CE - Sentencia 11001031500020260787000 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260787000 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Accionante: BLANCA VARGAS DE LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Mora judicial injustificada – niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 25 de septiembre del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Blanca Vargas de Londoño, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Con
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Blanca Vargas de Londoño, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Con la solicitud pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la vida y a la salud.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la presunta mora judicial injustificada en la que ha incurrido la autoridad judicial demandada en proferir sentencia de segunda instancia en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con el radicado 25000-23-42-000-2016-04962-00/01.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como autoridad accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Asimismo, vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2
3. Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2
3. Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de la suscrita accionante a la calidad de vida, a la salud, debido proceso y de acceso a la administración de justicia o los que resulten acreditados como vulnerados, precisados en el capítulo de derechos violados de esta acción de tutela.
SEGUNDO: Ordenar al despacho sustanciador que tramita ante el CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA, proceso bajo el Radicado No. 25000234200020160496201, que en el término de treinta (30) días hábiles expida la correspondiente providencia judicial que resuelva el tr ámite de la segunda instancia, con motivo de la apelación elevada, acorde con el trámite procesal ya expuesto en los antecedentes, por tipificarse quebrantamiento a los derechos fundamentales a la calidad de vida, la salud, debido proceso y de acceso a la administración de justicia o los que resulten acreditados como vulnerados.
TERCERO: Prevenir a la Corporación accionada que en adelante garantice el derecho a la calidad de vida, a la salud, el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia que me asisten, con motivo del trámite procesal que se viene atendiendo bajo el proceso con Radicado No. 25000234200020160496201.3
1.2. Hechos
4. La señora Blanca Vargas de Londoño nació el 24 de febrero de 1949 y prestó sus servicios desde el 18 de diciembre de 1974 hasta el 5 de julio de 2004 a
1.2. Hechos
4. La señora Blanca Vargas de Londoño nació el 24 de febrero de 1949 y prestó sus servicios desde el 18 de diciembre de 1974 hasta el 5 de julio de 2004 a diferentes empleadores, incluidas la Rama Judicial y la Procuraduría General de la
Nación.
5. Mediante la Resolución No. 011097 del 5 de abril de 200 5, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) le reconoció una pensión de jubilación por aportes, a partir del 6 de julio de 2004, fecha en la que se retiró definitivamente del servicio. La anterior decisión fue modificada por en la Resolución No. 001263 del 9 de diciembre de 2005, mediante la cual reliquidó el monto de la pensión.
6. Posteriormente, la accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que le fuera reconocida la bonificación por compensación creada por los Decretos 610 de 1998 y 664 de 1999 . Mediante sentencia del 25 de mayo de 2007, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones y, en consecuencia, le ordenó a la Rama Judicial pagar dicha bonificación a la demandante, en el perio do comprendido entre el 1 de septiembre de 1999 y el 15 de marzo de 2001.
7. La providencia fue aclarada en auto del 9 de noviembre de 2007, en el sentido de que la condena también fuera tenida en cuenta para reliquidar prestaciones sociales y demás emolumentos a los que tuviera derecho.
7. La providencia fue aclarada en auto del 9 de noviembre de 2007, en el sentido de que la condena también fuera tenida en cuenta para reliquidar prestaciones sociales y demás emolumentos a los que tuviera derecho.
8. En ese orden, la señora Vargas de Londoño le solicitó a Colpensiones en
3 Transcripción literal que puede contener errores.Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3 varias oportunidades la reliquidación de su pensión, peticiones que fueron negadas mediante las Resoluciones No. 2567 del 30 de enero de 2012, No. GNR 322511 del 27 de noviembre de 201 3, confirmada por la Resolución No. VPB -13869 de 2014; No. GNR 13252 del 21 de enero de 2015 y No. GNR 415859 del 22 de diciembre de 2015, confirmada mediante las Resoluciones No. GNR 84484 del 17 de marzo de 2016 y No. VPB 22658 del 20 de mayo de 2016.
9. Por lo anterior, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con fin de que se declarara la nulidad de los mencionados actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, que se ordenara la reliquidación de su pensión de vejez.
contra Colpensiones, con fin de que se declarara la nulidad de los mencionados actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, que se ordenara la reliquidación de su pensión de vejez.
10. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-42-000-2016-04962-00 y le fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F , que, en sentencia del 25 de mayo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.
11. Al respecto, indicó que mediante orden judicial se dispuso el reconocimiento y pago de dicho emolumento a la demandante . A su vez, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectuó el pago de las sumas adeudadas y realizó los descuentos correspondientes a los aportes al sistema de pensiones, tanto a cargo de la demandante como del empleador, los cuales fueron girados a Colpensiones.
12. Por lo anterior, consideró que la negativa de la entidad demandada a realizar la reliquidación de la de jubilación de la demandante, desconoció el inciso séptimo del Acto Legislativo 01 de 2005 que establece que para liquidar las pensiones se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes.
13. La anterior decisión fue apelada por Colpensiones y, por tal razón, mediante auto del 13 de diciembre de 2021, el tribunal concedió el recurso. El 9 de marzo de 2022, el proceso le fue repartido al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, mediante auto del 4 de abril de 2022, admitió el recurso de apelación.
2022, el proceso le fue repartido al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, mediante auto del 4 de abril de 2022, admitió el recurso de apelación.
14. El asunto se encuentra al despacho para fallo desde el 26 de mayo de 2022, sin que a la fecha haya proferido la sentencia.
1.3. Sustento de la vulneración
15. La accionante señaló que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la vida y a la salud . Lo anterior, por cuanto desde el 26 de mayo de 2022 el proceso se encuentra al despacho para fallo, sin que al momento de la presentación de la acción de tutela hubiese proferido sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió.Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
4
16. A su vez, puso de presente que padece complicaciones de salud, pues en el año 2021 fue diagnosticada con «tumor maligno de laringe carcinoma», finalizó su quimiorradioterapia el 21 de mayo de 2024 y ha presentado fracturas vertebrales, apnea del sueño e insuficiencia tricúspide.
1.4. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
apnea del sueño e insuficiencia tricúspide.
1.4. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F , luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso, precisó que no tiene actuación alguna pendiente por resolver, puesto que profirió decisión de fondo y tramitó el recurso de apelación.
18. Por su parte, Colpensiones solicitó que se niegue la solicitud de amparo. Al respecto, señaló que acceder a las pretensiones de la accionante implicaría desconocer el derecho fundamental al debido proceso de otras personas que se encuentran en turno esperando a que se resuelvan sus litigios.
19. Además, consideró que ordenar que se profiera sentencia abre la posibilidad de que todas las personas que tengan pendientes la resolución de procesos judiciales acudan a la acción de tutela como una alternativa para que se resuelva el litigio, lo cual genera un mayor desgaste del aparato judicial.
II. CONSIDERACIONES
20. La Sala negará la solicitud de amparo presentada por la señora Blanca Vargas de Londoño . Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: i) el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela y, ii) la no configuración de la mora judicial injustificada.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
21. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
procedencia de la acción de tutela
21. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisi tos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo4.
4 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
5
22. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
23. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
24. La Sala advierte que la señora Blanca Vargas de Londoño está legitimada en la causa por activa, ya que es la parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuya mora judicial se reprocha mediante esta vía.
25. Por otra parte, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, está legitimado en la causa por pasiva, dado que adelanta el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y es la autoridad judicial sobre la cual se predica la mora judicial.
26. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el derecho fundamental5.
27. La accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la interposición de la solicitud de amparo, se sigue presentando la situación respecto de la cual deriva la alegada vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, pues aún no se ha proferido sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario en el que pretende su reliquidación pensional.
28. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
28. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales 6: i) como mecanismo de protección definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo7 y eficaz8 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.
29. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que la accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la falta de trámite del medio de control en el que figura como parte demandante.
5 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019. 6 Sentencia T-183 de 2024. 7 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU -379 de 2019. 8 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
6 2.1.2. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado no incurrió en una mora judicial injustificada
30. La C orte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial ; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»9.
31. La Sala considera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A no vulneró los derechos fundamentales de la accionante en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-201604962-00/01, por las razones que pasan a explicarse.
32. De la revisión del expediente, se advierte que mediante la Resolución No. 011097 del 5 de abril de 200 5, el ISS le reconoció una pensión de jubilación por aportes, a partir del 6 de julio del 2004, fecha en la que se retiró definitivamente del servicio. De conformidad con el expediente, obtuvo una mesada pensional de $3.418.502 para esa última fecha.
33. Luego, mediante sentencia del 25 de mayo de 2007, la Subsección B de la
servicio. De conformidad con el expediente, obtuvo una mesada pensional de $3.418.502 para esa última fecha.
33. Luego, mediante sentencia del 25 de mayo de 2007, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le reconoció la bonificación por compensación y ordenó que dicho factor fuera tenido en cuenta para reliquidar prestaciones sociales y demás emolumentos a los que tuviera derecho.
34. Ante la negativa de Colpensiones en reliquidar su pensión de jubilación incluyendo dicho reconocimiento, promovió un nuevo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en sentencia del 25 de mayo de 2021, accedió a las pretensiones. Dicha decisión fue apelada por Colpensiones.
35. Por lo anterior, por auto del 13 de diciembre de 2021, el tribunal concedió el recurso. Luego, el 9 de marzo de 2022, el proceso le fue repartido al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que, mediante auto del 4 de abril de 2022, admitió el recurso de apelación.
36. Si bien la Sala advierte que el asunto se encuentra al despacho para fallo desde el 26 de mayo de 2022, sin que para la fecha la autoridad judicial accionada hubiese efectuado pronunciamiento alguno, tal circunstancia no conduce, por sí sola, a concluir que s e configuró una mora judicial injustificada que vulnere los
9 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T -183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179
sola, a concluir que s e configuró una mora judicial injustificada que vulnere los
9 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T -183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179 de 2021.Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
7 derechos fundamentales de la accionante.
37. En este caso, se observa que la controversia que debe resolver el Consejo de Estado está relacionada con la reliquidación de su pensión de jubilación , con ocasión del reconocimiento de la bonificación por compensación en su ingreso base de cotización. En consecuencia, la pretensión del proceso ordinario cuya tardanza se reprocha tiene una incidencia primordialmente económica, pues se dirige a obtener un eventual incremento en el valor de la mesada pensional de la accionante.
38. Ahora bien , la Sala no desconoce que el carácter económico de la controversia no excluye, per se, la posibilidad de que una situación de mora pueda comprometer derechos fundamentales, particularmente cuando se encuentra involucrada una prestación pensional. Empero, en este tipo de casos, resulta necesario establecer si existen circunstancias particulares que permitan concluir que la falta de decisión sobre el recurso de apelación afecta de manera concreta sus condiciones de subsistencia, su mínimo vital o el goce efectivo de su derecho a la seguridad social.
necesario establecer si existen circunstancias particulares que permitan concluir que la falta de decisión sobre el recurso de apelación afecta de manera concreta sus condiciones de subsistencia, su mínimo vital o el goce efectivo de su derecho a la seguridad social.
39. Al respecto, de los elementos de juicio examinados no se advierte que la accionante haya demostrado que la falta de resolución del recurso de apelación le impida satisfacer sus necesidades básicas o le genere una situación de vulnerabilidad que exija una intervención urgente del juez constitucional. Por el contrario, de los antecedentes expuestos se desprende que cuenta con pensión de jubilación, sin que se encuentre acreditado que la demora en resolver la controversia sobre su eventual reliquidación haya comprometido su mínimo vital.
40. En esas condiciones, aunque la demora en la resolución del proceso ordinario merece especial atención, no se cuenta con elementos suficientes para concluir que, en las circunstancias particulares acreditadas en el expediente, dicha tardanza haya generado una afectación concreta de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
41. Finalmente, la Sala estima pertinente precisar que existe una alta congestión judicial en los despachos del país y, en especial en la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cual obedece a un problema estructural de la administración de justicia, mas no a la negligencia del juez.
42. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado, al no encontrarse acreditada la vulneración de los derechos fundamentales alegados, en los términos examinados en esta providencia.
43. Sin embargo, esta Sección no desconoce que desde el 26 de mayo de 2022
acreditada la vulneración de los derechos fundamentales alegados, en los términos examinados en esta providencia.
43. Sin embargo, esta Sección no desconoce que desde el 26 de mayo de 2022 el proceso se encuentra al despacho para fallo, en el que , adem ás, la parte accionante ha presentado múltiples memoriales de impulso procesal, a saber, el 15Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
8 de enero10, 16 de junio11 y 8 de julio de 202412, 8 de abril de 202513, 26 de abril14 y 14 de septiembre de 202 615. Por tal razón, se exhortará a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que se pronuncie sobre dichas solicitudes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por a utoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por la señora Blanca Vargas de Londoño contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
SEGUNDO: EXHORTAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , para que resuelva los memoriales de impulso procesal presentados por la accionante al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
SEGUNDO: EXHORTAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , para que resuelva los memoriales de impulso procesal presentados por la accionante al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado Con aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
10 Índice 15 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01. 11 Índice 22 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01. 12 Índice 23 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01. 13 Índice 26 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01. 14 Índice 27 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01.
13 Índice 26 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01. 14 Índice 27 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01. 15 Índice 29 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2016-04962-01.Accionante: Blanca Vargas de Londoño Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-07870-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
9
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx