CE - Sentencia 11001032500020200085400 de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional

Demandado: Beatriz Abril Veloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Acción especial de revisión.

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020).

Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional.

Demandado: Beatriz Abril Veloza.

Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra el fallo del 9 de diciembre de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda 2, Subsección F en Descongestión, que confirmó parcialmente la providencia del 29 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, que concedió las pretensiones de la demanda.

Descongestión, que confirmó parcialmente la providencia del 29 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, que concedió las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO La Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional solicitó que se infirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes mencionada, porque consideró que incurrió en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Lo anterior, porque en su criterio, Beatriz Abril Veloza no tiene derecho a que su pensión de jubilación sea reliquidada con la inclusión en el ingreso base de liquidación (IBL) de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, puesto que este debe establecerse según el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES 2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Beatriz Abril Veloza, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 85 del Código de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones CPS 0132 del 7 de mayo, CPS 0150 del 14 de mayo y CPS

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-0056100(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-201904468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 2 M.P. Luceny Rojas Conde; demandante: Beatriz Abril Veloza; demandado: Universidad Nacional de ColombiaFondo Pensional. Rad. núm.: 11001-33-31-022-2011-00243-00/01.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional

Demandado: Beatriz Abril Veloza

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2 0283 del 14 de septiembre de 2009. Por medio de estos actos, la mencionada institución educativa reconoció la pensión de jubilación a su favor, aclaró que la efectividad del derecho pensional sería a partir del retiro definitivo del servicio, y ordenó la reliquidación de la prestación inicialmente reconocida en una cuantía equivalente a $717.332, respectivamente.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte demandada reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación con todos los factores devengados en el último año de servicios y con los ajustes correspondientes. También pidió que se condenara en costas y en agencias en derecho a la parte demandada. La señora Abril Veloza fundamentó sus pretensiones en las leyes 33 y 62 de 1985. 2.2. Sentencia de primera instancia3

pidió que se condenara en costas y en agencias en derecho a la parte demandada. La señora Abril Veloza fundamentó sus pretensiones en las leyes 33 y 62 de 1985. 2.2. Sentencia de primera instancia3

3. El Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, en sentencia del 29 de agosto de 2014, declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas. En consecuencia, le ordenó a la Universidad Nacional - Fondo Pensional que reliquidara la pensión de jubilación de la entonces demandante en un porcentaje equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de los siguientes factores salariales: (i) asignación básica; (ii) subsidio de alimentación; (iii) auxilio de transporte; (iv) bonificación por servicios prestados; (v) las primas de servicios, de vacaciones y de navidad , en una doceava parte ; y (vi) el quinquenio en una doceava parte.

4. La referida autoridad judicial consideró que la señora Abril Veloza era beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, en la medida en que a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, tenía más de 35 años de edad . Así, concluyó que tenía derecho a que su pensión fuera reconocida de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985 , y liquidada con el 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio. 2.3. Sentencia de segunda instancia4

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, en sentencia del 9 de diciembre de 2015, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, en el

devengados en el último año de servicio. 2.3. Sentencia de segunda instancia4

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, en sentencia del 9 de diciembre de 2015, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, en el sentido de excluir el quinquenio de la liquidación pensional, en los siguientes términos: «TERCERO: [c]omo consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, la Universidad Nacional de Colombia reliquidará y pagará a la señora Beatriz Abril Veloza […] en debida forma la pensión de vejez con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, esto es del 31 de mayo de 2008 al 30 de mayo de 2009, incluyendo además de la asignación básica, los emolumentos de subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestado, prima de servicios en una doceava parte, prima de navidad en una doceava parte, prima de vacaciones en una doceava parte, con efectividad a partir del 31 de mayo de 2009 fecha de retiro del servicio».

6. Como fundamentos de su decisión, el tribunal expuso que la señora Abril Veloza era beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y que en ese orden, su pensión debía ser reconocida y pagada de conformidad con lo previsto en

3 Samai, índice 3, archivo «ED-2-02DEMANDA REVISI BEATRIZ ABRIL.pdf(.pdf) NroActua 3», páginas 166 a 198. 4 Samai, índice 3, archivo «ED-2-02DEMANDA REVISI BEATRIZ ABRIL.pdf(.pdf) NroActua 3», páginas 202 a 262.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

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3 la Ley 33 de 1985 en su integridad, motivo por el cual, se debían tener en cuenta todos los factores devengados en el año anterior a su retiro. Lo anterior, en aplicación de los principios de legalidad y de inescindibilidad.

7. Así, explicó que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, la señora Abril Veloza, en el último año de servicio, devengó los factores salariales de asignación básica, bonificación bienestar universitario, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, las primas de servicios, navidad y vacaciones, vacaciones de periodo, bonificación especial por recreación y quinquenio.

