CE - Sentencia 11001032500020170043300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032500020170043300 (2079-2017) 11001032500020170030000 (1453-2017) 11001032500020170050300 (2368-2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA ____________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad promovido por la Superintendencia de Industria y Comercio y otros contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante, CNSC.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

2. El presente proceso se compone de tres expedientes acumulados que se tramitaron en virtud de las demandas presentadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y los ciudadanos Jorge Leonardo Briceño Palacios y Wilson Eduardo Bustos Bolaños, en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 con el objetivo de que se declare la nulidad del

Industria y Comercio y los ciudadanos Jorge Leonardo Briceño Palacios y Wilson Eduardo Bustos Bolaños, en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 con el objetivo de que se declare la nulidad del Acuerdo CNSC 20161000001336 del 10 de agosto de 2016, proferido por la CNSC, «por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública Nacional, Convocatoria No. 430 de 2016 - Superintendencias».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Los demandantes sostuvieron que el acto acusado quebrantó los artículos 2,

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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13, 25, 29, 113, 121, 125, 130, 209 y 345 de la Constitución Política; 11, 12, 27 y 31 de la Ley 909 de 2004; 12 y 71 del Decreto 111 de 1996; y 17 del Decreto Ley 775 de 2005.

de la Ley 909 de 2004; 12 y 71 del Decreto 111 de 1996; y 17 del Decreto Ley 775 de 2005.

4. Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes

cargos:

1. El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 prevé que el acuerdo de convocatoria debe ser suscrito por la CNSC y por la entidad destinataria del concurso; sin embargo, el acto demandado únicamente fue expedido por la CNSC, esto es, excediendo sus competencias y con desconocimiento del debido proceso, así como la participación, planeación, colaboración y coordinación que debía existir entre dichas entidades.

1. El acuerdo enjuiciado desconoció el marco legal y constitucional que regula el presupuesto y el gasto público. En efecto, la CNSC creó un gasto a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio pese a que no estaba previsto en su presupuesto, por lo que se desatendió el principio de legalidad del gasto y la situación financiera de la entidad que le impedía sufragar los costos del certamen, pues, para el momento de la convocatoria, la entidad había agotado el 90% de su presupuesto, no contaba con un rubro para la realización de concursos públicos y tampoco podía comprometer vigencias futuras. Incluso, lo servidores públicos se ven expuestos a responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales y civiles cuando adquieren compromisos económicos sin contar con la disponibilidad presupuestal.

1. A los participantes únicamente se les permitió aplicar a un solo cargo con lo

cual se restringió el ingreso a la carrera administrativa para desempeñar empleos

civiles cuando adquieren compromisos económicos sin contar con la disponibilidad presupuestal.

1. A los participantes únicamente se les permitió aplicar a un solo cargo con lo

cual se restringió el ingreso a la carrera administrativa para desempeñar empleos oficiales y la libre concurrencia e igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. Esta situación también atenta contra la eficiencia de los concursos y el incentivar que un mayor número de aspirantes se inscriban a las convocatorias.

1. Las convocatorias deben efectuarse de manera individual para cada entidad destinataria del concurso en aras de garantizar el derecho al trabajo, el principio del mérito, mayor participación y posibilidades de ingreso igualitarias y justas.

1.2. Contestación de la demanda

2. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los

siguientes argumentos de defensa:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio no solo persigue la nulidad deRadicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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un acto general, sino un interés particular traducido en dejar de sufragar los costos del proceso de selección de ii) mandado. De ahí que la demanda debió interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la publicación del acuerdo cuestionado y a través del medio de

costos del proceso de selección de ii) mandado. De ahí que la demanda debió interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la publicación del acuerdo cuestionado y a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. La CNSC adelanta las convocatorias a los concursos previa planeación con sus entidades destinatarias, las cuales entregan los manuales de funciones y la OPEC, es decir, que aquellas participan de manera activa en la configuración de los procesos de selección. Además, la CNSC les da a conocer a las entidades la propuesta de convocatoria para que presenten observaciones, sugerencias o requerimientos desde el punto de vista técnico y jurídico.

1. Conforme al artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, luego de culminada la etapa de inscripciones, la CNSC establece los costos definitivos del proceso y cobra a las entidades los dineros no cubiertos con los derechos de participación. Es en este momento que las entidades emiten el certificado de disponibilidad presupuestal.

1. No es necesario que las entidades suscriban el acto de convocatoria, pues

prima la autonomía de la CNSC para la administración y vigilancia de la carrera administrativa, labor que debe ejercerse libre de barreras e interferencias externas.

1. El acto demandado no debe atender los mandatos del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, sino el artículo 17 del Decreto Ley 775 de 2005, que reguló el

sistema específico de carrera de las superintendencias.

1. La «CNSC de manera paciente, concertada y oficiosa ha realizado requerimientos desde el año 2008 para realizar el proceso de selección con las Superintendencias y en varias oportunidades han manifestado no encontrarse de

1. La «CNSC de manera paciente, concertada y oficiosa ha realizado requerimientos desde el año 2008 para realizar el proceso de selección con las Superintendencias y en varias oportunidades han manifestado no encontrarse de acuerdo por las diferentes situaciones que se presentan». Es así como la CNSC se esforzó por adelantar la etapa de planeación durante varios años, pero recibió contantes evasivas por parte de dichas entidades.

1.3. Intervención del coadyuvante y los terceros con interés

3. El señor Fredy Wilson Chavarro Pacheco , en calidad de coadyuvante de la parte demandada solicitó negar las súplicas de la demanda, con base en argumentos similares a los expuestos por l a CNSC y agreg ó que, aunque las entidades destinatarias del concurso no firmaran el acuerdo de convocatoria, tal omisión no conducía indefectiblemente a su nulidad.Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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4. La Superintendencia de Transporte manifestó que emitió el certificado de disponibilidad presupuestal para sufragar una parte de los costos de la convocatoria.

5. Las Superintendencias de Notariado y Registro y de Servicios Públicos Domiciliarios coadyuvaron a los actores y agreg aron que operó la figura de la

disponibilidad presupuestal para sufragar una parte de los costos de la convocatoria.

5. Las Superintendencias de Notariado y Registro y de Servicios Públicos Domiciliarios coadyuvaron a los actores y agreg aron que operó la figura de la sustracción de materia, ya que la CNSC, mediante el Acuerdo 238 de 1 de julio de 2020, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria del acto demandado.

6. La Superintendencia Nacional de Salud se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en lo que atañe a esa entidad, con base en argumentos similares a los expuestos por la CNSC y agregó que la «limitación para aspirar a uno solo de los cargos ofertados, responde a la necesidad de realizar un proceso eficaz y eficiente, en el cual los costos en términos de tiempo y recursos no sean aumentados desproporcionada e injustificadamente».

II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar, sentencia anticipada

7. Por auto del 27 de octubre de 2017 , se admitió la demanda del expediente 11001032500020170043300 (2079-2017).

8. Por auto del 27 de octubre de 2017 , se decretó, como medida cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos jurídicos del acuerdo demandado.

9. Mediante auto del 21 de septiembre de 2018, se dispuso la acumulación de los procesos 1543-2017 y 2368-2017 y se admitieron las demandas.

10. Por auto del 30 de enero de 2020, se ordenó tener como coadyuvante de la parte demandada al señor Fredy Wilson Chavarro Pacheco.

10. Por auto del 30 de enero de 2020, se ordenó tener como coadyuvante de la parte demandada al señor Fredy Wilson Chavarro Pacheco.

11. Mediante auto del 17 de febrero de 2020 se dispuso: i) revocar la medida cautelar decretada por auto del 27 de octubre de 2017 ; y ii) vincular como terceras interesadas a las Superintendencias de Notariado y Registro, Economía Solidaria,

Nacional de Salud, Servicios Públicos Domiciliarios, Transporte y Financiera de Colombia.

12. Por auto del 5 de diciembre de 2022 , se resolvió: i) negar la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio; y ii) negar la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

13. Mediante auto del 3 de octubre de 2023, el despacho evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182ARadicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) reafirmar que el proceso debía ser estudiado por el medio de control de nulidad simple; b) prescindir de la audiencia

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del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) reafirmar que el proceso debía ser estudiado por el medio de control de nulidad simple; b) prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

14. Las partes y los intervinientes reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.

2.3. Ministerio Público

15. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Manifestación de impedimento

El doctor Juan Camilo Morales Trujillo manifestó impedimento para conocer del asunto, expresando que en este caso « actúa como tercera con interés la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad de la que fui apoderado judicial en este proceso. En razón a lo anterior, considero que podría estar incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 12 del art ículo 141 del Código General del Proceso».

El régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho que puedan comprometer el cri terio que asuman aquellas en las providencias que profieran

las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho que puedan comprometer el cri terio que asuman aquellas en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.

En ese orden, la Sala declarará fundado el impedimento presentado, por cuanto las razones expuestas se adecuan a la causal invocada, en atención a que el consejero intervino en el proceso como apoderado.Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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3.2. Cuestión previa - Derogatoria del acto demandado

16. Conforme lo expresaron algunos de los intervinientes, la CNSC, mediante el Acuerdo 238 del 1 de julio de 2020, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria y derogó el acto demandado.

17. Ahora bien, conforme con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de

ejecutoria de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser aplicable por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para los asociados».2

18. A pesar de la disposición acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón de la derogatoria, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad, por cuanto el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del acto, sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de mantener el imperio del orden jurídico.

19. En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación de un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, situación que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues ello «comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació o no válido a la vida jurídica».3

3.3. Presentación del caso y metodología de decisión

20. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo CNSC 20161000001336 del 10 de agosto de 2016 está viciado de nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debía fundarse.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado 2500023-24-000-2009-00068-02 (2635-2013). 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001 -0326-000-2016-00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14 de enero de 1991, Expediente S-157, sostuvo:

Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se mantiene la po sición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aún si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en

lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad.Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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21. Para acometer dicho propósito , se abordarán los siguientes aspectos

relevantes: i) texto del acto acusado; ii) generalidades del sistema de carrera administrativa; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.

3.4. Texto del acto demandado

22. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub

lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO No. CNSC-20161000001336 DEL 10-08-2016

contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO No. CNSC-20161000001336 DEL 10-08-2016

"Por el cual se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública Nacional, Convocatoria No. 430 de 2016-Superintendencias"

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, el artículo 6º del Decreto Ley 775 de 2005 y la Sentencia C-471 de 2013 de la Corte Constitucional y,

CONSIDERANDO QUE:

[…]

ACUERDA:

[…]

ARTÍCULO 1º. CONVOCATORIA. Convocar a concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva dos mil novecientas nueve (2909) vacantes, pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las Superintendencia s de Notariado y Registro, Economía Solidaria, Nacional de Salud, Industria y Comercio, Servicios Públicos Domiciliarios, Puertos y Transporte y Financiera de Colombia, que se identificará como Convocatoria No. 430 de 2016 Superintendencias y para efectos del presente Acuerdo, en adelante se denominarán SUPERINTENDENCIAS.

ARTÍCULO 2º. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para

de 2016 Superintendencias y para efectos del presente Acuerdo, en adelante se denominarán SUPERINTENDENCIAS.

ARTÍCULO 2º. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las dos mil novecientas nueve (2909) vacantes de la planta de personal de las SUPERINTENDENCIAS objeto de la presente convocatoria estará bajo la directa responsabilidad de la CN SC, que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con el Icfes o en su defecto con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en los artículos 30 de la Ley 909 de 2004 y 3º del Decreto Ley 760 de 2005 modificado por el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015.Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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ARTÍCULO 3º. ENTIDADES PARTICIPANTES. El concurso abierto de méritos se desarrollará para proveer dos mil novecientas nueve (2909) vacantes pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las SUPERINTENDENCIAS, correspondientes a los niveles Asesor, Profesional, Técnico

desarrollará para proveer dos mil novecientas nueve (2909) vacantes pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las SUPERINTENDENCIAS, correspondientes a los niveles Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad con las vacantes definitivas que las SUPERINTENDENCIAS de la Administración Pública Nacional reportaron a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el artículo 11 del presente Acuerdo. […].

3.5. Generalidades del sistema de carrera administrativa

23. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general,

los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

24. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el servicio público.

25. A su turno, en lo que atañe al sub lite, el Decreto Ley 775 de 2005 estableció

el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional y en su texto original determinó que cada Superintendencia tendría competencia para: a) administrar el sistema específico de

el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional y en su texto original determinó que cada Superintendencia tendría competencia para: a) administrar el sistema específico de carrera; b) adelantar los concursos o procesos de selección; y c) suscribir el acto de convocatoria y sus modificaciones.

