CE - Sentencia 11001032500020170018900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001032500020170018900(1157-2017) Demandante : Albeiro Fernández Ochoa Demandada : Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de

Salud y Protección Social.

Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011

Tema : Demanda de nulidad en contra del numeral 2° del artículo 27 del Decreto 3771 de 2007.

Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, presentó el ciudadano Albeiro Fernández Ochoa en contra del numeral 2° del artículo 27 del Decreto 3771 del 1° de octubre de 2007 “por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional” proferido por el gobierno nacional.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

El 24 de marzo de 2017, el señor Albeiro Fernández Ochoa actuando en nombre propio, presentó demanda de nulidad, en la cual solicitó las siguientes pretensiones:

“1.- Que se declare la nulidad del numeral 2° del Art 27 de del Decreto 3771 de 2007.

propio, presentó demanda de nulidad, en la cual solicitó las siguientes pretensiones:

“1.- Que se declare la nulidad del numeral 2° del Art 27 de del Decreto 3771 de 2007. 2.- Ordenar que la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda se cumpla en los términos del artículo 192 del CPACA”.

El tenor literal de la disposición acusada reza lo siguiente:

1 Expediente físico. Fls., 1-18.2

Número interno: 1157-2017

Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DECRETO 3771 DE 2007

(octubre 1)

Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 13, 20, 26,27,28,29, y 258 de la Ley 100 de 1993.

DECRETA: […] Artículo 272. Devolución del subsidio. La entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá controlar y hacer exigible la devolución de los subsidios, a las entidades administradoras de pensiones, cuando se

presente alguno de los siguientes eventos:

(...) 2. Cuando se reconozcan indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez o la devolución de aportes.

Hechos

presente alguno de los siguientes eventos:

(...) 2. Cuando se reconozcan indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez o la devolución de aportes.

Hechos

Como sustento fáctico de las pretensiones, la parte actora indicó lo que a continuación se cita:

Relató que el 1° de octubre de 2007, el Presidente de la República de Colombia en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13,20,25,26, 27,28,29 y 258 de la Ley 100 de 1993

2 Se precisa que esta norma fue compilada en el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.14.1.27.3

Número interno: 1157-2017

Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

expidió el Decreto 3771 de 2007 “por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional”.

Precisó que el decreto mencionado fue publicado el mismo día en el Diario oficial No. 46.768 como consta en Http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA.

1.2. Normas violadas, concepto de violación y cargos de ilegalidad

La parte demandante considera que el acto administrativo acusado viola los artículos 4, 13, 48 de la Constitución Política y 26 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto a los cargos de ilegalidad, expuso los siguientes:

La parte demandante considera que el acto administrativo acusado viola los artículos 4, 13, 48 de la Constitución Política y 26 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto a los cargos de ilegalidad, expuso los siguientes:

1.2.1 Primer cargo: exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria

La parte demandante expuso que el numeral 2° del Articulo 27 del Decreto 3771 de 2007 ordena la devolución del subsidio proveniente del Fondo de Solidaridad Pensional en aquellos eventos en que se reconozca la indemnización sustitutiva de pensión de vejez. Esta disposición a su juicio, comporta una extralimitación de las facultades reglamentarias, que desborda lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 100 de 1993.

El d emandante argumentó que el tenor literal de la norma demandada, trae consecuencias económicas “nefastas” para los trabajadores que estuvieron en su momento afiliados al programa “Prosperar Hoy Colombia Mayor” toda vez que, cuando un afiliado no alcanza a completar las semanas para adquirir su pensión de vejez y procede a reclamar la indemnización sustitutiva, Colpensiones, sólo devuelve el valor de los aportes que el trabajador efectuó sin incluir el subsidio del Estado.

Afirmó que, la devolución de los subsidios que provienen del Estado, no se aplica a las indemnizaciones en el marco de la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Explicó sobre el particular que, el afiliado que sufre una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y no completa las 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la declaratoria de su Estado de Invalidez, tiene derecho al4

Explicó sobre el particular que, el afiliado que sufre una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y no completa las 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la declaratoria de su Estado de Invalidez, tiene derecho al4

Número interno: 1157-2017

Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

reconocimiento de la indemnización sustitutiva de invalidez, incluyendo el valor del aporte del subsidio del Esta do, porque el decreto demandado no incluyó como causal de devolución de aportes el reconocimiento de las indemnizaciones sustitutivas de pensión de invalidez. La misma regla aplica a su juicio, respecto de la pensión de sobrevivientes, frente a la cual tampoco se previó la citada devolución.

Adicionalmente a lo anterior, argumentó que se “llegaría al absurdo” de aceptarse que “el subsidio del Estado otorgado al programa -Prosperar Hoy Colombia Mayor, procede para el reconocimiento de la pensión de vejez, p ero no para la indemnización sustitutiva de dicha prestación”. Lo anterior, porque lo accesorio, sigue la suerte de lo principal. Diferencia que, según explica el demandante, no fue fijada por la ley. De manera que el ejecutivo vulneró la facultad reglamentaria porque estableció supuestos normativos que no estableció la norma.

1.2.2 Segundo cargo: imposición de renunciar al régimen de seguridad social

En criterio de la parte actora, la norma demandada vulnera el artículo 48 de la Constitución Política, porque obliga al afiliado que está en situación de inferioridad

1.2.2 Segundo cargo: imposición de renunciar al régimen de seguridad social

En criterio de la parte actora, la norma demandada vulnera el artículo 48 de la Constitución Política, porque obliga al afiliado que está en situación de inferioridad a renunciar al subsidio del Estado otorgado a través del Fondo de Solidaridad Pensional, cuando reclama la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, sin ningún tipo de fundamentación.

Expuso qu e, la norma objeto de censura va en contravía del principio de irrenunciabilidad del sistema de seguridad social “al establecer requisitos objetivos no establecidos en la Norma y que trasgreden inclusive los cimientos y bastiones propios de nuestro Estado Social de Derecho, cual es lograr el principio de solidaridad, universalidad e igualdad material de los derechos de los asociados, presentándose así causal para la invalidez de la norma hoy denunciada como inconstitucional”3.

1.2.3 Tercer cargo: violación del principio de igualdad material

Para el demandante, la norma enjuiciada vulnera el principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, puesto que desconoce que

3 Expediente físico. Fl.,15.5

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Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

el afiliado que no está en condiciones de acceder a una pensión de vejez, se encuentra en una situación de desprotección mayor, ya que no tiene a su favor una remuneración mensual y se ve expuesto a recibir por una sola vez una devolución de sus propios aportes, sin contar con el subsidio del Estado.

encuentra en una situación de desprotección mayor, ya que no tiene a su favor una remuneración mensual y se ve expuesto a recibir por una sola vez una devolución de sus propios aportes, sin contar con el subsidio del Estado.

Con fundamento en lo expuesto, peticionó que se de aplicación a la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la Constitución Política, sobre la norma que demanda su nulidad.

1.3. Trámite procesal

Por auto del 11 de marzo de 20204 se admitió la demanda, se ordenó notificar la decisión por estado a la parte demandante, vincular como demandada a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y notificar personalmente a los señores ministros de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Mediante auto del 26 de octubre de 2022 5 se negó la excepción de “falta de integración de litisconsorcio necesario” propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que dicho misterio intervino en la suscripción de la norma censurada y en razón de ello le asiste legitimación en la causa para hacer parte en el presente proceso.

1.4. Intervención de las partes accionadas

1.4.1 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 6 se opuso a las pretensiones de la demanda. Luego de referirse in extenso a las normas que crearon el Fondo de Solidaridad Pensional, a su naturaleza y finalidad, puntualizó que ninguno de los cargos de nulidad presentados por el demandante está llamados a prosperar por

de la demanda. Luego de referirse in extenso a las normas que crearon el Fondo de Solidaridad Pensional, a su naturaleza y finalidad, puntualizó que ninguno de los cargos de nulidad presentados por el demandante está llamados a prosperar por las siguientes razones:

En lo referente al cargo consistente en que el gobierno incurrió en exceso de potestad reglamentaria al expedir la norma acusada, dijo que el legislador otorgó al

4 Expediente físico. Fl., 22. 5 Expediente físico. Fl. 31 6 Aplicativo Samai. Fl 16.6

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Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ejecutivo, en materia del Fondo de Solidaridad Pensional, una amplia facultad reglamentaria, que balanceara no solo los aspectos medulares previstos en la propia Ley 100 de 1993, sino que cubriera la posibilidad de que por la vía reglamentaria se lograra asegurar que el Programa de Subsidio al Aporte, pudiera avanzar en el terreno de la gradualidad en cuanto a cobertura y entidad del subsidio.

Puso de presente que, no fue el propósito del legislador de la Ley 100 de 1993, modificar la fuente de recursos con los q ue se liquidan las prestaciones de Indemnización sustitutiva o de devolución saldos para colocarle como ingrediente adicional los subsidios que por cuenta del Fondo se hubieren acumulado por el interesado hasta el momento en que se tiene por fallida la Pen sión de Vejez. De haber sido ese su propósito lo hubiera dispuesto así en los artículos 37, 45 y 49 de

adicional los subsidios que por cuenta del Fondo se hubieren acumulado por el interesado hasta el momento en que se tiene por fallida la Pen sión de Vejez. De haber sido ese su propósito lo hubiera dispuesto así en los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993, normas en las que claramente se aprecia que la prestación indemnizatoria sigue moviendo su curso en la lógica de un equilibrio por el que el monto de la indemnización va en directa función de los aportes efectivamente efectuados sin subsidios.

Argumentó que, el ejecutivo no excedió su poder reglamentario cuando deviene, por la norma enjuiciada, incompatible el subsidio del aporte con la Indemnización Sustitutiva o la Devolución de Saldos -según el régimen que corresponda - y por el contrario, el texto legal demandado no es más que la expresión lógica de la norma.

En este sentido, de resultar fallida la pensión de vejez, el administrador debe salir a recuperar los recursos de estos aportes para el Fondo público, en cuanto que ellos se requieren no solo para re spaldar a quienes por contar con capacidad reducida en el pago pleno del aporte, se auxilian del Programa e ir por la aludida Pensión sino para que pueda hacer parte del nivel de cobertura del auxilio.

Finalmente, precisó que una persona que reclama la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez de origen común, no cae en supuestos per-se para configurar a su favor el derecho a una pensión de vejez. Podría ocurrir que incluso una persona puesta en dichas condiciones precarias pudiera revertir su situación adversa a que lo arroja la condición de invalidez, si logra a través de su reducida capacidad laboral,

a su favor el derecho a una pensión de vejez. Podría ocurrir que incluso una persona puesta en dichas condiciones precarias pudiera revertir su situación adversa a que lo arroja la condición de invalidez, si logra a través de su reducida capacidad laboral, provocar ingresos que le permitan construir una pensión de vejez a partir de apoyar su capacidad de pago del aporte en el Fondo de Solidaridad Pensional.7

Número interno: 1157-2017

Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En relación con la vulneración del derecho a la irrenunciabilidad al sistema de seguridad social, explicó que no hay un derecho adquirido del afiliado cuando el Fondo transfiere el subsidio a la Administradora de Pensiones, como lo deja entender el demandante. Lo que allí ocurre es una transferencia de unos recursos públicos sometidos a la condición de ejecución de que el afiliado cause el derecho de pensión de vejez. Si dicha condición suspensiva no se cumple, los recursos públicos conservan tal condición, no ingresan al haber del afiliado y deben retornar al Fondo del cual salieron.

Terminó este punto señalando que, las normas que se ocupan en la Ley 100 de 1993 para la Indemnización sustitutiva o para la devolución de saldos, no contemplaron los subsidios como acopio de los recursos que deben considerarse para la liquidación de esta prestación.

Respecto al último cargo de nulidad consistente en la vulneración del principio de la igualdad material, indicó que el reclamo de que “má s necesidad del subsidio tiene

para la liquidación de esta prestación.

Respecto al último cargo de nulidad consistente en la vulneración del principio de la igualdad material, indicó que el reclamo de que “má s necesidad del subsidio tiene aquel que no alcanza la pensión y que por tal debe ir por la indemnización sustitutiva o por la devolución de saldos”, lo único que muestra es el desacuerdo que tiene el demandante con el objetivo que el legislador de la Ley 100 concibió para el Fondo de Solidaridad Pensional.

Dice el actor que dar un “trato disímil de otorgarle el subsidio del Estado a las personas que pudieron completar la densidad de semanas para adquirir el derecho de pensión, con respecto de aquellas que por su situación económica no alcanzaron a completar las semanas y se vieron avocados a optar por el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, constituye una violación flagrante al principio de igualdad real”. Nuevamente emerge acá que el reclamo es para el Legislador y no para el Ejecutivo por cuanto las previsiones de los artículos 25 a 30 de la Ley 100 de 1993 concibieron el Fondo como instrumento solidario en favor de quienes no tienen capacidad de pago pleno del aporte, y financiado, entre otros, por quienes sí tienen dicha condición plena de pago del aporte a pensiones.

De conformidad con lo expuesto solicitó, negar las pretensiones de la demanda y declarar ajustada a derecho la norma censurada.8

Número interno: 1157-2017

Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1.4.2 El Ministerio de Salud y Protección Social7

Número interno: 1157-2017

Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1.4.2 El Ministerio de Salud y Protección Social7

Argumentó que dicho ministerio interviene en el sector salud pero desde una perspectiva muy diferente a la que se pretende por la parte demandante, pues como se manifestó en el hecho único de esta contestación, la norma aquí demandada se enfoca netamente en la reglamentación, administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional; por lo que el papel de dicho ministerio es el de formular las políticas públicas, bien a través de la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República, o con la expedición de actos administrativos que regulen lo referente al sector salud, por lo que solicitó que se declare que ha dicho ministerio no le asiste la legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Sentencia anticipada

Con auto del 1 9 de febrero de 20248 se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada, por configurarse las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 1º del artículo 182 A del CPACA. De igual forma, en la misma providencia se fijó el litigio, se tuvo por contestada en tiempo la demanda presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, las partes no solicitaron pruebas y se incorporaron las que fueron allegadas oportunamente, y finalmente, se corrió traslado para alegar de conclusión.

1.6. Alegatos de conclusión

El Ministerio del Trabajo y la Protección Social 9, reiteró los argumentos de la

oportunamente, y finalmente, se corrió traslado para alegar de conclusión.

1.6. Alegatos de conclusión

El Ministerio del Trabajo y la Protección Social 9, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, adicionalmente se refirió al marco normativo de la Ley 100 de 1993, en particular hizo referencia al principio de eficiencia en el Sistema de Seguridad Social.

Las demás partes guardaron silencio.

7 Aplicativo Samai, índice 16. 8 Expediente físico. Fl. 36. 9 Expediente digial, indice 0046 Samai.9

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Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

Demandada: Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1.7. Concepto del Ministerio Público10

El agente del Ministerio Público , rindió concepto , en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda.

El ente de control explicó que los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993, se ocuparon de instituir el Fondo de Solidaridad P ensional, pre cisando su naturaleza, objeto , finalidad y administración de los recursos. En ese contexto normativo argumentó que el subsidio que se otorga por dicho fondo no fue previsto para hacer parte de la indemnización sustitutiva de que trata el art. 37de la Ley 100 de 1993, puesto que, según lo expuso “no tiene como objetivo cubrir ninguna suma relativa a una Indemnización Sustitutiva ni devolución de saldos y a pesar de que ese subsidio no tiene como fin contribuir con ninguna mesada pensional como tal,

de 1993, puesto que, según lo expuso “no tiene como objetivo cubrir ninguna suma relativa a una Indemnización Sustitutiva ni devolución de saldos y a pesar de que ese subsidio no tiene como fin contribuir con ninguna mesada pensional como tal, pues el mismo financia parcialmente solo el aporte que debe hacer el empleador o bien el trabajador, en los términos de los artículos 26 y ss. de la Ley 100 de 1993, con lo cual se concluye en realidad una tergiversación, por parte del actor, en las leyes en que se funda la disposición del decr eto acusado, además del desconocimiento del carácter temporal que posee” .

Finalmente explicó que, no ordenar la devolución del subsidio, como lo pretende el demandante, sería una determinación contraria a la ley, puesto que desconoce que la creación de d icho subsidio es para subsidiar el faltante del aporte pensional de ley, y no para subsidiar una restitución del aporte que no se computará finalmente para pensión alguna.

Así las cosas, solicitó negar las pretensiones de nulidad de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

10 Expediente digital, índice de Samai 0040.10

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Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 º del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201911, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado , la Sección Segunda es competente para conocer en única

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 º del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201911, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado , la Sección Segunda es competente para conocer en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

En el presente asunto, l a disposición acusada fue expedid a por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Salud y la Protección Social, en cuanto a la naturaleza del asunto , corresponde a un linaje laboral, pues versa sobre la devolución de los subsidios girados por el Fondo de Solidaridad Pensional, en aquellos eventos en que el afiliado no logra cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Asuntos que sin duda guardan relación con el derecho a la seguridad social en pensiones.

2.2. Problema jurídico

En el auto del 1 9 de febrero de 2024, se dispuso dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, el litigio se fijó como sigue:

“concierne a la legalidad o no del numeral 2° del artículo 27 del Decreto 3771 de 2007, expedido por el Presidente de la República “por le cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional” al estimar la parte demandante que quebranta los artículos 4,13,,48 de la Constitución Política y 26 de la Ley 100 de 199, al considerar que el presidente de la República excedió su potestad reglamentaria, trasgredió el principio de igualdad material y generó una imposición de renunciar al régimen de seguridad social, en la medida en que hace

y 26 de la Ley 100 de 199, al considerar que el presidente de la República excedió su potestad reglamentaria, trasgredió el principio de igualdad material y generó una imposición de renunciar al régimen de seguridad social, en la medida en que hace exigible la devolución de subsidios a las entidades administradoras de pensiones, cuando reconocen indemn izaciones sustitutivas de la pensión de vejez o la devolución de aportes”.

El problema jurídico se concentra en resolver si el numeral 2° del artículo 27 del Decreto 3771 de 2007 , al establecer que la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá controlar y hacer exigible la devolución de los subsidios, a las entidades administradoras de pensiones, cuando se reconozcan indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez o la devolución de aportes, creó

11 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».11

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Demandante: Albeiro Fernández Ochoa

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una regla discriminatoria injustificada excediendo la facultad de reglamentar la disposición legal.

Para resolver el interrogante planteado se realizarán algunas precisiones sobre el Fondo de Solidaridad Pensional y la indemnización sustitutiva.

una regla discriminatoria injustificada excediendo la facultad de reglamentar la disposición legal.

Para resolver el interrogante planteado se realizarán algunas precisiones sobre el Fondo de Solidaridad Pensional y la indemnización sustitutiva.

2.3. Fondo de Solidaridad Pensional FSP. Creación, naturaleza y Objetivo.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 48 Superior, en cuanto a los principios de solidaridad y universalidad, el legislador creó el Fondo de Solidaridad Pensional , con el objeto de subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción. El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización.

El artículo 25 de la Ley 100 de 1993, dispuso la creación del FSP como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, cuyos recursos deben ser administrados por sociedades fiduciarias de naturaleza pública o por administradoras de fondos de pensiones y/o cesantías.

El objeto inicial del FSP era subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que

pública o por administradoras de fondos de pensiones y/o cesantías.

El objeto inicial del FSP era subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte. No obstante, la Ley 7 97 del 2003, mediante la cual se reformaron algunas disposiciones del sistema general de pensiones, modificó el literal (i) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y ordenó crear “una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de12

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pobreza extrema, mediante un subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación se establece en esta ley”12.

Tal como lo expresó la Corte Constitucional, en la sentencia C-243 de 2006 la creación del Fondo de Solidaridad Pensional constituye uno de los mecanismos que busca principalmente materializar el principio de solidaridad que rige al sistema de seguridad social y, además, constituye una de las manifestaciones propias del Estado Social de Derecho que se expresa en el artículo 1 ° de la Constitución Política de 1991. Así lo recordó la Corte en la mencionada sentencia, al manifestar lo siguiente:

“El Estado Social de Derecho, a diferencia del Estado Liberal Clásico, parte del supuesto según el cual la realización del interés colectivo presupone la existencia de mecanismos de redistribución de los ingresos, a fin de que los menos

lo siguiente:

“El Estado Social de Derecho, a diferencia del Estado Liberal Clásico, parte del supuesto según el cual la realización del interés colectivo presupone la existencia de mecanismos de redistribución de los ingresos, a fin de que los menos favorecidos tengan acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, asociadas con la efectividad de los derechos fundamentales. Uno de estos mecanismos es la organización de los sistemas de seguridad social, que pretenden conseguir la satisfacción universal de las necesidades básicas de la población en materia de salud y de previsión de los riesgos de merma de la capacidad laboral por invalidez, vejez o muerte. El funcionamiento de tales sistemas sólo se hace posible gracias al esfuerzo mancomunado del Estado y los particulares, y mediante la implementación de medidas que hagan viable la redistribución de los ingreso s disponibles para estos propósitos. Por esta razón, el artículo 48 superior define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”.

En este escenario, el Fondo de Solidaridad Pensional, materializa el principio de solidaridad permitiendo la socialización de los riesgos de invalidez, vejez o muerte de las personas menos favorecidas. Este enfoque, tiene fundamento en el Estado Social de Derecho, conforme al cual no se trata de relaciones conmutativas entre lo que aporte el contribuyente al sistema y lo que posteriormente recibe, puesto que el sistema esta i deado, bajo el criterio de progresividad, de manera que quienes más capacidad contributiva tienen deben realizar aportes mayores al sistema.

lo que aporte el contribuyente al sistema y lo que posteriormente recibe, puesto que el sistema esta i deado, bajo el criterio de progresividad, de manera que quienes más capacidad contributiva tienen deben realizar aportes mayores al sistema.

12 El FSP se integra por dos subcuentas que se manejan de manera separada. Por una parte, por la subcuenta de solidaridad, que está destinada a subsidiar los aportes al sistema general de pensiones de l