Sin embargo, precisó que las bonificaciones por bienestar universitario y por recreación y el quinquenio no podían ser tenidos en cuenta en la medida en que no constituían factor salarial. Por esta razón, modificó la decisión de primera instancia en el sentido de excluir tales conceptos de la liquidación pensional.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

y el quinquenio no podían ser tenidos en cuenta en la medida en que no constituían factor salarial. Por esta razón, modificó la decisión de primera instancia en el sentido de excluir tales conceptos de la liquidación pensional.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda5

8. La Universidad Nacional, por medio de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción especial de revisión contra la sentencia del 9 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que confirmó parcialmente la providencia del 29 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado

Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá.

9. En su escrito formuló la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone la revisión de las pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ». En ese sentido, formuló las siguientes

pretensiones: (i) Que se revoque la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (ii) Que se ordene la reliquidación y pago de la pensión de jubilación de Beatriz Abril Veloza de acuerdo con las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018, y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 de la Corte Constitucional, y en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de

2017, T-039 de 2018, y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 de la Corte Constitucional, y en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 dictada por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de Estado. (iii) Que se condene a la señora Abril Veloza a reintegrar al Fondo Pensional de la Universidad Nacional la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada pensional, en virtud de las órdenes que fueron impartidas en la sentencia objeto de revisión.

10. La parte recurrente fundamentó la demanda en los siguientes argumentos: (i) que la reliquidación de la pensión solo debía incluir los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994, específicamente, aquellos sobre los cuales se realizaron cotizaciones; (ii) que, como consecuencia de la sentencia objeto de revisión, la mesada

5 Samai, índice 3, archivo «ED-2-02DEMANDA REVISI BEATRIZ ABRIL.pdf(.pdf) NroActua 3».Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

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4 pensional que percibía la señora Abril Veloza, para el año 2009, pas ó de $717.139 a

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4 pensional que percibía la señora Abril Veloza, para el año 2009, pas ó de $717.139 a $894.607, incremento que, a su juicio, generó una afectación al erario; y (iii) que, en la medida en que el IBL no hacía parte del régimen de transición, este debía liquidarse con el promedio de los salarios percibidos en los últimos 10 años de servicio. 3.2. Actuaciones procesales relevantes

11. Esta corporación, mediante auto del 30 de septiembre de 2021 6, admitió la acción especial de revisión interpuesta por la Universidad Nacional de ColombiaFondo Pensional , y ordenó notificar personalmente a Beatriz Abril Veloza y al Ministerio Público. Sin embargo, este guardó silencio.

12. Posteriormente, y una vez vencido el término previsto para que la parte recurrida y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la acción especial de revisión , esta corporación dictó auto el 1 de septiembre de 20227, en el que tuvo como pruebas los documentos allegados por las partes y prescindió del máximo periodo probatorio . De igual forma, ordenó requerir a la parte accionada para que constituyera apoderado judicial.

13. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General requirió en dos oportunidades a la señora Abril Veloza para que atendiera lo ordenado en el auto del 1 de septiembre de 20228. No obstante, la demandada no acató el requerimiento.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

14. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en el

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

14. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en el inciso 2 del artículo 249 del CPACA 9. A su vez, la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción especial de revisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, por tratarse de un asunto de carácter laboral.

4.2. Oportunidad

15. El último inciso del artículo 251 del CPACA establece que «[e]n los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».

6 Samai, índice 4, archivo «9_AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.DOCX) NroActua 4». 7 Samai, índice 11, archivo «15_AUTOQUEPRESCINDEDEAUDIENCIADEPRUEBAS(.doc) NroActua 11». 8 Samai, índices 17 y 18, archivos «21_OFICIOREQUIRIENDO_CORREO_WILMARRIVER(.pdf) NroActua 17» y «23_OFICIOREQUIRIENDO_REQUIRIEND_ACUSEDERECIBIDO25(.pdf) NroActua 18», respectivamente. 9 CPACA, artículo 249. «Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según

9 CPACA, artículo 249. «Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. // De los recursos de revisión co ntra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. // Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las deci siones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003».Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

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16. En el presente asunto, la sentencia del 9 de diciembre de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 18 de enero de 201610, y la acción especial de revisión fue presentada el 26 de agosto de 2020 11, es decir, dentro del término previsto en la norma citada. 4.3. Legitimación en la causa

17. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial de revisión son el gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el

pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial de revisión son el gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el contralor general de la República y el procurador general, que pueden ejercerla con el propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, prevista en el literal a), para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. La segunda, descrita en el literal b), para los casos en los cuales la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

18. La Corte Constitucional, en la sentencia SU -417 de 2016, expuso que la Constitución no reguló la titularidad para interponer la referida acción y que, en ese sentido, se debía entender que esta también recaía, además de los sujetos de derecho previstos en el artículo antedicho, en «las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular», por cuanto «son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero».

19. Así las cosas, y en la medida en que corresponde al Fondo Pensional de la Universidad Nacional efectuar el pago del pasivo pensional de la institución educativa12, la Sala considera que se encuentra legitimado en la causa por activa para ejercer la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 200313.

Universidad Nacional efectuar el pago del pasivo pensional de la institución educativa12, la Sala considera que se encuentra legitimado en la causa por activa para ejercer la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 200313.

20. Por su parte, Beatriz Abril Veloza también se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por cuanto actuó como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con la providencia objeto de la acción

10 Samai, índice 3, archivo «ED-2-02DEMANDA REVISI BEATRIZ ABRIL.pdf(.pdf) NroActua 3», página 264. 11 Samai, índice 3, archivo «ED-1-01Correo.pdf(.pdf) NroActua 3». 12 Ley 1371 de 2009, artículo 2. «Fondos para el pago del pasivo pensional. Las universidades objeto de la aplicación de la presente ley deberán constituir un fondo para el pago del pasivo pensional, el cual será una cuenta especial, sin personería jurídica, de la respectiva universidad, cuyos recursos serán administrados por una entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Col ombia, en forma independiente, mediante patrimonio autónomo. Los recursos y los rendimientos tendrán destinación específica para pagar el pasivo pensional, así como los gastos de administración del patrimonio autónomo». 13 La Sala Cuarta Especial de Decisión de esta corporación, en la sentencia del 3 de mayo de 2021, dictada en el proceso con número de radicado 11001-03-15-000-2020-04801-00, consideró que el Fondo Pensional de la Universidad Nacional se encontraba legitimado para formular la acción especial de revisión establecida en el

proceso con número de radicado 11001-03-15-000-2020-04801-00, consideró que el Fondo Pensional de la Universidad Nacional se encontraba legitimado para formular la acción especial de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con la jurisprudencia unifi cada de la Corte Constitucional (sentencia SU -417 de 2016). // En igual sentido se pueden consultar las siguientes decisiones: (i) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2024, rad. núm. 11001-03-25-000-2020-00827-00 (2512 -2020) (AER); (ii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 13 de julio de 2023, rad. núm. 11001 -03-25-000-2020-00828-00 (2513-2020); (iii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de octubre de 2023, rad. núm. 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984 -2022); (iv) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 12 de diciembre de 2023, rad. núm. 11001-03-25-000-2020-00786-00 (2399-2020).Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional

Demandado: Beatriz Abril Veloza

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6 especial de revisión dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de diciembre de 2015. 4.4. Problema jurídico

21. De acuerdo con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que propuso el Fondo Pensional de la Universidad Nacional, corresponde a la Sala determinar si: ¿la pensión de vejez reconocida a Beatriz Abril Veloza se reliquidó en una cuantía superior a la prevista por la ley, teniendo en cuenta que, a juicio de la parte actora, no se calculó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 y la interpretación que sobre esta norma ha n hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado?

22. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, resolverá el caso concreto. 4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de jurisprudencia14

23. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.

Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está

23. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.

Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está restringido a las causales taxativ as previstas por el legislador, las cuales no admiten interpretaciones extensivas15.

24. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»16, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en cita estableció expresamente las causales de

procedencia, así:

14 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, rad. núm. 11001-0315-000-2020-02983-00. 15 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV2001-00091, 6 de abril de 2010, rad. núm. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, rad. núm. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, rad. núm. REV-078, 16 de febrero de 1995, rad. núm. REV-070, 20 de abril de 1993, rad.

núm. REV-045 y 11 de febrero de 1993, rad. núm. REV-037. 16 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014 , rad. núm. 11001-03-25000-2012-00561-00(2129-12). «[…] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […] » (subrayas de la Sala). Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión , rad. núm.11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de Decisión sentencia de 22 de noviembre de

2021, radicado No. 11001-03-15000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación 11001 -03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. núm. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV. M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional

Demandado: Beatriz Abril Veloza

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7 a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

25. La acción especial de revisión se debe tramitar por medio del procedimiento indicado para el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado 17 y de la Corte Constitucional han definido los elementos que l a

caracterizan, así: (i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia18. (ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de un solicitante calificado19.

cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia18. (ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de un solicitante calificado19. (iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social20. (iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que corresponde21.

26. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o pensiones, se indicó que permite “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación”»22.

17 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de

en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación”»22.

17 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, rad. núm. 11001-03-15-0002020-03549-00. M.P. William Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. núm. 11001-03-15-000-201901749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, rad. núm. 25000-23-25-000-2002-05275-01. 18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, rad. núm. 25000-23-25-000-2002-05275-01. 19 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, rad. núm. 11001-03-15-000-2016-02022-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18 de agosto de 2021, rad. núm. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández Gómez. 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.Radicación: 11001-03-25-000-2020-00854-00 (2592-2020)

Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional

Demandado: Beatriz Abril Veloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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27. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200323, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al debido proceso. Así, res ulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre