de fondo.

En la sentencia discutida en esta sede, l a autoridad judicial advirtió que estaba

no hay lugar a exigir el cumplimiento de ese requisito. En consecuencia, se procederá al estudio de fondo.

En la sentencia discutida en esta sede, l a autoridad judicial advirtió que estaba demostrado con el Informativo Administrativo por Lesiones 004 del 26 de marzo de 2016 que el conscripto Jhon Arnold Manotas Medina sufrió una lesión en su pie izquierdo cuando subía las escaleras para recibir de centinela de terraza del centro de reclusión militar, la cual ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo.

Igualmente, encontró acreditado con la historia clínica que el demandante consultó por disminución de la audición, en el Hospital Militar el 7 de abril de 2016 y allí se especificó que desde el examen de ingreso se observó una aparente ruptura de membrana, por lo cual la lesión no había sido adquirida durante o con ocasión del servicio.

Analizada la naturaleza y causa de las lesiones por las cuales se instauró la demanda de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, observó que el afectado recibió atención médica por parte de la institución militar, pero este no continuó con el procedimiento ante la Junta Médico Militar o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía para la calificación de pérdida de la capacidad laboral; de allí que inicialmente en la demanda solicitara como prue ba pericial que se ordenara al Ejército Nacional someterlo a dicha Junta.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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Sin embargo, evidenció que posteriormente la parte demandante reformó la demanda y decidió aportar una evaluación de pérdida de capacidad laboral efectuada por una médica particular, para que fuera tenida como prueba pericial, la cual fue negada en la audiencia por el Juzgado por no ser la entidad encargada de dictaminar sobre dicha pérdida, decisión que no fue recurrida.

Además, observó que en esa misma diligencia la autoridad judicial decretó como prueba de oficio la práctica del dictamen pericial, para lo cual designó a la Dirección de Sanidad del Ejército, dependencia que indicó que para iniciar el trámite el interesado debía allegar la copia de la cédula de ciudadanía amplia da al 150 % y legible y del acta de evaluación, por lo que mediante auto se requirió al accionante para que aportara los documentos, pero aquel guardó silencio y, en cambio, posteriormente insistió en la incorporación del dictamen médico que aportó, por supuestamente no haberse podido realizar la Junta Médico Laboral, sin explicar por qué, por lo que el despacho consideró procedente no practicar la prueba y decidió tener como documental el dictamen aportado con la demanda.

En esa medida, consideró que del contenido de ese dictamen, el informe administrativo por lesiones, la historia clínica y otros documentos podía tenerse como un hecho probado, el daño sufrido por el conscripto en su pie izquierdo, pero la primera prueba no podía tenerse en cuenta para acreditar la pérdida de capacidad

administrativo por lesiones, la historia clínica y otros documentos podía tenerse como un hecho probado, el daño sufrido por el conscripto en su pie izquierdo, pero la primera prueba no podía tenerse en cuenta para acreditar la pérdida de capacidad laboral indemnizable, por no ser una prueba técnica decretada por un operador judicial como dictamen pericial y que hubiere garantizado la contradicción, sumado a que no se aportaron los documentos que acreditaban la idoneidad y experticia del perito. Por lo tanto, concluyó que no se demostró el daño indemnizable.

El a nterior a nálisis de los razonamientos efectuados por la Sala aquí accionada permite evidenciar que la autoridad judicial respecto de una de las lesiones, esto es, la fractura del pie izquierdo encontró demostrados los tres elementos de la responsabilidad estatal establecidos en el artículo 90 constitucional, como son el daño antijurídico consistente en la lesión que no estaba en la obligación de soportar, la acción imputable jurídicamente a la administración, por la imposición del servicio militar obligatorio, y el nexo causal entre ambos , dado que la lesión ocurrió por causa y razón de la prestación del servicio, pero determinó que no estaba demostrada la magnitud de las secuelas mediante un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la autoridad competente , pues solo obraba la calificación efectuada por una médica particular.

