CE - Sentencia 11001032800020250006400 de 2025

Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal) 11001-03-28-000-2025-00077-00 (acumulado)

Demandantes: JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ RODRÍGUEZ Y ALBA LUCÍA

VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ

Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Modificación del reglamento interno. Causales de nulidad del artículo 137 del CPACA – violación de norma superior, desviación de poder y falsa motivación. Trámite de recusaciones y expedición irregular.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro de la demanda presentada contra la Resolución 00949 del 04 de marzo de 2025, proferida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para modificar el reglamento de dicha corporación, contenido en la Resolución 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos 16 y 27.

1. ANTECEDENTES

Consejo Nacional Electoral para modificar el reglamento de dicha corporación, contenido en la Resolución 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos 16 y 27.

1. ANTECEDENTES

1.1 La demandas

El señor José Guillermo Gómez Rodríguez (2025-00064-00), en nombre propio, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en las siguientes pretensiones:

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 00949 del 04 de marzo de 2025, proferida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para modificar el reglamento de dicha Corporación, contenido en la Resolución No. 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos 16 y 27; por contravenir los principios constitucionales y legales relacionados con la limitación del ejercicio del poder, la legitimidad de los actos de los servidores públicos, las reglas del procedimiento administrativo para su reforma, y las disposiciones aplicables a la tramitación y resolución de recusaciones.

Lo propio hizo la señora Alba Lucía Velásquez Hernández 1 (2025-00077-00) en los siguientes términos:

Con fundamento en los argumentos que se expondrán en esta acción, respetuosamente solicito a su señoría, declarar la nulidad de la Resolución no. 00949 de 2025 «por medio de la cual se modifican los artículos 16 y 27 de la Resolución 065 de 1996».

1Miembro del Consejo Nacional Electoral.Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra

Demandado: Consejo Nacional Electoral

cual se modifican los artículos 16 y 27 de la Resolución 065 de 1996».

1Miembro del Consejo Nacional Electoral.Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

1.2. Hechos

Comoquiera que la situación fáctica en los dos expedientes acumulados coincide en gran parte, aquella se sintetiza como sigue:

Precisaron que el 19 de febrero de 2025, el señor Alfonso Campo Martínez, integrante del CNE, radicó ante la Secretaría Técnica de dicha entidad un proyecto de resolución por medio de la cual se pretendían modificar los artículos 16 y 27 del reglamento interno2 por lo que ese punto fue incorporado en el orden del día para la sesión del 25 de ese mes y año.

Destacaron que el 20 de febrero de 2025, la demandante Velásquez Hernández, quien es miembro del CNE, radicó otro proyecto de resolución en ese mismo sentido y pidió que se incorporara, de igual manera, en el orden del día para la sala en mención, por lo que quedó incluido dentro del mismo.

Durante el desarrollo de la sesión de 25 de febrero de 2025, se dio lectura al orden del día, previa consideración de los miembros del CNE, el cual incluyó el estudio de las propuestas de modificación del reglamento, y al efectuarse la discusión de ese punto, se propuso convocar a una mesa técnica para examinar en detalle los cuatro proyectos de

día, previa consideración de los miembros del CNE, el cual incluyó el estudio de las propuestas de modificación del reglamento, y al efectuarse la discusión de ese punto, se propuso convocar a una mesa técnica para examinar en detalle los cuatro proyectos de resolución y advirtió que algunos integrantes no conocían del contenido completo de todos estos.

Señalaron que el señor Altus Alejandro Baquero Rueda, miembro del CNE, pidió la rotación de uno de los asuntos, la cual fue denegada porque se trataba de un proyecto de resolución, mas no de un expediente administrativo ; decisión que fue ampliamente cuestionada por varios de los funcionarios, al tiempo que expresaron preocupaciones frente a la discusión y votación de los proyectos, en particular en lo relativo a la reelección y prórroga de la presidencia.

Tras las controversias suscitadas, se propuso la suspensión del término «prórroga» de los proyectos, los cuales luego fueron sustituidos por una fórmula que permitiera que, en el caso de no alcanzar mayoría para la elección de presidente, continuara el mie mbro que venía ejerciéndola.

Mencionaron que, ante esa situación, la demandante solicitó aclaraciones respecto del texto concreto que se estaba sometiendo a discusión y luego retiró formalmente su propuesta. De igual manera, formuló recusación contra Álvaro Prada, presidente del CNE, al considerar que tenía un interés directo en el asunto debatido, pues la propuesta podría beneficiarlo al permitirle continuar en esa dignidad una vez vencido su periodo, sin necesidad de elección inmediata.

Anotaron que el 4 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral aprobó la Resolución

podría beneficiarlo al permitirle continuar en esa dignidad una vez vencido su periodo, sin necesidad de elección inmediata.

Anotaron que el 4 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral aprobó la Resolución 949 de 2025, mediante la que se modificaron los artículos 16 y 27 del reglamento de la corporación, esto es, la Resolución 065 de 1996.

Indicaron que el referido cambio permite la permanencia indefinida en los cargos de la actual mesa directiva del Consejo Nacional Electoral, sin una elección formal. Por lo tanto,

2 Artículos que disponen las sesiones dirigidas por la mesa directiva y la secretaría técnica y la elección de la mesa directiv a, respectivamente.Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 se contraviene el artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe la reelección de los altos cargos del Estado, como lo son los miembros de dicha corporación.

Afirmaron que aquellas disposiciones son una afrenta directa al principio de alternancia, que es un límite al poder político, en defensa de la democracia, la participación y el pluralismo, conceptos dispuestos en el artículo 1 de la Constitución. Según la parte actora, la resolución demandada permite concentrar las directivas del CNE de manera indefinida, al materializarse la «reelección de facto» de la mesa directiva.

Destacaron que el acto demandado constituye un abuso de la potestad de regulación

actora, la resolución demandada permite concentrar las directivas del CNE de manera indefinida, al materializarse la «reelección de facto» de la mesa directiva.

Destacaron que el acto demandado constituye un abuso de la potestad de regulación atribuida al Consejo Nacional Electoral por el artículo 265 de la Constitución Política, al haber sido ejercida por fuera de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico; ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 29 y 95 superiores.

Indicaron que en el trámite que derivó en la aprobación de la reforma al reglamento, Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, les asistía un interés directo, personal, cierto y actual en la adopción de dicha decisión, comprometiendo su imparcialidad, pues integran la mesa directiva que se vería beneficiada con la modificación del reglamento de la referida corporación.

Relataron que, en el trámite de aprobación del acto demandado, los miembros Alba Lucía Velásquez Hernández, Fabiola Márquez Grisales y Altus Alejandro Baquero Rueda formularon recusaciones en contra del presidente y vicepresidente del CNE, de manera independiente, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso. Lo anterior, por considerar que en ellos concurría una circunstancia que comprometía su objetividad.

Comentaron que los miembros del CNE recusados rechazaron de manera unilateral el cuestionamiento a su imparcialidad, sin invocar alguna de las causales legalmente

que comprometía su objetividad.

Comentaron que los miembros del CNE recusados rechazaron de manera unilateral el cuestionamiento a su imparcialidad, sin invocar alguna de las causales legalmente previstas para ese efecto, conforme a los incisos 2° y 5° del artículo 142 del Código General del Proceso. Por el contrario, se limitaron a afirmar de forma vaga y genérica que no tenían interés directo en la actuación, es decir, no reconocieron como ciertos los hechos expuestos y, aún más grave, impidieron que la recusación fuera tramitada y decidida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, conforme a lo establecen los artículos 143 del Código General del Proceso y 5 del reglamento interno de la corporación. Ante dicha circunstancia, la demandante Velásquez Hernández , denunció una violación al debido proceso y una denegación de justicia.

Refirieron que contra la actuación demandada se presentó acción de tutela, la cual fue declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que contra el acto acusado procedía el medio de control de nulidad, con la respectiva solicitud de suspensión provisional.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte demandante considera que con el acto demandado se desconocieron los artículos 1°, 4°, 6°, 29, 121, 122, 123, 126, 209 y 265 de la Constitución Política, el Acto

Legislativo 02 de 2015 y 3, 9, 11, 36, 37 y 137 del CPACA; asimismo, el reglamento interno del CNE adoptado mediante la Resolución 065 de 1996. Propusieron como cargosDemandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 la infracción de normas en que debía fundarse, expedición irregular , falsa motivación y desviación de poder, con fundamento en los siguientes reparos:

a) Violación del principio de legalidad y extralimitación en el ejercicio de la potestad de regulación

Argumentaron que la Resolución 949 de 2025 contraviene el principio de legalidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, en la medida en que el Consejo Nacional Electoral excedió su potestad al modificar el artículo 27 del reglamento interno, para permitir que la mesa directiva continúe en funciones, mientras no se elija una nueva. Tal disposición no cuenta con sustento constitucional ni legal expreso y habilita una permanencia indefinida en ella, lo cual constituye un uso arbitrario del poder público.

Manifestaron que se configuró una incompatibilidad entre las decisiones del Consejo Nacional Electoral y el bloque de constitucionalidad, toda vez que la resolución demandada, la cual permite la prórroga indefinida del ejercicio de la mesa directiva , contraviene los principios de legalidad [la duración de los cargos debe estar prevista en la ley], temporalidad [la permanencia indefinida en un cargo rompe con el diseño

demandada, la cual permite la prórroga indefinida del ejercicio de la mesa directiva , contraviene los principios de legalidad [la duración de los cargos debe estar prevista en la ley], temporalidad [la permanencia indefinida en un cargo rompe con el diseño democrático y rotativo del poder] y debido proceso administrativo [el acto acusado fue adoptado sin deliberación plena, sin resolver recusaciones pendientes y sin participación efectiva de todos los miembros del órgano colegiado].

Destacaron que esa extralimitación también constituye una vulneración al artículo 265 de la Carta Política, que regula de manera taxativa las competencias del CNE, y en ningún momento le faculta para alterar la duración del mandato de sus órganos de dirección. En este sentido, es claro que la potestad reglamentaria debe ejercerse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, y que cualquier acto que los exceda es susceptible de anularse.

Señalaron que la resolución objeto de controversia fue expedida por una autoridad incompetente, ya que el presidente del CNE se mantuvo en funciones pese a la recusación en su contra, quien la rechazó de plano en un acto arbitrario, extralimitado y carente de control, arrogándose competencias decisorias que le correspondían exclusivamente a la Sala Plena.

Recordaron que el principio de legalidad en el ejercicio de la función administrativa es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Tal reconocimiento, que tiene expresión concreta en los artículos 6°, 121, 122 y 123 de la Constitución Política, desarrollan la idea de que Colombia es un Estado de derecho. Así lo ha precisado la Corte Constitucional, al señalar que «las

administración pública. Tal reconocimiento, que tiene expresión concreta en los artículos 6°, 121, 122 y 123 de la Constitución Política, desarrollan la idea de que Colombia es un Estado de derecho. Así lo ha precisado la Corte Constitucional, al señalar que «las atribuciones y competencias de los órganos estatales en un Estado de D erecho no solo deben ser Constitucionales o legales sino igualmente deben ser preexistentes y explícitas»3.

Sustentaron que la modificación del reglamento interno del Consejo Nacional Electoral, que permite la continuidad indefinida de la mesa directiva, socava la confianza en el sistema electoral, al crear un escenario propicio para la perpetuación en el poder, en contravía de los principios democráticos consagrados en la Constitución; además, se desconoce que la alternancia en el ejercicio del poder es un pilar fundamental de la

3 Corte Constitucional, Sentencia C-319 del 03 de mayo de 2007. M.P.: Jaime Araújo Rentería.Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 democracia, y cualquier disposición que permita su concentración en una sola persona o grupo, es inconstitucional.

Resaltaron que la modificación que permite la reelección de facto de la mesa directiva del CNE afecta su estructura interna y compromete la confianza pública, que ya está bastante afectada; por ello, se justifica la intervención del juez administrativo par a declarar la nulidad del acto demandado.

CNE afecta su estructura interna y compromete la confianza pública, que ya está bastante afectada; por ello, se justifica la intervención del juez administrativo par a declarar la nulidad del acto demandado.

b) Transgresión del principio de alternancia y desconocimiento de la prohibición de reelección

Afirmaron que el acto acusado desconoce el principio democrático de alternancia en el ejercicio del poder, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por la jurisprudencia constitucional como una garantía esencial del pluralismo político y la renovación institucional. Este axioma es fundamental para asegurar que la autoridad no se concentre en manos de unos pocos, permitiendo la participación igualitaria de las personas, y la sucesión de los líderes en los cargos de dirección.

Insistieron en que la reforma al reglamento, que habilita mantener en el cargo a quienes integran la mesa directiva del Consejo Nacional Electoral, constituye una forma de reelección de facto, contraria al espíritu del Acto Legislativo 02 de 2015, el cual proscribe esa f igura como mecanismo para prevenir la concentración de poder. Aunque dicha prohibición se refiere a cargos específicos, su finalidad y principios rectores son aplicables al caso bajo análisis, ya que el acto impugnado favorece la perpetuació n de autoridades en el mando directivo de una entidad, sin la debida renovación democrática ni la deliberación institucional efectiva.

Mencionaron que ello es así, toda vez que la modificación demandada permite la continuidad indefinida de la mesa directiva, en el evento en que no existan mayorías para elegir nuevos dignatarios; lo cual infringe el principio de alternancia y la confianza pública

Mencionaron que ello es así, toda vez que la modificación demandada permite la continuidad indefinida de la mesa directiva, en el evento en que no existan mayorías para elegir nuevos dignatarios; lo cual infringe el principio de alternancia y la confianza pública en el sistema electoral.

c) Desconocimiento del debido proceso en el trámite y resolución de recusaciones - expedición irregular y desviación de poder

Manifestaron que la Resolución 949 de 2025 nació viciada, por el indebido trámite de las recusaciones formuladas en contra de los señores Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, respectivamente, para participar en la decisión de la reforma de los artículos 16 y 27 de la Resolución 065 de 1996.

Alegaron que las recusaciones formuladas contra dichos miembros del CNE fueron resueltas por ellos mismos, en lugar de ser tramitadas y decididas por la Sala Plena, como lo exigen expresamente los artículos 143 del Código General del Proceso y 5 del reglamento interno de la entidad. Además, tales cuestionamientos fueron rechazadas de plano, por quienes carecían de competencia para ello y sin que se invocara alguna de las causales previstas en el artículo 142 del Código General del Proceso para el efecto (aplicables por remisión del propio reglamento).

Resaltaron que durante el proceso de reforma no se permitió a los recusantes presentar objeciones sustanciales sobre el contenido del proyecto, el cual no fue divulgadoDemandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

objeciones sustanciales sobre el contenido del proyecto, el cual no fue divulgadoDemandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 formalmente antes de la sesión, lo que impidió que se ejerciera una defensa informada y efectiva. De igual manera, no se dio traslado para impugnar de fondo el articulado propuesto, quebrantando así los principios de contradicción, defensa y deliberación previa.

Comentaron que se brindó un trato desigual a los miembros que presentaron objeciones, recursos y recusaciones porque al presidente se le permitió intervenir e impulsar y aprobar directamente una reforma normativa que lo beneficiaba en tanto le permitía prorrogar su manda to sin el control de las mayorías, lo que causó un conflicto de intereses.

Mencionaron que es un principio básico, el que un servidor público no puede ser juez de su propia causa, y tal precepto fue desconocido de manera grave en el presente caso. En atención a este, el citado artículo 143 del Código General del Proceso establece que, si un miembro no acepta como ciertos los hechos alegados por el recusante o considera que no están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, debe remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano.

d) Falsa motivación

Precisaron que, en atención a lo expuesto, la resolución demandada se surtió con desconocimiento de las garantías constitucionales y legales, especialmente el debido

expediente al superior, quien decidirá de plano.

d) Falsa motivación

Precisaron que, en atención a lo expuesto, la resolución demandada se surtió con desconocimiento de las garantías constitucionales y legales, especialmente el debido proceso, al tramitarse indebidamente unas recusaciones contra quienes debían adoptar la modificación . Por tal razón, consider aron que el acto administrativo cuestionado vulneró principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano, que rigen las actuaciones administrativas del Consejo Nacional Electoral y la Sala Plena de esta entidad, al reflejar una apariencia de legalidad que no corresponde a la realidad.

e) Desconocimiento del reglamento del CNE

Insistieron que no se agotaron trámites conforme a la Resolución 065 de 1996 (reglamento interno), entre ellos, la conformación legal del orden del día, la resolución previa de impedimentos y recusaciones, el debate público sobre el articulado, y la motivación escrita, técnica y jurídica del acto, por lo cual este fue expedido de forma irregular.

Sobre el particular, la demandante Velásquez Hernández argumentó las siguientes razones:

• Violación del cuórum y votación reglamentaria (arts. 11 y 24). Si el CNE toma decisiones sin el cuórum legal (mitad + uno) o sin el número mínimo de votos exigido (dos terceras partes), esas decisiones carecen de validez jurídica; por ejemplo, si se emite una resolución de carácter definitivo sin la asistencia o votación válida del número reglamentario de consejeros, se violaría el reglamento

(arts. 11 y 24).

• Interferencia del presidente del CNE más allá de sus funciones (art. 28). El

votación válida del número reglamentario de consejeros, se violaría el reglamento (arts. 11 y 24).

• Interferencia del presidente del CNE más allá de sus funciones (art. 28). El presidente no puede unilateralmente tomar decisiones de fondo (por ejemplo, sanciones, registros, designaciones), sin aprobación del pleno del Consejo, ni autorizar acciones en nombre de la entidad sin que este lo apruebe formalmente.Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 - Violación grave si se suplantan decisiones colectivas por decisiones personales: determinaciones sin acuerdo del pleno (arts. 16, 24 y 28). El CNE actúa como cuerpo colegiado, no como órgano individual. Toda resolución requiere del procedimiento colectivo, si no se sigue, las decisiones del presidente serían nulas y se vulneraría el principio de colegialidad.

1.4 Admisión de las demandas y decisión sobre las medidas cautelares

Mediante auto del 26 de mayo de 2025 4, el despacho5 admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley en el expediente 2025-00064-00. Por su parte, mediante providencia del 13 de junio de 2025 6 el magistrado sustanciador 7 inadmitió la demanda en el expediente 2025-0007-00, la cual, una vez subsanada, fue admitida en proveído del 21 de julio de 20258.

expediente 2025-0007-00, la cual, una vez subsanada, fue admitida en proveído del 21 de julio de 20258.

Asimismo, en la providencia del 19 de junio de 2025, la Sala Electoral negó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado9 (2025-00064). Lo propio sucedió con auto del 14 de agosto de 202510 en el expediente 2025-00077-00.

1.5 Contestación de la demanda

1.5.1 Consejo Nacional Electoral

Mediante apoderado la autoridad intervino en los siguientes términos:

Recordó que en virtud del artículo 265 superior, numeral 13, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para darse su propio reglamento interno, por lo que la sala en pleno tiene la capacidad para discutir y aprobar una modificación reglamentaria.

Explicó que la modificación que se realizó al artículo 27 de la Resolución 0065 de 1996, tiene por objetivo garantizar el funcionamiento administrativo de la corporación en tanto se adopta la nueva elección de su mesa directiva. Ello no presupone que se perpetúe en el poder quien en su momento ostente la función de presidente y vicepresidente de la entidad por cuanto no se suprimió la obligación de elegir al referido directivo cada año; es decir, el procedimiento de la elección se mantiene y solo se garantiza que en el curso de la adopción de la nueva designación no se entorpezca o retrase la actuación administrativa que se debe adelantar por parte del Consejo Nacional Electoral, para dar cumplimiento al objetivo primario de esta entidad.

Mencionó que, contrario a lo dicho por los demandantes, la modificación no incluye la figura de reelección sino que prevé que mientras se elige nueva mesa directiva, seguirán

cumplimiento al objetivo primario de esta entidad.

Mencionó que, contrario a lo dicho por los demandantes, la modificación no incluye la figura de reelección sino que prevé que mientras se elige nueva mesa directiva, seguirán fungiendo quienes venían desempeñando tales funciones. Por ende, alcanzada la votación necesaria para elegir directivos, cesarán sus funciones los designados para el periodo anterior, asunto que no implica una reelección, tal como se concluye de la lectura del artículo acusado.

4 Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 13. 5 Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra 6 Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 06. 7 Con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez 8 Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 13. 9 Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 30. 10 Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 31.Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Enfatizó en que la continuidad de la mesa directiva, mientras se elige a una nueva, evita traumatismos administrativos causados por hacer una designación transitoria mientras se logra la elección definitiva.

Comentó que no es posible afirmar que el Consejo Nacional Electoral desconozca el principio de alternancia y la prohibición de reelección inmediata, toda vez que el acto demandado tan solo previó una situación administrativa mientras se elige la nueva mesa

Comentó que no es posible afirmar que el Consejo Nacional Electoral desconozca el principio de alternancia y la prohibición de reelección inmediata, toda vez que el acto demandado tan solo previó una situación administrativa mientras se elige la nueva mesa directiva. Permitir que continúe n los mismos dignatarios mientras se eligen sus sucesores, evita dificultades tales como cambios de representación legal, modificación en autorizaciones bancarias, alteración de firmas en formatos, nuevas designaciones en los comités en los que participa el presidente, cambios de firmas en los actos administrativos previamente radicados, entre otros.

Expuso que, respecto del trámite y recusación surtida ante la corporación, se tiene que, luego de la discusión en la sesión del 25 de febrero 2025 y que la funcionaria Velásquez retirara su ponencia sobre la modificación del reglamento, esta recusó al presidente y vicepresidente de la corporación, con fundamento en el numeral 1° del artículo 140 del Código General del Proceso . Según indicó, el señor Álvaro Hernán Prada tendría un interés directo con la resolución del asunto, por el único hecho de ser el presidente de la corporación para ese momento.

Advirtió que el magistrado Álvaro Hernán Prada, no presentó ponencia o ponencias relacionadas con la reforma al reglamento interno de la corporación.

Relató el trámite otorgado a la modificación del reglamento interno del Consejo Nacional Electoral, para destacar que la recusación formulada contra el entonces presidente de la entidad, fue rechazada de plano por cuanto no fue sustentada en debida forma, pues se fundó en una argumentación subjetiva sobre el supuesto interés del presidente y vicepresidente de la entidad.

entidad, fue rechazada de plano por cuanto no fue sustentada en debida forma, pues se fundó en una argumentación subjetiva sobre el supuesto interés del presidente y vicepresidente de la entidad.

Expuso que, al no estar debidamente probada y justificada el cuestionamiento de imparcialidad presentado, situación que fue debatida, estudiada y resu elta por la sala plena del Consejo Nacional Electoral, no se puede predicar la violación al derecho de audiencia y defensa dentro de un trámite de recusación pues para ello el escrito debía cumplir con parámetros normativos. Sin embargo , tal y como consta en el material probatorio aportado, en las sesiones se observaron los criterios previstos por la jurisprudencia de la Sección Quinta, sobre los requisitos y presupuestos que debía acreditar el escrito; de maner a que, la demandante no probó que el procedimiento abordado por la sala plena incumpliera con dichos criterios en el trámite en cuestión.

Afirmó que, luego de ello, la ponencia sometida a consideración de todos los miembros, fue aprobada por 6 de los 9 integrantes de la corporación, decisión que se ajusta a las reglas del principio democrático de las mayorías de conformidad con lo previsto e n el artículo 33° de la Resolución 065 de 1996.

Mencionó que la señora Alba Lucía Velásquez Hernández, miembro del CNE, instauró acción de tutela contra