CE - Sentencia 13001233300020190027001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial y nacionalizado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto po r la parte deman dante contra la sentencia del 11 de febrero de 2022 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El actor solicitó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 033299 del 28 de agosto de 2017 y RDP 0042493 del 14 de noviembre de 2017 , a través de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

28 de agosto de 2017 y RDP 0042493 del 14 de noviembre de 2017 , a través de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió: a) condenar a la entidad a reconocerle la pensión gracia de jubilación, efectiva a partir del 4 de enero de 2014; b) aplicar los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988; c) actualizar el valor de las condenas conforme al artículo 187 del CPACA; d) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; y e) que el demandado pague las costas procesales.

4. Como sustento fáctico de sus pretensiones expuso qu e nació el 12 de octubre de 1951 y su ejercicio docente lo ha cumplido con honestidad y sin ningún tipo de sanción disciplinaria. As imismo, expuso que cumple con los 20 años de servicios exigidos por la ley, aduciendo que prestó sus servicios por un plazo de 2 años, 5 meses

y 10 días en los siguientes periodos3:

1 En adelante UGPP. 2 Folios 217 a 248. 3 Por efectos metodológicos, la línea de tiempo se materializa en la siguiente gráfica.2

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto administrativo Lapso Duración Cargo Colegio Decreto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto administrativo Lapso Duración Cargo Colegio Decreto Departamental 197 del 13 de marzo de 1979 2/05/1979 al 30/11/1979 6 meses y 26 días Profesor externo – 12 horas semanales Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena Decreto 111 del 31 de enero de 1980 31/01/1980 al 30/11/1980 7 meses y 25 días Profesor externo – 12 horas semanales Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena Decreto 548 del 8 de mayo de 1981 8/5/1981 al 30/11/1981 6 meses y 2 días Profesor horas cátedra – 15 horas semanales Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena Decreto 1840 del 3 de junio de 1983 «Mes de mayo de 1983» 24 días Profesor horas cátedra – 15 horas semanales Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena Resolución 385 del 9 de febrero de 1984 «Período de vacaciones en enero de 1984» 22 días Profesor horas cátedra – 48 horas Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena Resolución 93 del 4 de enero de

vacaciones en enero de 1984» 22 días Profesor horas cátedra – 48 horas Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena Resolución 93 del 4 de enero de 1985 «Año lectivo de 1985» 6 meses y 21 días Profesor horas cátedra – 653 horas Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena Resolución 476 del 24 de febrero de 1986 «Por recuperación del mes de noviembre de 1986 10 días Profesor horas cátedra – 42 horas Colegio Nocturno Rafael Núñez de Cartagena

5. De igual modo, indicó que entre el 1º de febrero de 1977 y el 13 de junio de 1996 estuvo vinculado como docente de educación básica, nombrado mediante la Resolución 487 del 1º de febrero de 1977 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, cuyos servicios los prestó en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indicas con vínculo nacional4.

6. Entre tanto, adujo que mediante los Decretos 0866 del 16 de agosto de 1996 , 263 del 6 de noviembre de 2001, 0312 del 20 de mayo de 2003, 0057 del 28 de enero de 2004 y 3575 del 16 de octubre de 2007, el alcalde mayor de Cartagena, invocando inicialmente la Ley 60 de 1993 y luego la Ley 715 de 2001, lo incorporó en la planta

de 2004 y 3575 del 16 de octubre de 2007, el alcalde mayor de Cartagena, invocando inicialmente la Ley 60 de 1993 y luego la Ley 715 de 2001, lo incorporó en la planta global de cargos del distrito , en el Colegio INEM José Manuel Rodríguez Torices, financiado con el situado fiscal.

7. Sobre el particular, señaló que el vínculo nacional descrito mutó a distrital por mandato de la Ley 60 de 1993, al haber sido certificado el distrito de Cartagena para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 5294 del 15 de noviembre de 1995 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se le entregó la educación al mencionado distrito especial (acta del 14 de junio de 1996).

Como consecuencia de la descentralización, los servicio s prestados desde el 14 de junio de 1996 ostentan el carácter de territorial – distrital y son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

4 Página 3 del escrito de la demanda.3

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contestación de la demanda5

8. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que los actos acusados se ajustaron al ordenamiento superior, teniendo en cuenta que, según las pruebas obrantes en el plenario, la mayoría del tiempo laborado por el demandante fue

8. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que los actos acusados se ajustaron al ordenamiento superior, teniendo en cuenta que, según las pruebas obrantes en el plenario, la mayoría del tiempo laborado por el demandante fue de carácter nacional, sumado a que no acreditó haber satisfecho todas las exigencias para el reconocimiento de la pensión gracia antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

9. Propuso las excepciones de fondo que tituló como «prescripción», «inexistencia de la causa pretendi y cobro de lo no debido», «buena fe»», «cobro de lo no debido» y

«genérica».

II. SENTENCIA APELADA

10. El 11 de febrero de 2022, 6 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones con sustento en que el actor fue nombrado por el Ministerio de Educación para prestar sus servicios en el distrito de Cartagena a partir 1º de febrero de 1977 con una vinculación nacional, tal como consta en el formato único para la expedición de certificado laboral. Por lo tanto, no demostró haber laborado como docente territorial por 20 año s, pues los referidos tiempos no pueden tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

III. RECURSO DE APELACIÓN

11. El accionante interpuso recurso de apelación 7 contra la referida sentencia argumentando, en primer lugar, que el tribunal omitió estudiar la tesis propuesta sobre la mutación del vínculo laboral de nacional a territorial, lo cual violó el principio de congruencia. En segundo lugar, advirtió que, si bien no desconoce que su vinculación

argumentando, en primer lugar, que el tribunal omitió estudiar la tesis propuesta sobre la mutación del vínculo laboral de nacional a territorial, lo cual violó el principio de congruencia. En segundo lugar, advirtió que, si bien no desconoce que su vinculación entre el 9 de febrero de 1977 y el 13 de junio de 1996, ordenada en la Resolución 487 del 1º de febrero de 1997, fue del orden nacional, lo cierto es que a partir del 14 de junio de 1996 y hasta el 19 de enero de 2017 (fecha en la que se expidió el certificado laboral), la relación mutó a distrital por la descentralización dispuesta por las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, lo cual equivale a una sustitución patronal. Por tanto, considera que satisface el requisito de los 20 años de servicio para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

13. En tal sentido, precisó que la anterior conclusión también encuentra respaldo en que los dineros con que se le pagaron los salarios provenían del Sistema General de Participaciones, que no son recursos nacionales, sino que son una fuente exógena de los recursos propios de las entidades territoriales. Estos razonamientos evidencian que en este caso operó una sustitución patronal.

5 Páginas 131 al 146 del archivo pdf «02ExpedienteDigitalizado» obrante en la carpeta «ED_13001233300020190027(.zip) NroActua 2 » que reposa en el índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 6 Archivo «03SentNulRestAlfredoSierraUgppPensionGracia» obrante en la carpeta «ED_13001233300020190027(.zip) NroActua 2» ibidem.

Estado. 6 Archivo «03SentNulRestAlfredoSierraUgppPensionGracia» obrante en la carpeta «ED_13001233300020190027(.zip) NroActua 2» ibidem. 7 Archivo «05RecursoApelacion» obrante en la carpeta «ED_13001233300020190027(.zip) NroActua 2» ibidem.4

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

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14. Por último, acusó que el a quo no valoró adecuadamente las pruebas ni aplicó correctamente la jurisprudencia pertinente y solicitó la revocatoria de la condena en costas.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 11 de diciembre de 20238 se admitió el recurso de apelación y se informó al demandado que tenía hasta la ejecutoria de esa providencia para pronunciarse sobre la alzada y al Ministerio Público para rendir concepto hasta antes que ingresara el expediente al despacho para sentencia.

16. El demandado guardó silencio en esta instancia. Por su parte, el Ministerio Publico9 conceptuó que debe confirmarse el fallo apelad o considerando que la departamentalización o municipalización de la educación dispuesta en las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no se puede entender como una mutación en el vínculo primigenio, ni que tales servicios sean computables para acceder a la pensión gracia.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

1993 y 715 de 2001 no se puede entender como una mutación en el vínculo primigenio, ni que tales servicios sean computables para acceder a la pensión gracia.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

18. En coherencia con los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, le corresponde a la Sala e stablecer si la vinculación como docente nacional que ostentó el demandante mutó a territorial con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la educación , en virtud de la Ley 60 de 1993 . En caso afirmativo, se deberá establecer si este tiempo puede computarse para acceder a la pensión gracia y ante ese escenario correspondería verificar si se acreditaron los demás requisitos para el reconocimiento pensional conforme a la Ley 114 de 1913 y sus normas concordantes.

Normativa y jurisprudencia sobre la pensión gracia

19. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que prestaran servicio en el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con

destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que prestaran servicio en el magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años.

8 Índice 6 de SAMAI. 9 Índice 13 de SAMAI. 10 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.5

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

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20. Esta Corporación11 señaló que el propósito de esta pensión «fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

21. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos para cumplir con el tiempo requerido. Con la Ley 37 de 1933, se extendió el beneficio

pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos para cumplir con el tiempo requerido. Con la Ley 37 de 1933, se extendió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de servicio estipulado.

22. Más adelante, el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal nacionalizado incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades territoriales antes del 1° de enero de 1976 y los vinc ulados a partir de esa fecha, conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

23. El numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando que solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y demás normas concordantes.

24. La Corte Constitucional a través de la sentencia C – 489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de

24. La Corte Constitucional a través de la sentencia C – 489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma mencionada, en el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

25. Por su parte, en la sentencia de unificación jurisprudencial S -699 del 26 de agosto de 199712, el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia, restringiendo su acceso a los docentes nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.

26. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o territorial), por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2-01111 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.6

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

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Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 del 21 de junio de 201813, el Consejo de Estado estableció pautas jurisprudenciales que aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos

servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente

nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).7

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

27. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 202214, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto

acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto

28. El a quo negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que el demandante no acredi tó los requisitos legales para gozar de la pensión gracia , en especial, por no contar con 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado.

29. Para resolver este litigio, la Sala analizará lo probado en el curso del proceso, así:

1. El señor Alfredo Andrés Sierra Ballesteros nació el 12 de octubre de 195115, es decir, cumplió 50 años el 24 de septiembre de 2001.

1. La Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar emitió certificación del 28 de febrero de 201716, en la que se indicó que el actor prestó sus servicios para el departamento por distintos periodos.

1. De igual modo, obra en el plenario el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido e l 19 de enero de 2017 por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, en el que se anotó sobre la vinculación que el actor tuvo con dicho ente territorial desde el 1º de febrero de 1977 hasta el 1º de junio de 201117.

1. Se observa en el expediente el acta de posesión del 9 de febrero de 1977, titulada por el Ministerio de Educación Nacional y la institución educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices de Cartagena, que da cuenta que en esa fecha el actor asumió

titulada por el Ministerio de Educación Nacional y la institución educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices de Cartagena, que da cuenta que en esa fecha el actor asumió funciones en el empleo docente “II -B Español”, nombrado por Resolución 487 del 1° de febrero de 1977.

30. En atención al recuento fáctico expuesto y en concordancia con el marco normativo y jurisprudencial analizado, la Sala confirmará la decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia al demandante al no demostrar el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos docentes de naturaleza territorial o nacionalizada.

31. En efecto, se encuentra acreditado que el actor ocupó consecutivamente plazas docentes nacionales desde la designación efectuada por medio de la Resolución 487

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 15 Páginas 42, 43, 122 y 123 del archivo «01ExpedienteDigitalizado», obrante en la carpeta «ED_13001233300020190027(.zip) NroActua 2 » que reposa en el índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 16 Página 124 ibidem. 17 Páginas 125 a 127 ibidem.8

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del 1º de febrero de 1977 del Ministerio de Educación Nacional . Inclusive, el actor ha reconocido que su vínculo inició como docente de carácter nacional.

32. Lo anterior significa que a partir del 9 de febrero de 1977 18 el profesor entabló una relación legal y reglamentaria con el Ministerio de Educación Nacional, es decir, que inició una vinculación como docente de la Nación, lo cual se ajusta a lo preceptuado en el artículo 1 ° de la Ley 91 de 1989 que define por personal nacional aquellos «docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional», situación que se mantuvo hasta 1º de junio de 2011 (fecha certificada por la Secretaría de Educación de Cartagena19), sin que se advierta la existencia de solución de continuidad en la prestación del servicio.

33. Ahora, como argumento de la apelación el demandante afirmó que a partir del 14 de junio de 1996, por mandato de la Ley 60 de 1993, ostenta una vinculación del orden territorial, circunstancia que le otorga el derecho al reconocimiento de la pensión gracia en virtud de la descentralización de la educación que operó en el Distrito Especial de Cartagena de Indias, materializada con la Resolución 5295 del 15 de noviembre de 199520 del Ministerio de Educación Nacional y en el «Acta de Verificación de Requisitos y Entrega de Bienes al Departamento de Bolívar »21 a través del cual se le entregó el servicio de educación al mencionado ente territorial.

199520 del Ministerio de Educación Nacional y en el «Acta de Verificación de Requisitos y Entrega de Bienes al Departamento de Bolívar »21 a través del cual se le entregó el servicio de educación al mencionado ente territorial.

34. Frente a dicho argumento, esta Sala ha precisado 22 que la descentralización de la educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 200123). En ese sentido, resulta consistente sostener que luego de la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del personal docente como del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los entes territoriales certificados en educación; con todo, lo cierto es que tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso del actor.

35. A propósito, el artículo 6° de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]

18 Fecha en la que se posesionó, página 187 ibidem. 19 Páginas 125 a 127 ibidem.

en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]

18 Fecha en la que se posesionó, página 187 ibidem. 19 Páginas 125 a 127 ibidem. 20 Páginas 144 al 146 ibidem. «Por la cual se otorga la certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993, por parte del Departamento de Bolívar». 21 Páginas 133 al 143 ibidem. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 7300123-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. 23 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016; radicado 2014 -00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.9

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00270 01 (5621-2023)

Demandante: Alfredo Andrés Sierra Ballesteros

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36. Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron

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36. Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.»

37. Luego, so pretexto de la descentralización de la educación no puede soslayarse dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la vinculación laboral con la administración se adquieren al momento en que se profiere el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor 24. Luego, la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron trasladadas,