Al respecto, debe precisarse que la declaratoria de responsabilidad estatal únicamente exige la acreditación de los tres elementos previamente señalados mientras que la determinación de la pérdida de capacidad laboral resulta relevante únicamente para establecer la dimensión de la lesión y el cálculo del monto de los

únicamente exige la acreditación de los tres elementos previamente señalados mientras que la determinación de la pérdida de capacidad laboral resulta relevante únicamente para establecer la dimensión de la lesión y el cálculo del monto de los perjuicios morales y/o materiales , por lo cual la ausencia de demostración de esta última no puede servir de fundamento para negar dicha declaratoria.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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En efecto, no puede confundirse el concepto ni la prueba de daño antijurídico con la definición y demostración de los perjuicios. Obsérvese que en el asunto analizado la Sala encontró acreditada la lesión a un bien jurídicamente protegido, como lo es la integridad física del conscripto, pero fundamentó su decisión de revocar la sentencia que había accedido a las pretensiones solamente en la falta de prueba de la dimensión de las secuelas.

Además, no puede pasarse por alto que con la demanda se aportó una pérdida de capacidad laboral que no fue tenida en cuenta por la autoridad judicial, a pesar de que no existe en el ordenamiento jurídico una suerte de tarifa legal para demostrar la magnitud de la lesión . En todo caso, si aquella consideraba que esa prueba no era idónea podía proferir una condena en abstracto , mas no, negar la declaratoria de responsabilidad.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que en la demanda la parte demandante solicitó el reconocimiento de los perjuicios morales derivados del daño debidamente

de responsabilidad.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que en la demanda la parte demandante solicitó el reconocimiento de los perjuicios morales derivados del daño debidamente demostrado, esto es, la lesión sufrida por el conscripto en su pie izquierdo , y no solamente de los perjuicios materiales.

En es a medida, la demostración de los elementos de la responsabilidad y las máximas de la experiencia respecto al padecimiento moral permitían a la Sala aquí accionada hacer uso de su arbitrio judicial para tasar dichos perjuicios, aun si consideraba que no existía un dictamen de pérdida de capacidad laboral al que pudiera otorgar valor probatorio . Sin embargo, la autoridad judicial omitió efectuar el análisis respecto al reconocimiento de los perjuicios morales , desconociendo la demostración del daño antijurídico y las facultades con las que contaba para establecer su cuantía.

En ese orden de ideas, se advierte que la Sala accionada incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa por valorar indebidamente las pruebas que daban cuenta de la existencia del daño antijurídico y fundamentar en ese yerro la decisión sobre el asunto.

Por lo tanto, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del accionante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 12 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, y se ordenará a dicha Sala que, en el término de 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo conforme a los parámetros expuestos.

Por último, se aclara que aunque el actor alegó el desconocimiento de varios

se ordenará a dicha Sala que, en el término de 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo conforme a los parámetros expuestos.

Por último, se aclara que aunque el actor alegó el desconocimiento de varios pronunciamientos judiciales del Consejo de Estado , lo cierto es que las decisiones invocadas fueron proferidas en sede de tutela, por lo que no constituyen precedente de obligatorio acatamiento para el caso, al no versar sobre los mismos supuestos fácticos ni jurídicos, pues en varios de ellos se analizó la responsabilidad estatal porRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -07247 -00

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la adquisición de la enfermedad de leishmaniasis durante la prestación del servicio militar obligatorio y su relación causal con este.

Adicionalmente, la sentencia del 14 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2024-0633701), no resulta relevante para el caso, dado que no está en discusión la obligación del Estado respecto a los conscriptos. En consecuencia, frente a este aspecto, se negará el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del accionante y, en consecuencia,

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del accionante y, en consecuencia,

Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 12 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, y ORDENAR a dicha Sala que, en el término de 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo conforme a los parámetros expuestos.

Tercero. NEGAR el amparo respecto al desconocimiento del precedente judicial alegado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente