CE - Sentencia 11001032400020180019600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Número único de radicación: 11001032400020180019600

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Team Foods Colombia S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Agropecuaria la Sevillana S.A.S.1

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad –

Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Team Foods Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33736 de 30 de junio de 2015 y 1451 de 12 de enero de 2018.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Team Foods Colombia S.A ., en adelante la parte demandante 2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante

1 En la actualidad el titular es SOCIEDAD PROYECTOS DE LA FE S.A.S. 2 Actuando por intermedio de apoderado. 3 Cfr. Folios 420 a 451.2

1 En la actualidad el titular es SOCIEDAD PROYECTOS DE LA FE S.A.S. 2 Actuando por intermedio de apoderado. 3 Cfr. Folios 420 a 451.2

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la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33736 de 30 de junio de 2015 , “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario ”, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ; y la Resolución núm. 1451 de 12 de enero de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta LA SEVILLANA, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es la sociedad Agropecuaria la Sevillana S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que el signo LA SEVILLANA (Mixta) en clase 29, no cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que el signo LA SEVILLANA (Mixta) en clase 29, no cumple con los requisitos para ser registrado como marca.

2. Que es nula la Resolución No. 33736 del 30 de junio de 2015 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por TEAM FOODS COLOMBIA S.A., y se concedió el registro de la marca LA SEVILLANA

(Mixta) en clase 29 a nombre de AGROPECUARIA LA SEVILLANA S.A.S.

3. Que es nula la Resolución No. 1451 del 12 de enero de 2018 expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 33736 del 30 de junio de 2015 en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por TEAM FOODS COLOMBIA S.A., conceder el registro de la marca solicitada y se agotó la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca LA SEVILLANA (Mixta) en clase 29 a nombre de AGROPECUARIA LA SEVILLANA S.A.S. cuyo número se encuentra pendiente de ser asignad o a la fecha de presentación de esta demanda.

clase 29 a nombre de AGROPECUARIA LA SEVILLANA S.A.S. cuyo número se encuentra pendiente de ser asignad o a la fecha de presentación de esta demanda.

4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

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5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó , el 7 de noviembre de 2014 , el registro como marca del signo mixto LA SEVILLANA, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de noviembre de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 712, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su s marcas nominativa y mixta LA SEVILLANA, registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015 , declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió

4.3. La directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015 , declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta LA SEVILLANA, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante i nterpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015.

4.5. El superintendente delegado para la Propiedad Industrial , por medio de la Resolución núm. 1451 de 12 de enero de 2018, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. Los artículos 136, literales a) y h), y 172 de la Decisión 486 de 2000.

5.2. Los artículos 84, 85, 128, 135, 137 y disposiciones concordantes del Código4

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de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Mencionó que p ermitir la coexistencia de marcas idénticas o similares para productos idénticos o relacionados afecta la libertad de elección de los

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Mencionó que p ermitir la coexistencia de marcas idénticas o similares para productos idénticos o relacionados afecta la libertad de elección de los consumidores, quienes no podrán identificar el origen y la procedencia del producto, y causa un perjuicio injustificado al titular de la marca anterior, permitiendo que un tercero se beneficie sobre la base de la actividad ajena.

6.2. Adujo que los signos confrontados LA SEVILLANA y LA SEVILLANA son idénticos desde el punto de vista conceptual, ortográfico y fonético.

6.3. Sostuvo que la coexistencia de las marcas LA SEVILLANA y LA SEVILLANA genera un claro riesgo de confusión indirecta y de asociación y puede, inclusive, generar un riesgo de confusión directa.

6.4. Señaló que aún si el consumidor asigna a las marcas LA SEVILLANA y LA SEVILLANA diferente origen empresarial, dada la identidad de los signos y la relación entre productos, existe un alto riesgo de que piense que hay alguna relación o vinculación entre las empresas productoras.

6.5. Indicó que los productos amparados por cada una de las marcas se encuentran en la misma clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

6.6. Aseguró que l os productos tienen los mismos canales de comercialización al ser vendidos en tiendas y supermercados; y que, en relación con las carnicerías, que es usual que, además de carne, se vendan los productos para preparar la carne, tales como condimentos, aceites y salsas.5

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que es usual que, además de carne, se vendan los productos para preparar la carne, tales como condimentos, aceites y salsas.5

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6.7. Adujo que los medios de publicidad para promocionar la carne y los aceites son los mismos, refiriéndose a pautas publicitarias en los medios tradicionales , tales como la televisión, prensa y radio.

6.8. Arguyó que la carne y los aceites forman parte del mismo género de productos, al tratarse de productos alimenticios para el consumo humano y, en ese sentido, al tratarse de signos idénticos nominativamente es posible que se origine riesgo de confusión.

Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.9. Expresó que LA SEVILLANA es una marca notoria y que permitir la coexistencia de una marca idéntica, cualesquiera que sean los productos para los que se use, generaría no sólo un riesgo de confusión o de asociación, como ya se indicó, sino que también diluiría la fuerza distintiva del signo, y su valor comercial y publicitario.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada 5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

7.1. Mencionó que si bien existe una similitud entre las marcas cotejadas al estudiar en conjunto las mismas, se destaca que en la solicitada predomina el elemento

486 de 2000

7.1. Mencionó que si bien existe una similitud entre las marcas cotejadas al estudiar en conjunto las mismas, se destaca que en la solicitada predomina el elemento gráfico, pues ésta evoca el concepto de lo que pretende ofrecer en el merca do, mientras que la marca previamente registrada, en sus gráficos , refleja algo totalmente distinto a lo que ofrece.

7.2. Reiteró que en la marca cuestionada prevalece el componente gráfico, máxime si se tiene en cuenta que su gráfica no evoca conceptualmente una idea semejante o idéntica a la que ofrece la figura de la marca opositora, de manera que no se

5 Actuando por intermedio de apoderado.6

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genera en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación algun o en el mercado del producto y/o servicio que pretende ofrecer.

7.3. Indicó que l os signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios; y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. En efecto, en el presente caso conforme a los factores de conexidad competitiva, es posible colegir que los productos identificados con los signos distintivos en cotejo no comparten relación, toda vez que si bien es cierto que se encuentran en de la misma Clase del Nomenclátor, también lo es que identifican productos totalmente diferentes.

7.4. Señaló que s e infiere que los productos de las marcas cotejadas por su

relación, toda vez que si bien es cierto que se encuentran en de la misma Clase del Nomenclátor, también lo es que identifican productos totalmente diferentes.

7.4. Señaló que s e infiere que los productos de las marcas cotejadas por su naturaleza y finalidad no guardan relación de intercambiabilidad y tampoco tienen los mismos canales de comercialización o distribución. Aunado a lo anterior, no es de esperarse que el productor de aceites y grasas comestibles también comercialice carne o incursione en este mercado , al tratarse de actividades productivas tan distantes.

7.5. Adujo que , en este orden de ideas , la especialidad de los productos anteriormente descritos evita que el consumidor los asocie y crea que tiene n un mismo origen empresarial.

7.6. Alegó que en atención a que no existe conexión competitiva entre los productos a distinguir por los signos distintivos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso realizar análisis comparativos de los signos, en la medida en que el no cumplimiento de unos de los supuestos de hecho hace que la marca cuestionada sea registrable.

Respecto de la notoriedad

7.7. Alegó que para que proceda el reconocimiento de la notoriedad, ésta se debe argumentar y probar ante la entidad competente para que en el efecto se expida el acto administrativo correspondiente, previo al cumplimiento de los parámetros legales y probatorios al respecto.7

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7.8. Señaló que, respecto de los argumentos y pruebas allegadas relacionadas con

legales y probatorios al respecto.7

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7.8. Señaló que, respecto de los argumentos y pruebas allegadas relacionadas con la notoriedad de la marca LA SEVILLANA, previamente registrada, no se incluyó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486; y que, además en su momento, no pagó la tasa prevista para invocar la notoriedad ante la autoridad competente, por lo que no es la demanda el momento procesal oportuno para ello, ya que el reconocimiento de la notoriedad se debe argumentar y probar únicamente en la instancia administrativa.

7.9. Finalmente, la actora alegó que se vulneraron los artículos 84, 85, 128, 135 y 137 del CPACA. Sin embargo, no sustentó el concepto de su violación.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando

lo siguiente:

8.1. Mencionó que la parte demandada efectuó un análisis de confundibilidad atendiendo los criterios establecidos en la ley y la Jurisprudencia Andina y , como resultado de este, encontró que las marcas en conflicto no eran confundibles.

8.2. Indicó que no existe riesgo de confusión entre los signos distintivos cotejados, en virtud de la especificidad de los productos que cada uno distingue, los cuales no son semejantes y, por ende, no son confundibles.

8.2. Indicó que no existe riesgo de confusión entre los signos distintivos cotejados, en virtud de la especificidad de los productos que cada uno distingue, los cuales no son semejantes y, por ende, no son confundibles.

8.3. Adujo que entre los productos que amparan las marcas cotejadas, no existe relación, comoquiera que difieren totalmente de su naturaleza, cumplen diversas finalidades en tanto que satisfacen necesidades divergentes, entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

8.4. Expresó que mientras la marca de la parte demandante ampara productos específicos, como lo son los aceites y grasas comestibles, los de la marca de su propiedad están direccionados a satisfacer las necesidades en el campo de los productos cárnicos.8

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8.5. Adujo que los canales de comercialización son diferentes, pues el expendio de productos cárnicos y de aceites se hace en lugares diferentes.

8.6. Arguyó que el elemento gráfico, que acompaña su marca, lo hace totalmente diferenciable de las marcas opositoras.

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de julio de 2021, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) la audiencia inicial se efectuó el 4 de agosto de 2021, en la que se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el n umeral 6 del artículo 180 y, de oficio, no

efectuó el 4 de agosto de 2021, en la que se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el n umeral 6 del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y ordenó suspender la audiencia; y iii) la audiencia se reanudó el día 23 de agosto de 2021, en la que se decidió sobre la solicitud de aclaración respecto del auto por medio del cual se resolvieron las solicitudes probatorias y se ordenó solicitar la interpretación prejudicial.

Solicitud de interpretación prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 9 de febrero de 20256: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial 7: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45 -IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos d e las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IPjurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos d e las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP2020, 49 -IP-2018, 49 6-IP-2019, 509 -IP-2019, 203 -IP-2020, 391 -IP-2022, 344 -IP2022 y 49-IP-2018, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

6 Cfr. Índice 81 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.9

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para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso 8, reiter ó los argumentos de la contestación de la demanda. Adicionalmente, manifestó que la demanda en el presente proceso fue presentada por Team Food s Colombia S.A. pero con posterioridad transfirió la marca objeto de la oposición en el año 2023, por lo que carece de legitimación para continuar con el proceso.

10.2. La parte demandante 9 reiteró los argumentos de la demanda . Adicionalmente, respecto de la manifestación del tercero con interés directo en l as

lo que carece de legitimación para continuar con el proceso.

10.2. La parte demandante 9 reiteró los argumentos de la demanda . Adicionalmente, respecto de la manifestación del tercero con interés directo en l as resultas del proceso en los alegatos de conclusión, en el sentido que señalar que la parte demandante carecía de legitimación al haber cedido la marca a la sociedad Alianza Team International S.A. en el año 2023, indicó que , de acuerdo a los términos del artículo 172 de la Decisión 486, cualquier persona, sea titular de una marca o no, puede iniciar una acción de nulidad bajo las normas comunitarias, pues lo que pretende la acción es juzgar el comportamiento de la oficina de marcas y el interés general de los consumidores.

10.3. La parte demandada10 reiteró los argumentos de la demanda.

Concepto del Ministerio Público

11. El Ministerio Público11 no se pronunció en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

8 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Cfr. Índice 90 del aplicativo web “SAMAI”. 10Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Cfr. Índice 91 del aplicativo web “SAMAI”.10

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11 Cfr. Índice 91 del aplicativo web “SAMAI”.10

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Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

13. El artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437, prevé la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 12, establece la distribución de procesos entre las secciones, siendo esta Sección competente para conocer del presente asunto.

14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

15. Los actos acusados son los siguientes:

15.1. La Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015 , mediante la cual la directora de signos distintivos concedió el registro de la marca mixta LA SEVILLANA para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

15.2. La Resolución núm. 1451 de 12 de enero de 2018 , por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de

15.2. La Resolución núm. 1451 de 12 de enero de 2018 , por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015.

El problema jurídico

16. De acuerdo con la fijación del litigio , el problema jurídico consiste en

determinar:

12 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.11

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16.1. Si las resoluciones núms. 33736 de 30 de junio de 2015 y 1451 de 12 de enero de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LA SEVILLANA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar “Carne, extractos de carne; carne de ave; carne de cerdo; carne de conserva”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

16.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas LA SEVILLANA, que identifican productos de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante; y

16.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas LA SEVILLANA, que identifican productos de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante; y

16.3. En segundo lugar, si las marcas LA SEVILLANA, cuyo titular es la parte demandante, son notorias y, en ese sentido, si la marca concedida constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de las marcas de la parte demandant e y si, en relación con dichas marcas, es susceptible de causar: i) un riesgo de confusión o de asociación con las marcas o con sus productos; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas; o iii) la dilución de la fuerza distintiva de las marcas o de su valor comercial o publicitario.

17. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena13, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

13 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.12

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Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200014 de la Comisión de la Comunidad Andina15.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina16

19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina17.

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

14 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de

artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre p ropiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,

denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 15 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 16 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, med