26. Sin embargo, mediante Sentencia C -471 de 20 13, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las anteriores previsiones, con fundamento en los

siguientes razonamientos:

[…] de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente (consolidada en la sentencia C-1230 de 2005), la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, tiene, entre otras, la función de administrar y vigilar las carreras especiales de origen legal, denominadas por el legislador, carreras específicas. En tal medida, la administración del sistema específico de carrera de cada Superintendencia es competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. […] El artículo 17 acusado se ocupa de establecer la competencia de suscribir la convocatoria para el concurso y sus modificaciones al Superintendente respectivo, advirtiendo que la misma ‘obliga a la administración, a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes’.Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

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[…] La función de suscribir la convocatoria para el concurso y sus modificaciones, en cabeza de cada Superintendente, sí priva a la Comisión Nacional de las competencias constitucionales que ostenta. […]

Por tanto, se declarará la exequibilidad del artículo 17 del Decreto Ley 775 de 2005, a excepción de las expresiones ‘serán suscritas por el Superintendente;’ contenidas en el primer inciso de la norma, que se declararán inexequibles. De esta manera, la lectura del artículo 17 sería concordante con el artículo 6° del mismo Decreto Ley 775 de 2005,4 tal como quedará de acuerdo con la decisión de constitucionalidad que se adopta en la presente sentencia. Queda entonces claro que la convocatoria para el concurso y sus modificaciones corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como lo dispone la Constitución Política, no a cada una de las Superintendencias.

27. En el citado pronunciamiento, la Corte Constitucional reafirmó la función que tiene la CNSC para administrar y vigilar los sistemas general es y específicos de

carrera administrativa.

3.6. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad

28. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación,

carrera administrativa.

3.6. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad

28. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le corresponde a la Sala determinar si el acto acusado quebrantó el ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por los accionantes.

3.6.1. Suscripción de la convocatoria

29. Los demandantes reprocharon que el acto demandado desconoció el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el cual preceptúa que el acuerdo de convocatoria debe ser suscrito por la CNSC y por la entidad destinataria del concurso; sin embargo, aquel fue expedido únicamente por la CNSC, esto es, excediendo sus competencias y con desconocimiento del debido proceso, así como la participación, planeación, colaboración y coordinación que debía existir entre dichas entidades.

30. Ahora bien, l a Ley 909 de 2004 preceptuó que la CNSC es un órgano de carácter permanente de nivel nacional , con independencia de las demás ramas y estamentos que conforman el poder público . En el desarrollo de sus funciones se encuentra sometida al cumplimiento de las disposiciones del orden constitucional, legal y reglamentario.

4 El artículo 17 del Decreto 775 de 2005 quedará así: “Artículo 17.- Elaboración y contenido de la convocatoria. La convocatoria para el concurso y sus modificaciones obliga a la administración, a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. || El contenido de la convocatoria será determinado en el reglamento que expida el Gobierno Nacional.”Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017)

para la realización del concurso y a los participantes. || El contenido de la convocatoria será determinado en el reglamento que expida el Gobierno Nacional.”Radicado: 11001032500020170043300 (2079 -2017) 11001032500020170030000 (1453 -2017) 11001032500020170050300 (2368 -2017) Acumulados Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

31. Por su parte, el artículo 17 del Decreto Ley 775 de 2005 preveía que, para el caso de las Superintendencias de la Administración Pública, el acto de convocatoria debía ser suscrito por el respectivo superintendente; sin embargo, como se expresó en precedencia, la Corte Constitucional declaró inexequible ese mandato y reafirmó que tal competencia radicaba en la CNSC.

32. En este orden de ideas, el hecho de que el acuerdo de convocatoria demandado haya sigo suscrito por la CNSC no es causal de anulación, pues tal actuación es congruente con el criterio jurisprudencial fijado en la Sentencia C -471 de 2013.

33. Además, si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la convocatoria debía ser suscrita por la CNSC y el jefe de la entidad u organismo cuyas vacantes debían proveerse mediante el sistema del mérito , también lo es que, conforme a la Sentencia C-183 de 2019,5 la suscripción del acto de convocatoria por parte del jefe de la entidad beneficiaria del concurso es apenas

organismo cuyas vacantes debían proveerse mediante el sistema del mérito , también lo es que, conforme a la Sentencia C-183 de 2019,5 la suscripción del acto de convocatoria por parte del jefe de la entidad beneficiaria del concurso es apenas una posibilidad, pero no una exigencia cuyo incumplimiento pueda generar por sí sola