CE - Sentencia 11001031500020260037300

Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-00373-00

Demandante: MARTHA HELENA GUTIERREZ LASSO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Martha Helena Gutiérrez Lasso , actuando a través de apoderad a judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Huila3, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

La señora Martha Helena Gutiérrez Lasso , actuando a través de apoderad a judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Huila3, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al «principio de favorabilidad».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la sentencia del 9 de diciembre de 2025 , proferida por la autoridad judicial accionada, que revocó el resolutivo quinto de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y confirmó en lo demás la negativa de las pretensiones de la demanda,

1 Poder conferido a la abogada Carol Tatiana Quiza Galindo. 2 Acción de tutela radicada el 21 de enero de 2026 a la que se le asignó la secuencia No. 0510. 3 Sala conformada por los magistrados John Alexander Hurtado Paredes, Jorge Alirio Cortés Soto y Ramiro Aponte Pino.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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2 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 4100133 -33-004-2024-00268-02, adelantado contra el

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2 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 4100133 -33-004-2024-00268-02, adelantado contra el departamento del Huila, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

[…]

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente MARTHA HELENA GUTIERREZ LASSO a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.4

1.3. Hechos

La señora Martha Helena Gutiérrez Lasso, ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2BE del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Durante los años 2005 a 2007 el Gobierno Nacional dispuso incrementos iguales para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002, sin embargo, para el año 2009 estableció aumentos porcentuales de manera diferenciada, pero retornó al esquema inicial de aumentos homogéneos en los años 2012 y subsiguientes.

Ley 1278 de 2002, sin embargo, para el año 2009 estableció aumentos porcentuales de manera diferenciada, pero retornó al esquema inicial de aumentos homogéneos en los años 2012 y subsiguientes.

La actora elevó reclamación administrativa el 31 de enero de 2024 ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del departamento del Huila, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los in crementos desiguales e injustificados decretados para el año 2009, bajo el entendido que con dicha medida se favoreció a docentes de una categoría inferior, como la 2AE, en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 2BE

La r eclamación le fue resu elta desfavorablemente mediante el oficio 2024-EE055126 del Ministerio de Educación Nacional y el acto ficto producto de la petición aludida, bajo el entendido que las ac tuaciones de la entidad se encontraban amparadas en la legislac ión vigente, en la legalidad del gasto y que, de acuerdo

4 Transcripción literal del texto original, que puede contener errores.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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3 con el Decreto-Ley 1278 de 2002, el Gobierno Nacional cumplió con su labor de establecer salarios superiores para los docentes en comparación con el régimen anterior.

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3 con el Decreto-Ley 1278 de 2002, el Gobierno Nacional cumplió con su labor de establecer salarios superiores para los docentes en comparación con el régimen anterior.

Actos administrativos que fueron demandados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado contra la Nación , Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Huila, con el que se pretendió la inaplicación por ilegalidad del Decreto Nacional 284 de 2024 que fijó la escala salarial del personal docente, así como la declaratoria de nulidad de las decisiones emitidas por las autoridades demandadas y el consecuente reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los últimos tres años.

El mencionado medio de control le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva bajo el radicado 41001-33-33-0042024-00268-00, quien dictó sentencia el 12 de diciembre de 2024 en la que declaró probadas las excepciones de mérito formuladas por la pasiva, negó las pretensiones de la demanda y declaró la configuración del acto ficto negativo producto de la petición radicada por la parte demandante el 31 de enero de 2024 con el consecutivo No. HUI2024ER004307 ante el departamento del Huila.

Ello, al considerar que los cargos de anulación invocados por la parte actora no estaban llamados a prosperar pues del análisis realizado no era posible concluir que el acto demandado hubiese sido expedido con in fracción de las normas en que debía fundarse, por falsa motivación o expedición irregular , toda vez que no se vulneró el derecho a la igualdad , al trabajo digno , así como el principio de

que el acto demandado hubiese sido expedido con in fracción de las normas en que debía fundarse, por falsa motivación o expedición irregular , toda vez que no se vulneró el derecho a la igualdad , al trabajo digno , así como el principio de progresividad de los docentes en Colombia.

Igualmente, indicó que las condiciones entre los grados mencionados son disímiles, por las calidades que se exigen para acceder a cada uno de estos niveles, de manera que no se advierte inequidad en los porcentajes de aumento que se otorgó durante los años 2008, 2009 y 2011.

Adicionalmente, concluyó que, para el caso en concreto , la demandante durante el año 2009 no se encontraba en el grado 2BE del escalafón, pues fue inscrita para ese grado a partir del 4 de marzo de 2021 , habiendo iniciado su vínculo co n la Secretaría de Educación del Huila en el año 2006 inscrita en el grado 1 nivel A del Escalafón Nacional Docente, siendo ascendida en el año 2015 al grado 2A y en el 2019 reubicada en el nivel salarial 2B.

Inconforme con la decisión, la señora Gutiérrez Lasso interpuso recurso de apelación, que fue conocido por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión quien en providencia del 9 de diciembre de 2025 revocó el resolutivo quinto de la sente ncia proferida por el a quo , concerniente a la declaración deDemandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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4 configuración del acto ficto y confirmó en lo demás la decisión en cuestión.

Como sustento, adujo que, la situación reprochada como desigual no refleja tal cuestionamiento pues el incremento salarial para los cargos 2AE y 2BE no fue inferior respecto del año inmediatamente anterior [año 2008], por lo que advierte que se conservó el poder adquisitivo del sal ario para el año 2009 de tal manera que no se existió vulneración al artículo 53 de la Constitución Política

Estimó que, contrario a lo señalado por la actora el Decreto 1238 de 2009 buscó acortar la diferencia salarial entre los grados 2AE y 2BE, así como de los grados 1D y 2A con la finalidad de que existiese progresividad e igualdad material en el poder adquisitivo salarial del docente, según el grado en que se encontrara. Situación por la que evidenció que «la disposición reglamentaria revisada, estableció incrementos salariales diferenciados, de modo que los docentes con remuneraciones más altas recibieron un aumento porcentual menor, mientras que quienes tenían salarios más bajos, especialmente los que ingresaban en el grado A, obtuvieron un incremento mayor en porcentaje, buscando reducir brechas y promover la equidad en la escala salarial. Cumpliendo de esta manera con lo regulado en el literal j del artículo 2 de la ley 4 de 1992».

A, obtuvieron un incremento mayor en porcentaje, buscando reducir brechas y promover la equidad en la escala salarial. Cumpliendo de esta manera con lo regulado en el literal j del artículo 2 de la ley 4 de 1992».

Por lo tanto, sostuvo que las decisiones cuestionadas buscaron garantizar el poder adquisitivo en los salarios, introduciendo un criterio de progresividad, en el entendido que el principio «a trabajo igual, salario igual » no implica una igualdad matemática rígida, sino una igualdad sustancial que admite diferencias justificadas por condiciones objetivas, como experiencia o evaluaciones para reubicación.

Concluyó que no evidenció vulneración al principio de igualdad porque , aunque hubiese trato diferente en cuanto al incremento salarial de los docentes ubicados en el grado 2B y 2A, estos sujetos comparados no están en condiciones equivalentes, pues los grados A y B del escalafón docente exigen distinta cualificación, evaluación, experiencia y cuenta además con remuneraciones base diferentes desde su reglamentación , por lo que no tendrían situaciones comparables y resultaría válido que existieran tratos diversos para servidores con trayectorias y requisitos diferentes.

Esta providencia se notificó a las partes por correo electrónico el 18 de diciembre de 20255.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos en la sentencia enjuiciada:

5 Índice 0024 de Samai del proceso 41001-33-33-004-2024-00268-02.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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I. Defecto sustantivo: dado que el ad quem se limitó a reproducir íntegramente los argumentos expuestos por el juez de primera instancia a quien sí le reconoce un estudio completo sobre el tema en cuestión. Pues este último, revisó el régimen especial docente de la Ley 2277 de 1979, el Decreto 1278 de 2002 y los decretos de incrementos expedidos en 2009 de manera más específica y concluyó que las diferencias salariales obedecieron a criterios objetivos fijados por la normatividad. Entre tanto, el Tribunal señaló que los incrementos diferenciados respondieron a factores de formación, capacitación y experiencia de los docentes , según su grado en el escalafón, con lo cual se buscó incentivar la profesionalización y la excelencia en el magisterio.

Estimó que la providencia acusada «no expone de manera clara y coherente cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia vertical, que defiende los incrementos salariales basados en la idoneidad del desempeño y las competencias del personal docente, podría justificar la legalidad de los aumentos desiguales en el caso del (la) demandante, quien demostró en el proceso judicial que ocupaba una posición superior en el escalafón 2BE en comparación con la categoría 2AE, a la cual se le otorgó un ajuste salarial significativamente mayor durante el año 2009».

proceso judicial que ocupaba una posición superior en el escalafón 2BE en comparación con la categoría 2AE, a la cual se le otorgó un ajuste salarial significativamente mayor durante el año 2009».

II. Defecto fáctico : por la indebida valoración probatoria frente al debate jurídico planteado, teniendo en cuenta que, a juicio del actor, no se allegó una prueba que soportara que el mayor incremento salaria l otorgado a los docentes de un nivel inferior de e scalafón obedeciera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas.

1.5. Admisión de la tutela

Por medio de auto del 30 de enero de 2026, la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante6 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo del Huila.7

Asimismo, dispuso la vinculación como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al departamento del Huila [parte demandada al interior del proceso ordinario] 8 y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito

6 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada al correo carolquizalopezquintero@gmail.com. 7Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminhla@notificacionesrj.gov.co. 8Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: notificaciones.judiciales@huila.gov.co, maria.solano@huila.gov.co,Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso

8Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: notificaciones.judiciales@huila.gov.co, maria.solano@huila.gov.co,Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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6 Judicial de Neiva9 [a quo], para que si lo consideraban del caso intervinieran en la presente tutela.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila10

El Magistrado Ponente de la decisión enjuiciada manifestó que lo resuelto se soportó en la norma aplicable al sector docente, especialmente el régimen salarial y prestacional con énfasis en el estatuto de profesionalización docente y los decretos que regulan el incremento salarial de este sector.

Estudio que le llevó a concluir que la parte demandada no vulneró los derechos de la actora porque «el incremento otorgado para 2009 a la categoría 2BE (7.67%) a la que pertenecía la docente, no redujo el poder adquisit ivo, ya que fue igual a la inflación del año anterior y, por tanto, constitucionalmente válido. Además, los incrementos diferenciados de 2009 buscaban reducir brechas salariales, aplicando mayor porcentaje a quienes tenían salarios más bajos, en cumplimiento de criterios

inflación del año anterior y, por tanto, constitucionalmente válido. Además, los incrementos diferenciados de 2009 buscaban reducir brechas salariales, aplicando mayor porcentaje a quienes tenían salarios más bajos, en cumplimiento de criterios de progresividad y equidad del sistema escalafonado diseñado en el Decreto Ley 1278 de 2002».

Por lo expuesto, ante la falta de configuración de los defectos alegados, solicitó la negativa de la protección reclamada. Igualmente, procedió a remitir el enlace de acceso al expediente.

1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva11

La titular del despacho estimó que no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora, pues precisó las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada en torno a que no existió trasgresión de los derechos consagrados constitucionalmente en los artículos 13 y 53, toda vez que no se pudo establecer la confrontación de la Constitución y los Decretos que fijaron la asignación básica mensual para los docentes en el grado de escalafón 2BE y 2AE ni el desconocimiento de las normas constitucionales que se endilgaban como contrarias.

nanafernanda.doc@hotmail.com, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co. 9Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada al buzón: adm04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co 10 Índice 013 y 015 de Samai. 11 Índice 016 y 017 de Samai.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso

10 Índice 013 y 015 de Samai. 11 Índice 016 y 017 de Samai.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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7 1.6.3. Departamento del Huila12

El apoderado de la entidad aludió su falta de legitimación en la causa por pasiva por no advertir que se estuviera planteando alguna vulneración que le fuera imputable, toda vez que el proceso judicial con ocasión del cual se alude la afectación de los derechos fundamentales de la a ctora se adelantó ante autoridades de la jurisdicción contencioso - administrativa. Asimismo, hizo alusión a la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales y al principio de cosa juzgada y seguridad jurídica.

1.6.4. Ministerio de Educación Nacional13

La asesora jurídica se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en razón a que la controversia planteada recae sobre una decisión judicial y a su turno no advierte alguna acción u omisión atribuible a esa Cartera Ministerial que amerite la vinculación en el presente trámite.

Aludió a la falta de relevancia constitucional que comporta el presente mecanismo por tratarse de una controversia de naturaleza estrictamente económica y un litigio que involucra intereses privados.

1.6.5. Las demás entidades vinculadas guardaron silencio pese a que fueron

por tratarse de una controversia de naturaleza estrictamente económica y un litigio que involucra intereses privados.

1.6.5. Las demás entidades vinculadas guardaron silencio pese a que fueron debidamente notificadas de la presente acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El departamento del Huila y el Ministerio de Educación Nacional aludieron en el escrito de contestación a su falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitaron su desvinculación de la presente acción.

12 Índice 018 de Samai. 13 Índice 019 y 021 de Samai.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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8 Sin embargo, se advierte que el llamado realizado a las citadas entidades se hizo en calidad de tercero s por tener inte rés en el resultado que se adopte en este asunto al haber fungido como parte demandada, en el proceso dentro del cual se profirió la providencia cuestionada.

en calidad de tercero s por tener inte rés en el resultado que se adopte en este asunto al haber fungido como parte demandada, en el proceso dentro del cual se profirió la providencia cuestionada.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró las garantías invocadas por la parte actora con ocasión de la sentencia del 9 de diciembre de 2025, a través de la cual se revocó el resolutivo quinto de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y confirmó en lo demás la negativa de las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 4100133-33-004-2024-00268-02?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15 y declaró su procedencia.16

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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9 Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y

realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos p resupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 2022 17 explicó que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

La Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 2022 17 explicó que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionant e, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la d ecisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materia lización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección

17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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10 del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como

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10 del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal18 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional20.

[…]

En segundo lug ar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o

“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional20.

[…]

En segundo lug ar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal21”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales22”.

18 Sentencia SU-573 de 2019. 19 Sentencia SU-103 de 2022. 20 Sentencia SU-103 de 2022. 21 Sentencia SU-103 de 2022. 22 Sentencia SU-128 de 2021.Demandante: Martha Helena Gutiérrez Lasso Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2026-00373-00

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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumen